«Nosotros pensamos luchar hasta morir», nos decía un viejo campesino en el año 2007, cuando enREDando recorrió la localidad de Quimilí y Monte Quemado junto al Mocase. El 4 de noviembre tuvo comienzo el histórico juicio por el crimen de Cristian Ferreyra. Por primera vez, un empresario rural será llevado al banquillo de los acusados. Desde el movimiento campesino esperan una sentencia ejemplar, impulsan la campaña «Ni un muerto más por el derecho a la tierra» y además de justicia, buscan instalar el necesario y urgente debate sobre el actual modelo de los agronegocios. «Queremos que no siga existiendo el avasallamiento sobre quienes somos de la tierra y que se sepa que es posible frenar  estas impunidades con organización», afirmaba la dirigente campesina Deo Carrizo en diálogo con enREDando. 

Por María Cruz Ciarniello

I

A pesar de los años, las historias en el monte siguen siendo postales recurrentes de una injusticia que insiste en perpetuarse. Conocí a Omar y a Lila en la localidad de Monte Quemado, al norte de la provincia de Santiago del Estero. Corría el año 2007 y para ese entonces, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero ya tenía, sobre su lomo, 17 años de  lucha en defensa de la tierra.

Omar, como tantos campesinos del Mocase, vive de la cría de animales y de la producción de carbón y poste. En su tierra, cultivan frutos, alimentos  y producían miel para autoconsumo. Omar tenía, en ese entonces, 6 hijos y una nieta.

Su casa nos albergó durante dos intensos días. Después, no volví a saber de ellos. Imagino que allí siguen, trabajando su tierra, defendiendo su monte, viviendo de sus cultivos, cosechando otras formas de vida y otras maneras de estar en el mundo, aunque el miedo y las amenazas corran como el agua. Es que los amaneceres y las madrugadas, en Monte Quemado, pueden detonar en cualquier instante.

En esas noches de frío y largas charlas, Omar decía: “Ellos lo topan, lo amontonan y le prenden fuego y el monte ya no sirve para nada. Si te topan el monte no tienen otra forma que irte. Si estas ahí vas a tener que ser esclavos de ellos. La madera sirve para hacer las casas. Si la máquina viene y topa ¿de qué vas a hacer las casas?. Hacía un tiempo,  Omar había sido detenido por una causa inventada por la empresa Conexa S.A  que la justicia santiagueña jamás pudo comprobar. Esa acusación bastó para que la policía arremetiera con crudeza en su rancho.  Fue ella, Lila, quien logró la liberación de Omar un 8 de marzo, Día Internacional de La Mujer, mostrando la enorme fuerza que tienen las mujeres campesinas.

Allí, en la central que el Mocase tiene en el Departamento de Copo y Alberdi, también conocí a Francisco,  73 años y campesino de toda la vida. Él me enseñó las marcas que las balas de plomo dejaron en su cuerpo. Recuerdo su frase como si fuese ayer: “Nosotros pensamos luchar hasta morir”. Florencio estaba a su lado y sus sentencias de vida eran casi las mismas; como si ese lema se llevara en la sangre campesina: “No nos van a quitar las tierras, vamos a morir ahí. Los policías vienen y atropellan la casa y nos quieren hacer firmar papeles falsos. Nos hemos criado en el campo y tenemos que luchar hasta morir.”

II

Pasaron 4 años de aquel viaje al corazón del Mocase. Los hechos siguieron sucediéndose casi de la misma manera. El 16 de noviembre de 2011, Cristian Ferreyra fue asesinado por Javier Juarez,  sicario a sueldo del empresario santafesino Jorge Ciccioli. ¿El motivo?: la tierra. El asesinato de Cristian no fue un hecho policial, tampoco aislado; su muerte fue consecuencia de un modelo basado en los agronegocios y el avance indiscriminado de las fronteras agropecuarias.

Su crimen podría haberse evitado si la justicia y los funcionarios del gobierno provincial hubiesen escuchado los reclamos campesinos. Pero no. Lo que hicieron fue jugar una vez más, a favor del perverso juego que proponen las empresas sojeras y madereras junto a los terratenientes que avanzan con falsas escrituras. Allí, en Monte Quemado, éstas mismas empresas han sabido explotar, amedrentar y extorsionar a las familias campesinas.

Son ellas las que fijan las reglas.

III

El día en que los Juarez mataron a Cristian, el Mocase emitió un comunicado que decía: “La comunidad de San Antonio,a 60 km de Monte Quemado, miembro de la CCCOPAL MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática”.

En el año 2013, dos años después de la muerte de Cristian Ferreyra y Miguel Galvan, la Subsecretaría de Agricultura de la Nación realizó el informe “ “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”  “En el mismo se detalla que en Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado y estatal. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos y el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario.

Las vidas como las de Omar, Francisco, Florencio, Cristian, Miguel, están signadas por la lucha; la resistencia cotidiana ante las topadoras, la amenaza constante de desalojo y la violencia de los grupos paramilitares. Y por esa lucha ellos dan su vida, la que defienden con el orgullo de saber que esas tierras, que les provee trabajo y alimento diario, les pertenecen por generaciones. El derecho de posesión veinteñal  está contemplado en el Código Civil y la Constitución Nacional.

A Cristian lo asesinaron mientras se encontraba organizando una nueva asamblea del Mocase, en la que, justamente, discutirían un plan para frenar el avance de las topadoras. Su mamá Mirta, lo recuerda tranquilo pero aguerrido. Firme en sus convicciones y siendo fiel a la lucha campesina, Cristian estaba decidido a permanecer en su territorio, el que habitaba desde hace 23 años. Esa edad tenía cuando Juarez lo remató de un tiro, sin mediar palabra, en la casa de su compañero Darío Godoy quien también resultó herido. “Le cortaron las piernas”, decía su cuñado, José Cuellar.

Cristian Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena Lule-Vilela de San Antonio donde alrededor de unas 25 familias habitan dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. Esas eran las tierras que Jorge Ciccioli pretendía alambrar y desmontar con la venia de la Dirección Provincial de Bosques. El antecedente data del año 2005, cuando la empresa Madera Dura del Norte pretendía avanzar sobre unas 170 mil hectáreas. «Las familias se han defendido de forma organizada y han impedido que se alambre el territorio», cuenta Deo Carrizo, entrevistada por enREDando. En el año 2008 aparece en escena el empresario tucumano Emilio Luque, con el mismo objetivo: alambrar alrededor de 1800 hectáreas. En el año 2011, Luque le «vende» esas tierras al empresario Jorge Ciccioli quien, con el permiso del Ministerio de Producción de la provincia, logra desmontar alrededor de 200 hectáreas. En marzo de 2011 la gente hizo denuncias y cortó alambrados en los caminos que impedían el pastoreo de los animales, principal actividad de la comunidad.

Así lo denunciaba el Mocase: “Desde éstos territorios campesinos indígenas, se viene denunciando los atropellos, tal es así que el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona. También el Comité de Crisis supo hacer relevamiento de las situaciones de atropellos. Hasta el momento, sólo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas.»

Deolinda Carrizo, reconocida militante del Mocase, me decía hace apenas días: “Estamos en un sistema estructurado donde unos pocos se van apropiando de nuestros bienes naturales, la justicia responde al capitalismo, está puesta para eso, para seguir concentrando las tierras, hay derechos en el código civil que ampara a las comunidades indígenas, pero no hay respeto a la constitución nacional, a la vida, a la cultura de las comunidades. La justicia es cómplice del acaparamiento de tierras y de producción del agronegocio”.

Santiago del Estero es una de las provincias líderes en desmontes. Según informaba  la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación en el año 2011, 515 mil hectáreas fueron desmontadas entre 2003 y 2007.

IV

10 meses después del crimen de Cristian, el campesino Miguel Galvan es degollado en el patio de su casa, en el paraje El Simbol, al norte con la provincia de Salta. ¿El motivo?: la tierra., la misma que los Ferreyra defendían con la vida.

 “El de Galván fue un asesinato anunciado varias veces. Una semana antes del crimen, el Comité de Crisis del gobierno de Santiago del Estero visitó la comunidad El Simbol. En su informe, admitió: «Un párrafo aparte merece, la situación de gravedad que significa el conflicto latente, relatado por pobladores, poniendo en riesgo constante sus bienes y la vida de las familias.» (Nota en Revista Crisis)

Cuando asesinaron a Miguel, el Mocase una vez más, salió a denunciar y visibilizar el hecho: Esto decía, reseñando el conflicto histórico de tierras en la zona de El Símbol:

“Desde hace 2 años, es la empresa Agropecuaria La Paz S.A, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la Comunidad El Simbol. Para ello, se ha aliado con la familia Risso Patrón, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tala Aranda. Estos custodian a los alambradores junto a Paulino Risso Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad. Ante esta situación, su hermano, su madre y Miguel habían presentado varias denuncias desde el año 2011 por usurpación y por amenazas contra la empresa, las bandas armadas y contra el asesino Paulino Risso Patrón”.

Esas denuncias jamás fueron escuchadas. Es por ello que el Mocase responsabiliza al gobierno de Gerardo Zamora. “Señalamos a Luis Fernando “Parano” Gelid, ministro de Producción, Tierra y Recursos Naturales como principal impulsor del avance del agronegocio en la provincia, y por lo tanto, responsable político directo de los asesinatos de Miguel y Cristian. Gelid, es metido en el gobierno de Zamora por la Confederación Rurales Argentinas (CRA) y él básicamente les ha dado a ellos el poder para avanzar sobre los territorios comunitarios.”

Por el asesinato de Miguel está detenido Paulino Risso Patrón. El empresario que pretendía dichas tierra jamás fue citado a declarar.

V

El 4 de noviembre comenzó el histórico juicio en Monte Quemado. Por primera vez, un empresario sojero será llevado al banquillo de los acusados. Javier Juarez, por homicidio simple y Jorge Ciccioli, como partícipe secundario del delito de homicidio, serán juzgados por el crimen de Cristian, además de otros 5 imputados en el crimen: Demetrio Palomo, Carlos Abregú; Mario René Abregú; Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez. El tribunal está a cargo de los jueces  Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray.

 El juicio es fruto de la organización y la tenacidad de un movimiento campesino que ha logrado trascender las fronteras de sus montes para encontrar apoyos de otros movimientos sociales. La querella, en este sentido, buscará que Ciccioli sea condenado como coautor necesario del crimen. “Lo que vamos a pedir es la coautoría, porque la relevancia del empresario que pone las topadoras, las armas, contrata a las bandas y hace la inteligencia del delito, tiene que tener una relevancia mayor de la que estratégicamente se le está reconociendo. Así que nuestra estrategia va encaminada a esto. Asumo que será difícil.”

En diálogo con enREDando, Deo Carrizo dice: “Nosotros queremos una sentencia ejemplificadora, para que sepa  el empresariado que quiere venir a sacar las tierras a los pobladores, que no pueden gozar de impunidad, que aquí hay organización campesina indígena, que nos paramos como lo que somos, sujetos políticos, sociales y también económicos y por tanto, estamos aquí, viendo de que más allá de alguna sentencia, podemos alimentar un debate a nivel nacional”,.

Ese debate apunta cuestionar un modelo extractivo basado fundamentalmente en la siembra de soja transgénica.  “Somos sujetos políticos”, dice Deo, convencida que el modelo que proponen desde el Mocase, es un proyecto de vida, capaz de proveer de alimentos sanos a la población y a los mercados locales. “Queremos respuestas concretas: primero el tema de la tenencia de la tierra, el desarme de los grupos armados y las policías que están al servicio de los empresarios, y el apoyo al sistema de producción diversificado que tenemos como comunidades campesinas y que de forma autogestionada hemos venido abasteciendo los mercados locales con nuestra producción, que muchas veces no entra en la cadena, ni en las políticas públicas que deberían de ser así, para poder tener una mayor infraestructura, microfábricas  e innumerables apuestas que hacen falta para esto.”

VI

Luego del crimen de Cristian y Miguel, las amenazas contra miembros del Mocase siguieron siendo recurrentes.

El 12 de septiembre de 2014, funcionarios del gobierno provincial que constataban los desmontes ilegales en territorio de comunidades campesinas, registraron las amenazas de muerte de un hacendado local hacia miembros del MOCASE- MNCI. El 15 de octubre de 2014, el empresario de la gaseosa MANAOS, Orlando Canido junto a 15 paramilitares al mando de Lachi y Pablo Letonai, irrumpieron en horas de la madrugada en territorio de la comunidad del Lote 5 y a punta de pistola desalojaron a la familia Sosa de su propia casa. El día jueves 23 de Octubre a las 22 horas, cuando finalizó el programa de radio “Deportes y Chamamé” el conductor Darío Carlón de la Comunidad Indígena Vilela de Santa Rosa, Departamento Moreno, a 10 kilómetros de la Ciudad de Quimilí, recibió amenazas de muerte por mensaje de texto al teléfono de la FM del Monte del Mocase VC. Las mismas decían que la iban a matar y que iban prender fuego la radio. Estas amenazas fueron recibidas luego de que durante el programa se denuncie las usurpaciones de tierra de la empresa Manaos.

El Mocase sigue movilizado y para ello se encuentran difundiendo la Campaña “Ni un muerto más por el derecho a la tierra”, además de un Diario del Juicio desde el cual se brindará información sobre las jornadas de un proceso judicial que durará aproximadamente un mes.

Más de 1000 personas se movilizaron el 4 de noviembre, en Monte Quemado. El juicio simboliza no solo la búsqueda de justicia por el crimen de un campesino, sino además, la posibilidad de instalar un debate urgente: “Esto no es algo que solo atañe al campo”, afirma Deo. “La tierra es un bien preciado y la gente tiene que involucrarse por la defensa de un bien estratégico para su presente y su futuro. Queremos que no siga existiendo el avasallamiento sobre quienes somos de la tierra y que se sepa que es posible frenar  estas impunidades con organización, que hay proyectos de vida en América Latina”.

Uno de los fuertes reclamos que realiza el movimiento campesino-indígena en su conjunto es la sanción del proyecto de ley que pone freno a los desalojos y que ha perdido estado parlamentario en el Congreso de la Nación.

Por esto, la respuesta que desde el Mocase encuentran para seguir defendiendo la tierra es la misma que los llevó a fundar el movimiento en 1990: fortalecer la articulación territorial y el trabajo de formación: “Vamos a seguir formándonos en nuestros espacios de escuela de agroecología, con otras organizaciones, construyendo la necesidad, de que hay que cambiar no solo un sistema de producción, sino un modo de vida”.

Diario del Juicio y toda la información actualizada de las jornadas aquí

Notas recomendadas en Cosecha Roja y Revista Crisis

Nota en enREDando: Por Cristian Ferreyra