Por primera vez, un estudio realizado por ocho investigadoras del Conicet en cinco localidades del sur provincial mostró alteraciones genotóxicas sobre maestras y auxiliares de establecimientos escolares. Todas ellas están a menos de un kilómetro de los campos de cultivo donde se aplican agrotóxicos.
Foto: Qué Digital
Alvear tiene algo más de 4.500 habitantes y una escuela rural que funciona a sólo 40 metros de los campos de cultivo, a la vera de la autopista a Buenos Aires y a 14 kilómetros de Rosario. Desde que en 2019 la fumigación sobre los sembrados vecinos dejaron de realizarse durante la actividad escolar y se restringieron a horarios nocturnos, la percepción del peligro frente al uso de agroquímicos por parte del personal docente se diluyó. Sin embargo, eso que se ocultó persiste: un estudio reciente reveló daño genotóxico por encima de los valores normales entre 32 maestros y auxiliares escolares en escuelas rurales de cinco localidades del sur santafesino. En Alvear los resultados llegan a duplicar los de otros establecimientos, lo que permite inferir a las investigadoras que a mayor cercanía a los campos, mayor daño.
“El cambio de horario fue toda una estrategia para invisibilizar el problema en los últimos años y funcionó”, dice la antropóloga e investigadora del Conicet, Lucía Caisso, una de las ocho expertas que llevaron adelante el relevamiento.
Los establecimientos que fueron parte del estudio se ubican en Alvear, Ibarlucea, Villa Amelia, La Carolina y Acebal, donde los edificios escolares funcionan en todos los casos a menos de 700 metros de los campos, y donde desembarcó un equipo interdisciplinario integrado por expertas universidades de Rafaela (UNRaf), Rosario (UNR), Río Cuarto (UNRC), Córdoba (UNC) y Buenos Aires (UBA) en convenio con Amsafé Rosario.
El proyecto desarrollado a lo largo de 2024 puso bajo la lupa la relación entre la salud de los docentes y los contaminantes ambientales, que no sólo son los campos, sino además maquinaria agrícola, silos, basurales e industrias. Y por primera incluyó análisis genético, que se llevó adelante a través de la toma de muestras de saliva.
Tejer redes
Caisso es graduada en antropología por la UNR y doctorada en Ciencias de la Educación por la UNC, lleva casi una década trabajando sobre la problemática de las escuelas fumigadas en las provincias del centro del país y desde el 2018 desarrolla proyectos de investigación conjuntos con la doctora en Ciencias Biológicas y Responsable del laboratorio de Genética y Mutagénesis Ambiental de la UNRC, Delia Aiassa, que tuvo a su cargo los estudios genéticos durante el trabajo en el Departamento Rosario.
Para Caisso ni los silencios ni la baja percepción de riesgo de las maestras y del personal escolar frente a las fumigaciones que encontraron en Santa Fe son un dato novedoso.
“Es un tema difícil para las maestras, están muy expuestas y muy solas; hay áreas de ruralidad tan dispersa que a veces encontrás al frente de una escuela a una sola docente”, explica la antropóloga que lleva un largo camino aprendido en las formas de penetrar en esas tramas y afirma: “Hay que indagar con cuidado porque los intereses económicos están allí, a un nivel cotidiano y muy naturalizados”.
Por eso, reconoce que concretar un estudio donde se tomen muestras de material genético revestía desde el principio “otros riesgos” y define como fundamental las alianzas tejidas con otros actores sociales, no sólo Amsafé Rosario, sino también los integrantes de la Asamblea de la Ruta 18.
La asamblea reúne a un grupo de vecinos de las localidades ubicadas a la vera de la ruta que une Rosario con Pergamino, como son Álvarez, Piñero, Alvear, Villa Amelia y Coronel Domínguez, y que desde ya varios años son una voz fundamental frente a los efectos del agronegocio en la región.
Así y todo, Caisso señala que la recepción de las investigadoras fue “diversa: algunas participaron y otras, por diversas razones, prefirieron no hacerlo”.
Pasar desapercibido
No sólo la naturalización y la convivencia con los campos de cultivo hacen que la percepción del riesgo del personal docente disminuya o incluso desaparezca.
“Como en otros estudios, nos encontramos que en las escuelas donde pudimos hacer el muestreo, maestras y no docentes tenían en común una respuesta y es que las fumigaciones no son un problema; quizá podía percibirse como un problema años atrás, pero ya no en la actualidad”, señala la antropóloga para marcar una de las estrategias que en los últimos años tomó el sector productivo y que logró invisibilizar el conflicto entre el modelo de producción y las comunidades.
Así como en Alvear, en muchas de las otras escuelas del Departamento Rosario, hasta hace pocos años las pulverizaciones en los campos se llevaban adelante en horarios escolares, lo que exponía el problema frente a sus ojos. Ante ese riesgo explícito, lo que sucedió no fue que las aplicaciones dejaran de realizarse, sino que se modificaron los horarios.
“Ahora las pulverizaciones se hacen durante la noche o de madrugada, lo que invisibiliza el problema” explica la antropóloga y agrega: “La fumigación a contraturno no es un hecho aislado, sino que fue la la principal respuesta del agronegocio a las escuelas fumigadas con el aval del Estado. Y si pensamos que logró bajar la percepción del riesgo de los docentes, desde su objetivo debemos decir que funcionó”.
“La fumigación a contraturno no es un hecho aislado, sino que fue la la principal respuesta del agronegocio a las escuelas fumigadas con el aval del Estado.
En Santa Fe, la regulación de la actividad está ordenada por la ley provincial de productos fitosanitarios N° 11.273, una normativa de 1995 que tuvo varios intentos de modificación en la Legislatura, pero que no avanzaron y que “es anterior a la gran expansión de la agricultura intensiva de soja y maíz en el territorio provincial”, destaca el informe.
La norma establece regulación, aunque permitiendo excepciones y deja muchos aspectos librados a criterio de las comunas y municipios. Con ese escenario, colectivos de vecinos, como la propia Asamblea de la ruta 18 y la organización Paren de Fumigarnos, llevaron a la Justicia provincial sus reclamos. Ese paso permitió que en localidades puntuales, como San Jorge, Sastre y Ortiz, se alejen las fumigaciones de los límites urbanos.
De esas medidas judiciales solo una menciona un establecimiento escolar y es el caso de San Justo. “En ese fallo se exhorta a la Municipalidad de San Justo a dar aviso a la dirección de las escuelas rurales cercanas cuando se autoriza una fumigación, lo que deja cargo del personal escolar la responsabilidad de atender el problema”, recalcan las investigadoras en el estudio.
Resultados que interpelan
Sin embargo, los resultados de las muestras genéticas llegaron para poner en cuestión cualquier percepción o naturalización de lo que sucede a menos de diez cuadras de donde las maestras trabajan y los chicos estudian. La encargada de detallar la metodología utilizada para el análisis es la investigadora de la UNRC, Delia Aiassa, que explica “a partir del material genético proveniente de las muestras de saliva se estudió si el mismo poseía daño en el ADN -daño genotóxico- a partir de ensayo de micronúcleos (MN) y otras anormalidades nucleares (AN) de las células de la mucosa de la boca”.
Los resultados revelan que las muestras exhiben “un número mayor de células con daño genético o genotóxico, si se lo compara con los valores basales”, explica Aiassa. Esos valores de referencia, detalla, están establecidos en la bibliografía nacional en un promedio de 3 MN por cada 1000 células; en tanto, en la bibliografía internacional ese promedio oscila entre 0,5 y 2,5 MN cada 1000 células.
Lo que se encontró en la población estudiada está por encima de ambas referencias, ya que se detectaron en promedio entre 4,5 y 5,1MN/1000.
Sobre esos datos, la bióloga explica no sólo que “es posible indicar que la población de docentes y auxiliares analizada presenta un número mayor de células con daño genético o genotóxico comparado con el valor considerado como normal para poblaciones referentes”, sino que además infiere en el desglose de los datos que la cercanía de las escuelas a los campos de cultivo y el aumento de la exposición, eleva el daño.
Aunque aclara que se trata de “una inferencia y no de probabilidades dado el tamaño de la muestra”, puso sobre la mesa las comparaciones de una escuela a otra. Y el caso de la docentes de Alvear, que son las de mayor cercanía a los campos, mostró marcadores de entre 6,18 y 6,22 MN/1000 células, duplicando los varones de referencia y también muy por encima de sus pares de Ibarlucea (3,9±3,57 MN/1000 células).
“es posible indicar que la población de docentes y auxiliares analizada presenta un número mayor de células con daño genético o genotóxico comparado con el valor considerado como normal para poblaciones referentes”,
Los datos, que son los primeros generados en la provincia, son claves teniendo en cuenta que Santa Fe cuenta a lo largo de su territorio con unas 800 escuelas rurales. Frente a ellos, además de señalar que “resulta indispensable profundizar la investigación» en otras zonas del territorio, el estudio no deja de poner sobre la mesa que “el análisis de políticas provinciales sobre la exposición humana a las pulverizaciones con plaguicidas agrícolas evidencia indiferencia estatal ante la problemática”, y remarca que son “sólo las acciones judiciales y demandas locales las que lograron medidas parciales, fragmentarias y limitadas”.
Así, en un primer paso, el estudio «alerta a las autoridades respecto del potencial riesgo para la salud que implica la exposición ocupacional de docentes y auxiliares de escuelas rurales a contaminantes ambientales».
