A principios de agosto se conoció el caso de distintos niños y niñas, bajo el sistema de protección del área de Niñez, que se encontraban residiendo en hospitales ante las dificultades de la dependencia para reubicarlos en alojamientos adecuados. Se trata de niños/as con medidas de excepcionalidad, es decir que fueron separados de sus núcleos familiares ante una vulneración de sus derechos. Si bien las autoridades indicaron que la situación se fue normalizando, los casos expusieron las complejidades del área para dar respuesta a las infancias y juventudes que más lo necesitan. Desde la Defensoría entienden que falta un plan de trabajo claro y políticas coordinadas, mientras que los trabajadores del sector vienen denunciando la precarización de todo el sistema.
Fotos: ATE Niñez Rosario.
A mediados de septiembre, una niña bajo la supervisión del área de Niñez provincial cumplió sus 12 años en el Hospital Vilela de Rosario. Los trabajadores del lugar organizaron un pequeño agasajo, para que el cumpleaños no transcurra en soledad, ni pase inadvertido. La menor contaba con el alta médica desde el 7 de marzo, sin embargo habían pasado seis meses y continuaba alojada en el hospital. ¿Los motivos? Las dificultades y dilaciones de la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia para encontrar un alojamiento adecuado a sus necesidades y su correcto acompañamiento.
Por lo menos así lo denunció el juez de familia de San Lorenzo, Marcelo Scola, quien intimó a la dependencia a resolver la situación y el caso tomó notoriedad pública. Se trata de una niña que lleva varios años vinculada al sistema de protección y sobre quien se tomó una medida excepcional, que implica separarla de su núcleo familiar, por una situación de violencia. Luego, se supo que había otros siete niños, también con medidas de excepcionalidad, que se encontraban residiendo en hospitales de la ciudad –con un período menor de tiempo– ante las dificultades para reubicarlos. Lo que no era una novedad, entre los actores involucrados, es el estado de crisis que atraviesa el área de Niñez en la provincia de Santa Fe.
Scola declaró públicamente sobre el caso de la niña a su cargo en distintos medios, pero también lo hizo en la comisión de Salud del Concejo, presidida por Susana Rueda. Allí, el magistrado calificó de “decadente” el accionar del área y apuntó contra los funcionarios a cargo del organismo. “Son incompetentes y no tienen empatía con quienes tienen que proteger”, expresó advirtiendo que pediría la retención de sus salarios. “No tienen facultades para hacer que se cumpla la ley”, añadió.
Pero también se refirió al funcionamiento de los hogares residenciales, asegurando que si se aplicase correctamente la ley “no queda ninguno” con sus puertas abiertas. “Los hogares dicen que no pueden recibir a los niños y las niñas, y quedan dando vueltas en muchos casos en las mismas familias que son las que vulneran sus derechos”, sostuvo. “Es un área que a nadie le interesa”, resumió Scola ante la mirada atenta de un grupo de concejales de Rosario.
Las fuertes declaraciones llegaron a las autoridades del área, que reconocieron las dificultades que existen para sumar nuevos espacios y las complejidades procedimentales que presentan algunas situaciones. Patricia Chialvo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, reveló que el organismo tiene alrededor de 800 chicos alojados en distintos organismos de la provincia y unos 300 dentro del programa Familias Solidarias. Y que lo ocurrido con los niños residiendo temporalmente en hospitales responde a particularidades del abordaje: “Las dificultades son con los chicos con padecimientos de salud mental, que cuando hacen crisis ingresan al sistema de salud y, tras esos hechos, donde muchas veces golpean a trabajadores y otros niños, el egreso es más costoso y hay que establecer nuevos acuerdos institucionales”.
Respecto al caso puntual de la niña alojada en el Vilela, la funcionaria reconoció que su internación se prolongó más de lo previsto, pero negó que eso tenga que ver con un desborde del área. “Ella ingresó en marzo y después salió a un centro residencial, donde tuvo una crisis subjetiva. Había un acuerdo con el área de Salud Mental, para que cuando la niña tuviera una crisis en un centro residencial tenían que recurrir a contenerla, pero eso no pasó. Salud Mental no apareció y por lo tanto, la nena volvió a estar internada”.
Las declaraciones de Chialvo, en radio LT8, se dieron al día siguiente de la visita de Scola al Concejo. En ese marco, la funcionaria apuntó contra el magistrado a quien acusó de “extralimitarse” en sus funciones. El cuestionamiento señala que, cuando desde el área se trabajaba para el reingreso de la menor, el juez se opuso a que vuelva al centro residencial donde se encontraba. “Ahí es donde él se extralimita. Él no puede decirnos a nosotros dónde alojar a la nena”, expresó y agregó: “En el caso de esta nena que tiene un proceso adoptivo en marcha, el juez debería ocuparse de buscarle una familia adoptiva”.
Lo último que se supo públicamente sobre el caso es que la mayoría de los menores habían logrado ser relocalizados en distintos centros residenciales. En tanto, se habían puesto en marcha los procesos de admisión para que la menor alojada en el Vilela pueda ser aceptada en una institución santafesina, donde contaría con un dispositivo de acompañamiento personalizado para que el abordaje sea el adecuado. No obstante, e incluso con la situación momentáneamente normalizada, los casos expusieron una serie de irregularidades en el funcionamiento del área, que venían siendo denunciadas tanto por algunos trabajadores del sector, como por la propia Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.
Vaciamiento
Para hacer un análisis del estado de situación, Gustavo Lorenzo, subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, puso el foco en el sistema de protección, considerando que el panorama de las infancias y adolescencias en la provincia atraviesa una situación compleja. Por un lado, por cuestiones más generales y hasta ajenas a la dependencia: no es tarea sencilla pensar políticas para el sector con indicadores de pobreza elevados, sumado a los niveles de violencia en la región y el sostenimiento de muchas comunidades a partir de economías ilegales. Pero también por cuestiones propias de la secretaría, como la falta de un plan de trabajo claro hacia la niñez, o dificultades en la coordinación con otras áreas del gobierno.
“Los grandes núcleos urbanos de la provincia están en situaciones muy complicadas desde todo punto de vista y eso genera que, al no haber políticas claras de desarrollo comunitario para los niños en sus familias o núcleos familiares, cuando el sistema de protección quiere intervenir, se ve totalmente colapsado”
Desde la oficina recordaron que la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la provincia se encuentran bajo la línea de pobreza, situación que se agudiza en Rosario, donde la indigencia entre los menores de 17 años, alcanza el 11,7%. Por eso, desde la Defensoría entienden que lo primero que se debe plantear es un plan de infancia claro y adecuado a esa realidad. “Los grandes núcleos urbanos de la provincia están en situaciones muy complicadas desde todo punto de vista y eso genera que, al no haber políticas claras de desarrollo comunitario para los niños en sus familias o núcleos familiares, cuando el sistema de protección quiere intervenir, se ve totalmente colapsado”, evaluó Lorenzo en diálogo con enREDando.
En ese marco, el análisis viene acompañado por un pedido concreto que el organismo promovió durante el período electoral en la provincia: jerarquizar el área de Niñez y dotarla de herramientas para intervenir de forma efectiva ante este escenario adverso. Para Lorenzo, el sistema viene sufriendo un “vaciamiento” que se evidencia en la caída de las estructuras presupuestarias en términos reales y eso impacta de lleno en el objetivo brindar respuestas rápidas y efectivas para evitar la vulneración en los derechos de las infancias. Ahí aparece una palabra clave: precarización.
“La precariedad del sistema, desde todo punto de vista, es algo que históricamente se ha planteado desde la Defensoría. Desde la planificación de lo que debieran ser los centros residenciales, los perfiles institucionales de cada uno de ellos, sus estructuras edilicias, o la precarización de todo el personal, tanto de los centros residenciales como de los equipos de dirección de niñez. Todo el sistema de acompañamiento está en una situación de precariedad muy grave”, analizó.
En un informe presentado a mediados de julio, la Defensoría reveló que el presupuesto para el acogimiento institucional conveniado cayó un 18%, mientras que en lo que refiere al acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes de la provincia se redujo en un 27% desde el año 2020. Con los números sobre la mesa, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, recomendó el gobierno provincial incrementar las partidas presupuestarias destinadas al alojamiento de las infancias y las juventudes sin cuidados parentales.
Pero otro de los datos que se desprende de ese relevamiento es que la gran mayoría de las medidas excepcionales de protección –la separación de un menor de su núcleo familiar porque existe una vulneración en sus derechos– no se resuelve dentro de los plazos legales. Muchas veces, por particularidades vinculadas a situaciones de salud de los propios menores, y otras por la falta de lugares donde reubicarlos. Para Henn, la dilación de estos procesos fomenta la “revictimización” de las mismas personas que se debe proteger. En líneas generales, algo de eso ocurrió con los siete menores que quedaron alojados en los hospitales meses atrás.
“Todo eso en el sistema de protección está muy enquistado y es una práctica que no se ha casi modificado en estos últimos años. Y ese sistema tan precarizado es el que termina trabajando en cuestiones muy complejas, que son niños que vienen en sus comunidades, con todos sus derechos avasallados, y que cuando el sistema de protección los quieren tomar no tienen ninguna capacidad para superar esa situación de vulneración de derechos como manda la ley”, sostuvo Lorenzo.
Si bien el funcionario confirmó que la situación de los niños alojados en hospitales se ha ido resolviendo, no fue sin que esos menores carguen con un cúmulo de vulneraciones en sus espaldas. Para Lorenzo, una de las deudas del sistema es garantizar espacios institucionales que puedan alojar a los niños y todas las complejidades que traiga cada una de las situaciones.
“Los que han pagado el costo de cómo se ha hecho esa intervención fueron los niños. Es muy complicado lo que se está produciendo y eso que hablamos de un número mínimo en relación al volumen de chicos en centros residenciales”, expresó y agregó: “Siempre se ha tendido a estigmatizar a niños y niñas con problemas de salud mental o discapacidad, cuando en realidad las instituciones debieran adaptarse y poder generar estrategias de trabajo que alojen esos niños, en lugar de expulsarlos por no encajar en la institución”.
Alojamiento
Además del trabajo de la Defensoría, los propios trabajadores del área Niñez son los principales portavoces de las falencias del sistema y de elevar los reclamos a las autoridades. Algo que, según denuncian, pocas veces es escuchado.
En las últimas semanas, los trabajadores de Niñez nucleados en ATE Rosario, denunciaron el cierre de tres alojamientos residenciales que, con abordajes específicos, garantizaban el cuidado de infancias y juventudes. En concreto, desde el gremio revelaron que dos centros residenciales se fusionarán en uno que, a su vez, mudarán a Granadero Baigorria, mientras que el tercero directamente dejaría de existir. Los tres centros cumplían con perfiles institucionales distintos: uno para niños, otro para adolescentes y otro que atendía situaciones de urgencias y estabilización ante crisis.
Uno de los espacios es el Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) en la zona oeste de la ciudad. A fines de julio ese lugar también estuvo en el foco de los medios, luego de que un grupo de chicos fuera encontrado merodeando por la zona y, ante la consulta de los vecinos, denunciaran “maltratos” en la residencia. Esa situación derivó en una protesta pública de los propios vecinos frente al lugar, que terminó cerrando las puertas y trasladando a los menores. Sobre el episodio, Chialvo informó a la prensa que se tomó entrevista a todos los internos y que no surgieron elementos para indicar que haya habido maltratos en el lugar. No obstante, por el hecho se abrió una investigación judicial.
Mientras que los otros lugares son el Centro de Permanencia Transitoria (CPT) y el Hogar de Menores Varones (HoMeVa). Del primero, la dependencia informó que la casa que se alquilaba fue vendida, mientras que del segundo, señalaron que ya se encuentra funcionando dentro de Granadero Baigorria. La idea es que los dos espacios se fusionen en un mismo lugar en la localidad vecina.
Las explicaciones que dieron desde Niñez al respecto es que la falta de inmuebles para alquiler en el mercado inmobiliario también afecta a los organismos del Estado. “Nosotros no escapamos de las dificultades para conseguir propiedades para alquilar y mucho menos conseguimos si decimos que es para alojar chicos en centros residenciales”, explicó Chialvo en declaraciones a Canal 3. “Cuando decimos que es para un centro residencial, los propietarios no están de acuerdo, así que retiran la oferta”, agregó.
Para los trabajadores, esta decisión tiene distintas repercusiones. Desde lo institucional, lo que más lamentan es el cierre del DAT, un espacio que trabajaba sobre la emergencia y la estabilización emocional, afectiva y mental de los niños que, en muchas oportunidades, llegan a esos espacios luego de sufrir maltratos, abusos, o situaciones de vulnerabilidad en sus núcleos familiares. “Ante estos casos se suele dar un desarraigo muy grande y no es menor que se cierre un espacio específico que pueda abordar eso”, explicó Juan Albano, uno de los trabajadores y referentes del área. Y agregó: “No todas las instituciones tienen el conocimiento de lo que es una crisis subjetiva y saben actuar al respecto”.
En diálogo con enREDando, Albano explicó que la idea de crisis subjetiva se plantea ante una situación de inestabilidad emocional, anímica y mental, de corto período, que hace que los niños o jóvenes entren en un estado de alteración, donde pueden ponerse en riesgo a sí mismos, o a terceros. “Se entiende como un criterio de salud mental y hay que tener un abordaje específico. Cuando eso se estabiliza lo que hay que hacer es abordar los motivos que generaron un estallido en esa persona, y trabajar de manera interdisciplinaria con psicólogos o psiquiatras. Pero no es lo que generalmente pasa”, relata.
“Pasar de tres lugares de alojamiento a uno solo es una reducción presupuestaria. Es achicar el presupuesto y los recursos destinados a sostener tres espacios institucionales. Pero lo que se termina reduciendo también es la capacidad de acompañar, abordar y contener como se debe”.
En ese sentido, el dirigente gremial señaló que, superadas esas crisis, muchos alojamientos se niegan a volver a recibir a los menores, excusándose en que hubo un episodio que pudo resultar violento, o amparándose en la falta de herramientas para intervenir en esos casos: “Se han degradado los proyectos institucionales de alojamiento donde muchas de las situaciones están atravesadas por cuestiones de salud mental, justamente porque desde el primer momento hay un arrasamiento identitario en los niños, niñas y adolescentes. Se los quita de su núcleo familiar, de su barrio, de su comunidad, de su escuela y eso genera todo un trauma que a veces se expresa en patologías psíquicas de distintas maneras”.
Según el trabajador, suele ocurrir que luego de una hospitalización por alguna situación de crisis subjetiva, los alojamientos se nieguen a recibirlos. “El problema es que tienen potestad para hacerlo. Entonces hay toda una falta de líneas claras de trabajo. Los convenios tendrían que tener, antes de firmarse, ciertas cláusulas que te obliguen a realizar capacitaciones, o a reacondicionar los lugares. No hay un alojamiento específico para el abordaje de la salud mental en las niñeces. Entonces, cumplen 18 años y van directamente al Agudo Ávila”, cuestionó.
Para los trabajadores, lo que se esconde en el fondo de toda la situación no deja de ser un ajuste de los recursos del Estado: “Pasar de tres lugares de alojamiento a uno solo es una reducción presupuestaria. Es achicar el presupuesto y los recursos destinados a sostener tres espacios institucionales. Pero lo que se termina reduciendo también es la capacidad de acompañar, abordar y contener como se debe”.
A la par de los reclamos en términos institucionales, desde el sector vienen llevando adelante una lucha de larga data para mejorar sus condiciones laborales. Durante los últimos días de octubre emitieron un comunicado informando que unos 76 profesionales de niñez de Rosario, y 195 en toda la provincia, aún no cobraron los sueldos correspondientes a septiembre. Según informaron, el salario que vienen percibiendo ronda los 90 mil pesos mensuales, unos 40 mil pesos menos que el Salario Mínimo Vital y Móvil.
“Hablamos de funciones imprescindibles en el abordaje y contención de niñeces y adolescencias, lo cual implica poner en condiciones de extrema vulnerabilidad todo una cadena de trabajo esencial para la restitución de derechos”, expresa el comunicado y agrega: “Años de formación universitaria y experiencias para ser valorizadas con salarios casi de indigencia, a sabiendas de que para no ser pobre hay que ganar más de 156 mil pesos, el doble de lo hoy perciben”.
Pero a eso se le suman los reclamos por las formas precarias de contratación que, en algunos casos, se vienen sosteniendo desde hace más de 8 años de manera irregular; es decir, previo a la actual gestión. “Con todo esto, lo que la gestión viene planteando es una reducción de lo público. Lo que tenemos que preguntarnos es si queremos un Estado que se reduzca cada vez más y cierre sus alojamientos, o queremos un Estado que fortalezca los proyectos institucionales existentes y que además de eso los amplíe. Eso reclamamos”, finalizó.
