Un asesinato por día en la ciudad en lo que va del 2015. Las cifras ya no sorprenden, sino que replican las estadísticas de años anteriores. Mientras el poder político discute la presencia de las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales continúan insistiendo en la aplicación de políticas que ataquen el conflicto desde su raíz y convocan a una reunión de urgencia para el jueves 22 a las 19 en la sede local de ATE.
Por Martín Stoianovich
Medios de comunicación locales y nacionales hablan de la espantosa cifra de la cual la ciudad de Rosario es protagonista: más de un asesinato por día pasadas las primeras tres semanas del 2015. La mayoría de ellos relacionados a situaciones violentas en los barrios periféricos de la ciudad. Caídos en disputas entre bandas vinculadas al último eslabón en el negocio del narcotráfico, o víctimas de oficiales de distintas fuerzas de seguridad que aprietan el gatillo como acto reflejo de lo que pareciera ser una ideología de exterminio. Es este el paisaje que se asoma en la ciudad del sur santafesino por detrás de la atractiva fachada turística. Un paisaje que no nació a comienzos de este año, sino que se viene afirmando con el correr del tiempo.
Un breve recorrido por los años 2013 y 2014 registra una suma de más de quinientos asesinatos en la ciudad, lo que da cuenta de que se trata de un escenario que persiste al paso del tiempo. En el medio aparece el gobierno municipal y provincial, a quienes esta situación se les escapa de sus manos hasta el punto de llegar a pedir auxilio al Estado nacional. Una relación de tres puntas donde las responsabilidades recaen a todos por igual, y para quienes la solución está en la misma estrategia: anunciar el desembarco de fuerzas de seguridad o la creación de nuevas tropas ante el reclamo de una sociedad que no quiere lamentar más muertes.
Este panorama da lugar a la postura de las organizaciones sociales y políticas que trabajan en los territorios afectados. Desde allí apuntan a reclamar la puesta en marcha de políticas inclusivas que ataquen a las problemáticas sociales desde su origen. El monstruoso negocio del narcotráfico cesará cuando se ataque a los intereses empresariales y económicos alejados de las zanjas y la oscuridad de los barrios populares. La situación de violencia de los jóvenes de dichos sectores amainará con la llegada de propuestas que los alejen de la exclusión y los pongan como protagonistas de un proyecto de vida con acceso a condiciones básicas de salud, educación y trabajo.
“El Estado en sus tres niveles piensa que la forma de resolver la conflictividad en los territorios tiene que ver con invertir en los aparatos represivos. Mientras, el presupuesto asignado a la política para los pibes sigue siendo uno de los más bajos de todos. En ese terreno no se avanzó, no se generó ninguna alternativa, ni se comenzó a trabajar en conjunto con las organizaciones sociales”, explicó a enREDando Facundo Peralta, militante de la organización social Causa en Villa Banana e integrante de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Dicha Asamblea, que culminó el 2014 reclamando en el recinto del Concejo Municipal la aprobación de la Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud, está invitando a una reunión abierta a todas las organizaciones sociales, políticas y trabajadores de los barrios para el próximo jueves 22 de enero a las 19 en la sede rosarina de ATE, ubicada en San Lorenzo 1879.
Argumentando que este panorama actual en Rosario pone como víctimas principales a jóvenes menores de 24 años, buscarán con esta iniciativa “generar un espacio amplio para ver de qué manera se puede abordar esta situación, donde el Estado no quiere dar respuestas de las que nosotros pedimos que se den en los territorios”. Uno de los puntos a abordar en la jornada, será la situación que atraviesa el barrio Santa Lucía. Excluido de la geografía rosarina, este sector de la periferia se encuentra abandonado de todo tipo de intervención estatal, e invadido por la disputa de bandas vinculadas al narcotráfico. “En Santa Lucía murieron tres pibes en un par de días. Los grupos en rivalidad están muy armados y la zona está liberada por la policía”, sostuvo Peralta dejando en claro que la ausencia policial desnuda la complicidad entramada con las bandas enfrentadas.
La disputa política y las fuerzas de seguridad
El conflicto político data de años anteriores. La crecida violenta en la ciudad de Rosario a principios del 2013 dio lugar a un enfrentamiento entre el socialismo santafesino y el kirchnerismo. “Acá hay un tema que es muy claro: el Gobierno (nacional) tiene la máxima vocación de colaborar, pero la seguridad pública es un tema de responsabilidad provincial. Esto lo dice la Constitución Nacional, las Constituciones provinciales y las leyes de la provincia”, explicaba la por entonces ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré en un artículo publicado por Página12 el 9 de febrero de 2013. Del otro lado de la vereda, y en declaraciones que dejan verse en la edición del 20 de enero del mismo año del portal web del diario La Nación, Hermes Binner pronunciaba: “Nos dejan solos, es un problema que la ataña a la presidenta de los argentinos».
A poco más de un año, ya iniciado el 2014 y con la reiterativa cifra de un asesinato diario en los primeros 44 días, el conflicto social continuaría entre las consecuencias del narcotráfico y hechos vinculados a situaciones delictivas. En marzo de aquel año se produciría un hecho paradigmático que se marcaría a fuego en la retina rosarina, trascendiendo al resto del territorio argentino y otros países del mundo. El joven David Moreira, acusado de robo, era asesinado a patadas por más de cincuenta vecinos que llevaron a la práctica la ruptura de todo tipo de contrato social. Fueron quince minutos en los que se acabaron leyes, derechos y libertades. Un día antes del asesinato, el diario La Capital confirmaba lo que se había ensayado a fines del 2013 en el marco de los conflictos policiales y los acuartelamientos de las fuerzas locales. “Tras los reiterados pedidos de la provincia, finalmente Nación enviará personal de Gendarmería a Rosario. El desembarco de los gendarmes fue confirmado ayer por el gobernador Antonio Bonfatti, quien precisó que su llegada será ‘en poco tiempo’. Según confiaron desde la Casa Gris, serán ‘entre 300 y 500’ los uniformados federales que custodiarán los accesos a la ciudad, la avenida de Circunvalación y las rutas de la región. Y acompañarán a la flamante Policía Comunitaria en los barrios más inseguros”, describía el artículo publicado en la edición web del viernes 21 de marzo.
Atrás quedarían entonces, por lo menos en el ámbito público, los enfrentamientos entre el socialismo y el kirchnerismo. Acelerado el proceso por el asesinato de Moreira y la conmoción generada en la sociedad, el acuerdo se concretaría y la llegada de las Fuerzas Federales a Rosario se haría realidad el 9 de abril. No fueron “entre 300 y 500” como se había hablado previamente, sino que la cifra se elevaría hasta aproximadamente tres mil oficiales entre Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. El debut de las tropas en Rosario fue en un operativo de pobres resultados en comparación a las dimensiones de los despliegues militares: 26 detenidos, e incautación de algunas dosis de cocaína y marihuana a raíz de 89 allanamientos continuos.
El socialismo santafesino necesitaba de la ayuda del gobierno nacional, que llegaba sólo en aspectos de políticas de seguridad. El nuevo secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni se convertiría ante el ojo mediático en la nueva figura. En los festejos del 25 de mayo por los 204 años de la revolución de 1810 se pudo apreciar el grado de admiración y cuidado de relaciones que procuraba la gestión local cuando la intendenta Mónica Fein aceptó bailar chamamé con Berni ante los flashes en el barrio Las Flores, uno de los más excluidos en la historia rosarina. Los planos generales hablaban de una conformidad por parte del ambiente político y de sectores de la sociedad, que manifestaban la satisfacción por la permanencia de gendarmes y prefectos en los barrios rosarinos. En el mismo baile, pero por fuera de las cámaras con el correr de los meses fueron saliendo a la luz hechos de abusos de autoridad por parte de la Gendarmería que daban cuenta de la actitud represiva de dicha fuerza de seguridad.
El legislativo rosarino buscó que las fuerzas nacionales permanecieran en la ciudad. Consideraban un saldo favorable desde el arribo de Gendarmería y Prefectura. A través del concejal rosarino del Frente Progresista Cívico y Social, Miguel Ángel Capiello, se presentó a fines de mayo un proyecto para solicitar al gobierno nacional la permanencia de las fuerzas. Así publicaba Rosario3 el 25 de mayo las declaraciones del edil: “Lo hecho hasta aquí fue muy satisfactorio, se lograron muy buenos niveles de coordinación entre Municipalidad, Provincia y Nación”. El proyecto, que estaba apoyado por los ediles Miguel Zamarini, Manuel Sciutto, Viviana Foresi, Carlos Comi, Daniela León, Osvaldo Miatello, María Eugenia Schmuck, Carlos Cardozo, Diego Giuliano, Carlos Cossia, Fernanda Gigliani y Héctor Cavallero, buscaba lograr la estadía de las fuerzas como mínimo hasta fin de año.
Pero no tan positivo fue el saldo. Para fines de diciembre de 2014 los asesinatos en Rosario volvieron a superar los doscientos. El narcomenudeo trasladó su modalidad desde los búnkers al delivery callejero en los pasillos de las barriadas populares. En otro aspecto, la desaparición y posterior muerte del joven Franco Casco luego de estar detenido en la Comisaría Séptima de la ciudad se instalaba como telón de cierre con este hecho que colabora con las posturas que ponen al poder judicial, al poder político y sus fuerzas de seguridad como cómplices de un entramado que desemboca en una desigual y violenta Rosario que no logra recuperarse.
Acción Táctica para continuar la militarización
El 2015 arrancó como se preveía. Las muertes violentas en crecimiento y Sergio Berni anunciando la retirada de las Fuerzas Federales. Tal como lo reprodujo el sitio web del Ministerio de Seguridad, su máximo referente declaró en un balance público: “Patrullamos más de 3 millones de kilómetros, invertimos en la adquisición de 200 patrulleros, detuvimos a más de 2.500 personas, controlamos más de 200 mil vehículos, incautamos unos 12 mil vehículos que tenían pedido de secuestro y que estaban fuera de la ley para circular y hemos retirado de las calles más de 600 armas”. Estos resultados fueron suficientes para que la nación decidiera retirar las tropas de Gendarmería de las calles rosarinas, volviendo al argumento de que lo que resta por hacer es responsabilidad del municipio y la provincia.
Como respuesta anticipada, el gobierno provincial inauguró en septiembre de 2014 la Policía de Acción Táctica, con 350 uniformados en Rosario y 150 en el resto del territorio provincial. El debut de sangre se dio este 4 de enero cuando la PAT intervino en un procedimiento que el Comando Radioeléctrico efectuaba sobre un acusado de robo. Según relatan los testigos, los oficiales de la flamante fuerza descendieron de un colectivo de línea disparando sin mediar palabras. Tres balas dieron en el cuerpo de Jonathan Herrera, de 23 años, que se encontraba lavando su auto en la puerta de la casa, ocasionándole la muerte.
Cuatro integrantes de la PAT vinculados al hecho se encuentran bajo prisión preventiva mientras su defensa pide la anulación de la medida aduciendo falta de formación de los oficiales. Luego del crimen, el ministro de Seguridad santafesino, Raúl Lamberto anotició el removimiento de la cúpula de la reciente fuerza. Por estos días, está al frente de la PAT el comisario Adrián Forni, también líder de las Tropas de Operaciones Especiales. Considerando el lamentable debut de esta nueva fuerza, la intendenta Mónica Fein volvió a reclamar la presencia de Gendarmería. “Voy a transmitirle al gobierno nacional que esta ciudad, como lo ha dicho Berni, es parte de Argentina y por eso tiene que tener Gendarmería para cuidar las rutas nacionales y también para bajar la violencia de esta ciudad como la de muchas otras, porque se los han llevado a provincia de Buenos Aires”, declaró Fein según publicó el diario El Ciudadano en su sitio web.
Ya no hay chamamé, ya no hay bailes y sonrisas. “Nos duele que Fein haya hecho sus desafortunadas declaraciones, a pesar de que no desconocemos que en realidad es la mensajera disciplinada de otros políticos que no dan la cara ni saben de gratitud o de lealtad”, respondió Berni a través del Ministerio de Seguridad. La rivalidad política vuelve a ser protagonista de la escena y no es casualidad que suceda en un período preelectoral. Sin embargo, desde las organizaciones sociales intentan desvincular este enfrentamiento volviendo a analizar la problemática de origen. Así lo describió Facundo Peralta: “El problema de Rosario y la violencia no tiene que entramparse en la disputa política entre el kirchnerismo y el socialismo santafesino. Nosotros como movimientos populares no queremos hacerle el juego a esa disputa porque esa discusión vela el problema de fondo que es la desigualdad, la falta de oportunidades en la juventud de construcción de una identidad que sea alternativa al narcotráfico y las armas”.
