Con la consigna “Ni un pibe menos” y encabezando el reclamo de justicia por víctimas del narcotráfico y el gatillo fácil, cientos de rosarinos recorrieron las calles desde Tribunales Provinciales hasta la sede de Gobernación. Exigieron la aplicación de políticas públicas para garantizar derechos, y repudiaron las medidas represivas a través de las fuerzas de seguridad.
Por Martín Stoianovich
El martes 3 de marzo culminó con la manzana que rodea el edificio de Tribunales Provinciales mostrando algunos pasacalles que cruzaban desde una vereda a la otra. “Seamos todos por la vida y contra la muerte”, “Ni un pibe menos”, “Seamos todos contra el narcotráfico”, rezaban entre otras consignas. El miércoles 4 amaneció con los carteles descolgados. De todas maneras, para quien los haya retirado, ya era demasiado tarde para también impedir la movilización que la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Rosario había organizado con agrupaciones sociales, políticas y gremiales junto a familiares de víctimas del narcotráfico y gatillo fácil. Todos esos reclamos que fueron retirados en la noche previa, se potenciaron a centenares de gritos en una masiva marcha que por la tarde de este miércoles recorrió las calles de la ciudad desde el palacio del poder judicial hasta la sede de Gobernación provincial.
La brutal violencia que padecen las barriadas rosarinas fue el principal motivo que impulsó esta movilización. Violencia que se traduce de diversas formas. La muerte de jóvenes menores de 30 años como consecuencia del entramado que el narcotráfico extiende en los territorios periféricos, y del contexto que se genera a partir de la permanencia de este negocio a través de la complicidad policial. La violencia institucional ejercida por parte de las fuerzas de seguridad, que abarcan desde simples abusos en la vía pública y comisarías hasta casos de gatillo fácil. Y también otros tipos de violencia: falta de salud, vivienda, educación y trabajo digno para los sectores populares. Este reclamo se viene impulsando desde el 2014 con el pedido de la Declaración de Emergencia local para las áreas de niñez y juventud. El comienzo del 2015 con un asesinato por día, fue el panorama que exigió una nueva salida a las calles. Esta vez, la movilización terminó con el pedido de audiencia con el ministro de Seguridad de la provincia Raúl Lamberto y la ministra de Desarrollo Social Mónica Bifarello.
“Estamos exigiendo que el Estado se haga responsable de la situación que se está viviendo en los barrios respecto de los pibes y se comiencen a implementar políticas para la vida, que tengan que ver con la educación, la salud, el trabajo”, remarcó Facundo Peralta, integrante de la Asamblea de Niñez. El documento leído por las organizaciones que impulsaron la movida, expresó el repudio al gobierno provincial por insistir en la aplicación de “medidas de corte represivo” para intentar paliar la violencia que ataca la cotidianidad de los rosarinos.
En este sentido se acusó al poder político de fomentar la criminalización de los sectores populares a través de la invasión de los barrios con diversas fuerzas de seguridad. Durante 2014 se destaca el ejemplo del desembarco de la Gendarmería y la Prefectura, y durante el 2015 la puesta en marcha del proyecto provincial de la Policía de Acción Táctica. En su permanencia hasta finales del año pasado, las fuerzas federales fueron blanco de cientos de denuncias por casos de abuso de autoridad y procedimientos ilegales. Las PAT, por su parte, decoraron su prontuario con el asesinato de Jonatan Herrera en enero último, quien fue baleado “por error” cuando se encontraba lavando su auto en la vereda de su casa. “Denunciamos que estas políticas constituyen una forma de gobernar criminalizando la pobreza, reprimiendo a los trabajadores y al pueblo pobre cuando salen a luchar, principalmente a su juventud; y que responden de forma condescendiente a los discursos que pregonan la aplicación de mano dura”, expresó el documento en este sentido.
Para las organizaciones que se hicieron presentes en la movilización, esta situación es responsabilidad absoluta del Estado en sus tres niveles, tanto municipal, como provincial y nacional. La violenta Rosario actual es consecuencia del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Tal como lo describió el documento leído, el surgimiento y permanencia de estos negocios, tan multimillonarios como ilegales, son a su vez consecuencia de “la complicidad del poder político, policial y judicial en conjunto con el empresariado que jamás es apuntado como sí sucede con el último eslabón de la cadena de todo el entramado delictivo”. Los autos de alta gama vinculados a distintas figuras relacionadas al narcotráfico y su contraste con las condiciones de vida de los llamados soldaditos, son tan sólo un ejemplo de esta realidad. Un paisaje que se puede apreciar desde lo alto de las torres Dolfines, alquiladas por empresarios ligados al negocio de las drogas, y que hoy decoran el llamado “boom inmobiliario” haciendo sombra sobre las precarias viviendas de los asentamientos que las rodean. El paradójico paisaje del barrio Refinería.
“El narcotráfico es un problema político y económico que viene desde arriba hacia abajo. Es un entramado conformado por sectores del régimen político, del poder judicial y sectores empresariales. Los pibes son los que pagan con su vida, formando parte del circuito de comercialización. Pero ellos quieren tener otras posibilidades”, enfatizó Peralta en contacto con los medios de comunicación. En este contexto se denuncia que los negocios delictivos se instalan en la vida de los jóvenes ya que se presentan como la única alternativa ante la ausencia de trabajo digno y políticas públicas para las áreas de niñez y juventud. “Las economías delictivas en las barriadas populares se encuentran más al alcance que cualquier derecho básico: el ingreso económico de un esclavo del narcotráfico es ampliamente mayor a cualquier propuesta laboral que se pueda presentar”, afirmó el documento. A su vez, destacaron el fácil acceso a las armas de fuego, relacionándolo directamente con la complicidad policial.
Los nombres propios y la In – justicia
David Moreira: marzo de 2014. Lo acusaban de robar una cartera en barrio Azcuénaga. Sin mediar palabras varias decenas de personas lo rodearon y golpearon durante quince minutos. El pibe, de dieciocho años, murió a los pocos días como consecuencia de los golpes. Por el hecho hubo sólo dos detenidos que ya gozan de libertad aunque continúan implicados en el caso. Sus padres debieron abandonar el país. La ferocidad de la opinión pública, aparte de amparar el asesinato de su hijo, los obligó a alejarse para poder reconstruir su vida. El abogado de la familia, Norberto Olivares, estuvo presente en la movilización y señaló: “David es parte de un contexto en donde la criminalización, el poder punitivo y la muerte, siempre se despliegan sobre los mismos sujetos. Si la causa no la empuja la movilización popular, va a quedar diluyéndose y el peligro real es que se genere impunidad en un caso así, un antecedente gravísimo para el futuro”.
Franco Casco: llegó a principios de octubre de 2014 a Rosario, proveniente de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Fue detenido a los pocos días por el jefe de la Comisaría 7ma y nunca más se lo vio con vida. Apareció muerto, flotando en el río Paraná a los veinte días. El poder judicial de la provincia no profundizó la investigación y mantuvo protegida a la policía. Hoy, la causa está en fuero Federal, y avanza. Elsa y Ramón, los padres del pibe de veinte años, se mudaron con algunos de sus hijos a Rosario. Estuvieron presentes en la marcha, levantando el pedido de justicia por Franco y todos los pibes asesinados por la policía.
Jonatan Herrera: el 4 de enero pasado, el joven de 23 años lavaba su auto sobre la vereda, cerca de la intersección de Seguí y Ayacucho. Quedó en medio de una persecución policial por robo a una juguetería. Cuatro efectivos de la Policía de Acción Táctica interrumpieron el procedimiento del Comando Radioeléctrico y abrieron fuego. Una de las balas dio en la cabeza del pibe, quien murió al instante. “Pedimos justicia por Jonathan y todos los chicos que han sido asesinados, quiero que se esclarezca todo, que sea rápido. Lo de mi hijo no tiene vuelta atrás, se sabe todo, más claro imposible”, declaró entre lágrimas María Elena, su madre, durante la movilización.
Javier Barquilla: el 2 de febrero pasado, este muchacho de 37 años fue asesinado en Villa Banana al intentar defender a su cuñado de una patota que lo agredía. El que gatilló, según los vecinos, fue “Pandu”, un conocido narcotraficante del barrio al que se lo acusa de ser el autor de varios crímenes en la zona bajo el ala protectora de la policía. Javier estaba vinculado al Centro Comunitario Comunidad Rebelde, una experiencia genuina de un colectivo social que se construye sobre las ruinas de un búnker de drogas derribado por los vecinos. Su hermana Noelia, decía a este cronista a principios de 2013: “Con un centro comunitario no se va a terminar el narcotráfico, pero estamos más tranquilos. Nos cuidamos más entre los vecinos, tenemos un bien en común y estamos trabajando todos juntos». Ya reclamando justicia por su hermano, frente a las escalinatas de tribunales, la joven sostuvo: “Estamos acá por Javier y todas las víctimas del narcotráfico. Yo me tuve que mudar del barrio por distintas amenazas”. Hoy, la causa por el hecho cuenta con un detenido. Mientras tanto, continúan exigiendo la detención de “Pandu” y denunciando a la policía de las comisarías 13 y 19 por encubrimiento.
Estos casos son sólo algunos, puntuales, que dejan ver hacia qué lado corren las aguas de la criminalización y la desigualdad social. David Moreira, Franco Casco, Jonatan Herrera y Javier Barquilla son los nombres propios que en la movilización de ayer englobaron a los cientos de pibes asesinados como consecuencia del narcotráfico, la violencia social y de las fuerzas de seguridad. Hechos que se caracterizan por sumergirse en el lento entramado del poder judicial que se empeña en retardar el accionar de la justicia a pesar de los insistentes reclamos. También se hizo mención al caso Ismael Sosa, joven de 24 años asesinado antes de ingresar a un recital de La Renga en una ciudad de la provincia de Córdoba. El hecho tuvo resonancia en todo el país, y el apuntado vuelve a ser la policía como brazo represivo del gobierno provincial, en este caso a cargo de José Manuel de la Sota. Los familiares y amigos de estas víctimas encabezaron la movilización, levantando dos consignas tan certeras como repetidas: “Policía asesina” y “Ni un pibe menos”.
Acá el silencio se convierte en sonido
Durante la tarde del 4 de marzo el silencio no tuvo cabida. Dos cuadras de marcha a todo canto y color fue la expresión de los que tienen algo para decir, para seguir diciendo. Estuvieron presentes la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que agrupa al movimiento popular Patria Grande, la organización Causa de Villa Banana, Los Muñecos de Santa Lucía, Colectivo Los Otros de Cabín 9, Caleidoscopio de Ludueña, Saltando Charcos de Fuerta Apache, y el gremio ATE . El Partido de los Trabajadores Socialistas, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma, la editorial Último Recurso, AMSAFE Rosario, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Partido Obrero, la JP Evita, la corriente docente 9 de abril, la Escuela de Psicología Social Enrique Pichón Riviere, la Casa de la Memoria, Trabajadores despedidos de Liliana SRL, el Bodegón Cultural Casa de Pocho, el Frente Ciudad Futura, el Centro Comunitario Comunidad Rebelde y Familiares de Víctimas de la tragedia de Salta 2141.
También acompañaron las murgas Okupando Levitas, Vamos Che y Los Trapos, quienes sobre el final se desplegaron para expresar el grito de todos los que se hicieron presentes a través de su arma principal: la alegría.
“Que es lo que pasa, que hay más milicos en la plaza,
y Franco Casco no está en casa.
La cana te golpea, yo sé lo que te digo.
La villa llena de sangre, están matando pibes.
La cana te golpea, no mires al costado”
“Son asesinos, pedimos castigo, aunque pongan trabas en el camino.
Pero lo primero, los más importante es que ellos sepan que vamos pa adelante.
Es nuestra casa, somos los dueños de la plaza”
(Murga Okupando Levitas)
