Mientras el presidente Javier Milei se jacta de ser el topo que destruirá el Estado desde adentro, en un claro gesto de ataque a los feminismos, el gobierno anunció el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, último bastión del Estado nacional para combatir la violencia de género, al que había quedado reducido el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. La delegada de ATE Fernanda Fuentealba y la ex subsecretaria de abordaje de las violencias en Nación, Laurana Malacalza, dialogaron con EnREDando. “Esto era slogan de campaña y es una lucha contra nosotras, contras los feminismos y los transfeminismos, somos sus principales enemigas”, señalan. Resistencias y desafíos frente a un poder que denigra la justicia social a cada paso.
Fotos: Fer Der Meguerditchian
Pareciera que la libertad no avanza. O, más bien que se trata de una libertad que avanza para unos pocos, una libertad patriarcal, en detrimento de derechos humanos básicos para las mayorías. Mientras continúan las medidas de achicamiento del Estado, a partir del desmantelamiento de organismos y áreas clave, que se traduce en despidos y recortes presupuestarios, y en un contexto signado por los discursos de odio, -avalados y sostenidos desde el propio gabinete nacional-, la gestión de Javier Milei disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, organismo que, hasta diciembre del año pasado contaba con una planta de 1282 trabajadores.
“Nos manejamos con la información que nos dio Claudia Marcia (ex funcionaria a cargo de la cartera) antes de renunciar que nos dijo que quedarían solo cien personas. Sólo de la línea 144, o sea para garantizar que la línea funcione las 24 horas somos 140 personas. Es un total desmantelamiento del área violencia, del área de formación, que son las capacitaciones, el área de diversidad que hacía el seguimiento del registro del programa por el cupo travesti trans, del acompañamiento, el programa Registrar, salud sexual y reproductiva, o sea, todo, los equipos interdisciplinarios de acompañamiento, el área de femicidio, lesbicidio, travesticidio” explica Fernanda Fuentealba, secretaria general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado.
Entre los programas de acompañamiento a las víctimas de violencia de género y las políticas de ampliación de derechos se destacaba la Línea 144 que recibió más de 1.200.000 denuncias en el período 2019/2023 y por la que se realizaron más de 93.000 intervenciones y asistencia ante situaciones de violencia.
-¿Qué implica este retroceso en materia de políticas públicas contra la violencia de género?
-Algo que estoy tratando de explicar es que esto no es solo a partir de la creación del Ministerio de Mujeres. Porque por primera vez en democracia, desde la creación en el año 92 del Consejo Nacional de la Mujer, nos quedamos sin un organismo dentro del Estado nacional que regule e implemente las leyes internacionales y los convenios internacionales firmados por Argentina y las leyes nacionales. No es que empezó todo con la creación del ministerio; con la creación del ministerio se institucionalizaron reclamos históricos que se venían haciendo desde hacía años y que, sobre todo los trans feminismos venían exigiendo, su reconocimiento y políticas que aborden la situación que estos colectivos padecen. Esto es lo más grave. Estamos teniendo, además, las peleas por separado y en realidad son todas parte de una misma lucha porque vinieron por nosotros, por nuestros derechos, por nuestras cabezas; la Ley Bases lo resume y lo condensa, vienen por nuestro trabajo, nuestra calidad de vida, y esto es parte de eso-, señala Fuentealba.
Por primera vez en democracia, desde la creación en el año 92 del Consejo Nacional de la Mujer, nos quedamos sin un organismo dentro del Estado nacional que regule e implemente las leyes internacionales y los convenios internacionales firmados por Argentina
-La medida traerá, claramente un correlato a escala nacional afectando directamente a otras dependencias…
-Totalmente, corriendo el eje como lo está haciendo el Estado nacional implica levantarle la barrera a los municipios a que desmantelen todo y las víctimas queden a la deriva. Es un efecto en cadena, desde la creación del ministerio, con el acompañamiento del ministerio se crearon 315 áreas en distintos municipios; muchas de ellas ya empezaron a cerrarlas o a desfinanciarlas con esta nueva gestión, ya algunas nos está llegando los avisos de que las están cerrando. Esto era slogan de campaña y es una lucha contra nosotras, contras los feminismos y los trans feminismos, somos sus principales enemigas.
La ofensiva de la gestión “libertaria” contra los feminismos y los colectivos de diversidades de género avanza mientras los números arrojan la desoladora coyuntura de 1 femicidio cada 35 horas (últimos registros correspondientes a 2023) y los discursos de odio reforzados desde el propio Estado, legitiman crímenes aberrantes contra los cuerpos de las mujeres y las disidencias sexuales, como el triple lesbicidio (ataque de odio contra cuatro lesbianas) ocurrido en Barracas el 6 de mayo pasado por el que fueron asesinadas Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, (brutal ataque del que solo sobrevivió Sofía Castro Riglos).
Con el acompañamiento del ministerio se crearon 315 áreas en distintos municipios; muchas de ellas ya empezaron a cerrarlas o a desfinanciarlas con esta nueva gestión, ya algunas nos está llegando los avisos de que las están cerrando. Esto era slogan de campaña y es una lucha contra nosotras, contras los feminismos y los trans feminismos, somos sus principales enemigas.
Actualmente a cargo del área de violencias del ministerio de las Mujeres y la Diversidad de la provincia de Buenos Aires comandado por Estela Díaz, Laurana Malacalza integró el Ministerio nacional desde la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, (UNLP) Malacalza remarca la importancia de que, bajo el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se institucionalizara la perspectiva de género en todo el gabinete nacional, generando políticas que “promocionaban la igualdad entre los géneros y también las políticas contra las violencias de género, que fueron las que de alguna manera marcaron la institucionalidad previa con el Consejo de la Mujer, con el Instituto Nacional de la mujer y los avances en el marco normativo; se pudo institucionalizar, poner en agenda las políticas de igualdad”.
-Era histórico para Argentina contar con un Ministerio de las mujeres y la diversidad porque venía a dar respuestas de una demanda de los movimientos del feminismo y de la diversidad y yo diría, también del movimiento de los derechos humanos, porque sin dudas la articulación entre ambos movimientos fue fundamental para la agenda de los feminismos en nuestro país con la particularidad que eso tuvo, con lo que el movimiento de derechos humanos y el movimiento de los feminismos significaron para la región.
En diálogo con EnREDando, Malacalza detalla que “el plan nacional contra las violencias del 2020 al 2022 tuvo ciento cuarenta y cuatro acciones de las cuales más de cien eran en articulación con otros ministerios, lo que le dio un impulso muy fuerte en materia de políticas de obra pública, en materia de seguridad, de acceso a la justicia, en materia de desarrollo social y comunitario, incluso dentro del ministerio de Economía y Producción hubo programas y línea de trabajo enfocadas específicamente a mujeres y diversidades y a abordar las problemáticas de género a nivel de los ámbitos laborales con distintos protocolos. Se logró un protocolo marco entre empleo nacional y el ministerio de las mujeres a nivel nacional para cumplir con lo establecido en el convenio de la 190 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que daba cuenta del acoso en los ámbitos laborales, entre otros puntos”.
-¿Cómo repercute este desmantelamiento desde Nación teniendo en cuenta la tarea llevada a cabo por los municipios?- ¿Cómo se mantiene desde provincia la posibilidad de mantener las articulaciones con los territorios?-
-Existía una agenda que fue muy fuerte a nivel nacional e impregnó las estructuras provinciales y municipales. Desde el ministerio se tomaron varias definiciones para discutir e implementar políticas públicas además de haber creado programas propios, se firmaron más de ochocientos convenios con municipios para implementar el Programa Acompañar, por ejemplo, una ayuda económica y acompañamiento para personas en situación de violencia de genero. Se conformaron cerca de 60 equipos distribuidos en todo el país del programa Acercar Derechos para acompañar de manera integral, hubo políticas de fortalecimiento a través de distintos programas para el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, -que estábamos convencidas que son quienes tejen la trama, protegen y acompañan a personas en situación de violencia de género-. Todo eso se desmantela no solo con la desjerarquización sino también con la inexistencia de un organismo rector de esas políticas públicas que además, incumple la ley en su marco normativo nacional como en todos los convenios que firmo nuestro país en materia de políticas de género y eso es un incumplimiento del Estado argentino como un compromiso que tomó de no retroceder en materia de políticas de género. Ese deber de no retroceder impacta directamente en las responsabilidades internacionales del Estado, impacta en los derechos de las mujeres, gays, lesbianas, travestis, trans, intersex y otras identidades de género no binaries, que son quienes se ven especialmente afectados por este cero por ciento de ejecución de presupuesto de estos seis meses en materia de políticas de género, en un país con altísimos índices de femicidios que necesita sostener las políticas públicas a largo plazo. Yo siempre doy el mismo ejemplo: los delitos y las enfermedades siguen existiendo y a nadie se le ocurre cerrar un ministerio de Seguridad o cerrar un ministerio de Salud.
Los municipios deberán hacer un enorme esfuerzo para garantizar estas políticas públicas, en un contexto de profundización de la crisis social y económica y un contexto, además en el que, desde el gobierno nacional, desde el presidente, su gabinete, y todos quienes integran esta coalición gubernamental establecen la legitimación de la violencia como modo de resolver la legitimidad social y como una forma de hacer política.
Lo que hay que discutir es qué políticas públicas se llevan a cabo para mitigar los efectos que las violencias de género tienen en nuestro país. Los municipios deberán hacer un enorme esfuerzo para garantizar estas políticas públicas, en un contexto de profundización de la crisis social y económica y un contexto, además en el que, desde el gobierno nacional, desde el presidente, su gabinete, y todos quienes integran esta coalición gubernamental establecen la legitimación de la violencia como modo de resolver la legitimidad social y como una forma de hacer política. Es muy difícil consolidar institucionalidad cuando tenés este contrapunto desde el gobierno nacional. Eso estamos haciendo desde la provincia de Buenos Aires, estamos intentando que los programas tengan una enorme territorialidad, que tengan mucha agilidad en sus tramitaciones para que lleguen de manera correcta e inmediata a los territorios y las personas que están bajo situación de violencia de género. Promover la igualdad entre los géneros en este contexto es muy difícil porque precisamente lo que se refuerza desde el Estado nacional es la desigualdad y la meritocracia como estilos de vida, se denigran la justicia social y la igualdad como pilares fundamentales de la democracia.
