A más de diez meses del hecho, la jueza Raquel Cosgaya aceptó la querella formada por los abogados Juliana Girolimo y Santiago Bereciartúa, en representación de los padres del joven asesinado por una patota en el barrio Empalme Graneros. Es un avance que puede significar la profundización de la investigación en una causa que hasta ahora permanece sin esclarecimientos.
Por Martín Stoianovich
En la madrugada del 16 de mayo de 2014 una patota asesinó a Cristian Talero, de 22 años. Fue en los pasillos del barrio Empalme Graneros, a metros de la comisaría 24. Lo mataron a golpes cuando volvía solo a su casa. Horas después, a través del testimonio de los vecinos a los medios de comunicación, se construyó el relato que explicaba cómo habían atacado a la víctima con el uso de ladrillos, piedras y botellas. Pero con el paso del tiempo los testigos fueron desapareciendo y hoy son pocos los que se animan a hablar del hecho. En conversaciones con enREDando, Oscar Talero, padre de Cristian y referente de la comunidad qom Los Pumitas, explicó que a fuerza de amenazas de muerte, reina el terror en el vecindario. A esta situación se le suma el estancamiento de la causa judicial, que en diez meses ha mostrado muy pocos avances. Este lunes 23 de febrero por la mañana, la familia Talero tuvo una buena noticia. La jueza Raquel Cosgaya aceptó la querella que forman los abogados Juliana Girolimo y Santiago Bereciartúa en representación de los padres de Cristian.
“Implica que ya formamos parte del proceso y no tenemos que esperar más, sino que nosotros podemos darle impulso a la causa, ofrecer pruebas y no depender tanto de lo que el fiscal haga o no”, expresó Girolimo en contacto con enREDando. Para la familia Talero, el rol del fiscal Pablo Pintos hasta el momento fue intrascendente. Por este motivo la admisión de la querella significa la posibilidad de que de una vez por todas comience a profundizarse la investigación.
Detrás de la muerte de Cristian Talero hay muchos cabos sueltos, como lo son los conflictos familiares que el joven atravesaba con su compañera, de nombre Nancy. Varios de los involucrados en el hecho son familiares de esta mujer, y algunos rumores hablan de un grito que se escuchó minutos antes de que se desatara la golpiza. “Vayan y cáguenlo a palos”, dicen los vecinos que se oyó de la voz de una mujer que no pudieron identificar. La misma familia está señalada por los vecinos del barrio como autores de otros crímenes. De esta forma se fue forjando el temor que hoy atraviesa a quienes pudieron observar desde el interior de sus casas la golpiza que terminaría con la vida del joven.
Otro dato que alarma está relacionado al rol de la policía en torno al crimen. Según relató Nancy a los medios de comunicación por aquellos días, mientras Talero era agredido ella corrió a la Comisaría 24º y luego a la 9º. Desde ninguna de las dos hubo respuesta efectiva, excusándose por falta de personal. “Si sos de pueblo originario o de la villa, la policía no te atiende”, diría Oscar Talero luego.
Otro detalle que permite el cuestionamiento a la policía, está relacionado a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona que el fiscal solicitó. En un primer momento, la policía negó la existencia de cámaras, pero luego se pudo constatar que hay dos que podrían brindar información. Sin embargo, desde la defensa se cree que, por el sistema de autoborrado con el que cuentan las cámaras de seguridad, es probable que no se halle material que sirva de prueba.
En tanto, también se cuestiona la participación del abogado defensor de los imputados. Se trata de Germán Mahieu, conocido por defender a un oficial de la Policía Federal implicado en el narcotráfico y relacionado con David “Delfín” Zacarías. Además, el letrado está ligado a la defensa de Milton César, acusado por los crímenes de Claudio “Pájaro” Cantero y Martín “Fantasma” Paz, todos protagonistas del mapa rosarino del narcotráfico. “El vínculo con el abogado probablemente no tenga nada que ver con la muerte de Cristian pero sí puede ser la punta de un ovillo que esconda muchas cosas”, aseguran desde el entorno de la familia Talero.
Actualmente la causa judicial cuenta con cuatro imputados, que fueron involucrados por la compañera de la víctima, aunque llama la atención que la mayoría de ellos son menores de edad. Desde la defensa de la familia Talero afirman que hay mayores de edad involucrados pero que la falta de testigos no permite que se avance sobre esta hipótesis. Este obstáculo que atraviesa la investigación es el principal causante del estancamiento de la causa, que además está caratulada como “homicidio en riña”, lo que permite a los agresores permanecer en libertad con la posibilidad de recibir penas muy bajas.
