En los comedores y merenderos de los barrios el relato de las cocineras es repetido: hay hambre y la comida ya no alcanza. El gobierno de Javier Milei interrumpió el envío de alimentos en un contexto de ajuste brutal sobre los sectores populares. La ayuda de provincia y municipio es insuficiente y la desesperación se siente en las largas listas de espera para poder comer. Mujeres que ponen el cuerpo y su ingenio para cocinar con casi nada. Movimientos sociales respondiendo a una demanda vital: el derecho a la alimentación. La comunidad organizada frente a la crueldad del gobierno nacional.
Fotos: Fer Der Meguerditchian y Mariana Terrile
La voz de Rosa de los Santos se escucha agobiada.
—Estamos haciendo lo que podemos,— responde ante una pregunta que cae de maduro por estos días. Los comedores populares se sostienen como se puede.
Se acerca el fin del verano y en los barrios la emergencia alimentaria estalla. Eso está pasando en el comedor que Rosa fundó hace 22 años atrás. Pero también sucede en tantos otros donde los relatos de las cocineras comunitarias son similares. “La gente tiene hambre”, repiten con desesperación.
Es febrero, 2024. Javier Milei asumió hace poco más de dos meses pero en tan corto tiempo las medidas adoptadas de la mano de su Ministro de Economía Luis Caputo,-ex funcionario de la gestión Macri y responsable del endeudamiento de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional- son arrasadoras.
En los barrios populares, el retiro total del Estado está impactando de un modo cruel. El efecto del ajuste recae sobre los que menos tienen y es lo primero que se ve en las puertas de los comedores, merenderos y centros comunitarios. Es que el flamante Ministerio de Capital Humano -que concentra Educación, Desarrollo Social y Trabajo-, a cargo de Sandra Pettovello decidió interrumpir todo tipo de prestación alimentaria que recibían los 41 mil comedores y merenderos distribuidos a lo largo y ancho del país y a los que asisten, se estima, alrededor de 10 millones de personas en busca de un plato de comida caliente o una copa de leche.
En el comedor La Morena que sostiene Rosa, en el barrio 23 de Febrero de la zona sudoeste rosarina, de cocinar tres días a la semana pasaron a dos. La lista es larga y la espera también. “Pero ya no podemos anotar a más nadie”, dice con impotencia. El número de chicos a los que alimenta con lo poco que tiene sigue siendo el mismo que el del año pasado, 728.
En el 2023 y en el marco del 1 de mayo, enREDando visitó La Morena así como lo hizo en octubre de 2016, a solo un año de haber asumido a la presidencia Mauricio Macri. En aquel entonces la situación era crítica; al comedor asistían 500 chicos a los que Rosa alimentaba con solo 8 mil pesos al mes. “En el barrio se habla de que están echando a mucha gente del trabajo. Siempre hay una excusa para largar a la gente. La mayoría anda a carro a caballo, con carro a bicicleta o en mano, cirujeando. Otros no tienen trabajo directamente” contaba hace siete años atrás. Números que dejaría la gestión de la Alianza Cambiemos: “En los 46 meses que corrieron desde diciembre de 2015 a octubre de 2019 desaparecieron en nuestro país 16 empresas por día, al tiempo que se perdían 27 puestos laborales diarios. Un despido cada tres minutos en un país marcado por el pulso de una deuda que creció 860 dólares por segundo. Fueron 46 meses de un dolor abierto y sangrante en el costado” detallaba en su libro “Los días que vivimos en peligro”, el periodista Jorge Cadús.
El año pasado, la crisis económica ya se palpaba en las calles. El impacto de una economía inflacionaria a la que el gobierno de Alberto Fernández no supo y no pudo controlar, fue uno de los principales detonantes de la derrota electoral de quien fuera su último ministro de economía, Sergio Massa. “El día a día cuesta. Y ese enojo se visibiliza a través del voto como lo vimos en las elecciones. La política tradicional perdió la capacidad de enamorar al electorado y eso tiene efectos como este, que muchos lamentamos” analizaba una referente social del espacio Somos tras la victoria impensada del libertario Javier Milei. Ludueña, Cristalería, Empalme Graneros, Las Flores, Santa Lucía, Villa Banana son solo algunos de los barrios donde la Libertad Avanza se impuso en el ballotage presidencial. “Tenemos barrios que han sido abandonados históricamente, y que si bien durante esta gestión nacional han llegado algunas políticas, no terminan de masificar o de cambiar estructuralmente la vida de las personas del lugar. Yo creo que en la figura de Milei se personifica un enojo a raíz de que ni el gobierno anterior, ni este, pudieron transformarle la vida a la gente” opinaba la referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Rosario, Victoria Clérici.
Lo cierto es que ahora todo empeoró. Porque ese supuesto “ajuste contra la casta” tan pronunciado por Milei durante su campaña no fue más que una brutal transferencia de ingresos de los sectores bajos y medios hacia los más ricos, los más concentrados de la economía argentina. Una fórmula criminal: para el mercado todo, para el pueblo la miseria planificada.
“Hay mucha necesidad en el barrio. Estamos muy preocupados, si sigue así no se cómo vamos a seguir y lo peor es que la gente se va a quedar sin nada»
Dice Rosa que con los 30 mil pesos que recibe del municipio compra los menudos para el guiso que alterna entre fideos o arroz. Y entre las ocho mujeres que trabajan -algunas se sostienen con el ingreso del Potenciar Trabajo que el gobierno acaba de dar de baja- hacen malabares para que la comida contenga alguna proteína.
A su vez, los alimentos secos que envía la provincia “son poquitos” dice Rosa que sigue, al igual que el año pasado, destinando parte de su pensión mínima para comprar la garrafa grande con la que cocinan; para que el comedor pueda seguir brindando lo esencial para las familias de su barrio. “Hay mucha necesidad en el barrio. Estamos muy preocupados, si sigue así no se cómo vamos a seguir y lo peor es que la gente se va a quedar sin nada. Si alguien nos puede ayudar, es necesario. Ojalá que alguien nos pueda dar una mano”.
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Mariana Fernández, más conocida como “La Chocolate”, es quien se encarga de sostener el Comedor Candela, el lugar que ofrece el desayuno los días miércoles y la cena los martes y viernes a 200 personas de barrio Acindar. “La pandemia fue muy dura para las chicas travestis y trans, nos estábamos muriendo de hambre. Con una amiga juntamos plata y pusimos una olla. En mi casa no teníamos lugar, entonces empezamos en la calle. Y cuando nos dimos cuenta, había una fila enorme de gente y hoy estamos dando comida a 200 personas, o incluso más. Es el único comedor que quedó en el barrio” decía La Choco el año pasado cuando enREDando la visitó en el comedor del pasaje Choele Choel que ella mismo fundó, en plena pandemia por Covid 19, primero en la vereda y más tarde, en una de las habitaciones de su propia casa.
Nueve meses después las palabras de Mariana revelan una tristeza profunda: “En dos meses nos arruinó”. Y menciona números y cuentas matemáticas que dibuja en su cabeza para que la plata alcance. “El cajón de pollo sale 30 mil, y la garrafa sale 15 mil. Hice un arroz amarillo, el condimento sale 4500 pesos. En un día te gastas todo lo que te dan”.
Todavía es verano pero en las villas y en los lugares más postergados de la Argentina, las vacaciones no existieron. “Acá se sigue trabajando, cartoneando, cocinando, vendiendo algo, haciendo pan. Las familias hacen lo que sea para poder sobrevivir”. En el Comedor Candela las manos se multiplican para encender la olla. A Mariana la ayudan compañerxs del colectivo travesti trans quienes encuentran, en la casa de la Choco, el abrazo que contiene en las situaciones más jodidas. Algunas cobran el Potenciar Trabajo pero lo cierto es que ese ingreso -78 mil pesos mensuales -no alcanza para llegar a un fin de mes estallado con un 20,6% de inflación mensual registrado por el Indec. “Hay familias que tienen que esperar hasta el martes para tener un plato de comida. Y a veces ni siquiera nos alcanza. Te vienen a pedir fideo, arroz, porque no tienen nada. La gente necesita comer bien, yo acá pongo de todo aunque tenga que poner plata de mi bolsillo, porque no puedo cocinar fideo hervido sin nada. Necesitan proteína, condimentos. Los comedores estamos muy complicados pero nosotros hacemos lo que el Estado no hace”.
“Hay familias que tienen que esperar hasta el martes para tener un plato de comida. Y a veces ni siquiera nos alcanza. Te vienen a pedir fideo, arroz, porque no tienen nada.»
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En el comedor que la Poderosa tiene en el barrio Los Pumitas, hay mercadería para garantizar la olla solo por dos semanas. Después, la incertidumbre. “Si no llega nada vamos a tener que suspender”, advierte Soledad, una de las integrantes del grupo de mujeres que cocinan en el barrio de la zona noroeste de Rosario donde habitan, en su gran mayoría, familias del pueblo qom. De 40 anotadas pasaron a tener 101 y el mayor incremento se registró a partir del mes de enero.
En los Pumitas, en un radio de pocas cuadras, hacen pie diversas organizaciones sociales y centros comunitarios que se ocupan de elaborar comida o merienda para el barrio. Lo que Soledad observa es que ahora las familias recorren más de un comedor al día para poder llevar algo de alimento a sus casas. “Hay mucha necesidad y por eso van de acá para allá. Pero los otros comedores están teniendo los mismos problemas que nosotros y no saben hasta cuando van a poder sostener la olla”.
Fue el año pasado cuando la organización que reúne a más de 100 asambleas villeras de todo el país presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley para que se reconozca el trabajo cotidiano de más de 70 mil cocineras comunitarias. Se trata de una iniciativa que busca garantizar un salario mínimo, vital y móvil a quienes todos los días, en cada barrio popular de la Argentina, destinan entre 8 y 10 horas diarias, incluso más, al sostén de un comedor o merendero comunitario. Una triple jornada laboral que llevan adelante mujeres, travestis y trans de manera totalmente invisibilizada: el trabajo doméstico y de cuidado, el trabajo remunerado y el trabajo comunitario. “Queremos que nuestras compañeras sean reconocidas con un salario, con una obra social, que puedan tener aportes. La ley es para todas las organizaciones sociales, acá en el barrio hay muchas compañeras que cocinan y dan el plato de comida y la merienda. Dicen que somos las “planeras” y la verdad estamos 24/7 pensando, nuestra cabeza no para. ¿Quién piensa en los menú, cómo hacemos con lo que nos falta? ¿cómo cubrimos lo que no tenemos? Somos nosotras quienes ponemos nuestra fuerza todos los días para dar lo mejor” decía María Rosa, vocera de la Poderosa en Rosario.
“Hay mucha necesidad y por eso van de acá para allá. Pero los otros comedores están teniendo los mismos problemas que nosotros y no saben hasta cuando van a poder sostener la olla”.
Con el cambio de gobierno la historia se repite como tragedia y atrás parecen quedar las iniciativas legislativas que lo que buscan es ampliar derechos. Por el contrario, lo que avanza es el feroz achique del Estado hasta llevarlo a su mínima expresión. A Soledad no le quedan demasiadas esperanzas: “yo lo veo muy difícil” opina sobre la posibilidad de que el proyecto se discuta en el Congreso.
Con el dinero que reciben de la provincia, en la Poderosa compran alimentos secos que ya no alcanzan para mucho. Del Estado municipal por el momento no están recibiendo aportes. “Con 5 pollos no podés cocinar para 101 familias, entonces tenemos que hacer un picadillo de pollo para que al menos todas reciban algo y puedan saborear el gusto. Además, cada familia está llevando más raciones, antes eran 5 y ahora ya son 10 integrantes porque están llegando familiares de otras provincias, como Chaco donde también hay muchas necesidades. La realidad es que dejamos de cocinar carne de calidad para tener que cocinar con menudos. Yo me pregunto dónde esta el gobierno que no ve lo que está pasando”.
Los días de merienda en el comedor ubicado justo frente al mural que recuerda a Máximo Jerez, el niño qom de 11 años asesinado en una balacera en el 2023, son los lunes y miércoles. Los martes y jueves se cocina la cena que elaboran las 18 cocineras comunitarias que hay en el espacio de La Poderosa, que en todo el país cuenta con cerca de 150 comedores comunitarios. Allí también brindan apoyo escolar para los pibes y pibas de la comunidad. En pandemia el comedor duplicó sus esfuerzos y solo tuvieron que cerrar unos meses cuando la violencia urbana se recrudeció en el territorio. Ahora, la amenaza es el propio Estado suspendiendo el envío de comida.
«La realidad es que dejamos de cocinar carne de calidad para tener que cocinar con menudos. Yo me pregunto dónde esta el gobierno que no ve lo que está pasando”.
“Antes estaba complicada la situación, pero al menos podíamos hablar con el gobierno para poder gestionar algo. Ahora no hay ninguna respuesta de nada, se lavaron las manos. Nadie se pregunta como están los comedores que dejaron de funcionar. En el comedor hay muchas mamás que son único sostén de hogar, hacen changas, pero no les alcanza. Antes nosotros podíamos armarles un bolsón de mercadería y ahora lamentablemente no se puede. Pero hay mucha gente que no le importa, y ni siquiera se pregunta que pasaría si nuestros comedores no estarían abiertos” dice Soledad.
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Elizabeth integra uno de los comedores que tiene el Hormiguero en barrio Belgrano, más puntualmente en el club Italia Oeste. Pero cuenta con dolor que en diciembre tuvieron que suspender la olla para las 100 familias a las que asistían los días martes y jueves. “Cada vez es peor porque conocemos familias que antes no lo necesitaban pero ahora piden anotarse al comedor. Y nosotras nos quedamos muy angustiadas porque no tenemos que decirle a esa mamá o a esa abuela que te para en la calle”.
Eli es único sostén de hogar, inquilina y mamá de un niño de 10 años. Sabe, porque lo vive en su día a día, lo difícil que es llegar a fin de mes con un costo de la canasta básica calculada en 596.823,18 pesos. Hace 5 años que se sumó al Hormiguero y no duda cuando afirma que este es el peor momento que le toca atravesar desde que está a cargo de la olla popular. “Acá la gente tiene hambre, la gente pide comida. Y nos cerraron todas las puertas” advierte con desesperación. Una realidad que también se vive en los comedores que el Hormiguero tiene en Bella Vista y Triángulo. Además, el espacio ofrecía una “descolonia” para los más chicos que también tuvieron que suspender a pesar de ser una de las actividades fundamentales para la contención en el barrio. “Acá esta complicado. Hay adolescentes que han muerto y por eso nos enfocamos en hacer la descolonia, para tratar de que no estén en la droga, de que no sean soldaditos. Y vamos a seguir reclamando, remándola como lo hicimos siempre. El gobierno no lo vé pero nosotras sí porque salimos al barrio y vemos todas las situaciones”.
En Nuevo Alberdi, una histórica referente del barrio grafica la misma situación. “Acá no tenemos nada”, dice Nora, la encargada de sostener el Comedor comunitario la Luz que forma parte del Movimiento Evita en Rosario.
“A veces estamos cocinando a leña. Yo cobro la pensión y pongo de mi bolsillo, pero no alcanza. No llegamos. El año pasado fue difícil pero ahora es alevoso lo que vivimos. ¿Cómo le decís a una persona que te pide anotarse para un plato de comida, gente que jamás había venido a hacerlo? ¿Cómo le decís que no podés?»
De dos días pasaron a entregar 178 raciones comida una sola vez por semana. Lo mismo ocurre con la copa de leche a la que también tuvieron que reducir. Duele, dice Nora y agrega que tampoco están pudiendo comprar la garrafa cuyo valor aumentó en los últimos dos meses. “A veces estamos cocinando a leña. Yo cobro la pensión y pongo de mi bolsillo, pero no alcanza. No llegamos. El año pasado fue difícil pero ahora es alevoso lo que vivimos. ¿Cómo le decís a una persona que te pide anotarse para un plato de comida, gente que jamás había venido a hacerlo? ¿Cómo le decís que no podés?. Así también es como voy achicando las porciones para que alcancen para todos”.
Estrategias de sobrevivencia diaria. Recursos que las cocineras como Nora echan mano para que las familias se lleven, aunque sea, algo caliente en sus tápers. Historias que visibilizan la emergencia alimentaria y la respuesta cruel de un gobierno que demoniza el trabajo que llevan adelante los movimientos sociales en Argentina. La fila del hambre, los olllazos populares, los cortes de calles. “En estos pocos meses estamos viviendo un retroceso total. Hace 22 años que tengo el comedor. Estuve muy mal con Macri, la pasamos bastante feo. En pandemia hicimos de todo para salir a flote. Pero desde diciembre es el peor momento que estamos viviendo. Yo le diría a la Ministra Pettovello que visite los barrios, que venga a los comedores, que hable con las familias. Que vean lo que estamos pasando”.
Nora tiene 54 años, mucha militancia, mucho barrio recorrido. Tocan tiempos duros. Las cuentas y los precios están todo el tiempo en la cabeza de las cocineras. “Hay familias que no tienen para hacerle a sus hijos ni un mate cocido. Un kilo de azúcar está saliendo 1200 pesos. Aumentó la tarjeta alimentar, pero esos chicos tienen que ir a la escuela y hay que comprar lo básico. Un paquete de fideos antes lo pagabas 300 pesos y ahora sale 1500. Hay mamás que tienen 5 chicos, y a veces vienen re mal. Te agarra una depresión”. La ayuda que reciben por el momento proviene del estado provincial que envía alimentos secos. Para lo fresco -carne y verduras- piden donaciones o se la rebuscan con venta o rifas en el barrio. “Ahora estamos haciendo mucho guiso, antes hacíamos más variedad de comida. Pero ahora nos toca comprar menudo o carcasa de pollo. Nosotros no conocemos lo que es comprar la carne para poner en las ollas y eso te duele porque los chicos necesitan comer”.
En barrio La Lagunita, zona oeste de Rosario, funciona el Centro Cultural La Gloriosa que también pertenece al Movimiento Evita. Allí, además del merendero, se llevan a cabo talleres y actividades para los y las vecinas de un barrio al que le hace falta todo. “Teníamos anotadas 150 familias y ahora ya hay 300. Antes el 90 por ciento eran mujeres, y hoy en día hay también varones que vienen a retirar porque la changa que hacen ya no alcanza” cuenta Romina. En la Gloriosa intentan que los cinco días a la semana las familias de La Lagunita y el Cañaveral puedan merendar al menos una vez al día. Entonces se organizaron de la siguiente forma: lunes, jueves y viernes cocinan en La Gloriosa, y martes y miércoles en el Sum del Cañaveral, un asentamiento con escasos servicios básicos que nació hace más de 10 años como un “desprendimiento” de la Lagunita. “Es un barrio adonde el Estado no llega. Y ahí estamos las organizaciones tratando de abastecer”.
Cuenta Romina que de la provincia ”recibimos menos que antes y del municipio por ahora nada. Tenemos una unidad productiva que es panificación entonces las compañeras cocinan no solo torta frita. Siempre tratamos de hacer variedad. Pero con lo que antes comprabas con 10 mil pesos ahora no te alcanza nada. El 20% de los vecinos se quedó sin laburo y salen a buscar changas, la demanda es mucha y el trabajo es poco”.
El 80 por ciento de lxs integrantes de la Gloriosa son mujeres. En total, hay 50 personas sosteniendo todos los días un espacio vital para el barrio. Y todos los días la demanda se incrementa: yerba, arroz, fideos. “Siempre vienen a pedir algo y ya no tenemos mercadería para dar porque está muy difícil. Estamos entregando un 50 por ciento menos”. Romina es la responsable zonal del sector oeste de Rosario donde funcionan alrededor de 30 comedores del Evita que en Rosario tiene cerca de 80. “Hay un 60 por ciento que están funcionando. Muchos cerraron, algunos redujeron sus días. Esto se va a ir agravando porque hay familias que tienen que elegir si mandar el chico a la escuela o darle un plato de comida”.
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Zona sur de Rosario. Las Flores. De allí es Reyna, una de las referentas de la Corriente Clasista y Combativa en el barrio. Desde el año 1992 gestiona el comedor El Progreso, hoy transformado en una asociación civil. A Reyna la conocen todos y por eso su teléfono suena casi las 24 horas del día. “Si puedo ayudar con algo siempre lo hago”, dice aunque esa ayuda implique, a veces, levantarse a las dos de la mañana para responder ante una urgencia.
El comedor funciona los miércoles y viernes y el merendero todos los días, excepto los lunes. Son 380 raciones las que cocinan para cerca de 80 familias del barrio con una ayuda de 40 mil pesos que le otorga el estado municipal. Con eso, más el aporte de mil pesos que realizan todos los compañeros del espacio, Reyna se encarga de comprar lo indispensable para la olla y pagar los fletes que traen la verdura. “En este momento ya no tenemos nada de mercadería del gobierno nacional”, dice. De la provincia reciben alimentos secos que se distribuyen entre los más de 103 comedores que la CCC tiene en distintos barrios de Rosario, entonces lo que llega alcanzará para una o dos ollas. «Yo tengo en lista de espera una hoja entera y lo que duele es cuando se quedan en la fila aunque le digas que vengan otro día. Nunca había pasado esto, tan así”.
«Yo tengo en lista de espera una hoja entera y lo que duele es cuando se quedan en la fila aunque le digas que vengan otro día. Nunca había pasado esto, tan así”.
Tan así es el hambre que hoy explota en la puerta de los comedores comunitarios: un crimen como lo denunciaba a fines de la década del 80 el Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo cuyo principal referente era Alberto Morlachetti. Cientos de kilómetros recorridos en largas marchas de sur a sur de un país que, además, se ubica tercero en el ranking mundial de producción de alimentos. “En el país donde los ríos son de leche y miel, un niño que muere de hambre muere asesinado”, decía el fundador de Pelota de Trapo.
El miedo de Reyna es el que tienen todas las cocineras comunitarias en este contexto: tener que cerrar el comedor aunque cada día se rompan la cabeza inventando la fórmula para que la comida rinda. “A veces hago todo casero. Ñoquis, empanadas, canelones”, como por ejemplo, las 600 empanadas que empezó a cocinar un lunes para entregar el miércoles, o las pizzas caseras que amasó a las 4 de mañana.
Reyna tiene 64 años y mucha historia sobre su espalda. Cuando llegó a las Flores su marido se quedó sin trabajo y con 5 hijos a cargo. Tuvo que rebuscársela y salir a pedir comida en lo que era el antiguo Supercoop. “Me miraban de arriba abajo y me decían que no había. Y me iba llorando. Por eso me duele, porque yo también estuve en una lista de espera”, cuenta.
Ahora Reyna intenta que la comida alcance para las familias que llegan desesperadas a pedir una vianda. Y no alcanza. El verano se torna durísimo. Y Febrero parece eterno. Así como el de Nora en Nuevo Alberdi, en Las Flores el nombre de Reyna está en boca de casi todos los vecinos y los pibes, incluso en la de aquellos que andan perdidos entre la droga, la violencia y la falta de oportunidades. Reyna también sabe de noches de desesperación buscando a su hija adolescente con problemas de consumo. “Ahora mi hija me dice que si no hubiera sido por mi, no estaría viva. Es muy difícil ver a los pibes y pibas consumidos, lo peor es la droga. Pero yo amo vivir en Las Flores, a mí me sacan de acá y me muero”.
Cuando escucha a la ministra Pettovello, a Reyna le sale la bronca del cuerpo. “Es una vergüenza. La fila del hambre se hizo y la ministra ni apareció. En el corte que estuvimos, estaba todo el barrio. Cantidad de gente. Nunca tuvimos un corte así”.
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“A nuestros comedores desde hace dos meses dejó de llegar todo tipo de alimentos, más allá de las ayudas que dan los gobiernos provinciales y municipales que siempre son insuficientes. Nosotros ya veníamos con una serie de irregularidades con la renovación de los convenios o retrasos de algunos pagos, presentando una situación muy compleja, pero con el cese de los convenios a partir del 10 de diciembre no llego ningún alimento más. Esto es alarmante, porque no solo que no llega alimentos si no que en los comedores cada vez es más grande la demanda de familias que se acercan”.
“el Estado, en todos sus niveles, no es capaz de dar respuesta a todas esas familias que buscan un plato de comida. Esas familias acuden a nuestros espacios porque son los únicos que pueden brindarles algo de alimento».
La realidad la describe con precisión Celeste Fernandez, una de las referentes zonales del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) que en Rosario tiene nueve comedores distribuidos en distintos barrios de la ciudad. En Empalme Graneros, por ejemplo, “las compañeras tuvieron que hacer fideos blancos con garbanzo hervido. Eso fue lo único que se le pudo dar a la gente, sin aceite, sin sal, sin condimentos, sin verdura y mucho menos carne. Y no quedó nada. En los comedores no hay harina, no hay azúcar, no hay leche. Hay comedores como el de Empalme que solo esta dando fideo blanco y otros que ya tuvieron que suspender su prestación alimentaria”.
Celeste plantea algo que es clave: “el Estado, en todos sus niveles, no es capaz de dar respuesta a todas esas familias que buscan un plato de comida. Esas familias acuden a nuestros espacios porque son los únicos que pueden brindarles algo de alimento. El estado nacional sostiene una postura de retirada completa en los sectores más necesitados y esta va camino a ser una crisis social humanitaria”.
A nivel provincial tampoco hay demasiadas respuestas. Más allá de que todavía se sostiene la compra de alimentos secos, lo que reclaman los movimientos sociales es una actualización del monto que se destina. “Hasta ahora el gobierno provincial está sosteniendo una copa de leche por persona a 140 pesos. De diciembre a esta parte la situación ha cambiado drásticamente, por lo tanto la mayoría de las organizaciones no hemos accedido a una actualización del monto en base a la inflación ni a la cantidad de familias que se han sumado”. Por su parte, explica Celeste, “el gobierno municipal, desde el año pasado sostenía una política pública alimentaria que tenia que ver con una articulación directa con el Banco de alimentos, por lo que tenemos conocimiento eso no va a seguir de esa forma. Y hay una especie de pozo negro en ese sentido, porque hemos intentando en estas últimas semanas plantear las necesidades y no hay mucha respuesta. Desde la pandemia se planificó una prestación alimentaria en conjunto con el BAR que se sostuvo con regularidad pero ya en el 2021 existieron dos entregas de alimentos y el año pasado eso casi no existió. Por lo tanto no hay prestación continua de los alimentos que son necesarios para elaborar una olla”.
Desde el Polo Obrero, la referente Melisa Molina plantea un panorama similar. En Rosario, la organización administra 22 comedores que hoy están en la misma situación dramática que tantos otros. “El gobierno no te permite comer en un comedor y tampoco te permite comer en tu casa. En los comedores una garrafa que salía 5 mil pesos ahora esta valiendo arriba de 15 mil. Las compañeras se encuentran haciendo colectas solidarias, rifas, ventas, para ver como poder paliar la crisis y tampoco existe en este cuadro, una política por parte de la provincia o municipalidad de contención para que funcionen estos comedores”. Melisa también describe la urgencia que se vive en los barrios. “Las compañeras nos cuentan llorando que no pueden llenarle el tuper a su vecino. Si bien el hambre siempre estuvo, hoy la situación es verdaderamente dramática. La gente la esta pasando mal”.
Andrea es una de las 500 personas que integra el grupo de WhatsApp Principios y Valores del espacio político de Guillermo Moreno. En diciembre se autoconvocaron para organizar una colecta solidaria de alimentos que tuvo como punto de recepción la sede del Club Arizona. La respuesta fue contundente: con todos los alimentos no perecederos que juntaron lograron sostener, hasta ahora, siete ollas populares que todos los jueves realizan desde las 8 de la noche en la Plaza Sarmiento -pleno centro de Rosario- para personas en situación de calle. Por su parte, el alimento fresco lo compran a través del aporte en dinero que realizan los integrantes del grupo. “Ahora vamos a arrancar una nueva colecta” cuenta Andrea ya que la demanda no cesa, si no todo lo contrario. “Preparamos 100 raciones de comida. Muchos vienen con un tuper y piden para un familiar, para los hijos. Se fue incrementado la cantidad de gente y es desesperante. Hay gente que viene de otro lado, no solo del centro. No es la mayoría, pero vienen de los barrios”.
La fila del hambre se multiplica en cada punto de la ciudad, en cada comedor y en cada olla donde se entregan raciones de comida, donde existe una organización social articulando con la comunidad, dando respuesta a demandas que el gobierno nacional elije no ver, no mirar, no escuchar. “Existe en Argentina un registro de comedores populares que fue lanzado durante los últimos cuatro años. El gobierno tiene toda la información para conocer cómo trabajan los comedores y merenderos populares por eso su discurso tiene que ver con una clara intención de ajustar y de no proveer a los comedores comunitarios de los alimentos que necesitan. Las organizaciones terminan subsidiando al Estado y no al revés, damos respuesta a problemáticas que el Estado no las da. Y la única forma de entregar alimentos es justamente a través de la logística y el entramado colectivo que hemos construido los comedores y las organizaciones sociales a través de la historia argentina. Queremos ver si el Estado es capaz de generar una estructura donde una política publica de los alimentos llegue a todos los argentinos. Yo estoy segura que no lo va a poder hacer. Hay lugares donde el Estado no llega, ningún funcionario estatal va a ir puerta por puerta a ofrecer la mercadería y darse cuenta que los vecinos no tienen gas, no tienen cocina, hay un montón de vulneraciones y efectivamente los únicos que tenemos la logística y una red organizacional para dar respuesta somos los comedores que ya lo venimos haciendo. Esta posición del Estado nacional de ningunear los procesos organizativos de los sectores populares tiene que ver con destruir lo que los mismos vecinos han construido. Son ellos los que le dan de comer a sus otros vecinos” apunta con contundencia Celeste Fernández.
«Hay lugares donde el Estado no llega, ningún funcionario estatal va a ir puerta por puerta a ofrecer la mercadería y darse cuenta que los vecinos no tienen gas, no tienen cocina, hay un montón de vulneraciones y efectivamente los únicos que tenemos la logística y una red organizacional para dar respuesta somos los comedores que ya lo venimos haciendo»
En barrio La Vincha se encuentra uno de los comedores que pertenece al MTE. Allí estuvo enREDando el año pasado, conociendo de cerca el trabajo que llevan adelante 16 personas que en su mayoría son mujeres. Para llegar al lugar hay que agarrar Avellaneda y darle hacia la zona sudoeste. Luego, a pie, meterse por una vía de ferrocarril, cruzar un puente, y el camino desembocará en el comedor que da ingreso al barrio. Un recorrido que muestra la realidad de tantos comedores: funcionan allí donde las luces del Estado son casi inexistentes; rincones profundos del mapa de la desigualdad estructural. En la Vincha comienzan a preparar el almuerzo a las 8 de la mañana, aunque desde las 10 lxs niñxs van a acercando los táper o las ollas para pasar a retirarlos cerca del mediodía.
Un año después, Celeste describe un panorama asediado por el desamparo estatal. En la Vincha, ante la falta de alimentos, de cinco días a la semana tuvieron que reducir la entrega a solo dos. “Varios comedores tienen su prestación alimentaria muy modificada. Algunos tenían entrega de almuerzo y ahora solo entregan torta frita con algún mate cocido, espacios que están evaluando pasar a entregar una sola vez a la semana, espacios que ya no pueden recibir a mas personas. Es desesperante porque la gente hace cola en los espacios. Por suerte hemos asumido la postura de convocar a los vecinos y charlar con ellos y son conscientes de esta situación y también de que la salida es la organización, porque ven que no hay otro lugar adonde recurrir”.
Incluso, explica la militante del MTE, hasta los centros de salud que son instituciones del Estado, derivan a las vecinas a las organizaciones barriales para poder llevar un plato de comida a sus hijos. “Ni siquiera pueden acudir al Estado al cual pertenecen. Antes del cambio de gobierno los alimentos llegaban con demora, pero permitían que las cocineras pudieran organizar una rueda y planificar cocinar durante dos semanas. Había una aceptación y un reconocimiento acerca de que los comedores estamos organizados y tenemos representación. Las cocineras no son intermediarias de la pobreza, son vecinas que ponen su cuerpo, su corazón y su voluntad para ir todos los días a un comedor y pelarse una bolsa entera de cebolla para darle de comer al barrio. Y como todo trabajador/a, porque son trabajadores de la economía popular, tienen sus representantes que son los que se sientan en las diferentes mesas de diálogo con los mandatos que los compañeros le hacen llegar porque son proceso de organización genuinos”.
Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la población en situación de indigencia “creció del 9,6% observado en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. El porcentaje de personas en situación de pobreza pasó del 44,7% (medido en el tercer trimestre de 2023) al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024”. En solo dos meses, el gobierno de Javier Milei agravó las cifras de la pobreza en Argentina mientras que su Ministerio de Capital Humano decidió no ejecutar un solo peso del presupuesto destinado a la prestación alimentaria.
En este contexto, los movimientos sociales alertan sobre una posible crisis humanitaria en nuestro país. Del Estado nacional lo que se escucha es el discurso de la crueldad. La deshumanización al servicio del mercado. Una pedagogía de la injusticia social, un plan de miseria, de saqueo, de profundo dolor social.