El periodista Jorge Cadús nos comparte esta crónica sobre los arrabales de nuestra región. Vecinos de un barrio popular de la localidad de Alcorta movilizados frente a la indiferencia comunal y provincial ante un golpe de tensión que afectó las viviendas de 40 familias. «Los vecinos se juntaron y movilizaron, comenzando una serie de demandas que aún no ha terminado. Pero está claro que detrás de esa postal, hay una crónica política, económica y social por descubrir».
Por Jorge Cadús
«Parecía que se hizo de día a medianoche», sintetizaron varios vecinos del barrio Avellaneda al momento de contar qué pasó la noche del viernes 20 de marzo último en ese popular arrabal de Alcorta. En mitad de una tormenta de viento clásica en los veranos de este lado del mundo, escenas de una película de terror comenzaron a vivirse -a sufrirse- en alrededor de cuarenta hogares.
Mercedes Amarillo, una de las referentes de los vecinos autoconvocados del barrio, traza el recorrido de esa noche: «ese viernes, aproximadamente a las 23:45, estábamos en nuestra casa, como todos los días, cuando se comienzan a apagar televisores, se sube la luz hasta que las lámparas empiezan a explotar, los lavarropas arrancan solos, las luces de las calles alumbrando de esquina a esquina, no había sombra en las calles. Fue realmente increíble».
«Estábamos con mi marido, mirando televisión, y de pronto comenzó a salir humo del aparato. Cuando volvió la luz, no teníamos más tele, la heladera no marchaba, y dije bueno, a lo mejor es otra cosa. Pero al otro día ya vimos que se habían quemado los dos televisores de casa, la heladera, y parte de la computadora. A las siete de la mañana del sábado me fui a trabajar, y mi marido me llamaba y me decía, se quemó esto, se quemó esto. Y fue una impotencia total», completa Adriana Díaz, también afectada por lo que, días después, sabrán fue un golpe de tensión: 380 voltios descargados en el circuito eléctrico.
Medios y fines
«No sabía a quién recurrir, así que al mediodía fuimos a buscar a los medios de comunicación, para ver quién nos podía ayudar, y después recurrimos a Claudio Ponti», relata Adriana. Y Mercedes suma un camino que, a partir de la presencia en los medios de comunicación, comenzó a allanarse: «el sábado siguiente participamos del programa Momento Compartido, expusimos toda esta historia, y hablamos directamente a la Comisión Comunal diciéndoles que necesitábamos ser escuchados, que necesitábamos apoyo, que necesitábamos que nos representen, que nos expliquen, que nos den una solución», señala.
Ese sábado a la tarde, los vecinos autoconvocados fueron recibidos por los miembros de la Comisión Comunal en pleno. Allí, cuentan los propios vecinos, «se nos explicó cómo completar los formularios de reclamos, nosotros pedimos no ir solos a la EPE, sino ir como grupo, juntos, con un representante de la Comuna que nos acompañe, y que la Comuna haga el reclamo con nosotros. Ese reclamo conjunto se presentó el lunes 13 de abril, y también adjuntamos una carta donde se pide que la EPE informe el problema real y concreto de lo que pasó ese día».
«En esta reunión se abordó también la cuestión social», agrega Mercedes. Y afirma: «no pretendemos que la Comuna se haga cargo de pagar el arreglo de todos los artefactos quemados, pero sí que ayude a con los electrodomésticos de primera necesidad. Se comenzó con las heladeras, que son necesarias, y con un presupuesto de entre $2.500 y $3.500. Y después se autorizó el pago del arreglo de los televisores, a manera de préstamo. Si la EPE reconoce su responsabilidad, la Comuna recupera ese dinero».
Otra de las vecinas afectadas y activa participante en el reclamo, Silvia Albarracín, señala con claridad que «esperamos soluciones. Esperamos que esto no pase más. Que la gente que está trabajando haga un trabajo de buena calidad. Y de la Comuna, pedimos que apoye a sus vecinos, que ayude a quién más lo necesita». Y para despejar todo tipo de dudas, la propia Mercedes Amarillo advierte que «somos un grupo de vecinos que se autoconvocaron por un hecho terrible. Y como vecinos, más allá de nuestras ideologías políticas, no agitamos ninguna bandera partidaria. No nos ponemos pecheras, no nos ponemos remeras. Queremos soluciones a los problemas que tenemos en el barrio, que van más allá de esto de la EPE. La idea es seguir adelante y trabajar por el bario, por fuera de las campañas políticas».
Luz de luna
Desde finales del Siglo XIX, el servicio de energía eléctrica en Santa Fe corrió de la mano de prestadores particulares, bajo el control de los municipios que concesionaban el servicio. Temprano privilegio de las grandes ciudades, sólo a partir de 1913, con la localidad de Moisés Ville como pionera, comenzó a difundirse el alumbrado eléctrico en el llamado «interior provincial». En nuestra región serán Firmat y Máximo Paz, en 1927, las primeras localidades con contratos aprobados para una prestación que recién en 1949, mediante la Ley 3644, se declara servicio público.
Una ley provincial -que entre otras cosas establecía que «las lámparas permanecerán apagadas mientras alumbre la luna»- reguló aquellas prestaciones, incluido el costo del servicio.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) nació durante el gobierno justicialista de José María Vernet, mediante la ley 10.014 sancionada el 18 de diciembre de 1986.
La firma venía a reemplazar a la Dirección Provincial de Energía (DPE), creada en enero de 1960 mediante una Ley que puso todos los servicios públicos de generación, transporte y suministro de energía dentro del territorio provincial bajo la jurisdicción del Gobierno. A la DPE tocaba en suerte racionalizar esos recursos y coordinar las prestaciones.
A partir de 1981, la DPE centralizó todos los servicios de distribución de energía eléctrica, excepto los brindados por las Cooperativas, unificando el mercado y centralizando bajo la órbita estatal ese servicio público. Cinco años después, la gestión de Vernet motorizó la creación de una Empresa, la EPE, y en julio de 1987 comenzó sus tareas el primer directorio de la EPE santafesina.
Hoy la firma cuenta con más de un millón de clientes; 61 estaciones transformadoras de energía; 19.180 centros de transformación de media tensión; y alrededor de 50.000 kilómetros de líneas operadas entre alta, media y baja tensión.
El vendaval privatista
La EPE pudo sobrevivir -no sin contratiempos y amenazas- el saqueo sistemático de los gobiernos de turno y la furia del vendaval privatista desatado durante los años 90.
En diciembre del 2006, el Senado santafesino derogó la ley de privatización de la EPE con el voto de casi los mismos legisladores justicialistas que -en 1999, y de la mano del entonces gobernador Carlos Alberto Reutemann- la habían proclamado.
Siete años antes, el 29 de diciembre de 1999, a pesar de una formidable protesta de trabajadores de Luz y Fuerza que sitió la Legislatura, bajo la custodia multiplicada de policías y con legisladores sesionando a oscuras, se convertía en ley el proyecto de privatización de la Empresa.
La privatización de la EPE fue una de las condiciones exigidas por el Banco Mundial para el otorgamiento de un préstamo sobre los primeros años del nuevo siglo. Una fenomenal campaña de desprestigio sobre las firmas estatales, instrumentada por funcionarios del oficialismo y referentes de la oposición, sumado a la amplificación de los medios de difusión a sueldo de los gobiernos de turno, y un abandono que llevó a un estado verdaderamente deplorable de prestación del servicio, habían acompañado aquel proyecto redactado por el entonces ministro de Hacienda de Reutemann, Juan Carlos Mercier, y con asesores que terminaron embolsando alrededor de un millón y medio de pesos dólares.
Como consecuencia del ajuste, el Sindicato de Luz y Fuerza denunciaba en el año 2003 que la firma tenía «la planta orgánica diezmada para hacer frente a las exigencias del servicio», debido a los sucesivos retiros voluntarios que abarcaron a 700 trabajadores, «la mayoría de los sectores de mantenimiento, reparaciones de redes y atención del servicio en general».
«En aras de una pretendida privatización se abandonó la conducción de la empresa hasta que ésta llegó al límite del colapso», denunció entonces el gremio.
Aquella ley, última intentona del menemismo tardío, terminó cayendo siete años después. Y aquella caída significó la vuelta a la ley 10.014 sancionada por Vernet, el reparto de los sillones del directorio entre el gobierno y el gremio y la ratificación de la Empresa en la órbita del Estado.
Para entonces, Mercier ocupaba una banca en el senado, y terminó votando la derogación de su propia ley sin decir una palabra.
Mentiras verdaderas
El foquito duda, se estira el filamento en un último manotazo de claridad. Raspa el sonido del corte las sombras que sobrevienen. Un fósforo traza la penumbra de la media luz. Es entonces que la voz de Quique Pessoa habla a nuestro oído. El tono es duro, sereno y firme.
«Mientras esperás que alguien te atienda para decirte a qué hora va a volver la luz, aprovechá para pensar bien a quién vas a votar esta vez», dice el locutor. Y completa: «Vienen tiempos de cambios. Binner gobernador. Buenos tiempos».
El spot fue parte de la campaña del año 2007 de Hermes Binner como candidato a gobernador de la provincia. Y es hoy, a la luz de la situación de la Empresa Provincial de Energía, una cruda y contundente prueba de la hipocresía, la indiferencia y la falta de voluntad política del oficialismo santafesino. Poco más de un año después, en noviembre del 2008, el entonces titular de Servicios Públicos de la gestión Binner, Antonio Ciancio, explicaba: «ya invertimos 100 millones en este año, y vamos a completar los mil millones cuando termine el mandato. Recién ahí las cosas van a estar relativamente bien».
Con el mandato Binner ya finalizado y la gestión de Antonio Bonfatti que comienza a atravesar su último cuarto de hora, aquellas promesas se transforman en deudas incómodas y abiertas. Parte de una historia política todavía inconclusa, donde la crónica de los servicios públicos convertidos en cajas negras de gobiernos de turno bucea en busca de luz.
Inventarios
El golpe de alta tensión registrado el viernes 20 de marzo en el Barrio Avellaneda, de Alcorta, suma varios antecedentes que marcan, por un lado, la justicia del reclamo de los vecinos; y por otra parte desnuda una situación que –por cíclica- no puede quedar fuera de la responsabilidad de la EPE.
Un rápido repaso de fechas revela que los golpes o picos de alta tensión -con el consiguiente reclamo de usuarios afectados por el daño a múltiples electrodomésticos- han sido continuos en los últimos años:
– el día miércoles 8 de septiembre de 2010, entre las 11:00 y las 12 de la mañana.
– el día jueves 23 de diciembre de ese mismo año 2010, a la tarde, luego de un corte de suministro eléctrico.
– el día domingo 16 de enero de 2011, aproximadamente a la 1:30 Am.
– el día domingo 21 de agosto de 2011.
El saldo de los picos o golpes de alta tensión se miden en la quema de heladeras, televisores, reproductores de DVD, radios, aspiradoras, lámparas de bajo consumo, aparatos de aire acondicionado, hornos microondas, transformadores, decodificadores de DirectTV, parlantes, conversores de TV, computadoras, cafeteras, routers, teléfonos, cortacorrientes, instalaciones eléctricas completas.
Reglamentos y fallos
El referente de la Asociación Civil Vecino, Claudio Ponti, señaló que «la explicación que nos dan es que se dio un pico de tensión debido a que unas ramas de un pino que está en un predio privado tocaron el cableado de baja tensión, y eso produjo una descarga de energía de 380 voltios. Al mismo tiempo, desde la empresa, nos dijeron que por disposición de su Reglamento interno, la EPE no se hace cargo de cuestiones de este tipo que son producidos por hechos fortuitos. Entonces, nos explicaron que podemos presentar el reclamo, pero no va a tener curso. Sin embargo, hay una modificación de ese reglamento, a partir de una resolución judicial, que lo adecuó a la Ley dde Defensa del Consumidor», explica Ponti.
En efecto, en diciembre del 2014, y como consecuencia de un fallo judicial adverso, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue obligada a adecuar algunos artículos de su reglamento para que respeten la ley nacional de Defensa del Consumidor. Si bien la empresa estatal se tomó más de 6 meses para cumplir lo que ordenó la Justicia, entre las modificaciones, «debió modificar los artículos 11 y 23 de su reglamento, que le quitaban responsabilidad ante los perjuicios potenciales a clientes por interrupciones del suministro o cambios en tipo o nivel de corriente», ya que eran inconstitucionales.
Como lo detalla Vecino en un comunicado de prensa, «en diciembre del 2015, y como consecuencia de un fallo judicial adverso, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) fue obligada a adecuar algunos artículos de su reglamento para que respeten la ley nacional de Defensa del Consumidor. Ese Reglamento puede consultarse en forma completa en la página web de la firma estatal».
«Los cambios surgieron luego de una acción judicial que había iniciado en 2011 la Organización No Gubernamental Unión de Usuarios y Consumidores, quienes exigían modificaciones sobre los artículos referidos a la responsabilidad que tiene la empresa ante cortes del suministro y variaciones en la tensión, además del manejo de los reclamos y acciones por sobrefacturación. El Juzgado Civil y Comercial de la 18° Nominación, a cargo de la magistrada Susana Gueiler, falló a favor de la ONG en mayo de 2012, determinando que el Reglamento General de Suministros y Comercialización del Servicio Eléctrico de la EPE violaba la Ley de Defensa del Consumidor y la Constitución Nacional. Desde la empresa apelaron y a mediados del 2014 la Sala 1 de la Cámara de Apelación Civil y Comercial ratificó la decisión», dice ese documento.
Y completa: «El artículo 11 de ese reglamento sostiene ahora que «la EPE como responsable del servicio eléctrico responderá ante los usuarios en los términos del Art. 30 y 40 de la ley 24.240». Precisamente el artículo 30 de la ley de Defensa del Consumidor consigna que «cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora»; al tiempo que en su artículo 40 plantea: «si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de la cosa o de la prestación del servicio responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio». En cuanto a los casos de sobre o subfacturación, la EPE deberá respetar el «principio de reciprocidad», ya que antes cuando cobraba de menos se reservaba el derecho a reclamar las diferencias retroactivamente y con tarifa actualizada, pero si facturaba de más, sólo estaba obligada a reembolsar lo que percibió extra. Además, se establece que «cuando la empresa facture en un período consumos que excedan en un 75 por ciento el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores, se presume que existe error en la facturación». Al mismo tiempo, la empresa deberá tener un servicio de reclamos y extender una constancia escrita de cada reclamo presentado por un usuario, que podrán efectuarse «por nota, teléfono, fax o correo electrónico, o por otro medio disponible». «Dichos reclamos deberán ser satisfechos en plazos perentorios» y que «se garantizará la atención personalizada de los clientes». Si bien la EPE acató la resolución judicial, nunca dio a publicidad estos cambios, ni los informó a sus usuarios. La decisión sí fue publicada en el Boletín Oficial de fines de diciembre de 2014″, sostiene la Asociación Civil nacida para restituir derechos.
Tarifas e inversiones
En mitad de una serie de cortes de luz provocados por «altas temperaturas» o «inusuales tormentas», el flamante gobierno de Antonio Bonfatti anunciaba en enero del 2012 que entraba en vigencia «la suba en la tarifa de la luz». La suba alcanzaba al 13,4% en el primer mes del año, y se completaba con otro 9,8% en marzo.
En abril del 2013, la distribuidora de energía santafesina concretó un nuevo tarifazo, teniendo en cuenta -de acuerdo al parte de prensa oficial- «el incremento de costos de insumos destinados a la operación de los servicios, en el contexto inflacionario de la economía, y la necesidad de sostener niveles de inversión en infraestructura».
A principios de este año -2015- se hizo público el anuncio de la Empresa Provincial de la Energía de un ajuste en sus tarifas de un 27%. El titular de la EPE, Daniel Cantalejo, informó -sin ruborizarse- que «la adecuación se torna imprescindible para paliar los efectos del proceso inflacionario y sostener la recuperación de la inversión que la EPE exhibe desde 2008»; mientras que el eterno ministro Ciancio refrendaba –en diálogo con este cronista- a fines de 2014 que «vamos a invertir en un año lo que pensábamos invertir en cuatro años», aunque de todos modos, reconoció que falta mucho todavía «para que la EPE funcione como deseamos».
Sin embargo, los propios números del gobierno santafesino desmienten aquellas afirmaciones.
El presupuesto de la EPE para el año 2013 fue de $4.182 millones, de los cuales, $3.926 millones provienen de la venta de electricidad. El último aumento de tarifas dispuesto en abril del 2013 por el gobierno socialista aportó a la EPE alrededor de 800 millones de pesos extras a ese presupuesto. Al mismo tiempo, se preveía una inversión de sólo $341 millones «con recursos propios de libre disponibilidad, ya que el Tesoro Provincial no ha previsto transferirle fondos».
En lo que va de gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (2007-2015) los sucesivos aumentos de tarifas suman un incremento del 377% en un servicio indispensable que sigue brindándose de forma precaria.
En forma paralela a esa multiplicación de tarifas -que superan largamente los índices de inflación brindados por los propios organismos oficiales santafesinos-, las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti han disminuido los porcentajes de fondos destinados a la inversión: para el año 2007, la EPE destinaba el 10% de su recaudación total a obras y equipamiento. Seis años después, se destina a esos rubros apenas el 6,5% de lo recaudado.
La caja negra de la EPE
El encargado de salir al cruce de la política de aumentos en los servicios públicos de la gestión de Antonio Bonfatti fue el diputado provincial Héctor Acuña, quien a principios del año que pasó advirtió que «el problema no sólo es el aumento de la tarifa, el problema es la falta de inversión y la falta de prestación de los servicios»; y sostuvo que «podemos demostrar que la EPE es una empresa que da ganancias».
El legislador detalló que la empresa «registra entre 2009 y 2011 una ganancia de $230 millones. Sin embargo, entre 2008 y 2011 acumula un déficit de $730 millones. Una empresa que da ganancias tiene endeudamiento. ¿Por qué? Porque el Gobierno provincial toma dinero de las empresas para financiar el déficit que tiene el área central». Para el dirigente del Peronismo Federal, la maniobra es clara: «en vez de aumentar los impuestos, aumento las tarifas y luego tomo dinero de las empresas».
Al mismo tiempo, el diputado Acuña mostró las cifras de los resarcimientos por los reiterados cortes de energía producidos en el verano 2012/13: «El promedio que resarció la EPE por los cortes fue de $14,75. ¿A usted le parece que es serio un Gobierno que devuelve $14,75?», señaló Acuña.
Premios y castigos
Las recaudaciones e inversiones detalladas se dan en el marco de un aumento promedio del consumo eléctrico en Santa Fe que ronda el 7% anual, como consecuencia -sobre todo- del llamado «boom inmobiliario».
Tan sólo en la ciudad de Rosario (donde el aumento de consumo llega al 11% anual, superando ampliamente el promedio nacional), la zona conocida como Puerto Norte aloja complejos habitacionales de alta gama diseñados al estilo europeo: unidades «electrodependientes», sin servicio de gas para calefacción o cocinas. En relación a ese crecimiento en la demanda, el titular de Relaciones Institucionales de la EPE, Raúl Stival, aclara que «el sistema se cubre a sí mismo: si es necesario se le pide al inversor que financie una obra eléctrica».
Sin embargo, esa «inversión» tiene una contrapartida que muchas veces termina contribuyendo al agujero negro de la Empresa estatal: el inversor privado costea trabajos complementarios y luego los cede a la EPE; que en compensación le reintegra cerca del 50% bonificado en las facturas de la luz. Sólo en los últimos años, esas compensaciones terminaron beneficiando al casino City Center, la firma General Motors, las torres Dolfines Guaraní y el complejo de viviendas de alta gama Maui, que se construye a metros de los silos Davis.
El Complejo Maui, por ejemplo, reunirá 2 edificios de 44 pisos cada uno y un hotel 5 estrellas, un total de 625 unidades que terminarán consumiendo 13 veces más de energía eléctrica que toda la comuna de Ibarlucea, y casi lo mismo que la ciudad de San Lorenzo. Al mismo tiempo, según el cálculo de los técnicos de la EPE, el consumo energético del conjunto de las recientemente inauguradas Torres Dolfines Guaraníes (las más altas de Rosario, con 42 pisos selectos) equivale al total que consume la ciudad de Funes en invierno.
No es una historia nueva: desde la década del 90, muchas firmas multinacionales -entre otras Carrefour, Micropack y Coca Cola- se vieron beneficiadas con este sistema que premia el derroche y castiga el consumo particular con aumentos, cortes y bajones de tensión.
Una crónica política
El último medio siglo de historia argentina abunda en ejemplos de firmas públicas vaciadas y rematadas; en empresas levantadas como bandera de campañas políticas para terminar convertidas en la caja negra a la que se acude parea tapar necesidades presupuestarias y contener el agujero del llamado «déficit fiscal». El impacto -siempre- se siente y se sufre en la vida cotidiana de las mayorías populares que habitan estos arrabales.
Hacia 1961, Jorge Del Río -fundador de Forja junto a Arturo Jauretche y Homero Manzi, entre otros- publicaba su imprescindible libro «Política Argentina y los Monopolios Eléctricos».
Allí desnudó el negociado sin fin de las corporaciones eléctricas, la complicidad de quienes en nombre del pueblo y sus instituciones terminan rematando el patrimonio de todos, y la necesidad de políticas públicas claras, precisas, honradas y eficientes establecidas desde la órbita del Estado no sólo en el traslado y la distribución de la energía, sino también en su generación y comercialización.
Entre otras cuestiones, ese lúcido y necesario intelectual -muerto en 1973- aclaraba también: «el autor no siente ningún placer en poner de manifiesto las miserias de los hombres públicos de su país, pero existe un daño tremendo causado a la República, que es necesario reparar. Para lograrlo es indispensable que la opinión pública conozca este trozo amargo de la historia de nuestros grandes servicios públicos, que es también un trozo de nuestra historia política».
A mediados de la década del 80, cuando la democracia comenzaba a sacudirse sus primeras promesas incumplidas, la emblemática revista Humor publicaba los «20 poemas de humor y una canción disparatada», un análisis de la realidad ácido y certero, redactado por Carlos Abrevaya.
El breve y lúcido poemario incluía un texto llamado «Sin Luz»: «¿Me cortarán las velas? / ¿Me cortarán las pilas? / ¿Me cortarán las bolas / que el rostro me iluminan?», se preguntaba el periodista que supo formar parte de programas emblemáticos como La Noticia Rebelde.
Y escribía: «¿Y la luz de tus ojos / me cortarán un día? / Entonces, me pregunto / ante tanto cortado / ¿será café con leche / esta energía?»
