El país andino pasó de ser uno de los focos de la protesta contra la desigualdad social a ser el centro de la violencia política en América del Sur. El asesinato de dirigentes políticos en plena campaña electoral es la última etapa de un proceso que lleva años y que muestra cómo el crimen organizado se apoderó de las calles y copó el debate político.
Fotos: AFP
Descontento, movilización y terror. Resulta imposible pensar en el crecimiento del narcotráfico sin vincularlo al deterioro de la calidad de vida. Ecuador se convirtió, en menos de 7 años, en un país inviable para la actividad política bajo parámetros normales por el asesinato de varios dirigentes políticos. No obstante, no es un fenómeno que apareció de la nada. El país andino vivió un ciclo de regresión social y económica tras la victoria de Lenín Moreno en 2017. El exvicepresidente de Rafael Correa, que había llegado al poder por la Alianza País que gobernó los 10 años anteriores, puso rápidamente en marcha un programa político neoliberal opuesto al prometido en la campaña electoral. Condenado y exiliado Correa, Moreno pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo que, como ya sabemos, trajo aparejada una receta de políticas económicas que aumentaron el costo de vida y profundizó el conflicto social en un país en donde cada 10 personas, solo 3 cuentan con un empleo formal.
En 2019, las protestas sacudían Chile y Colombia. A ese grupo se sumó Ecuador. De la mano de las organizaciones indígenas, se activó un movimiento que salió a la calle en contra del aumento de la gasolina y el consecuente encarecimiento de los bienes de consumo masivos. Moreno aguantó mientras su imagen se caía a pique. En 2020, con el advenimiento de la pandemia, la situación no hizo más que empeorar. Guayaquil se convirtió en una ciudad tristemente célebre por las imágenes que impactaban al mundo: los cadáveres se acumulaban en las calles debido a la falta de atención sanitaria que se necesitaba, producto de la desinversión en salud y el aumento de los casos de coronavirus.
Mientras el Presidente no tenía margen para elegir un sucesor ni capacidad para pilotear la tormenta, se encargaba de tirar paredes con los sectores más conservadores de la política latinoamericana. Tanto fue así que uno de los pocos hechos por los cuales se recordará a Lenín Moreno, además de su traición al electorado y a su sector político, fue la remoción de la estatua de Néstor Kirchner de la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
El año 2021 trajo el nuevo proceso electoral y Guillermo Lasso, luego de varias derrotas en el pasado, fue electo Presidente. La política económica no cambió y la movilización no disminuyó. Sin embargo, otros sucesos acontecidos anteriormente mostraron que el problema estaba virando hacia otro lado.
Las crisis carcelarias, la primera llamada de atención
Mientras Lasso comenzaba su gobierno luego de la victoria contra el correísmo en la segunda vuelta, las muertes en las cárceles ecuatorianas ya daban algunas pistas sobre la situación desbordada en cuanto a las actividades delictivas ligadas al narcotráfico. Las 53 cárceles que conforman el sistema penitenciario ecuatoriano están preparadas para albergar unas 30.000 personas. No obstante, el número real de presos supera esa cifra en 10.000. La política de seguridad en Ecuador ha hecho crecer exponencialmente la población carcelaria, pero no ha adaptado los recintos al incremento de la misma, ya sea en infraestructura, recursos humanos y control sobre las actividades delictivas al interior de las cárceles.
Volviendo a la cronología de los hechos, 2021 fue el año donde más cocaína se incautó en Ecuador: unas 210 toneladas. La situación geográfica de Ecuador lo deja en el medio de los dos productores más importantes del mundo, Colombia y Perú. Esta situación, sumada al deterioro de las condiciones de vida y al excesivo hacinamiento de las cárceles, las cuales se llenaron, como en todos lados, de jóvenes pobres, crearon un caldo de cultivo para que la actividad delictiva al interior del sistema penitenciario crezca de forma exponencial. Las bandas que se dedican al tráfico de drogas encontraron las condiciones para llevar adelante sus actividades al interior de las cárceles, aupadas por la situación de un Estado débil que ha hecho la tarea de encarcelar pero no de regular la actividad de los convictos.
Lasso, en los primeros 7 meses de mandato, lidió con tres masacres carcelarias que dejaron alrededor de 200 muertos, todas ligadas al enfrentamiento entre bandas delictivas. Su gobierno fue un continuador de la política penitenciaria de Moreno, la cual combina un excesivo uso del encarcelamiento con la falta de atención política y económica de las problemáticas carcelarias.
En 2022 el problema había rebasado las capacidades del Estado. Las masacres carcelarias continuaron, pero el derramamiento de sangre llegó rápidamente a las calles, siendo Guayaquil la ciudad más golpeada por esta problemática. En octubre de 2022, hace unos 10 meses, “la Perla del Pacífico” acumulaba 1.200 homicidios, un 60% de crecimiento. De la cárcel a la calle. De la desigualdad social al aumento del crimen. Por más que no esté de moda y que los medios de comunicación masivos lo ninguneen, la realidad no para de confirmar la falta de eficacia de la política represiva. Sin embargo, la política no parece con capacidad de recurrir a otras estrategias, sobre todo de parte de los sectores conservadores que fracasaron una y otra vez en su lucha contra las drogas desde el enfoque punitivo y represor.
La política, nueva víctima
Ya en las elecciones regionales de este año, en las cuales el correísmo tuvo una buena actuación y se posicionó nuevamente como alternativa para gobernar el país de cara a las elecciones de 2025, la violencia en Ecuador apuntó contra la clase política. Omar Menéndez era candidato de este sector político en Puerto López, una ciudad costera de la Provincia de Manabí. Menéndez fue asesinado el día anterior a las elecciones y las ganó de manera póstuma, ya que su boleta aún era parte de los comicios. Un mes antes, mataron desde una moto a los tiros a Julio Farachio, candidato a alcalde de Salinas cuando salía de una actividad de campaña.
Luego del proceso de juicio político iniciado contra el Presidente Guillermo Lasso y el posterior llamado a elecciones adelantadas para el 20 de agosto, las actividades proselitistas continuaron y los dirigentes políticos siguieron en la mira de la violencia.
En mayo, y luego de haber sido reelecto como alcalde de Manta (otra ciudad costera), Agustín Intriago fue asesinado a tiros mientras recorría un barrio de la ciudad y luego de denunciar amenazas en su contra. Otros casos completan la triste estadística, siendo el más resonante el de Fernando Villavicencio, candidato a Presidente que fue ejecutado cuando salía de una actividad de campaña en la capital ecuatoriana el pasado 9 de agosto. La última novedad en cuanto a este reguero de sangre fue el asesinato de Pedro Briones, un dirigente del correísmo, en Esmeraldas, el día lunes 14.
Los hechos de violencia contra dirigentes políticos no distinguen ideología o partido, más allá de que cierto sector de la prensa quiso vincular el asesinato de Villavicencio con su oposición a Rafael Correa. Villavicencio era de un sector cercano al actual Presidente Lasso, Intriago pertenecía a un partido local, y Menéndez y Briones eran correístas. Todo apunta a las estructuras narcotraficantes. Las investigaciones que tomaron mayor notoriedad luego del asesinato de Villavicencio por su rol de candidato presidencial, apuntan a que los perpetradores pertenecen al crimen organizado. Las distintas bandas delictivas, como los Choneros, los Tiguerones o Los Lobos, son sectores subsidiarios de los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, organizaciones de origen mexicano que han extendido su influencia y su radio de acción al sur del continente.
El gobierno de Lasso, que se encuentra de salida, ha decretado el estado de excepción y anunció que las elecciones del 20 de agosto no se suspenden, más allá de que los candidatos han puesto en pausa su campaña por la coyuntura actual; lo cual significa que Ecuador sigue en un contexto de renovación de autoridades en medio de una lluvia de balas que se dirigen hacia la clase política. El desafío será encontrar respuestas para poner un freno a la violencia y devolverle algo de paz a un país que hace al menos 4 años se encuentra convulsionado por el avance brutal del crimen organizado, pero también por el constante aumento de la pobreza y de la desigualdad, producto de las políticas de ajuste sponsoreadas por el FMI y agravadas por no contar, ni siquiera, con una moneda nacional.
