El análisis del gasto que prevé el Ministerio de Salud de la Nación revela un fuerte ajuste para el 2025, con los jubilados y personas que viven con VIH como los más perjudicados. Según un informe de la Fundación por la Soberanía Sanitaria, el gobierno nacional prevé un recorte del 52% para el Ministerio de Salud.
Javier Milei cumplió su promesa: al cumplirse un año de gestión, la motosierra y la licuadora se convirtieron en los pilares de una política criminal que se aplica sin anestesia en los sectores medios y más pobres de la sociedad.
La medicina amarga, promete el presidente, es necesaria para recomponer las cuentas del país y eyectar la economía. Pero no todos están invitados a la fiesta libertaria: para eso será necesario no ser un trabajador asalariado, ni una persona seropositiva y mucho menos un jubilado.
Veamos. Según un informe de la Fundación por la Soberanía Sanitaria, el gobierno nacional prevé un recorte del 52% para el Ministerio de Salud. En el proyecto de presupuesto enviado al congreso nacional, los gastos destinados a temas sanitarios representan el 5.6% de la erogación total prevista para el año entrante.
En números, son 6.5 billones sobre 117.5 billones de pesos, aunque el ítem salud no corresponde únicamente a los fondos que recibirá la cartera que conduce Mario Lugones, sino también a otras áreas del Estado.
Si se comparan los montos asignados a la función salud entre 2024 y 2025, se observa una reducción en términos reales del 20%. “Para no tener caída, el presupuesto debería haber sido de 8.1 billones de pesos. Es decir, 1.6 billones más de lo asignado”, consignan en el documento.
Además, en el desglose de los programas se observa un recorte del 22% para el plan 1000 días cuya población objetivo son las personas con capacidad de gestar. Específicamente se registra una disminución del 58% en la cantidad de kilos de leche para garantizar la nutrición de lactantes menores de 6 meses, pasando de 582 mil kilos a 240 mil kilos para el 2025.
En relación a salud sexual y reproductiva, llama la atención la eliminación casi total de la política de distribución de preservativos que va de 54.7 millones en 2024 a 4 millones en 2025, lo que implica un ajuste del 93%.
La misma suerte corren los kits de sueño seguro, destinados a prevenir la mortalidad por síndrome de muerte súbita en los primeros meses de vida: de 60 mil proyectados en 2024, se prevé entregar tan solo 14 mil en el 2025.
En cuanto a la política de inmunizaciones, las vacunas antigripales presentan un descenso de 1.017.000 a 650 mil dosis. Para Covid 19, la meta de vacunación pasó de 21 millones a 7 millones 900 mil dosis en el plazo de un año.
En relación a salud sexual y reproductiva, llama la atención la eliminación casi total de la política de distribución de preservativos que va de 54.7 millones en 2024 a 4 millones en 2025, lo que implica un ajuste del 93%.
Y la lista sigue: un 30% menos de tratamientos distribuidos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un 34% menos en métodos anticonceptivos de larga duración para adolescentes, un 45% menos para medicación oncológica, drogas de uso paliativo y pos trasplante, y salud mental.
No obstante, cobra fuerza la sospecha de que el oficialismo quiere evitar la sanción de la ley de presupuesto para prorrogar los números del 2023 y manejar los recursos de manera discrecional. Así, la magnitud del ajuste podría ser aún más brutal.
Medicamentos gratis, afuera
En el extremo de la crueldad que caracteriza al mileismo, el recorte en la entrega de medicamentos para jubilados y pensionados de PAMI se ubica en el podio de las decisiones más atroces. Solo aquellos que ganen menos de 388.500 pesos podrán acceder al menguado recetario gratuito de la obra social estatal.
Más allá de que en los últimos días se agilizaron los trámites para quienes necesiten acceder a la cobertura del 100%, los queden por fuera de este rango tendrán que afrontar aumentos de entre el 40% y el 80%. Todo esto sucede en un contexto de empobrecimiento general de la población y con jubilaciones estancadas.
“Hay una afectación subjetiva muy importante en la vida de los adultos mayores que nadie que nadie está tomando en cuenta. Les dicen: metete en la plataforma de PAMI como si fuera hace una búsqueda de Google y esto es una barrera de accesibilidad muy concreta”, expresó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Según un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) entre noviembre del 2023 y julio del 2024 las medicinas que necesitan habitualmente las personas mayores tuvieron un alza en los precios del 188%, ubicándose por encima de la inflación del 164.4% de ese período.
Además, cabe destacar que entre febrero y agosto del 2024 al menos 55 medicamentos dejaron de tener una cobertura total o parcial entre los que se encuentran antivirales, antibióticos, corticoides, antidepresivos y morfina.
Otro de los puntos que señaló Sabin Paz es la cantidad de medicamentos que pasaron a ser de venta libre a través del programa desregulación que impulsa Federico Sturzenegger: “Esto es un problema grave porque asume que las personas sabemos qué remedios necesitamos, cuáles son mejores, en qué dosis, de qué drogas. Es como si vas a la góndola y elegís una marca de café”.
Desde el CELS, entienden que la medida busca fortalecer a los laboratorios y debilita la figura del farmacéutico como profesional responsable para el expendio de drogas. Todo esto ocurre en un contexto de resquebrajamiento del sistema de salud donde acceder a una consulta médica se torna cada vez más difícil, incluso para quienes cuentan con cobertura de obras sociales o prepagas.
Desregulación y descontrol
Bajo la premisa de la autorregulación del mercado, el gobierno libertario propició la eliminación de todas las herramientas de control a los aranceles que cobran las empresas de medicina prepaga. La decisión se instrumentó a través del decreto 70/2023 y esto desembocó en un aumento superlativo del 118% que tuvo como consecuencia una baja del 10% en la cantidad de afiliados.
“El Poder Ejecutivo realizó estas modificaciones sin presentar ningún análisis o estudio que permitiera anticipar cómo podría verse afectada la población, en especial las personas con discapacidad y sus familias, los sectores con ingresos más bajos, personas mayores, o personas con enfermedades crónicas” señala un informe publicado por el CELS.
En la ciudad de Rosario al menos 7 mil nuevas familias comenzaron a asistir a los centros de salud municipal en el último año según información aportada por la Secretaría de Salud. En la provincia, hacia comienzos del 2024 la suba se ubicaba en torno a un 30% con respecto al 2023.
En números, la cantidad de personas que tuvieron que cesar en el pago de los servicios de salud privados asciende a 200 mil según los datos disponibles del primer semestre, y la mayoría había adherido de forma voluntaria, es decir, no derivaban aportes de una obra social. El resultado es un aumento en la demanda de salud pública.
Como ejemplo, en la ciudad de Rosario al menos 7 mil nuevas familias comenzaron a asistir a los centros de salud municipal en el último año según información aportada por la Secretaría de Salud. En la provincia, hacia comienzos del 2024 la suba se ubicaba en torno a un 30% con respecto al 2023.
Por otro lado, a través de la resolución 3934/24 el gobierno nacional limitó la entrega de recetas y órdenes de estudios a los afiliados de planes cerrados. Desde su entrada en vigencia, solo los profesionales habilitados en las cartillas pueden prescribir medicamentos o tratamientos para que los pacientes soliciten la cobertura total o parcial, o el reintegro de las prácticas médicas.
En nuestro país, alrededor de 2 millones de personas son beneficiarias directas de las prepagas y las empresas OSDE, Swiss Medical Group y Galeno concentran el 72% del mercado. “Estamos frente a un modelo de mercantilización de la salud, vamos cada vez más hacia una salud de bolsillo. Quien esté sano podrá pagar y el que no puede tendrá que ver cómo se las ingenia”, sentenció Macarena Sabin Paz.
La salud sexual y reproductiva, con los números en rojo
En el apartado sobre salud sexual y reproductiva, la administración de Javier Milei exhibe la peor performance de los últimos años y esto es resultado de una constante prédica anti educación sexual integral (ESI) que se ve reflejada en la cuestión presupuestaria.
El ajuste en el Programa de Respuesta al VIH, Sífilis e Infecciones de Transmisión Sexual llega al 75.72% medido en dólares estadounidenses.
Según un informe de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Santa Fe, la reducción en el envío de métodos anticonceptivos y test de embarazos de Nación a provincia sufrió un recorte del 68% en 2024, al igual que el envío de misoprostol y mifepristona para las interrupciones voluntarias y legales del embarazo.
También preservativos y tratamientos hormonales para las personas travestis y trans sufrieron una poda que llega al 93%.
Para compensar la desfinanciación, la cartera que conduce Silvia Ciancio tuvo que desembolsar una suma extra de 5.228 millones de pesos.
En las metas proyectadas para 2025, el Ministerio de Salud nacional proyecta asistir a 19.920 personas menos que este año.
En el capítulo sobre VIH/SIDA, los números son aún más alarmantes: un análisis de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) reveló que el ajuste en el Programa de Respuesta al VIH, Sífilis e Infecciones de Transmisión Sexual llega al 75.72% medido en dólares estadounidenses.
La decisión pone en riesgo la continuidad en los tratamientos con antirretrovirales para 68 mil pacientes en todo el país que se atienden en el sistema público de salud.
Además, en las metas proyectadas para 2025, el Ministerio de Salud nacional proyecta asistir a 19.920 personas menos que este año.
En Santa Fe, al menos 200 personas no pudieron iniciar sus tratamientos por la falta de stock, según denunciaron organizaciones sociales en agosto de este año.
La Fundación para la Soberanía Sanitaria consigna en este punto que la adquisición de medicamentos “no llega a cubrir a la población actual bajo tratamiento” y dejan afuera a otras estrategias como la compra de medicación para evitar la transmisión de personas gestantes seropositivas a niños y niñas.
“Se suspendió la entrega de zidovudina (AZT) durante los primeros diez días del mes de noviembre; medicación utilizada durante el trabajo de parto cuya implementación reduce la transmisión a menos del 2%”, señalan en el mencionado informe.
La reducción en el envío de métodos anticonceptivos y test de embarazos de Nación a provincia sufrió un recorte del 68% en 2024, al igual que el envío de misoprostol y mifepristona para las interrupciones voluntarias y legales del embarazo.
También se discontinuará la profilaxis post exposición para atender situaciones de riesgo al momento de mantener relaciones sexuales (la rotura de un preservativo, por ejemplo) o para casos de abuso sexual, y la profilaxis pre exposición (PrEP), pensada para personas que no viven con VIH pero tienen practicas que pueden exponerlos a la transmisión del virus.
Pese a los incumplimientos, en Argentina está vigente la Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, una conquista de las organizaciones sociales que busca garantizar el acceso universal a los tratamientos y promueve la producción pública de medicamentos, algo que por el momento no aparece en el horizonte de la salud pública libertaria.