Las detenciones arbitrarias en la vía pública se transformaron en un sello de la gestión Pullaro con los vecinos de los barrios populares y personas en situación de calle como blanco principal. A pesar de los amplios operativos, ningún arresto derivó en una causa judicial por la comisión de delitos.
Cuando Cristian y sus amigos vieron llegar el patrullero de la policía imaginaron una situación que ya vivieron muchas otras veces. Están acostumbrados a que les requisen las mochilas, les pregunten dónde viven, qué están haciendo. Saben que es mejor agachar la cabeza, tragar la bronca y esperar a que se vayan. Ninguno quiere pasar la noche en un calabozo, bancarse los golpes y hasta terminar con una causa inventada. Todo sea por sobrevivir a la violencia estatal que se repite como un bucle en el barrio de la comunidad Qom del sudoeste rosarino.
Pero el lunes 28 de octubre las cosas fueron diferentes. Eran las ocho de la noche y los integrantes del grupo de hip hop Barrio Originario Underground – que integra Cristian junto con siete amigos – estaban ensayando para un festival en el playón municipal de Aborígenes Argentinos y Qom. Esta vez les revisaron los bolsos, les pidieron el DNI y les dijeron que si no había nada raro los dejaban seguir. De los ocho, cuatro no tenían los documentos consigo y los agentes decidieron que eso significaba una amenaza para la seguridad pública.
“El oficial que estaba a cargo pidió dos refuerzos y cuando nos dimos cuenta ya teníamos dos patrulleros más atrás de nosotros”, recordó el joven. Uno de los pibes tenía la constancia del DNI en trámite, pero eso no les importó. Otro les mostró el documento digital a través de la aplicación Mi Argentina, pero tampoco fue suficiente. Los otros dos literalmente tenían que cruzar una calle para satisfacer el pedido de los uniformados, pero dejarlos ir no estaba entre los planes del comando policial.
Mientras ocurría el operativo, la pareja de uno de los detenidos cruzó la calle y entregó la cédula de identidad de su marido pero ya era tarde. Se la tiraron al suelo, esposaron a los músicos y se los llevaron. Iban a la Comisaría 19, pero cuando llegaron no los encontraron. “No nos quería decir el paradero, recién a las 10 de la noche después de movilizar a algunas personas que conocemos por el hip hop nos enteramos que a tres los habían llevado a las 32 y uno estaba en la comisaría primera”, relató Cristian.
Al grupo de tres los mantuvieron privados de su libertad hasta las 3 de la tarde del día siguiente, al cuarto detenido lo liberaron a las 6 de la mañana. Todos terminaron con causas de resistencia a la autoridad policial, la nueva figura a la que echan mano para justificar las detenciones. A uno de los jóvenes le secuestraron el celular con el argumento de que necesitaban registrar el teléfono y nunca se lo restituyeron. “El celular es una herramienta importante para nosotros, él ahí tenía las letras de las canciones y los videos que grabamos”.
La paradoja: el programa Nueva Oportunidad bajo el cual surgió el grupo se originó en el 2016 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia cuando Miguel Lifchitz gobernaba Santa Fe. En 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro, hijo dilecto del fallecido dirigente socialista y ex ministro de seguridad durante su gestión, anunció su relanzamiento. Sin embargo, la política represiva del actual mandatario parece chocar de lleno con la herencia de su mentor político.
Nosotros trabajamos para que los pibes agarren un micrófono y no un arma. El arte no es un delito y no tienen que frenar a los pibes solo por estar en la calle”
Las letras de Barrio Originario Underground hablan fundamentalmente de los abusos policiales, pero también la situación social que se vive en un barrio que todavía no cuenta con agua potable para todos los vecinos.
“Acá la situación es siempre igual, nada cambia. Por eso nosotros trabajamos para que los pibes agarren un micrófono y no un arma. El arte no es un delito y no tienen que frenar a los pibes solo por estar en la calle”, reflexionó Cristian y agregó: “A los narcos no les van a pedir el documento, es más pasan y los saludan”.
Hace dos años, en el marco de la 2° Hiphopiada, muestra anual que reúne a diversos grupos de jóvenes que se organizan alrededor del hip hop en las barriadas de Rosario, Cristian rapeaba arriba del escenario:
Como quisiera tener un barrio donde las calles ya no tengan más baches,
como quisiera que el pueblo se una y seamos uno,
como quisiera que ayudemos al tipo que está sin laburo,
quisiera un plato decente pero siempre es el mismo guiso de menudos,
a menudo quiero rapear pero a veces se me hace algo duro.
Quisiera que en el escenario de mi barrio haya una placita al lado para que el niño de los pueblos originarios venga y nos escuche mientras se está hamacando.
Quisiera que no se escuchen esos disparos al azar.
Yo quiero ir al centro a pasear y que el resto no me mire diferente.
Siempre suele pasar que cuando salgo a pasear me ven y se cambian a la vereda de enfrente.
Yo no quiero que me vean como un delincuente, si al fin y al cabo en este planeta somos todos sobrevivientes.
Quisiera que el abuso de autoridad policial ya no aparezca más en esta gente linda.
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Las detenciones arbitrarias en la vía pública por no llevar el DNI se transformaron en un signo de época desde que Maximiliano Pullaro llegó a la gobernación de Santa Fe. Los operativos tienen un blanco específico: las personas en situación de calle y quienes poseen un rostro o un color de piel sospechoso para los parámetros lombrosianos del Ministerio de Seguridad. Según datos del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) el 34.6% de los arrestos fueron a personas que viven y duermen en la calle.
Además, casi el 20% fueron demorados más de una vez y sobre 1015 detenciones realizadas en Rosario entre el 1 de julio y el 11 de agosto, ninguna derivó en una causa judicial. Santiago Bereciartua, secretario de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional del SPDP, aporta un dato que es clave para entender el comportamiento policial: la solicitud de documentos a personas que pertenecen a los sectores medios de la sociedad difícilmente terminen en un arresto.
El plan, en términos generales, apunta a mostrar un cierto control territorial en la zona del macrocentro rosarino donde viven mayormente familias de clase media y alta, aunque también fue extendido a los barrios como se demostró en el caso de los chicos de la comunidad Qom. Una suerte de limpieza que abona a la idea de seguridad que promociona el pullarismo y que extrañamente se víncula a la disminución de la tasa de homicidios que registró la provincia en el último semestre.
El sustento legal es la aplicación del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de Policía que establece que “podrán ser demorados en el lugar o dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito o por resistencia a ser identificados en la vía pública”. Si no pueden probar un delito, recurren a la resistencia a la identificación para sostener la estrategia represiva.
“En la mitad de los casos que nosotros relevamos la causal de la demora era la falta del DNI, pero eso no significa que haya una resistencia a ser identificado. No hay ninguna norma que te obligue a portar el DNI”, explicó Bereciartua. A partir de este razonamiento, la defensoría acudió a la justicia para solicitar que se declare inconstitucional el artículo en cuestión y, a pesar de que fue rechazado en primera instancia por el juez Rafael Coria, una segundo fallo del camarista Gustavo Vera aceptó los argumentos expuestos por los abogados públicos.
“Si no existe la obligación de no transitar con el DNI, nunca su no portación (ante un eventual requerimiento) puede originar que se cercene el derecho a transitar libremente, aunque sea por un lapso de seis horas”,
Si bien el juez ratificó la vigencia del artículo, buscó limitar la arbitrariedad policial en la aplicación de la norma: “Si no existe la obligación de no transitar con el DNI, nunca su no portación (ante un eventual requerimiento) puede originar que se cercene el derecho a transitar libremente, aunque sea por un lapso de seis horas”, sostuvo el magistrado. La evidencia aportada fue contundente: detener siete veces a un hombre en situación de calle solo tiene por objeto reafirmar la autoridad policial, dar una falsa sensación de seguridad y despejar la ciudad de personas indeseadas.
Parte del plan de seguridad de Maximiliano Pullaro en Santa Fe puede definirse a partir de las “estrategias de policiamiento de estilo militarizado”. Así lo explica el doctor Enrique Font, profesor de Criminología y Política Criminal en la Facultad de Derecho de la UNR, para quien la lógica de funcionamiento ocurre sobre las categorías de personas sospechosas. Para el académico “esto marca la imposibilidad de hacer un trabajo policial basado en la producción de evidencia o de inteligencia criminal”.
En este punto, Font es claro: los problemas empiezan cuando la institución policial, por diversos motivos, pierde legitimidad y no recibe datos certeros sobre quiénes son los responsables de tales o cuales delitos. “Un sistema penal que funciona de manera razonable restringe derechos a partir de tener una información fiable que justifique esa intervención”, detalla. A juzgar por los hechos, los operativos de calle se terminan transformando en una cacería de pobres, culpables únicamente de portar los rostros del delito para las fuerzas de seguridad.
Siguiendo esta lógica, al interrumpirse los flujos de información calificada la única alternativa parece ser la realización de intervenciones aleatorias en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero de los delincuentes: “Como no saben dónde están los prófugos en determinado barrio entonces saturan una zona, allanan 25 casas y salen con un pedido de captura porque encontraron un revólver viejo”. El riesgo de estas prácticas, sostiene el profesor, son las reacciones que genera en la población cuando los abusos son sistemáticos.
Por otra parte, en el caso de los alumnos de la escuela Gurruchaga, Font explica que la policía se metió con un sector que no forma parte de los “grupos de propiedad policial”, es decir, con chicos que pertenecen a la clase media rosarina, lo cual explica la reacción dispar si se lo compara con la denuncia las personas en situación de calle o con la banda de hip hop del barrio Qom. “Son grupos que la policía entiende que el control social está en sus manos y nadie va a preguntar mucho qué hacen con ellos”, sentenció.
