En línea con la feroz política de ajuste anunciada en campaña electoral, el gobierno nacional promueve el desmantelamiento y vaciamiento del Ministerio de Justicia, con el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia, -garantes de derecho para los sectores más vulnerados- y el despido de miles de empleadxs. Desde adentro, en un clima de absoluta incertidumbre, los trabajadores resisten. “Entendemos que el Estado se está retirando de los barrios más vulnerables que no tienen acceso a políticas públicas. Los CAJ hacemos un trabajo que nadie hace, porque atendemos la integralidad”.
-¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
-Comala, señor-.
-¿Está seguro de que ya es Comala?
-Seguro, señor-.
-¿Y por qué se ve esto tan triste?
-Son los tiempos, señor-.
Fragmento inicial de Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Que la derecha ajusta, que elimina derechos, que gobierna para las pequeñas minorías, es historia sabida. Sin embargo, desde que asumió en diciembre pasado, la gestión de La Libertad Avanza marca un quiebre aún más inhumano en cada una de las medidas de gobierno. La crueldad avanza, se escucha y se lee desde hace tiempo. Y es que no hay modo más certero de definir a una gestión que se caracteriza no solo por la sistemática quita de derechos sino porque pareciera, que disfruta de hacerlo.
Angustia, incertidumbre, desazón. Éste es el clima en el que se encuentran miles de trabajadores estatales pertenecientes al Ministerio de Justicia, mientras, desde asambleas, reuniones y medidas de fuerza, resisten el embate iniciado por el gobierno nacional, que se propone licuar la planta de empleados. “Al asumir esta gestión teníamos ciento quince (115) Centros de Atención a la Justicia, (CAJ). La decisión del Ministerio es el cierre definitivo de todos los centros. Inicialmente, hicimos una vigilia, una resistencia pacífica en la sede central de Sarmiento (CABA) pero la resolución se fue transformando en un proceso de reorganización y desmantelamiento absoluto de todos los CAJ”, señala Silvina Silva, abogada, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), trabajadora de la Secretaría de Justicia y del CAJ Padre Bachi en La Matanza.
“Primero atacaron a los CAJ de CABA; cerraron doce sucursales de los cuales ocho son los que mayor referencia tienen en espacios vinculados con los curas villeros; también el de Corredor del Norte, Tucumán; quieren dejar uno por provincia, lo que es inaceptable: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con 135 municipios, ¿cómo hacés si dejás un solo CAJ? Es una política pública que se torna irresolutiva, no tiene margen de conectividad ni de articulación. Está claro que es lo mismo que si hubiesen cerrado todos”, detalla la letrada.
“Al asumir esta gestión teníamos ciento quince (115) Centros de Atención a la Justicia, (CAJ). La decisión del Ministerio es el cierre definitivo de todos los centros. Inicialmente, hicimos una vigilia, una resistencia pacífica en la sede central de Sarmiento (CABA) pero la resolución se fue transformando en un proceso de reorganización y desmantelamiento absoluto de todos los CAJ”
Un lugar de confianza
Los Centros de Atención a la Justicia (CAJ) fueron creados bajo el primer mandato de Cristina Fernández. La premisa apuntaba a acercar la posibilidad de derecho a los sectores históricamente postergados como las comunidades campesinas, los barrios de emergencia o los asentamientos precariamente urbanizados.
Así, se transformaron en un puente entre la necesidad de los vecinos en la resolución de sus conflictos, a partir de herramientas y dispositivos que buscan garantizar la igualdad ciudadana ante la ley. Los CAJ brindan todo un abanico de asesoramiento y mediación jurídica que va desde una diferencia de medianera, o disputas entre los propietarios de un consorcio hasta conflictos familiares y casos de violencia de género. Si bien no garantizan justicia per se, actúan clarificando la situación ante las partes y pueden funcionar como antecedente en futuras mediaciones en el ámbito judicial. “Se trabaja articulando con las comunidades porque es un lugar de confianza, donde el consultante no es alguien de paso; el consultante generalmente tiene una confianza y un vínculo con los trabajadores de los CAJ que no los tiene con ningún otro organismo del Estado”, explica Silva, en diálogo con enREDando.
Generalmente conformados por un equipo interdisciplinario, los CAJ cuentan con un abogado, un trabajador social, una psicóloga, un mediador comunitario y un administrativo, que permiten un abordaje integral de las problemáticas. Muchos de estos espacios reciben población que no tiene acceso a la conectividad, no tiene red o carece de elementos básicos como un teléfono celular. “Con más del 50% de pobres, con mucha gente que no tiene acceso a la conectividad, hablar de digitalización, de inteligencia artificial cuando directamente no tenés red o no tenés elementos para la conexión es desconocer la realidad cotidiana en la que estamos inmersos”, agrega Silva.
“Se trabaja articulando con las comunidades porque es un lugar de confianza, donde el consultante no es alguien de paso; el consultante generalmente tiene una confianza y un vínculo con los trabajadores de los CAJ que no los tiene con ningún otro organismo del Estado”
De la lectura de la Resolución 178/2024 que, en junio pasado estableció el fin progresivo de los Centros de Acceso a la Justicia, se desprenden algunas de las razones esgrimidas por el Estado nacional, fuertemente contrastadas por los trabajadores en lucha. Entre otras, la medida indica que se observa la “existencia de un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos, arrendamiento de inmuebles de elevado costo, empleados en exceso, ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia, realización de trámites ajenos a su tarea (carga de la tarjeta SUBE, obtención de documentos, etc.), falta de capacitación de los empleados, su inasistencia al trabajo, mucha actuación política ajena a su labor”.
“Ahora vivimos un proceso que tiene que ver con el despido masivo de los trabajadores, solo en acceso a la justicia tenemos más de 120 despidos; más de 270 en todo lo que es Ministerio de Justicia que incluye a la línea 137, a Trata, diferentes programas que tienen la particularidad de tener el vínculo con el territorio. Y con las víctimas de violencia de género, de las zonas más vulnerables de nuestro país, porque el acceso a un abogado, a un psicólogo, a un trabajador social y a una mediación comunitaria es muy difícil en los barrios más humildes. Por la distancia, por la accesibilidad a la política del Estado misma, de ahí que el abordaje territorial que se hace desde el Ministerio es único. Todo lo que era el Ministerio de Mujeres pasó al Ministerio de Justicia, una parte a la Secretaría, otra a recursos humanos, todo en el marco de un proceso de desguace del trabajo. Hemos dado las explicaciones de por qué no generamos gasto público sino que al revés, lo reducimos. Evitamos conflictos, evitamos delitos, la judicialización de algunos conflictos, todos son argumentos para que esta gestión criminal, es por eso mismo que los quieren cerrar. De caja no tenemos nada, los profesionales tenemos un sueldo promedio de 800 mil pesos que nada tiene que ver con un sueldo de privilegio; ni comparable con el Poder Judicial. A veces la gente se confunde y cree que nuestros sueldos son los de cierto sector de la justicia pero nuestros sueldos son de hambre, de miseria. Esto sumado a la tortura psicológica hacia el conjunto de los trabajadores porque no es solamente Cúneo; es el secretario de Justicia, son los subsecretarios, son los directores nacionales que todo el tiempo filtran listados donde uno se tiene que estar buscando a ver si está o no despedido. Si les renovaron el artículo 9, si no, ahora amenazan con que no pagarán indemnización; todo un andamiaje de operaciones psicológicas que provocan que los compañeros se descompongan, sufran presión alta, sientan toda esta presión en el cuerpo y este estado de incertidumbre que genera que se enfermen. Tenemos muchos compañeros y compañeras que están teniendo que hacer tratamientos que nunca antes hicieron. Muchas de esas filtraciones a veces provienen de sus mismas oficinas, el daño psicológico que provoca en el común y el conjunto de los trabajadores es muy grande. Los trabajadores de los CAJ y de todo el ministerio son profesionales con un perfil particular que no lo tienen cualquier otro ámbito estatal. No cualquiera labura en una villa, se expone sufriendo la precariedad con que se trabaja acá, tenemos que cuidar a los compañeros porque además avasallan derechos constitucionales, laborales que fueron adquiridos entonces no vamos a naturalizar esta situación y este estado de crisis en que nos inserta a vivir el ministro de Justicia”, explica la abogada.
“Está en duda el Estado de derecho”
Mediadora comunitaria y trabajadora social, Nadia Silva pertenece al CAJ Padre Bachi de Villa Palito. Allí, con una demanda proveniente no solo del partido de La Matanza sino de Lomas de Zamora y localidades cercanas, el Bachi ofrece resistencia a la embestida de ajuste y precarización. El Bachi acaba de cumplir diez años de atención, siendo el segundo de los centros creados en la provincia de Buenos Aires.
“La situación es gravísima; entendemos que el Estado se está retirando de los barrios más vulnerables que no tienen acceso a políticas públicas. Los CAJ hacemos un trabajo que nadie hace, porque atendemos la integralidad. La persona viene con una situación y descubrimos que ése no era el problema que la persona creía; pueden acercarse por ejemplo porque le falta el documento y resulta que es más complejo, que necesita un acompañamiento, que se necesita armar una red para esa persona, que pueda acompañarla no solamente ese día sino hacer un seguimiento, atendiendo otras problemáticas”, detalla Nadia Silva.
“Para nosotros es grave no solamente porque nos quedamos sin trabajo sino porque la población que atendemos está en la pobreza extrema, hablamos de personas en situación de calle, o trabajo muy precario, o muchos que van a quedarse en situación de calle dentro de muy poco por ni poder pagar el alquiler, entendemos que cuando el estado se retira lo que predomina es la ley del más fuerte. Lo que se profundiza ahí es el crimen organizado, el narcotráfico, nos aterroriza la situación, el cierre de los centros afecta a todos, cada vez se va cerrando más el Estado, es un Estado que se achica mientras la complejidad de la trama social crece”.
Como otros CAJ, el Bachi atiende no solo a las poblaciones más necesitadas sino a otros sectores sociales, aunque reconocen que la prioridad, son los más frágiles: las personas con discapacidad, los adultos mayores, las infancias, las adolescencias. La demanda, en tiempos de cierres, aumenta. Con el desguace del Ministerio de las Mujeres muchas de las políticas públicas cayeron en picada.
“La situación es gravísima; entendemos que el Estado se está retirando de los barrios más vulnerables que no tienen acceso a políticas públicas. Los CAJ hacemos un trabajo que nadie hace, porque atendemos la integralidad”
“La caída de toda esta crisis hace que cada vez vengan más personas, está viniendo gente que antes no necesitaba de la mediación de un CAJ. Gente que fue echada de su trabajo, que necesita ser asesorada y antes no iba a venir a atenderse. Es terrible, es la primera vez, ni siquiera con gobiernos anteriores pasamos este nivel de perversidad. Cuestiones como tramitar una guarda, cuotas alimentarias, régimen de comunicación, denunciar violencias, todo eso no lo va a hacer nadie. Estamos tratando de acompañar a las mujeres con redes nuestras, comunitarias, que se van fortaleciendo, pero no dejan de ser estrategias de supervivencia que la comunidad va armando para seguir sosteniéndose. Es un alerta peligroso. Yo hago mediaciones comunitarias por cuotas, los padres son pobres; vos querés mediar, vas a hacer todo lo posible para que la estrategia funcione, para que prevalezca el diálogo, para resolver sus conflictos, para prevenir situaciones de violencia, y eso queda muy corto en este momento, con una crisis económica terrible mientras el Estado no está presente”, indica Silva.
El cierre de los centros afecta a todos, cada vez se va cerrando más el Estado, es un Estado que se achica mientras la complejidad de la trama social crece
Y agrega: “Está muy en duda el Estado de derecho. No hay derechos; acompañamos muchos a las familias de personas privadas de su libertad, y es cada vez más difícil. Personas que están totalmente excluidas, porque no tienen trabajo, están al borde de la situación de calle, con muchos problemas de salud que no se atienden por falta de medicación; es muy difícil. La gente no tiene plata ni para viajar en colectivo, va al hospital por una urgencia. Para un grupo familiar es costoso salir. Algunas personas no tienen siquiera un celular, un simple trámite de ANSES requiere una clave social, necesitas un teléfono, una cuenta de Gmail, acompañamos también eso. El Estado genera trámites administrativos que para ciertos sectores con acceso a las redes y a la tecnología está bien, pero la población para la que trabajamos, queda totalmente excluida. Ciertas comodidades y accesos están garantizados para muchos pero para los sectores de los barrios populares no es fácil”.
La mediadora destaca el contexto desolador en el que, muy a pesar de, continúan atendiendo a la gente: “Es terrible ver compañeros y compañeras, abogados, trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos que van siendo despedidos y hacen un trabajo excelente, que son verdaderos profesionales, con trabajo comunitario y una mirada integral. Hace mal, y además, trabajamos con personas que vienen rotas, atendemos personas que están sangrando, con todo el dolor que traen. Cada día intentamos sostener esta política pública hasta el último día que estemos. Creemos que hacemos historia todos los días. Con este nivel de violencia desde el Estado nacional, vamos retrocediendo en muchas luchas justas. No hablamos ni siquiera de subsidios o programas, hablamos de políticas públicas que mejoran la vida de las personas. Cuando recién llegamos al barrio, trabajamos con muchas personas que no tenían DNI. Esas personas no están alfabetizadas, no fueron a la escuela, no pudieron acceder a una atención de salud, trabajan en empleos informales, muy mal pagos, que les genera problemas de salud; en los CAJ eso se aborda integralmente. ¿Qué ventana va a abrir este Estado nacional para cubrir a esta porción de población excluida?”.
“Es terrible ver compañeros y compañeras, abogados, trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos que van siendo despedidos y hacen un trabajo excelente, que son verdaderos profesionales, con trabajo comunitario y una mirada integral. Hace mal, y además, trabajamos con personas que vienen rotas, atendemos personas que están sangrando, con todo el dolor que traen. Cada día intentamos sostener esta política pública hasta el último día que estemos. Creemos que hacemos historia todos los días.
“Este gobierno respira por los pulmones de la burocracia sindical”
Abogada y mediadora comunitaria penitenciaria, Erika Lederer se desempeñaba como Mediadora Prejudicial de Registro en la Dirección Nacional de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Despedida en abril pasado, tras ser una de las primeras cesanteadas, logró su reincorporación hasta hoy. Al cierre de esta nota, Erika era llamada por su director para comunicarle que pasaba a formar parte de la lista de los prescindibles. Activa militante contra el ajuste, Lederer denuncia el ajuste como un intento de disciplinamiento de la clase trabajadora y considera que se dan en el marco, de “por un lado, el desmantelamiento (y por tal, privación) de áreas de acceso a justicia y derechos de las poblaciones más vulneradas y por otro, el vaciamiento de las políticas para la construcción de Memoria, Verdad y Justicia”.
En una carta publicada en abril pasado, Lederer señalaba que “(…) desde 2011 efectuamos mediaciones con la finalidad última de reducir la violencia en contextos de encierro. La población carcelaria, esto es, las personas privadas de su libertad, son una de las poblaciones más vulneradas. Es así que, con la mediación penitenciaria no sólo se auxilia a los internos y su desenvolvimiento dentro de los Complejos Penitenciarios Federales, sino que esto coadyuva a mejorar los lazos familiares: la mediación opera en la vida intra y también extramuros, como es precepto constitucional conforme al art. 18 de nuestra Carta Magna: cada persona privada de su libertad tiene, además, una familia por detrás, a la cual se le van a ver cercenados derechos a partir de ahora”.
Erika es hija del represor Ricardo Lederer, obstetra con grado de capitán del Ejército, segundo jefe en la maternidad clandestina montada en Campo de Mayo. Fue una de las fundadoras del colectivo de Historias Desobedientes, y la primera hija de un genocida en aportar información a la Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad de los que fue responsable su padre, por cuyas manos, se estima que pasaron al menos treinta mujeres que dieron a luz en cautiverio. Esos bebés recién nacidos les fueron arrancados y entregados a familias (generalmente vinculadas con los miliares) con documentación falsa.
“De un aproximado total de cinco mil empleados pertenecientes a distintas áreas del ministerio, 2880 percibimos nuestros salarios a través de Acara, el Ente Regulador del Registro Automotor, con contratos de trabajo que así quedaron establecidos”. Si bien empezó operando como una asociación de concesionarios, Acara pasó como ente cooperador a tercerizar el sueldo de la mayoría de los contratos en el Ministerio de Justicia y Seguridad. “Acara desaparece en diciembre, sintetiza la abogada,- por lo que no tendríamos más empleador. Serían 1500 despidos y al resto se les ofrece ser recontratados a partir del artículo 9, que es todo un fraude laboral porque se pierde la antigüedad; porque hablamos de contratos de 1 año; se pierden todos los derechos laborales que te da la Ley de Contrato de Trabajo; con salarios por debajo de la línea de pobreza. Esa será la suerte de los que sean beneficiados con la continuidad laboral”-.
“Acá están habiendo muchos problemas de salud por la angustia que estamos viviendo”, señala Lederer en sintonía con los testimonios de las trabajadoras de los CAJ. “El gobierno actúa y después habla, una vez que los hechos están consumados. Están ofreciendo retiros voluntarios, pero la lucha hay que darla ahora, porque ellos están midiendo fuerzas. La realidad es que los gremios no están acompañando, UPCN y ATE no están haciendo nada ni están a la altura de las circunstancias. Están de espaldas a los trabajadores, no representan el pedido de las bases que exige un verdadero plan de lucha. Hay que actuar antes de que tengamos los muertos. Es mentira que la gente no quiere tomar la iniciativa, que tiene miedo; de lo que la gente tiene miedo es de no comer, de quedarse sin obra social, de quedase sin jubilación. Yo estoy participando en distintas asambleas y lo que pedimos allí es unidad, son muchos los sitios de memoria, los CAJ, lo que se escucha en las calles es el reclamo de unidad de parte de los trabajadores”-.
El ajuste enferma y mata. En el transcurso del desarrollo de esta nota, se concretó el cierre de, al menos, dos nuevos CAJ; el de Liniers, espacio emblemático de la ciudad autónoma de Buenos Aires que representaba un punto de intersección en lo que es el AMBA, y el Mariano Ferreyra, de Barracas, que mantenía un convenio con la UBA. También, murieron dos trabajadores; una compañera que sufrió un accidente cerebro vascular y un antiguo trabajador de Justicia, que cayó desplomado en la oficina y cuya inmediata atención no fue posible: no funcionaban los desfibriladores.
Nuestro país se está asemejando demasiado a ese distópico pueblo llamado Comala, en el que sus habitantes parecen estar muertos, bajo un contexto sórdido y asfxiante. Milei, a su vez, pareciera encarnar a la perfección el carácter sombrío y cruel de Pedro Páramo, un rencor vivo. Aún así, la resistencia asoma por algunos resquicios, líneas de fuga que el poder más temprano que tarde, en un marco de creciente malestar y conflictividad social, deberá enfrentar.
