Con la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que funcionaba en la CONADI, Milei profundiza su alianza con la familia militar, mientras crece el escándalo por el proyecto de los diputados libertarios para liberar genocidas.
Fotos: Fer Der Meguerditchian
En seis meses, el gobierno de Javier Milei ejecutó la mayor embestida contra las políticas de memoria, verdad y justicia que se construyeron en Argentina desde la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, y la anulación de los indultos que el Menemato otorgó a los máximos responsables del genocidio. ¿Pero es que la sociedad borró de un plumazo el contrato social que significó el Nunca Más? ¿Acaso los problemas económicos y la crisis de representación política bastan para que los defensores de la dictadura se impongan con su agenda?
La visita de un grupo de diputados libertarios a represores condenados por torturas, violaciones y desaparición de personas, se suma la decisión del Poder Ejecutivo nacional de cerrar la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que funcionaba desde junio del 2004 y conformaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El departamento tenía como objetivo asistir a jueces y fiscales en causas vinculadas a la restitución de identidad de personas apropiadas entre 1976 y 1983.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se negó a responder los pedidos de información sobre los archivos de las fuerzas de seguridad que realizó el organismo en los primeros meses del 2024 y cuestionó públicamente las facultades para solicitar información por considerarla reservada. Primero visitaron a los secuestradores y tramaron un proyecto para liberarlos, después eliminaron el organismo encargado de rastrear a los nietos que faltan. Todo un mensaje de impunidad para la familia militar.
En la misma lógica, el Ministerio de Defensa que conduce el radical Luis Petri cesó en sus funciones al Equipo de Relevamiento y Análisis Documental del archivo de las Fuerzas Armadas, cuyo trabajo permitió recuperar información valiosa sobre las cadenas de mando del personal militar involucrado en la represión. También desarticularon el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social que dependía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) encargado del registro fílmico de los juicios por delitos de les humanidad.
Además, desde la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se interrumpió el trabajo de la mesa conjunta que promovía el acceso a la información sobre el rol del servicios de informaciones del Estado durante la dictadura. En la cuenta sobre el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos, también aparece la falta de nombramiento en la dirección del Archivo de la Memoria, el desfinanciamiento a los sitios de memoria de todo el país y la auditoría a las 22.500 pensiones que otorga el Estado a los sobrevivientes del genocidio.
En relación a los juicios, el Ministerio Público Fiscal informó que hasta marzo del 2024 se habían iniciado 686 causas, de las cuales 371 concluyeron con condenas para 1176 personas entre militares, policía y civiles, y 183 absoluciones. Si bien el Ministerio de Justicia de la Nación sostuvo las querellas, desde el CELS advierten que esa decisión acertada “convive con resoluciones y declaraciones del nuevo gobierno que buscan socavar el proceso de justicia”. En otro tramo del documento, señalan que el gobierno libertario “promueve una cultura del desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia” al tiempo que “descarta las lecciones aprendidas en las últimas décadas”.
Una promesa de campaña
El plan para lograr la prisión domiciliaria a los genocidas empezó a gestarse durante la campaña electoral que llevó al poder a Javier Milei y se terminó de confeccionar en marzo del 2024 en la Fundación San Elías en un encuentro en el que participaron diputados de La Libertad Avanza, juristas de renombre y referentes del conservadurismo católico. La institución era presidida por el sacerdote Javier Olivera Ravassi, hijo del represor Jorge Antonio Olivera, recientemente desplazado de la diócesis Zárate – Campana por sus vinculaciones con los grupos pro dictadura.
El objetivo del cónclave fue organizar el lobby contra los jueces y fiscales que siguen una agenda de derechos humanos y reemplazarlos por actores judiciales afines a la causa. La trama se articula con la visita de los diputados al penal de Ezeiza y con la entrega de una carpeta por parte del ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti al diputado Bertrand Benedit con la leyenda “ideas para la prisión domiciliaria”. El legislador entrerriano fue el organizador de la visita que terminó en escándalo.
Santiago Garat, periodista y militante de HIJOS Rosario, reveló que los militares envalentonados con el ascenso libertario llegaron a pedir incluso la libertad condicional para algunos represores. En cuanto al pacto social sobre los crímenes de la dictadura, entiende que hubo un mensaje muy claro de la sociedad cuando la Corte Suprema de Justicia intentó aplicar el 2×1 durante los años del macrismo: “Estamos convencidos que la inmensa mayoría los argentinos ya se expresaron en este sentido, creo que no va a ser tan fácil que tumben las conquistas de estos años”, expresó.
“Antes lo hacían en privado, pero ahora se sienten habilitados para hacerlo en público porque desde el poder vuelven a poner en duda la cantidad de desaparecidos o insisten con la teoría de los dos demonios”.
De hecho, la última encuesta de la consultora Zubán – Córdoba develó que la visita de los diputados libertarios a los genocidas es considerado como un hecho grave por el 68.6% de los consultados, y se ubica por encima de la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. Sin embargo, Garat considera que los sectores de la sociedad que reivindican el terrorismo de Estado “antes lo hacían en privado, pero ahora se sienten habilitados para hacerlo en público porque desde el poder vuelven a poner en duda la cantidad de desaparecidos o insisten con la teoría de los dos demonios”.
“La concientización de lo que pasó en dictadura es la garantía de no repetición que tiene que adoptar el Estado argentino”,
Por su parte, Carolina Villella, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, recordó que “Argentina es uno de los pocos países en el mundo que respetando todas las garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional hizo los juicios permitiéndoles que hagan uso del derecho de defensa”. También remarcó que muchas de las sentencias fueron revisadas por jueces en otras instancias judiciales. “La concientización de lo que pasó en dictadura es la garantía de no repetición que tiene que adoptar el Estado argentino”, manifestó.
En tanto, el abogado especialista en derechos humanos, Javier Garín, ratificó en la última semana la denuncia contra Javier Milei y Victoria Villarruel por apología del terrorismo de Estado tras la publicación de un video institucional en el que aparece el actual titular de la Escuela Nacional de Inteligencia, Daniel “Tata” Yofre, hablando sobre la “memoria completa” y negando la cifra de 30 mil desaparecidos. La causa fue desestimada por el fiscal Carlos Stornelli, aunque la acusación volvió a cobrar fuerza tras el tour a Ezeiza.
No obstante, la ofensiva libertaria contra las políticas de memoria encuentra su límite frente al entramado jurídico que se construyó en nuestro país cuando la sociedad entendió que no era posible concebir un presente sin revisar las atrocidades del pasado. Milei sabe que el malestar económico es una bomba de tiempo que atenta contra su proyecto cultural de alterar los acuerdos sociales sobre la democracia. Será necesario entonces fortalecer la resistencia y resguardar con el cuerpo el legado de Madres y Abuelas sino queremos que la bandera de la impunidad vuelva a flamear sobre la Argentina.
