Pese a los valiosos resultados que arrojó el plan nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), con reducción del 50 por ciento de la tasa de fecundidad en ese grupo etario, en cinco años; el ajuste del gobierno mileísta pone en crisis el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva en les adolescentes, con la desfinanciación de esa política pública emblemática. ¿Cuáles son las razones para sostener una política pública clave? ¿Qué impacto tuvo la implementación del plan? ¿Cómo repercute la desfinanciación en las provincias?
Fotos Plan Enia
Se trata de un programa que, «al prevenir la maternidad temprana y posibilitar la continuidad de las trayectorias educativas se convierte en una política fundamental para romper el ciclo que perpetúa la pobreza en Argentina», expresa el informe Plan ENIA en riesgo, presentado el 28 de mayo pasado, Día Internacional de Salud de las mujeres, lesbianas, trans y no binaries. El desmantelamiento del programa no solo deja sin asistencia y acompañamiento a infancias y adolescencias, sino que impacta en la suspensión de los fondos para sostener oficinas en las que funcionaba, en 12 jurisdicciones, y alcanzó el despido de 619 personas de los equipos operativos. El plan ENIA es significativo también para la prevención del abuso y violencia sexual en adolescentes. Además, datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas indican que le permite al Estado nacional ahorrar USD140 millones al año si se contabilizan los costos de atención y parto de embarazos no intencionales adolescentes. ¿Cuáles son las razones para sostener una política pública clave? ¿Qué impacto tuvo la implementación del plan? ¿Cómo repercute la desfinanciación en las provincias?
El Plan ENIA, creado por resolución 1790/17, es una política pública con «eficacia comprobada» en la reducción de embarazos adolescentes. Según expresa el informe Plan ENIA en riesgo. Razones para sostener una política pública clave para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), es una política pública interministerial de alcance federal, creada en 2017 para promover el acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva de adolescentes, para la prevención de sus embarazos no intencionales, gestaciones y maternidades forzadas. Desde su implementación -agrega el informe-, el gobierno nacional ocupó un rol rector clave, con apoyo técnico, recursos y personal en las provincias para sostener consejerías en salud sexual y reproductiva, actividades de promoción comunitarias, educación sexual integral y asesorías en las escuelas. Mediante el trabajo conjunto de los Ministerios nacionales y áreas provinciales de salud, desarrollo social y educación, el plan «facilitó el acceso a métodos anticonceptivos» y «fortaleció las políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual».
«Son 7 años de una política pública que trascendió dos gestiones gubernamentales, no necesariamente del mismo signo político. Esto sucede cuando los objetivos que persigue son indiscutibles. La otra cosa única del ENIA es que pudo ser pensado, discutido, trabajado con las provincias en estos 7 años. Hubo mucha articulación. Los resultados no solo en términos de los indicadores sociales y de salud, sino en términos de costo beneficio, son también indiscutibles», plantea Mariana Romero, investigadora, directora ejecutiva de CEDES e integrante del Consejo Consultivo del plan ENIA.
El programa se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, que se priorizaron ante la cantidad de embarazos no intencionales que registraban. El informe indica que según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente se redujo prácticamente a la mitad. Los resultados del Censo 2022 coinciden en los impactos de la prevención al arrojar una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes con hijxs. Además, datos de UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría indican que en las provincias donde se implementó el Plan ENIA se observa mayor reducción en la tasa de fecundidad adolescente que en las provincias a las que todavía no llegó.
Otro dato es que se trata de una política «fundamental» para prevenir el abuso y la violencia sexual en adolescentes. Para Romero, «la escuela funcionó a partir de la ESI y del trabajo de consejeras escolares, como un espacio de prevención y detección de estas situaciones críticas», para brindar contención y atención. «Los insumos son una parte súper importante, pero el ENIA tenía mucho trabajo territorial. Lo que propuso y pudo llevar adelante es mucha articulación». En ese sentido, plantea que les «adolescentes no van al centro de salud si no están enfermos. Y lo que hizo el ENIA fue llevar las consejerías en salud sexual y reproductiva a los lugares donde estaban, que es la escuela, los centros barriales, fue a través de consejeros que estaban muy cerca. Esa tarea no se reemplaza. Tampoco esas personas, trabajadorxs, que salían a buscar adolescentes. Porque cuando llega la demanda, ya es tarde. Había monitoreo, coordinación, articulación entre escuelas y Salud. Todo eso se sostiene con recurso humano altamente calificado, que se fue calificando con el plan».
Lucrecia Aranda, militante de la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Rosario asegura que con el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2018, creció la demanda de anticonceptivos. «Cuando ponés el tema sobre la mesa y se empieza a hablar, las pibas que antes no se sentían legitimadas, se empoderaron y teniendo recursos a disposición sobre los métodos, la demanda fue creciendo. Esto muestra claramente que cuanto más se educa y se habla, más prevención hay. Más posibilidades hay de evitar embarazos no intencionales en la adolescencia, abusos y violencias. Otro tema del que no se habla es de los embarazos en edades tempranas como algo desaconsejado, discursivamente se habla de situaciones en las maternidades a mayor edad», sostiene.
Lo que hizo el ENIA fue llevar las consejerías en salud sexual y reproductiva a los lugares donde estaban, que es la escuela, los centros barriales, fue a través de consejeros que estaban muy cerca. Esa tarea no se reemplaza. Tampoco esas personas, trabajadorxs, que salían a buscar adolescentes. Porque cuando llega la demanda, ya es tarde. Había monitoreo, coordinación, articulación entre escuelas y Salud. Todo eso se sostiene con recurso humano altamente calificado, que se fue calificando con el plan».
En ese sentido, no deja de recordar que la Campaña tiene tres lemas que llevan como bandera hace 19 años: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. «No lo decimos por casualidad, es poner todo en debate. Si falta una de esas patas, todo empieza a tambalear. Es más que importante saber esto porque cayó la licitación nacional de compra de anticonceptivos. En Santa Fe esperamos que se sostengan a partir de lo que produce el LIF -laboratorio industrial farmacéutico de la provincia-, pero no es lo mismo que el inyectable que venía de Nación, el método más elegido entre jóvenes. Todo eso se cae», lamenta. «Claramente el plan ENIA hace al derecho y la dignidad de pibas y pibes».
El desmantelamiento del plan ENIA fue tema de preocupación durante la plenaria de la Campaña, en abril pasado, porque «su discontinuidad significará que les adolescentes no puedan tomar decisiones libres e informadas» sobre su cuerpo. «Es un país que está tirando para atrás toda la asistencia social. Después se demonizan los planes sociales la Asignación Universal por Hijo, pero por otro lado se quitan las herramientas para que las mujeres planifiquen su vida con mayor conocimiento, recursos y posibilidades concretas. También vemos todo lo que está pasando con la caída de los programas de atención a violencias, con un discurso que retrotrae todo lo que los feminismos trabajamos. El hecho de decir que todas las violencias son lo mismo; pero, de qué me sirve tener a la policía en la esquina de mi casa, que patrulle, si la violencia de género va a ocurrir en la cocina. No la va a ver nunca el Estado si no tiene dispositivos pensados específicamente para ese tipo de violencia. Hay una deslegitimación de la seriedad, la trascendencia y la especificidad de este tipo de violencia. Hay una negación del fenómeno de la violencia de género y de la responsabilidad del Estado en eso. Y con el plan ENIA es la misma lógica», asegura Aranda. Y agrega: «El Estado está atentando contra mandatos constitucionales, porque esto está en la Constitución Nacional, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), del año 1979, que habla de que el Estado es responsable de promover y de proveer a las familias servicios de planificación familiar. Es un mandato. (El presidente Javier) Milei y el gobernador (Maximiliano) Pullaro están en la misma línea. No lo vi al gobernador reclamando por el plan ENIA».
***
Un dato que destaca el informe Plan Enia en riesgo es que el costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al plan. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S200 millones para la atención de embarazos y partos en adolescentes. En contraste, financiar el plan ENIA representa U$S17,5 millones.
Pese a ello, en los últimos meses el gobierno nacional suspendió los fondos para sostener las oficinas en las que funcionaba el plan, en cinco provincias, y despidió a 619 personas de los equipos operativos, además de desfinanciar las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos, indica el informe. Y agrega que si bien en un comunicado de abril el Ejecutivo indicó que continuará con el desarrollo del Plan a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos, «todavía no se presentó ninguna propuesta revisada desde una mirada integral y el presupuesto destinado a insumos muestra un gravísimo ajuste».
Al respecto, Romero sostiene que «la actual gestión de gobierno dice que van a seguirlo, pero reformado, y el cómo se va a reformular no está explicitado. Inclusive, se habla de esta especie de justificación de que el Ministerio de Salud va a adoptar un principio de rectoría y las provincias van a absorber el recurso humano, cuando justamente, el plan ENIA tuvo mucha co-gestión con las provincias. Se hizo con una responsabilidad compartida. La argumentación es que eso debería haber sido transferido a las provincias, porque se está pensando que la transferencia es solo recursos de dinero, y es mucho más que eso. Es la decisión de un plan, su monitoreo, articulación. Al no estar eso, es muy complejo, y las provincias tratarán, porque no todas están en igualdad de condiciones, de absorber ese recurso humano. Pero, no todas van a poder».
El informe Plan ENIA en riesgo lo dice claro: «Debido a que muchos gobiernos locales dependen de los insumos que brinda la Nación para garantizar la continuidad del Plan, se registra preocupación en varias provincias por la falta de certeza sobre la continuidad en el suministro. Sin la distribución del gobierno nacional y ante la crisis económica que impacta en los presupuestos provinciales, es muy alto el riesgo de que no puedan sostenerlo».
Al mismo tiempo, la publicación indica que en 2024, el presupuesto disponible para todo el año muestra una disminución significativa en comparación con 2023: 67% menos, en gastos en personal; y 81% más bajo, en productos farmacéuticos. «Esta reducción ubica al presupuesto para insumos farmacéuticos en su nivel más bajo desde 2013; mientras que para gastos en personal, el nivel más bajo desde 2019».
«No es solamente lo que el Estado debe cubrir durante la gestación, sino lo que viene después. Esa adolescente tiene mayor probabilidad de salir del sistema escolar, menor posibilidad de inserción en el mercado laboral, sus hijos tienen más probabilidad de no crecer adecuadamente. Es una gestación que ocurre en una situación que no estaba prevista»
En rigor, el informe asegura que desinversión en el plan ENIA «resultará en un aumento de mujeres que no completarán su educación ni accederán al mercado laboral, lo que se traducirá en menores ingresos y pérdida de productividad a la sociedad equivalente a 0,14% del PIB y una pérdida de ingresos fiscales para el Estado estimada en USD66 millones al año». Por lo que desfinanciarlo «pone en peligro la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes e implica un retroceso en la lucha contra la pobreza intergeneracional, la deserción escolar y el acceso a empleos de calidad para las juventudes. También es contraproducente para el desarrollo económico del país».
«Pobreza y exclusión», suma Romero sobre la frase anterior. Y agrega: «Esto no está midiendo los costos emocionales ni físicos de un embarazo forzado o no intencional, en adolescentes. No es solamente lo que el Estado debe cubrir durante la gestación, sino lo que viene después. Esa adolescente tiene mayor probabilidad de salir del sistema escolar, menor posibilidad de inserción en el mercado laboral, sus hijos tienen más probabilidad de no crecer adecuadamente. Es una gestación que ocurre en una situación que no estaba prevista».
***
Las provincias en las que se focalizó el plan ENIA fueron Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires, Catamarca y Santiago del Estero y en un conjunto de 36 departamentos priorizados por el programa.
«Las compañeras de los equipos del ENIA nos empezaron a trasladar en diciembre cómo veían que esto se empezaba a desgranar con la falta de respuestas y reuniones, hasta que en marzo se da de baja sin fundamentos. Cerrar un plan que estaba dirigido a la salud integral y cuidado de les adolescentes fue injustificado por el gobierno nacional, dejando en desprotección total a las infancias y adolescencias», sostiene Valeria Lazarte, docente santiagueña y articulante nacional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Al dar cuenta del impacto que tuvo el plan en Santiago del Estero, agrega: «Lo reconocemos totalmente: en las escuelas donde funcionaba se garantizaba la ESI, y las docentes tenemos eso muy claro. Era garantía de derechos en todo sentido. En relación a los embarazos no intencionales de adolescentes, vimos una baja importante, prácticamente en un 60% en provincias del NOA, sobre todo aquí en Santiago. También se pudo ver cómo repercutía esto en el sistema educativo, porque al bajar la tasa de embarazos no intencionales, les adolescentes siguen en la escuela, es una garantía de permanencia y vimos una baja en la deserción escolar en estos últimos cinco años. Es fundamental».
«No tenerlo, desarticularlo, es dejar prácticamente en desamparo a sectores muy vulnerados de la sociedad como son las infancias y adolescencias. En Santiago todavía no tenemos adhesión a la ESI y el plan vino a sostener a muchas docentes que trabajaban en soledad»,
Lazarte plantea que en las escuelas donde había una asesora pedagógica «se garantizaban derechos. Les adolescentes van a buscar ese espacio de escucha, para sentirse más acompañadxs. Esa también era una de las funciones del plan. No tenerlo, desarticularlo, es dejar prácticamente en desamparo a sectores muy vulnerados de la sociedad como son las infancias y adolescencias. En Santiago todavía no tenemos adhesión a la ESI y el plan vino a sostener a muchas docentes que trabajaban en soledad», en relación a la temática. Además, plantea que esos espacios también son fructíferos para la escucha de otras problemáticas en las infancias y adolescencias, con profesionales que tiene perspectiva de derechos humanos y géneros. Y lamenta que en situaciones así «muchas veces aparecen las iglesias evangélicas, que generan contradicciones» en les adolescentes.
«Sabemos que este gobierno vino a quitarnos derechos. Las feministas decíamos en diciembre que había que estar en vigilia constante, que venían por todo lo conseguido, y ésta es una muestra más».
***
En Santa Fe se firmó la adhesión al plan ENIA a mitad del año 2023 (cuando se federalizó), con perspectiva de poder comenzar a implementarlo este año. Pese a no estar incluida en el plan, hubo otras estrategias que la provincia llevó adelante desde la Dirección de Programas de Salud Sexual, Reproductiva y Diversidad del Ministerio de Salud de la anterior gestión provincial, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, con el acompañamiento de entonces la Dirección Nacional de Salud Sexual.
Uno de los programas fue «Derechos en ronda», que se desarrolló como prueba piloto con apoyo de la Dirección Nacional de Salud Sexual, en conjunto con el UNFPA e IPAS. «Derechos en Ronda surge a partir de la necesidad de acompañar a los equipos de salud de los departamentos en los que es necesario mejorar algunos indicadores analizados desde la Dirección de Salud Sexual, como tasas de fecundidad en la adolescencia, acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y red de atención para IVE-ILE», indica el informe de 2023, de la Dirección.
En ese marco, «en departamentos priorizados del centro norte provincial (por advertir barreras u obstáculos, e indicadores en rojo), se llevaron adelante diferentes estrategias que incluyeron talleres de actualización profesional en salud sexual, se entregaron más de 100 kits de salud sexual a equipos de salud, al programa ESI Provincial y a organizaciones de la sociedad civil para realizar talleres de salud sexual dirigidos a adolescentes. Hubo un acompañamiento muy interesante desde allí», relata Paola Gross, que estuvo al frente de la Dirección hasta 2023, desde donde se abordaron además otras políticas relacionadas con embarazos no intencionales adolescentes, como la estrategia integral de abordaje en casos de menores de 15 años, implementada junto a UNICEF, que incluyó la adaptación del documento de hoja de ruta y el desarrollo de un alerta a través del sistema informático de salud.
Durante la gestión anterior se pudo trabajar además con entrega de insumos entre los que se compraron desde el área y los enviados por nación. «Con el dispositivo de implante subdérmico llegamos a la cantidad máxima histórica entregada en un año, y son muy elegidos por adolescentes, con cobertura de larga duración», agrega Gross.
Además, el año pasado se pusieron a disposición los preservativos vaginales. «No es de entrega masiva, fue parte de una estrategia para que se conozca e intentar perfilar la demanda. Todo con acompañamiento de la Dirección nacional, que multiplicó estrategias para acompañar a cada provincia», en la gestión anterior. En tanto, por estos días preocupa la continuidad de entrega de insumos anticonceptivos. Si bien la provincia tiene el laboratorio provincial, hacen falta otros métodos y «no se llega a comprar todo lo que se necesita».
En el marco de la problemática, se conoció que senadores de Unión por la Patria -con organizaciones y referentes en salud y derechos humanos-presentaron un proyecto para darle continuidad y rango legal al plan. La senadora Carolina Moisés lo dijo en su perfil de la red social X, y aseguró que se trata de una iniciativa «para defender el plan nacional de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) del ajuste indiscriminado que lleva adelante Milei».
