Un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo alerta sobre el faltante de algunos antirretrovirales y estima que habrá provisiones hasta el mes de septiembre. Además, desde que asumió Javier Milei se redujo un 92% el presupuesto para el Programa de Respuesta Integral al VIH.
Foto: La Tinta
Mientras el gobierno libertario celebra seis meses consecutivos de superávit fiscal, el ajuste en el presupuesto nacional empieza a mostrar su rostro más cruel: las personas con VIH corren el riesgo de quedarse sin medicación. Según estimaciones de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), la fecha límite sería septiembre del 2024 en vistas de que no se registraron avances en la licitación del Ministerio de Salud de la Nación para la compra de antirretrovirales en el mes de febrero y actualmente se distribuye un remanente que quedó de la gestión anterior.
“Hoy lo que está faltando es una medicación genérica que tiene 25 años y se usa para sostener la famosa biterapia que nos permitió reducir de tres a dos las drogas para tener un tratamiento más efectivo y con menos carga de toxicidad”, explica a enREDando Camila Arce, militante social por los derechos de las personas con VIH. Ciertamente, desde distintos puntos del país se reportó la falta de Lamivudina, una de las drogas utilizadas habitualmente en los esquemas de medicación para las personas seropositivas y también para los protocolos de profilaxis pre exposición (PreP).
Según el informe del FGEP, hasta abril del 2024 la cartera de salud contaba con un stock de 77 medicamentos que aseguraban una cobertura superior a los cuatro meses. Sin embargo, advirtieron sobre algunas situaciones de preocupación. “El caso de Dolutegravir 50 mg + Lamivudina 300 mg Co-Pack resulta especialmente preocupante en tanto es utilizado por alrededor de 2130 personas, respecto a las cuales contamos con reportes que indican que sus esquemas de tratamiento se han visto alterados”, detallan.
En la proyección, la provisión de ciertos fármacos llegaría hasta septiembre u octubre del 2024 y sin certezas sobre qué pasará después. “Nos preocupa el expediente de Licitación Pública 2023-133388367, que incluye varios de los principales tratamientos, que viene muy demorado y que desde hace un mes está disponible para adjudicar y a pesar de ya estar comprometidos los stocks no se termina de resolver”, explica José Di Bello, integrante de la FGEP, la organización que monitorea el estado de situación a nivel nacional.
Para hacer frente a los faltantes, se recurre al ‘switcheo’, es decir, el intercambio de medicamentos que actúan de la misma manera frente al virus. Un ejemplo muy común es el reemplazo de Lamivudina por Emtricitabina. “Creo que no se logra dimensionar lo que está sucediendo. En vez de avanzar con nuestras adherencias estamos retrocediendo”, remarcó Camila. Para la joven, el problema todavía “no explotó” y las dificultades serán cada vez mayores si no se proyecta una solución a largo plazo.
En este sentido, una de las alternativas es la compra de medicamentos a través de los hospitales públicos provinciales, algo que por el momento no aparece en el horizonte de las autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe: “Ellos no nos prometieron hacer ninguna compra de medicamentos, sino más bien ir viendo los casos específicos para cubrir esos faltantes”, comenta Arce sobre un encuentro que mantuvieron las organizaciones sociales con la Dirección Provincial de VIH a cargo del Dr. Ernesto Careno.
En la órbita local, desde el Programa Municipal de VIH, infecciones de transmisión sexual y/o vertical y hepatitis virales (PRO.MU.VIH) informaron que hubo algunos switcheos de medicación, aunque no registraron otros inconvenientes en el tratamiento de las 4.500 personas que actualmente se atienden en el sistema público y privado de salud de Rosario. Su titular, el Dr. Damián Lavarello, indicó que sí hay faltante de preservativos desde mayo del 2024 y manifestó su preocupación por las personas que todavía no conocen su diagnóstico.
Un ajuste que duele
Un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el gobierno de Javier Milei recortó un 40% el presupuesto en salud, lo que se traduce en una reducción del 92% de los recursos para el Programa de Respuesta Integral al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra. Su creación se dispuso a través de la Ley 26.675 y garantiza el acceso a la medicación y a los estudios de manera gratuita en el sistema de salud público y privado para las personas que lo soliciten.
“El hecho de haber prorrogado el presupuesto del 2023, después de una devaluación del 118% y una altísima inflación sin dudas afectará la provisión de medicamentos y a otras líneas de acción que tienen que ver con la respuesta integral: provisión de reactivos, campañas, prevención, etc”, señalan desde la Fundación Grupo Efecto Positivo. En la actualidad, 140 mil personas viven con VIH en Argentina y más de 65 mil se atienden en el sistema público de salud.
Un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el gobierno de Javier Milei recortó un 40% el presupuesto en salud, lo que se traduce en una reducción del 92% de los recursos para el Programa de Respuesta Integral al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.
Para la FGEP, las compras de medicamentos a nivel nacional “facilitan la negociación de precios” y ayudan a disminuir las asimetrías entre las provincias.
En tanto, les activistas recuerdan al menos dos momentos críticos en cuanto al acceso a los tratamientos: en el 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rua, y entre 2016 y 2019 bajo la presidencia de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, al menos 15 mil personas estuvieron en riesgo de no recibir su medicación por la subejecución presupuestaria de la Secretaría de Salud.
En Argentina, la Ley de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis se encuentra vigente desde el 2022 y su aprobación en el Congreso de la Nación se lo considera un logro de las organizaciones de la sociedad civil. La normativa puso en el centro de la escena a las personas seropositivas e incorporó a poblaciones clave como mujeres, comunidad LGTBIQ+, verticales, migrantes y presos. “Del acceso a los medicamentos depende nuestra salud y nuestras vidas”, culmina el informe difundido por la FGEP.
