Día de la no violencia contra la mujer
Una impactante instalación de más de 200 sillas vacías con nombres de mujeres víctimas de feminicidio fueron colocadas el pasado 25 de noviembre, frente a Tribunales, por la organización Mujeres de Negro. Allí milita Eva Dominguez, la cuñada de Vanesa Celma quien falleció como consecuencia de las gravísimas quemaduras que sufrió hace 4 años, tras una discusión con su entonces pareja. Su causa sin ningún imputado es un caso emblemático de la falta de acceso a una justicia con perspectiva de género. En esta nota, compartimos la voz de Eva y de Majo Gerez, La Pichu y Daniel Teppaz quienes se refieren al aborto clandestino y el aún pendiente tratamiento del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional; otra de las formas que adquiere la violencia de género y una de las importantes causas de muerte, en su mayoría, de mujeres jóvenes y pobres.
Por María Cruz Ciarniello
La carátula judicial por el feminicidio de Vanesa Celma -4 años más tarde- aun sigue diciendo que su muerte fue producto de un “incendio”. Vanesa falleció 4 meses después de la gravísimas quemaduras que sufrió en su cuerpo, un 22 de junio de 2010, luego de una discusión que mantuvo con su concubino, Omar Díaz. Tenía 27 años, un hijo de 5 y estaba embarazada de 8 meses. Su beba pudo nacer a los pocos días y por cesárea, pero ella murió el 22 de noviembre de ese mismo año. No soportó las heridas que el fuego produjo en un 35 % de su cuerpo.
Desde ese día, su cuñada, Eva Dominguez, no cesa de pedir justicia.
Su caso es paradigmático: a pesar de los testimonios de amigas y vecinas que dan cuenta de la violencia de género que venía padeciendo Vanesa, y de la declaración de la enfermera del HECA a quien le confesó que su entonces pareja la había quemado con un encendedor, para la justicia su muerte no fue consecuencia de ello. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) junto al Programa de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario presentó en el 2013 un amicus curie al tribunal solicitando se investigue su caso incluyendo la perspectiva de género y teniendo en cuenta el contexto de violencia de la cual Vanesa Celma era víctima. Del mismo modo se pronunció la Secretaría de Derechos Humanos de la pcia. de Santa Fe. Sin embargo, los oídos de un sexista poder judicial siguen desoyendo el reclamo de las organizaciones y de la familia: su ex pareja jamás fue imputado, apenas se le tomó una declaración informativa y la causa, a cargo de la jueza Mónica Lamperti, continúa sin avances firmes en la investigación.
El pasado 25 de noviembre, la organización Mujeres de Negro Argentina, la cual integra Eva Dominguez, organizó una jornada de visibilización frente a los Tribunales Provinciales, con un alto impacto: más de doscientas sillas vacías con el nombre de mujeres asesinadas fueron prolijamente colocadas sobre calle Balcarce. Cada una de esas sillas representa una ausencia dolorosa, y un crimen. Eran mujeres y muchas de ellas madres que dejaron hijos pequeños y familiares que exigen una justicia que incorpore la mirada de género. 213 víctimas por feminicidio en el 2014 y cerca de 50 muertes de mujeres por abortos clandestinos en diferentes años. “Estas sillas tienen nombre y apellido que son de mujeres y muchos de estos casos no están resueltos, como el caso de Vanesa”, dice Eva, con aplomo. Su militancia se construye día a día, formando parte de una organización que busca dar cuenta de la persistente violencia que afecta a miles de mujeres en todo el mundo.
Marcelina O. tenía 83 años y fue asesinada un 18 de julio de 2014 luego de que su nieto la golpeara con un hierro. A Débora G. su pareja le pegó con una maza en la cabeza, tenía 25 años y 3 hijxs. Detrás suyo, estaba la silla vacía de Sabrina P, asesinada por su primo en Tres de Febrero, pcia. de Buenos aires. A su lado, la de Julia O. quien murió luego de que su marido le pegara un tiro, aquí en Rosario. Camila B. fue asesinada a golpes por su concubino, y a Lucía C su ex pareja la apuñaló en Atimasqui, Santiago del Estero. Así, las historias siguen, las sillas siguen denunciando la violencia sexista que no discrimina edades ni lugares. Todas son mujeres y en la gran mayoría, los crímenes ocurrieron dentro de sus hogares, allí donde la invisibilización de los golpes y el maltrato cotidiano se hace carne en el silencio y en el miedo a la denuncia.
“Lo que estamos pidiendo es la apertura de este sistema patriarcal que pueda incluir la visión de género”, expresa Eva. Ella milita en un Colectivo que nace a nivel mundial, “se forma por mujeres palestinas e israelitas donde ellas, cansadas de la guerra, se juntan todos los jueves en una esquina vestidas de negro. En representación y en repudio, hacen una parada de media hora, todos los jueves hasta el día de hoy. Acá en Rosario, Mujeres de Negro nace hace tres años. Estamos en la Toma, todos los sábados. Y durante la semana tenemos actividades donde nos vamos capacitando.”
“Lo que le pasó a Vanesa fue dentro de su casa, dentro de su cuarto y su concubino al día de hoy no está imputado. Queremos que se investigue su caso. A 4 años, su causa tiene un amicus y un acompañamiento de la subsecretaria de Derechos Humanos y aún no hemos podido revertir el cambio de carátula. Ella no murió por un accidente doméstico ni tampoco se quiso incendiar. Vanesa tenía el pelo hasta la cintura, y siempre lo recalcó a la jueza y los fiscales, de qué manera una persona se quiere prender fuego desde la cara que estaba incinerada y no quemarse el pelo, pero eso lo tiene que investigar la justicia. Yo voy a sostener la causa hasta donde se pueda y sino recurriré hasta la Corte Interamericana”. Para ello, Eva Dominguez se capacita en materia de derechos. Así lo hacen muchos de los familiares de víctimas cuyas causas judiciales se encuentran frenadas y sin avances claros de lograr justicia.
Irregularidades en la Comisaría 12
En esto cuatro años, Eva ha denunciado no solo la inacción de la justicia sino también, las importantes irregularidades en las que ha incurrido la Comisaría 12° durante la investigación. “Los que fueron a retirar la ropa de Vanesa y los que la perdieron “sin querer” fueron los policias de la comisaría 12 y la cámara de fotos digital donde tomaron las fotos del peritaje lamentablemente también se rompió y la memoria nunca fue solicitada por la fiscalía, entonces son cosas muy obvias. Gracias a las Subsecretaría de derechos humanos que hizo un escrito donde explica la negligencia policial, todos esos policías están imputados. Pero yo necesito otra acción, por lo menos que nos cambien la carátula y que él quede imputado. Ella está muerta y no tenemos el derecho de alzar su voz. Porque todo lo que decimos, según la jueza, no se sostiene. Tenemos la declaración de una enfermera que dice donde y por qué la quema, y la fiscal dice que eso es de oído, que el testimonio no es fuerte. Quiero poder capacitarme para poder tener otras herramientas y seguir luchando por la causa de Vanesa”. Importantes pruebas para el avance de la causa fueron desaparecidas: frazadas, sábanas, objetos del dormitorio y hasta las fotos tomadas en el lugar. En el expediente judicial figura la versión de su ex pareja diciendo que Vanesa se incendió con un encendedor que –paradójicamente- nunca apareció. Vanesa tenía terror de quedarse sola en el hospital durante esos 4 meses en que permaneció internada, dice Eva.
Analía Aucía, abogada y Coordinadora del Programa Género y Sexualidades que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, remarca: “resulta necesario incorporar a la causa, en el análisis de las pruebas recabadas y de aquellas que se decidan adoptar, una perspectiva de género, asociando el hecho en investigación –la muerte de Vanesa- con la historia de agresiones por la que atravesaba la víctima, desde hace años, en su relación de pareja. De esta manera, se podrá comprender que, en la historia de Vanesa Celma, la violencia de género por ella silenciada y negada frecuentemente, tomó cuerpo y palabras, a partir del hecho desencadenante de su muerte.”
Las cifras
Por otra parte, y según datos brindados por el equipo técnico del bloque del Frente para la Victoria del Concejo Municipal, las cifras de feminicidio disminuyeron este año aunque los casos continúan en aumento. De acuerdo a un relevamiento periodístico realizado por este mismo equipo, desde el 1º de enero hasta el 20 de noviembre en todo el país hubo 213 feminicidios, unos sesenta menos que el año pasado a la misma fecha. En la provincia de Santa Fe se produjeron siete y casi la mitad de ellos (3) en la ciudad de Rosario. «Son datos que hay que leerlos desde la complejidad de la violencia social. Ya es hora que los gobiernos locales comiencen a involucrarse con políticas más certeras y concretas. Los datos que indican menos feminicidios lamentablemente no dan cuentan de la baja de la violencia hacia las mujeres», remarcaron los concejales.
Este mismo equipo reveló que la fiscalía de Rosario recibe aproximadamente entre 150 y 200 denuncias semanales. Por otro lado, el Teléfono Verde recibió 1.395 llamadas desde el primer día del corriente año hasta el 31 de agosto, de las cuales 1.291 pertenecieron a situaciones específicas de violencia de género. Los reclamos por su irregular y mal funcionamiento siguen siendo recurrentes.
“El problema pasa también cuando una mujer va a denunciar y no encuentra respaldo. Muchas mujeres vienen a organizaciones y no tenemos estructura, aunque actuemos en red. Falta más compromiso político, nos han tocado llevar chicas a geriátricos porque no tenían lugar en los refugios. Hay solo 2. El funcionamiento del teléfono verde tampoco lo vemos bien, la mujer necesita una línea rotativa y una capacitación para el personal policial. No hay ayuda psicológica ni económica para la mujer que denuncia una situación de violencia”, señala con suma preocupación, Eva Dominguez.
Por un aborto legal seguro y gratuito
La ilegalidad del aborto es también violencia de género. En la instalación de las más de 200 sillas vacías, estaban aquellas historias de mujeres cuyas muertes fueron como consecuencia de abortos clandestinos. La posibilidad de que se debata la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el Congreso Nacional sigue siendo la gran deuda de esta democracia. A pesar de la última discusión dada en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el tratamiento aún sigue pendiente y sin avances, no hubo dictamen y mientras tanto, las muertes de mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres, continúan.
“Es la quinta vez que se presenta, en las anteriores 4 veces perdió estado parlamentario y apelamos a esos 67 diputados que se comprometieron a que se pueda discutir este proyecto”, nos decía La Pichu, militante de Patria Grande. “En general, las cifras que esta manejando hoy el Ministerio de Salud de la Nación es de 500 mil abortos por año, lo cual nos muestra que el aborto es una realidad en la salud de las mujeres en edad reproductiva, el problema es en qué condiciones lo hacemos. Hoy, un aborto legal en una clínica se está tasando en unos 10 mil o 15 mil pesos, lo cual condena a todas aquellas mujeres que no pueden acceder a eso, a una clandestinidad total. Existen redes feministas que han podido articular espacios de acceso a la salud integral, a poder realizar abortos seguros y no punibles, pero sigue siendo una pelea muy grande. En la pcia de Buenos Aires hubo manifestaciones en dos hospitales para reclamar que se realicen abortos que sí son legales, entonces sigue siendo una pelea por poder acceder a lo que hoy incluso está legalizado.”
Daniel Teppaz, Director provincial de políticas de género e interculturalidad en Salud, en diálogo con enREDando, señala con firmeza que la clandestinidad no disminuye el número de abortos, sino que “a veces cuando se puede legalizar, las mujeres tienen acceso no solo a abortos seguros sino a otras prestaciones que incluso hacen que haya menos abortos. Es inexcusable mantenerlo en la clandestinidad. Todas las consecuencias del aborto que hoy vivimos, no son por el aborto en sí que es una práctica sencilla, sino que tiene que ver con todas las trabas culturales y sociales que les ponemos a las mujeres para que puedan decidir sobre su cuerpo.”
En distintos puntos del país, se han conformado redes de socorristas que acompañan a las mujeres y facilitan información para acceder a prácticas más seguras. La Pichu explica la tarea del socorrismo: “Nosotras acompañamos a mujeres que hoy necesitan interrumpir un embarazo para que hoy puedan hacerlo de una manera segura y además, entendemos que es una forma de prefigurar las políticas publicas de salud que necesitamos. Sabemos que el socorrismo es un mientras tanto. Lo que buscamos desde la Campaña es poder legalizar la práctica del aborto para que las mujeres podamos hacerlo libremente y de una manera reconocida por el Estado, porque hasta tanto eso no suceda, aunque nos multipliquemos las socorristas, seguimos siendo tratadas como ciudadanas de segunda. La tarea del socorrismo no puede pensarse separada de la exigencia inmediata de la legalización del aborto.”
El aborto con pastillas, realizado con la información necesaria para llevarlo adelante, disminuye notablemente el riesgo para la mujer. “En los efectores de salud pública hay acceso al misoprotol, pero cada mujer que necesita interrumpir su embarazo y no está enmarcada dentro del sistema publico de salud tiene que pasar por todo un derrotero para lograr conseguir el misoprotol, una caja se esta vendiendo a 1200 pesos, y sigue generando una condena a quienes no tengan los recursos culturales y económicos para poder hacerlo”, explica Pichu.
Teppaz, agrega: “El hecho de que estemos negando la producción de Misoprostol, a todas las mujeres les ocasiona un daño, porque al no tener un producto dedicado, la eficacia y las posibilidades de éxito son menores y por lo tanto lleva a tener otras consecuencias. Hoy por hoy sigue siendo una deuda muy grande el contar con productos dedicados para la interrupción del embarazo.”
Para Majo Gerez, Secretaria de Género de la CTA autónoma, “es momento que las presiones de la iglesia queden a un costado para poder dar una respuesta real a una demanda en donde la salud de la mujer está en riesgo y donde sus proyectos de vida están obstaculizados por proyectos conservadores y por una corporación médica que hace un negocio de los abortos clandestinos y es momento que los y las diputadas se hagan cargo, y el Ejecutivo sobretodo tiene que hacerse cargo que el debate se dé y se apruebe”
El tratamiento en la Comisión de Legislación Penal causó expectativas en el gran movimiento de mujeres de todo el país. Sin embargo, la falta de dictamen sumó una nueva decepción. “No desconocemos que hace tres años estuvimos en la misma situación y luego, los responsables políticos que tenían que firman el dictamen de la Comisión no se presentaron a hacerlo”, refiere La Pichu.
Con respecto a las cifras de muertes por abortos clandestinos, como siempre decimos, la información nunca es precisa. “En muchas de las provincias han descendido las muertes por aborto a niveles que son sospechosos y al mismo tiempo y casi en espejo han aumentado las muertes por sepsis y lo que sospechamos es que muchas de esas muertes son escondidas tras cuadros de infecciones. Dos ejemplos paradigmáticos de esta situación son las provincia de Salta y Misiones”, apunta Teppaz.
Por otro lado, Gerez remarca la importancia de las redes seguras de información, donde la difusión del uso del misoprotol “también viene siendo una señal positiva en reducción de daño. Creemos que desde el movimiento de mujeres feministas y sectores de la salud comprometidos, vamos generando por abajo todas esas redes de contención y de difusión y de ganar en autonomía sobre nuestros propios cuerpos”.
El proyecto de ley precisa contar con dictamen favorable en tres comisiones para finalmente ser debatida en el recinto del Congreso Nacional. El argumento que esgrimen quienes intentan dilatar su tratamiento es aquel que dice que aun “la sociedad no está preparada para este debate”. La Pichu es contundente: “la sociedad está preparada a partir de los 500 mil abortos anuales que se practican, a partir de la necesidad de dejar de poner en riesgo la salud, la vida y los proyectos de las mujeres y a partir de que realmente en la calle, las encuestas dan que hay un 60 % de aprobación de, proyecto de ley, entonces, dejemos de mentir, que los legisladores se hagan cargo del reclamo social, que el tratamiento y su aprobación sea inmediata para poder proteger hoy a las mujeres.”
