La problemática no es nueva: el incremento de mujeres asesinadas en contexto de criminalidad en el Departamento Rosario viene siendo alertado y relevado por los Observatorios feministas y el Ministerio Público Fiscal. El desafío es dar respuesta con perspectiva de género. ¿Cómo se abordan las investigaciones? ¿Qué rol ocupan las víctimas en las economías delictivas? ¿Desde qué mirada se debe analizar el fenómeno?
Foto principal: Fer Der Meguerditchian
Desde que empezó el año, el observatorio de la organización Mumalá relevó 22 muertes violentas de mujeres en la provincia de Santa Fe. Seis están registradas como femicidios íntimos; mientras que 16 hechos fueron cometidos en contextos de criminalidad, de los cuales 15 tuvieron lugar en Rosario. Ya el mes pasado, desde el Observatorio de Violencias por Motivos de Género “Mercedes Pagnutti” -que desde 2018 releva los casos vinculados con la criminalidad organizada, en base al protocolo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)-, su referente, la concejala Norma López puso números a la situación de la provincia donde «un 74 por ciento» de las víctimas de femicidio fueron asesinadas en contextos de criminalidad, mientras que ese motivo en todo el país «baja al 19%”.
Las estadísticas estremecen, pero la problemática no es nueva. El año pasado la curva ya estaba en alza, en relación con años anteriores: datos de la Fiscalía indican que en toda la regional fueron 60 los casos de mujeres asesinadas en contexto de criminalidad, en 2022. Ante esa realidad aparece el desafío sobre cómo abordar la problemática en pos de las políticas públicas que atiendan la situación. ¿Cómo se realizan las investigaciones teniendo en cuenta el componente de género? ¿Qué rol ocupan las víctimas en las economías delictivas? ¿Desde qué mirada se debe analizar el fenómeno?
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Este domingo se cumplió un año de los asesinatos de Claudia Deldebbio y su hija, la bailarina Virginia Ferreyra. Ambas quedaron en medio de una balacera cuando esperaban el colectivo en la esquina de la plaza de zona sur, el 23 de julio de 2022. Sin embargo, no hay que retrotraerse a esa fecha para dar cuenta de la situación.
Mariel Broin, de 41 años, estaba en el pasillo de Médici al 4600 el domingo 9 de julio pasado, a las ocho de la noche, cuando dos grupos comenzaron a los tiros. Una de las balas la impactó y le provocó la muerte. Cinco horas después, ya en lunes, Daiana Becerra, una madre de 30 años, subió a un remís y al bajar, unas cuadras después, la mataron de dos disparos en un pasillo de barrio San Francisquito. Su novio fue víctima de homicidio tres meses antes y ya había sido baleado en diciembre.
Sofia Botto, de Mumalá -organización que la semana pasada presentó el proyecto de Emergencia en Violencia de Género en el Congreso Nacional ante las 213 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en el país, y que buscan llevar el debate sobre la situación del departamento Rosario a la Legislatura provincial-, plantea que observan diferentes indicadores dentro de los femicidios cometidos en contextos de criminalidad. «Un dato interesante es cuál es rol de esas mujeres, y aparece la relación con organizaciones, o cuestiones que tienen que ver con hechos de venganza con hermanos o parejas; o la situación de estar en la línea de fuego», dice en relación a algunos de los factores que encontraron en el relevamiento realizado a partir de publicaciones en medios de comunicación. «Lo que muestra es un rol precarizado, un eslabón débil de la cadena en un negocio donde no se benefician en nada».
A partir del incremento de este tipo de casos registrado el año pasado, Fiscalía
comenzó un análisis de estos asesinatos. La fiscal Carla Cerliani de la Unidad de Homicidios explica en diálogo con enREDando que lo que se empezó a hacer desde la Dirección de Política Criminal, que depende de la Fiscalía General, es «analizar el componente de género para entender cuál es la dinámica de estas violencias, por qué se apunta y se busca atacar a mujeres, para que luego las áreas del Estado correspondientes puedan empezar a delinear las políticas públicas en este sentido».
Entre los casos registrados el año pasado, «hay múltiples situaciones, en algunas entendemos que se puede ver el componente de género y en otras no está tan claro que se las haya atacado por ser mujeres. Sí quiero aclarar que toda muerte de mujer se tiene que evaluar con perspectiva de género. Hay mujeres que fueron asesinadas porque quedaron en medio de una balacera o porque estaban en el lugar y en el momento del hecho, pero no por ser mujeres. Y otros casos tienen que ver con mujeres que están vinculadas con las organizaciones criminales, y hay muchas variables: que sus parejas, ex, hijos, padres, hermanos son personas que forman parte de esas organizaciones y están detenidos, entonces ellas empiezan a ocupar algún tipo de rol, colaborando o cumpliendo órdenes, y ahí hay que tratar de tener información para saber con cuánta autonomía pueden tomar decisiones, o si actúan por delegación y presionadas por estos hombres. Más allá de evaluar la responsabilidad penal que les cabe, se busca poder tener información sobre ese rol y es dificultoso porque no se da información. Luego hay mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres y hay ejemplos que se vieron con amenazas, donde hay un componente de género particular».
La fiscal también plantea que otro factor de la suba de casos en estos contextos está directamente relacionado con la cifra récord de 287 muertes violentas en el departamento Rosario durante el año pasado. En relación a las mujeres que fueron víctimas «está la necesidad de poder avanzar en el análisis de cada caso concreto y muchas veces es complejo poder obtener datos. Hay que investigar otros extremos, motivaciones y analizar la vida, los roles, los vínculos de estas mujeres, si hubo un quiebre y otras cuestiones para analizar la vulnerabilidad. La situación es diferente que cuando se investiga un femicidio íntimo, donde la familia e instituciones dan información; cuando los casos son en contexto de las organizaciones (delictivas) es otra la complejidad porque se rompen lazos institucionales y no hay familia que diga lo que pasaba».
«Hay mujeres que fueron asesinadas porque quedaron en medio de una balacera o porque estaban en el lugar y en el momento del hecho, pero no por ser mujeres. Y otros casos tienen que ver con mujeres que están vinculadas con las organizaciones criminales, y hay muchas variables: que sus parejas, ex, hijos, padres, hermanos son personas que forman parte de esas organizaciones y están detenidos, entonces ellas empiezan a ocupar algún tipo de rol, colaborando o cumpliendo órdenes, y ahí hay que tratar de tener información para saber con cuánta autonomía pueden tomar decisiones, o si actúan por delegación y presionadas por estos hombres.»
Al mismo tiempo, la fiscal señala que «muchas de las víctimas asesinadas en estos casos son madres y advertimos situaciones en las que estaban con hijos e hijas o que está a cargo de otros familiares, y es una situación preocupante también». Además, indica que la mayoría de los casos cometidos contra mujeres en estos contextos son con armas de fuego, a diferencia de lo que se ve en los casos de
femicidios íntimos. Lo mismo sucede con el lugar: las mujeres asesinadas en contextos de criminalidad suelen ser atacadas en la vía pública. «Hay un protocolo de investigaciones de femicidios, que surge de la UFEM, que se viene implementando en el MPA y el desafío para todos y todas quienes trabajamos en esto es poder investigar con esta perspectiva en esos casos. Es ineludible y se analiza también con otros Ministerios Públicos, porque es una situación particular en el país y Latinoamérica -no en cantidad de casos, sino en cuanto al contexto-, y hay que buscar las herramientas para el análisis».
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Por su parte, la abogada Vanesa Vargas, que forma parte de la Colectiva de Abogadas Lesbotransfeminista, plantea que «en el territorio del gran Rosario la principal financiación de muchas de las bandas de criminalidad es la venta de drogas ilegales y es un factor que hay que analizar porque uno de los problemas centrales vuelve a ser el prohibicionismo. Pero ése es uno de los mecanismo que usan las bandas, que también lo hacen mediante otros delitos. Es importante analizar los orígenes de las problemáticas, porque el derecho penal no soluciona nada, llega cuando el hecho está cometido. No puede dejar de analizarse la cuestión de fondo; resulta imperioso trabajar sobre ello, caso contrario no dejarán de suceder estas cuestiones».
«Las identidades feminizadas también tienen sus roles en
estas organizaciones que ocupan en muchos casos luego del
encarcelamiento de padres, hermanos, parejas. Si bien el lugar puede
serles impuesto, eso no las infantiliza. Ahora bien, ¿eso implica que
la respuesta del Estado al momento de investigar las ponga en el mismo
lugar que a quienes sucedieron? No, tiene que haber una diferenciación
en cuanto al análisis.»
En cuanto a los femicidios en esos contextos, considera que «reflejan en algún punto el mismo lugar que en otros espacios de la sociedad el patriarcado les asigna a las identidades feminizadas. El lugar de objeto, objeto de cambio, extorsión o castigo, y no como sujetos individuales. Las identidades feminizadas también tienen sus roles en estas organizaciones que ocupan en muchos casos luego del encarcelamiento de padres, hermanos, parejas. Si bien el lugar puede serles impuesto, eso no las infantiliza. Ahora bien, ¿eso implica que la respuesta del Estado al momento de investigar las ponga en el mismo lugar que a quienes sucedieron? No, tiene que haber una diferenciación en cuanto al análisis. Analizar si existen y de hacerlo cuáles son las intersecciones». En ese sentido, apunta a que desde las investigaciones judiciales se pueda «tamizar», y plantea que considera «diferente» la forma en que se analizan casos con mujeres y disidencia cuando son víctimas, que cuando son acusadas por comisión de delitos en las investigaciones. «Cuando se las investiga, generalmente se lo hace sin perspectiva de género y sin enfoque interseccional».
«El derecho penal no soluciona nada, llega cuando el hecho está cometido. No puede dejar de analizarse la cuestión de fondo; resulta imperioso trabajar sobre ello, caso contrario no dejarán de suceder estas cuestiones».
Al mismo tiempo, Vanesa Vargas destaca: «el Estado debe brindar una protección integral para erradicar distintos tipos de violencia por razones de género, tanto en la generación de políticas públicas como cuando es responsable de investigar y juzgar a estas identidades feminizadas al momento que son acusadas de cometer delitos».
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La concejala Norma López también analiza el fenómeno. «La situación que atravesamos en la provincia, pero sobre todo en Rosario es el aumento, no solamente de los jóvenes víctimas de la violencia a manos de la criminalidad, sino también un aumento de los crímenes de mujeres, muertes violentas, en contexto criminal, que tiene que ver cada vez con la disputa territorial de bandas». Al mismo tiempo, plantea que «las mujeres somos liderezas, estamos permanentemente al frente de organizaciones populares, merenderos, comedores, bibliotecas populares, de un sinfín de organizaciones que están en el entramado social, entonces tenemos una escucha particular, sobre todo porque históricamente tenemos en nuestra espalda las tareas de cuidado, y esa escucha, ese entorno, hace que las mujeres estén mucho más tensionadas en los territorios por las bandas, por la situación de querer coptar justamente a jóvenes, mujeres, y en este sentido no vemos que los gobiernos hayan reaccionado».
«Lo que va en aumento son los femicidios en contextos de criminalidad. Los gobiernos no generaron políticas de prevención en este sentido, de combate a las mafias y al narcotráfico. No hubo una política que tenga una trazabilidad en el tiempo, justamente para combatir estos delitos; y las mujeres, con este rol de liderezas que tenemos, estamos muy expuestas»
La edila marca una diferencia con los femicidios íntimos. «En la provincia, la perspectiva hizo que las políticas públicas de Nación, provincia y de los municipios y comunas tuviera un impacto positivo en lo que significa la violencia de género, no porque haya dejado de existir, sino porque cuando el Estado garantiza políticas de desarrollo e inclusión, vemos que los asesinatos por motivos de género bajaron. Lo que va en aumento son los femicidios en contextos de criminalidad. Los gobiernos no generaron políticas de prevención en este sentido, de combate a las mafias y al narcotráfico. No hubo una política que tenga una trazabilidad en el tiempo, justamente para combatir estos delitos; y las mujeres, con este rol de liderezas que tenemos, estamos muy expuestas, por eso es necesario y urgente un trabajo conjunto». Para cerrar, Norma López señala haciendo alusión al rol del Estado: «Las redes de mujeres existen, pero las redes desde el Estado tienen que definir una estrategia para combatir este tipo de delitos y para mirar particularmente el rol de las mujeres en nuestra sociedad con las políticas de cuidado comunitarias, que son las que están puestas en jaque por las bandas; y por el otro lado también analizar que muchas mujeres tienen ahora un rol en las bandas, que antes no lo tenían».
