Negacionismo nunca más

En un contexto de avance de ideas y prácticas negacionistas, Erika Lederer y Pablo Verna, dos voces desobedientes, -hijos de genocidas-, y a Ana Pipi Oberlín, fiscal en juicios de lesa humanidad, cuyo padre permanece desaparecido, repiensan la disputa de sentido en torno al negacionismo del Terrorismo de Estado, como punta de lanza de las propuestas electorales de la ultra derecha. La apuesta a la construcción de la memoria colectiva y la defensa férrea de los juicios forman parte del diálogo entrecruzado que intenta un aporte a la reflexión.

La convocatoria a un acto homenaje a las “víctimas del terrorismo” propuesta por la candidata a la vicepresidencia y ministra de Defensa de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la gota que rebalsó el vaso. Los defensores de la dictadura llegaron a un ámbito institucional en un contexto eleccionario marcado por el avance del negacionismo. En esos días, Guadalupe Godoy, abogada querellante en el juicio contra el ex represor y referente en los juicios de lesa humanidad en La Plata, dio a conocer el vínculo de Villaruel con el genocida Etchecolatz: el nombre de la diputada figura en un cuaderno de contactos en el que el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, -mano derecha de Ramón Camps-, preparaba su defensa antes de afrontar el primer juicio en el que fue llevado al banquillo. “La candidata a vicepresidenta  de Milei, como sabemos, es una militante pro genocidas, que apoya activamente a los imputados en los juicios, desde sus inicios. Acá por ejemplo, está su nombre en el cuaderno en el que Etchecolatz se organizaba para el juicio del año 2006”, escribió Godoy junto a la foto del papel, en su cuenta de Twitter.  

 “Lo que está pasando lo vengo advirtiendo desde que inicié la militancia y sobre todo la voz pública» dice Erika Lederer y cuenta que el contexto no le extraña en absoluto.

“Ya con el intento de instaurar el 2 por 1, y la gran movilización popular que lo frenó, dije, ojo que hay un discurso autoritario, solapado, que está expectante y va a salir en cualquier momento. El germen que la sociedad tiene instaurado no solo está presente en el “no te metas”, en el “algo habrán hecho” sino en la idealización de que con el régimen de los milicos estábamos mejor, por eso lo que sucede con Milei” señala. Su padre, Ricardo Lederer fue obstetra con grado de capitán del Ejército, segundo jefe en la maternidad clandestina montada en Campo de Mayo, durante la última dictadura cívico eclesiástico militar. Por sus manos, se calcula que pasaron al menos treinta mujeres que dieron a luz en cautiverio, cuyos bebés recién nacidos les fueron arrancados y entregados con documentación falsa. En el Nunca Más, Erika leyó que a su padre lo apodaban el Loco, por sus pretensiones nazis de “depurar la raza”. Fueron tiempos de fuerte interpelación personal, mientras transitaba su propia maternidad. La idea de que su padre fuera obstetra la marcó: dar vida “no tenía nada que ver con lo que pasaba en los centros clandestinos de detención”. Decidió alzar su voz de repudio e invitó a que otrxs hijxs de represores la acompañaran. Hoy, conforman el colectivo de Ex Hijxs de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, grupo de voces desobedientes, dispuestos a romper el mandato de silencio y la trama de complicidades en el propio seno familiar.

Defender cómo narramos nuestra historia

“En relación a las leyes anti negacionistas yo creo que si la justicia funcionara, si aplicamos las leyes que ya están, tenemos elementos para seguir juzgando. Si bien fue gracias a la movilización popular que logramos que se diera vuelta atrás la ley de Obediencia Debida y Punto Final, si logramos parar el 2 x 1, todos los enjuiciamientos a los milicos genocidas que están cumpliendo condena, la justicia ya se expidió y dijo que estos son delitos de lesa humanidad, que acá no hubo una guerra, que el único demonio fue el terrorismo estatal, el Plan Sistemático de tortura, exterminio y desaparición de personas; tenemos elementos para seguir juzgando. La gran deuda que tenemos es en relación al no juzgamiento de los cómplices civiles de la dictadura. Hay muchos centros clandestinos que no solo funcionaban en dependencias de las fuerzas de seguridad sino que operaban en casas particulares, hospitales, fábricas. Hubo parte del empresariado que aportaba datos para las listas negras y marcaba gente, son los cómplices civiles de la dictadura”, señala Erika, que se desempeña como abogada mediadora penitenciaria, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Y cita el ejemplo del Astillero Astarsa (planta industrial del partido de Tigre), uno de los lugares donde recaló su padre cuando obtuvo la baja del Ejército, tras pasar también por la Policía bonaerense y ser médico legista en Techint.

Hay muchos centros clandestinos que no solo funcionaban en dependencias de las fuerzas de seguridad sino que operaban en casas particulares, hospitales, fábricas. Hubo parte del empresariado que aportaba datos para las listas negras y marcaba gente, son los cómplices civiles de la dictadura”

“Cuando por mi trabajo voy a contextos de encierro, por ejemplo a la cárcel de Marcos Paz y en el módulo correspondiente a los detenidos por delitos de lesa, los ves en una situación vip, que son tratados como héroes, con todas las comodidades cuando no tienen por qué tener esos beneficios, que además no le otorgan al resto de la población carcelaria; yo pienso que con cumplir las leyes que tenemos, estaríamos genial. Los queremos en cárcel común, perpetua y efectiva, que no gocen de beneficios procesales en la ejecución de las penas, que no les den domiciliarias con el argumento de que son viejitos, que se pudran en la cárcel” sostiene. Y agrega: “que esa consigna, no sea solo un eslogan que cantamos en las marchas, que llenemos de contenido cada consigna, que sepamos qué estamos defendiendo cuando decimos Memoria, Verdad y Justicia, cuando hablamos de justicia social. La memoria colectiva la construimos entre todos y entre todos tenemos que defender cada término con que es narrada nuestra historia”.

En No lo perdono, publicado por Planeta en 2019, relato que funde el horror íntimo con la historia colectiva, Erika cuenta el recorrido transitado desde su infancia, cuando su padre la llevaba a la guardería de Campo de Mayo, el momento en que descubrió los crímenes de los que Lederer participó, y los abusos y la violencia sufrida en el seno paterno. “Nos golpeaba a mi mamá y a mí, pero con mi hermano no se metía”, cuenta. Lederer se pegó un tiro en 2012, cuando estaba por ser apresado, luego de que la justicia comprobara que había estampado su firma en el acta de nacimiento falsa de Pablo Gaona Miranda, el nieto N° 106 recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Sancionar la apología de los crímenes de la dictadura

Hijo de Julio Alejandro Verna, médico con grado de Capitán Retirado del Ejército y anestesista en los vuelos de la muerte, Pablo Verna transitó un recorrido similar. En 2013, se animó a enfrentar a su padre por primera vez; el represor se negó a confesar pero luego terminó por contarle detalles aberrantes. Pablo declaró contra su progenitor en el Tribunal Federal Oral N°4 de San Martín, en el marco del juicio Contraofensiva Montonera donde fueron imputados nueve represores del Ejército, acusados de privación ilegítima de la libertad, tormentos y el asesinato de noventa y cuatro víctimas. También lo denunció en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí contó que Julio Verna era el encargado de aplicarles sedantes a los detenidos que serían arrojados al mar en los vuelos de la muerte y que incluso, el represor subía a los aviones por si “despertaban antes de tiempo, para reforzar las dosis: las personas quedaban despiertas pero paralizadas por anestesias», describió Pablo.

“Desde Asamblea Desobediente, nuestra agrupación de familiares de genocidas que militamos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, hace ya unos años que venimos contando las mentiras y las justificaciones absurdas que hemos escuchado puertas adentro de nuestras familias de origen. Cada uno a su tiempo, nos fuimos dando cuenta que las mentiras y las justificaciones eran parte de la acción psicológica de los genocidas, y que nuestros padres genocidas replicaban puertas adentro de sus hogares”, relata Pablo en diálogo con EnREDando.

Cada uno a su tiempo, nos fuimos dando cuenta que las mentiras y las justificaciones eran parte de la acción psicológica de los genocidas, y que nuestros padres genocidas replicaban puertas adentro de sus hogares

En aras de buscar el voto conservador y fascista, uno de los discursos prevalecientes de fuerzas como Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza propugna la idea de avanzar hacia una “memoria completa”. Así, se habla de presuntos enfrentamientos de las guerrillas contra el más cruento régimen militar, o de ataques perpetrados por las agrupaciones guerrilleras de izquierda. Al respecto, Pablo señala que “la acción psicológica más repetida fue la masacre disfrazada de enfrentamiento. Sobran ejemplos, pero la que repetía mi padre era el supuesto “ataque subversivo” entre la noche del 1° y la madrugada del 2 de julio de 1976, replicada por los medios cómplices y absolutamente controlados por los genocidas. No hubo ningún “ataque subversivo”, fue verdaderamente una masacre en la que fueron víctimas, entre otros, varios compañeros obreros de “Del Carlo” y otros militantes populares como Beatriz Oesterheld. Y agrega: “Otra acción psicológica que es importante conocer, es la nota periodística falsa que le hicieron a Thelma Jara de Cabezas -estando secuestrada y con uno de sus hijos detenido desaparecido- publicada en la revista Para Tí. Las operaciones psicológicas estaban reglamentadas por la dictadura genocida y era un elemento central para llevar adelante sus fines criminales. Son muchísimos los casos”.

“La candidata dice que si va a la ex ESMA la abuchean, pero eso no es cierto, aunque sí es cierto el rechazo que provoca intencionalmente. Ella ofendió a Gustavo Molfino (ex militante montonero; desde el exilio, su madre, Noemí Esther Gianetti de Molfino protagonizó las denuncias difundidas por los militares como campaña anti-argentina, relatando el secuestro de sus hijos, siendo asesinada por enviados militares en Madrid en 1980), en una audiencia en el Congreso al decir que estaba preocupada por su seguridad por su presencia como fotógrafo y cuando le preguntaron qué le diría a Norita Cortiñas y respondió “que deje de defender terroristas”. ¿Norita debiera dejar de defender a nuestros treinta mil compañeros detenidos desaparecidos? Será que no sabe que ella es la Madre de todas las batallas. También es posible que la candidata considere que Gustavo Molfino sea “terrorista” por haber fotografiado a varios genocidas violando las prisiones domiciliarias y así denunciarlos y pedir que vuelvan a la cárcel común. Eso que debería hacer el Estado, pero lo hizo Gustavo con su cámara para el real cumplimiento de las condenas“, detalla.

Respecto de la necesidad o no de la sanción de leyes negacionistas, Pablo considera que se debe establecer “una legislación penal que sancione tanto la negación como la apología de los crímenes de la dictadura genocida o los crímenes de Estado, de la mano de la intensificación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Pero hay otra cuestión en este debate, más del orden de política criminal enfocada en este aspecto, que en realidad es central. La cuestión es que si el Estado sanciona a quien tiene una opinión negacionista o apologista del genocidio (o si se prefiere, crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad), es dudoso que así se pueda lograr que muchas personas no expresen igualmente su opinión, lo que incluso está bien que ocurra. Me refiero a que está bien que las personas no acaten prohibiciones respecto de expresar sus ideas, cualquier idea. Por eso mismo es que el art. 213 del CP es de dudosa constitucionalidad. Cuando hablamos de genocidio la cuestión cambia, y lo determinante desde mi punto de vista son dos aspectos: Por un lado, la responsabilidad especial que puede tener una persona en cuanto a su capacidad de influenciar en forma masiva. Y de la mano de eso, viene la potencialidad de producir daño, es decir, que una persona “…públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”, que es lo que dice el art. 212 del Código Penal, y la pena en abstracto no es baja, porque va de 3 a 6 años, siempre hablando de que no se produzca ningún resultado, siendo suficiente que se haya producido la incitación. Por eso yo creo que sería necesario pensar en un agravante para cuando el hecho es cometido por una persona periodista, o dirigente o lider político, o funcionario público».

Plantarnos en los años de lucha

“Un punto que hay que entender, y es fundamental, es que una cosa es el Terrorismo de Estado, que en nuestro país garantizó a quienes llevaban adelante acciones criminales desde el mismo estado, impunidad desde el principio, es la forma en que se organizó el plan de exterminio, y otra, las acciones de  las organizaciones. La utilización de alias, el tabicamiento de las personas secuestradas, el empleo de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, todo eso fue planificado para tener en un futuro impunidad, -al margen de que ya la tenían-, y lo lograron durante muchos años, (y en parte lo siguen logrando)», explica la fiscal Ana Pipi Oberlín.

-De hecho, desde la justicia existe un recorrido de jurisprudencia al respecto que tiene que ver con la condena de los genocidas llevados a juicio hasta el momento-..

-Exacto. La justicia federal volvió a confirmar que estos actos que supuestamente son endilgados a organizaciones armadas ya están prescriptos, y eso tiene una fundamentación y me parece que hay que insistir también en eso que es que, en su momento, incluso cuando ocurrieron pudieron ser investigados por la justicia. Nunca estuvo vedada la posibilidad de que esos actos sean sancionados y sus responsables, condenados. Insisto en que hay que diferenciar esto porque en varios casos, luego de las investigaciones surgió que eran hechos perpetrados por los mismos terroristas de estado. Ha pasado que en algunos casos se presentaba la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad y/o fuerzas armadas como a mano de las organizaciones armadas y luego, en una investigación profunda resultó que habían sido ajustes de cuenta entre las mismas fuerzas por dinero que robaban en las casas que saqueaban cuando secuestraban a las personas que después asesinaban o están desaparecidas .

La justicia federal volvió a confirmar que estos actos que supuestamente son endilgados a organizaciones armadas ya están prescriptos, y eso tiene una fundamentación y me parece que hay que insistir también en eso que es que, en su momento, incluso cuando ocurrieron pudieron ser investigados por la justicia. Nunca estuvo vedada la posibilidad de que esos actos sean sancionados y sus responsables, condenados.

Ana, la “Pipi”, como la llamaba su papá cuando la pequeña empezó a caminar, -un año antes de que fuera encontrado en una panadería de Burzaco y luego desaparecido,-  integra HIJOS, (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido) desde 1995, en tiempos en los que el colectivo paría nuevas formas de presencia en las calles a partir de los escraches a los represores. Se recibió a los veintidós y fue abogada representante de Abuelas de Plaza de Mayo y de numerosas víctimas del terrorismo de Estado y de violencia institucional, entre otros espacios que ocupó. Actualmente es Auxiliar Fiscal en la Unidad Fiscal Federal de La Plata del Ministerio Público Fiscal, creada para abordar casos de delitos de lesa humanidad ocurridos durante las últimas dictaduras.

La Pipi apuesta a reforzar las políticas de memoria. “La única garantía para que esto no llegue a ser un negacionismo con una base popular, que eso sería lo preocupante, es seguir trabajando, que es lo que se está haciendo, en visibilizar lo que pasó; a través de los juicios, a través de políticas de estado, en las escuelas, ésa es la garantía que tenemos. Hemos avanzado mucho, las Madres eran tratadas de locas cuando daban la vuelta a la plaza y hoy por hoy en la mayoría de los sectores son respetadas, se entiende la lucha y se le da el valor a lo que pasó. Claro que hay sectores que lo niegan y están las nuevas generaciones que desconocen, yo creo que hay que trabajar mucho ahí, que los pibes sepan lo que pasó y apoyen las políticas de memoria, verdad y justicia».

La única garantía para que esto no llegue a ser un negacionismo con una base popular, que eso sería lo preocupante, es seguir trabajando, que es lo que se está haciendo, en visibilizar lo que pasó; a través de los juicios, a través de políticas de estado, en las escuelas, ésa es la garantía que tenemos.

Para Ana Oberlín es fundamental confiar en lo que está consolidado. «Plantémonos en todos estos años de lucha y en lo que costó lograr las cosas que se hicieron. El poder judicial, que no es justamente, el lugar de vanguardia ni de avanzada, en este país y creo que en ningún país del mundo, tuvo y tiene una postura muy consolidada; la Corte Suprema hace años que apoya los juicios de lesa, incluso diseñó algunas políticas internas tendientes a consolidar los juicios; sus fallos son todos en el mismo sentido. La Cámara de Casación Penal, otro espacio que en absoluto puede considerarse “progresista” por decirlo de algún modo, tiene dichos en todas sus salas, todos estos años, declaraciones de mucha jurisprudencia en relación a los juicios de lesa, a que existió el terrorismo de estado, a la forma en que se llevó adelante, incluso con resoluciones de avanzada, analizando cuestiones específicas de violencia de género en el contexto del terrorismo de estado hacia las mujeres. Hay un camino consolidado desde este lugar. El poder judicial ha demostrado una posición clara al respecto”.