La legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la modificación de la Ley Provincial de Tierras Fiscales y el Código de Procedimiento Minero, favoreciendo su uso y explotación por parte de privados. Días después, el gobierno nacional anuncia un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que establece, entre muchos otros puntos, la derogación de la Ley Nacional de Tierras que al menos, establecía límites para su extranjerización. Resistencias patagónicas frente a un paisaje desolador.
Fotos: Juan Camelia
El 7 de diciembre la legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la modificación de la Ley Provincial de Tierras Fiscales y el Código de Procedimiento Minero, favoreciendo su uso y explotación por parte de privados, sobre todo, proyectos extractivistas. Días después, el presidente Javier Milei anunció el paquete de decretos entre los que se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, la que limitaba la compra de extensiones territoriales por parte de capitales extranjeros. A esto se suma la Ley de Manejo del Fuego, también modificada por decreto, que prohíbe vender tierras que sufrieron incendios, evitando especulaciones inmobiliarias. Todo apunta a un mismo interés: la venta del agua, los minerales y los paisajes para un año nuevo que comienza.
Por otro lado, quienes entienden el territorio como un espacio en el que los seres humanos somos parte, y por tanto debemos cuidar y resguardar lo que nos rodea, se hacen escuchar en las calles mostrando una resistencia que no es para nada nueva. En El Bolsón, como en distintas localidades patagónicas, se rechaza la megaminería y la explotación de la tierra sin consenso social.
A este panorama se suma la especulación inmobiliaria vinculada al turismo, sobre todo en temporada de verano. Con la Ley de Alquileres vigente, también derogada por decreto presidencial, ya costaba conseguir un alquiler permanente. La mayoría de los dueños alquilan las casas de marzo a noviembre pero en verano deciden hacerlo por día a los turistas, obligando a muchos habitantes a buscar viviendas transitorias. La modificación de la ley provincial de tierras también fortalece la actividad turística, complejizando esta situación.
Entre gallos y medianoche
La tierra, para los gobernantes patagónicos de ayer y de hoy, fue y es una moneda de cambio. Sin embargo, gran parte de la población no ven ni recursos ni negocios en los ríos, lagos y montañas, sino un espacio donde desarrollar una forma de vida.
Diciembre es ideal para realizar aprobaciones o modificaciones en las leyes y más si se trata de un año en donde suceden cambios de bancadas legislativas y cargos de los distintos niveles del poder ejecutivo. Durante este mes, no asombra que las sesiones de concejos y legislaturas provinciales actúen, como se dice en las calles “entre gallos y medianoche”, aprobando legislaciones que favorecen a privados y extranjeros. Pero este diciembre tiene como principal actor al nuevo presidente que, con el paquete anunciado de derogación y modificación de centenares de leyes por decreto, les da vía libre a las empresas mineras y petroleras transnacionales para obtener gran cantidad de tierras patagónicas (más de las que ya tienen) sin necesidad de declarar nada y dejando a las comunidades más pobres y contaminadas.
En Río Negro, antes de la renovación de representantes, la legislatura provincial aprobó por mayoría modificaciones a la Ley de Tierras Fiscales. Con el fundamento de que la normativa tiene más de 60 años, también realizaron cambios al Código de Procedimiento Minero. El proyecto, de autoría del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, fue aprobado por mayoría y apoyado por el Frente Renovador y el Frente Grande, “ingresó apenas 72 horas antes de la sesión sin ningún aviso previo. No hubo una presentación, no hubo una discusión a fondo. Sí pasó por una comisión donde se dieron explicaciones generales, pero no hubo consultas a ningún organismo por fuera del gobierno provincial”, cuenta Ramón Chiocconi, ex legislador provincial de Río Negro por Unidad Ciudadana, quien en su última sesión rechazó estas modificaciones a la ley de tierras en conjunto con los bloques del Frente de Todos y Kolina. Todo indica que el bloque legislativo que representa el partido del Gobernador Weretilneck, aprovechó la mayoría parlamentaria antes del cambio de autoridades para aprobar modificaciones a leyes que tocan fibras sensibles en la población rural y originaria que se hicieron sentir en las calles.
Estas modificaciones tienen como punto más importante un nuevo destino de las tierras, agregando la actividad minera y turística como fin y uso de la tierra fiscal, que ahora compite con el uso social y productivo que rigió, aunque con irregularidades hasta el momento. Son casi 5 millones de hectáreas las que se ven afectadas por estas modificaciones. Cabe aclarar que muchas de las tierras que el Estado reconoce como “fiscales” son habitadas por las comunidades Mapuche y Mapuche-Tehuelche, que a su vez solicitan que se cumpla la ley 26.160 de relevamiento territorial del territorio de los Pueblos Indígenas.
La legislatura de Río Negro funciona con un sistema de doble vuelta, que da la posibilidad a los distintos bloques presentar sugerencias de cambios una vez que se aprueba un proyecto en la primera instancia. Lo que legisladores opositores y distintos sectores de la sociedad reclamaron fue la falta de consenso social. Comunidades Mapuche, nucleadas en la Coordinadora del Pueblo Nación Mapuche de Río Negro reclamaron en la puerta de la legislatura provincial para que se abra el debate y se cumpla el derecho internacional a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas sobre los territorios.
“El oficialismo, ante los pedidos de abrir las puertas a la escucha a distintos sectores de la sociedad, lo único que argumentó es que era un proyecto de ley que es un proyecto doble vuelta, que tienen que pasar 15 días entre una sesión y la otra. Ese era, para ellos el tiempo suficiente para que, si alguien tenía algo para decir, acercara las propuestas. A nosotros nos parecía que las modificaciones son de una complejidad grande y merecía un trato más profundo”, cuenta Chiocconi.
La ley modificada fue sancionada en 1961 y establece como principio fundamental el concepto de que la tierra es un instrumento de producción y que pertenece a quien la trabaja. “En 60 años la realidad de la sociedad cambió y está bien rediscutirla. Esto quiere decir, darle la palabra a distintos sectores sociales para que participen y, como cualquier proyecto de ley, debe tener licencia social”, sostiene el ex legislador Chiocconi.
La defensa del oficialismo
En la segunda instancia del tratamiento del proyecto de modificación de la ley, Facundo López, legislador de Juntos Somos Río Negro, resaltó que actuaron bajo las normativas legales y que no tienen nada que ocultar. Expresó en el recinto que estas leyes vienen a modernizar, ordenar y dar respuesta a mucha gente que hoy, teniendo más de 60 años de posesión de tierras, no puede regularizarlas. “No venimos a perjudicar a nadie, y menos a las comunidades de pueblos originarios, porque cualquier inconveniente, planteo o solicitud, rápidamente se sale del esquema de esta ley para ir por el régimen especial que tienen las comunidades originarias (ley 2287)”, afirmó.
Adriana Del Agua acaba de asumir como actual jefa de gabinete de El Bolsón, pero el 7 de diciembre, en su último acto como legisladora provincial del bloque de JSRN, fue una de las que votó a favor de la modificación de la Ley de Tierras. En el programa de televisión “Vuelta de Rosca”, transmitido por Coop.tv de El Bolsón, Del Agua explicó que “la ley de tierras les va a permitir a las familias de las zonas rurales poder hacer otras actividades que no sean solamente la agrícola, van a poder hacer turismo y en la zona de la línea sur, que tanto se habló de la minería, no hay que tenerle miedo. Yo no le tengo miedo, si es cuidado, es responsable, es sustentable y es controlado por la policía minera…” Por otro lado, al consultarle por el reclamo de las comunidades originarias, dijo que “en la ley de tierras se los sacó, y ellos se van a manejar por la ley de tierras que, me acabo de enterar que se deroga por DNU”.
Si bien es cierto que el contexto social, económico y productivo cambió en 60 años ¿Por qué modificar una normativa tan importante sin un debate social y en tan poco tiempo?
La Comarca, de pie contra la megaminería
El rechazo de la sociedad se escuchó en las calles con movilizaciones populares. Porque no solo se modifica una ley tan importante como la de tierras, si no que también se modificaron tres normas vinculadas a la actividad minera en la provincia de Río Negro. En los últimos 20 días de actividad legislativa del año, se abrió la posibilidad de que exista actividad minera en 5 millones de hectáreas.
El movimiento “Comarca de Pie” está integrado por muchas grupalidades y organizaciones que se levantaron históricamente contra el extractivismo, la actividad nuclear y los negociados inmobiliarios en espacios protegidos. Carina Ponce, de la Sociedad Ecológica Regional, cuenta que vienen manifestándose contra estos negociados: “Comarca de Pie nace ante un gobierno municipal de El Bolsón que siempre está facilitándole las tierras al extranjero. Acá tenemos estas luchas que vienen desde hace mucho, acá tenemos el Lago Escondido que es de un extranjero, que además compra voluntades del municipio y hacen un montón de arreglos y negocios sin el consenso del pueblo.”
Este colectivo de organizaciones viene activo desde hace mucho tiempo, la Comarca se pone de pie cuando se avanza sobre los territorios. “El colectivo nació ahora en la radio Alas, cuando la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche convocó a un Meet para hablar con organizaciones de la provincia sobre el tema de la modificación de la ley de Tierras. Desde la radio se convocó a distintas organizaciones y al terminar comenzamos a asamblear enseguida, para debatir qué hacer”, cuenta Ivan Gonzales, integrante de la radio comunitaria FM Alas.
La nueva normativa habla del territorio como “unidades de uso”, la gente en la calle la rechaza con consignas que defienden el agua y el espacio de vida como un territorio. Más allá de las fronteras y legislaciones que se impusieron para gobernar un espacio al que se llamó “desierto”, la Patagonia siempre fue rebelde.
“Todos estábamos atentos a esta situación. Somos muchas organizaciones en la Comarca que estamos sueltas, y ante esta nueva arremetida del gobierno nos volvemos a levantar y nos volvemos a juntar. Lo que sucede, que es hermoso, que hay mucha juventud comprometida”, sostiene Carina Ponce, y agrega: “la ley de tierras es como una ley madre en Río Negro, si bien parte del colonialismo a los Pueblos Originarios, así y todo tiene un espíritu familiar, social, comunitario, que piensa en la persona que la trabaja y ahora lo que está pasando es lo opuesto, le darían un destino empresarial, mercantil.”
Estas organizaciones estuvieron históricamente en la calle, tanto en las de Río Negro como las de Chubut. En contra del basurero nuclear en Gastre en 1996, diciéndole “No es No” a la mina en Esquel durante 20 años, logrando el Chubutazo en 2021, impidiendo un loteo de lujo en la Pampa de Ludden, en la región rural de El Bolsón que buscaba asentarse en las nacientes de varios cauces de agua dulce, entre otras luchas que buscan resguardar el territorio como un todo para vivir en equilibrio con la Mapu, con el territorio. “Esta es otra avanzada de la misma característica, antes lo hacían de forma ilegal. Por más que lo comprobábamos, se hacían amparos o se llegaban a juicios, igual seguían avanzando. Justamente lo que intentan hacer ahora es que todo eso sea legal, ahora no tienen que andar excusándose”, cuenta Adrian De Gracia, otro militante de Comarca de Pie.
“la ley de tierras es como una ley madre en Río Negro, si bien parte del colonialismo a los Pueblos Originarios, así y todo tiene un espíritu familiar, social, comunitario, que piensa en la persona que la trabaja y ahora lo que está pasando es lo opuesto, le darían un destino empresarial, mercantil.”
Una torta para los de afuera.
“Mirar la cordillera como si fuera una torta”, fueron las declaraciones del ex ministro de economía cuando era candidato a presidente, Sergio Massa, cuando se refirió a la actividad minera en una reunión con empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción. Javier Milei en sus pocas semanas de gobierno, con la derogación masiva de leyes por decreto que regula la actividad minera y la venta de tierras en Argentina, demuestra que piensa repartir esa torta ante sus aliados empresarios y a los mejores postores extranjeros sin que nos cuenten lo que se llevan. Porque además de derogar la Ley de Tierras, también decidió eliminar la Ley 24.695 del Banco Nacional de Información Minera, que tenía por objetivos relevar y procesar toda información sobre equipamiento y recursos humanos del sector minero.
Las organizaciones originarias y las ambientalistas siguen en constante plan de lucha. Se viene un 2024 donde los gobiernos de la provincia de Río Negro y de la Nación avanzarán sobre la Patagonia como un espacio de explotación de recursos y, por otro lado, amplios sectores de la población que, con la concepción de sentirse parte del territorio, saldrán a defender el agua y la vida.
