Los 19 policías acusados por la desaparición y muerte de Franco Casco fueron absueltos. En un fallo dividido, los jueces entendieron que la prueba no era suficiente para juzgarlos culpables y fueron liberados, tras estar seis años en prisión preventiva. El juez Otmar Paulucci, que votó en disidencia, adelantó los fundamentos de su fallo en contra de los acusados y dijo que “no hay posibilidad que no sean partícipes”. Los familiares y las organizaciones de derechos humanos que acompañaron el proceso calificaron el fallo de “bochornoso” y adelantaron que apelarán la sentencia. A nueve años del hecho y tras 70 audiencias de juicio, la misma pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué pasó con Franco Casco?
Fotos: Fer Der Meguerditchian
Elsa Godoy camina sosteniendo el centro de la bandera con sus dos manos. Es cabeza y guía de una marcha que comenzó en los Tribunales Provinciales de Rosario y que se dirige hacia la plaza San Martín. Es el 30 de octubre de 2014 y hace 24 días que no se sabe nada de su hijo de 20 años. Sus palabras ante la prensa son pocas, pero contundentes. El tono de la voz, la mirada caída y lagrimosa. Rasgos que marcan el dolor de una madre.
Lo último que se sabe es que a fines de septiembre viajó desde su casa en Florencio Varela a Rosario para visitar a unos familiares; que el 6 de octubre se dirigía a la estación Rosario Norte para volver a su casa, pero nunca llegó a subirse al tren; y que fue visto por última vez en la comisaría 7ª de la ciudad.
Eso es todo lo que sabe. El correr del tiempo tampoco dará muchas certezas más.
Para reconstruir esa información debió mudarse, al menos, momentáneamente. Dejó sus más de 20 años viviendo en el sur del Gran Buenos Aires para instalarse en el corazón del barrio Tablada de Rosario. Una prima le brindó alojamiento. Sus dos hijos más chicos, de 14 y 16 años, la acompañan. Todo ese periplo tiene un único objetivo: encontrar a Franco. Saber qué le pasó.
En el barrio se contactó con organizaciones sociales que la recibieron, escucharon y acompañaron. Su relato generó preocupación. En conjunto organizaron una conferencia de prensa y una movilización para visibilizar su desaparición. La consigna es una pregunta: ¿dónde está Franco Casco?
Sobre el final de la marcha, un rumor empieza a correr entre los presentes: un cuerpo sin identificar apareció flotando sin vida en el río Paraná.
Ocho años, ocho meses y dieciocho días después, la misma mirada caída y lagrimosa, los rasgos que marcan el dolor se reflejan en el padre, Ramón Casco. Los fotógrafos y las cámaras de televisión toman en primer plano la angustia del hombre que se enreda en una marea de abrazos de consuelo: la Justicia acaba de absolver a los 19 policías acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de su hijo.
La acompañan familiares, amigos, dirigentes de organizaciones sociales, políticas, y de derechos humanos. Elsa ya no está. Elsa falleció en 2016, enferma de Chagas.
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La causa por la muerte de Franco Casco comenzó a investigarse en el ámbito de la Justicia provincial como búsqueda de paradero de persona. Pero ante las irregularidades que fueron apareciendo, el entonces defensor oficial de la provincia, Gabriel Ganón, solicitó su pase al fuero federal. Allí la investigación se llevó adelante bajo la carátula de desaparición forzada seguida la muerte.
Desde un principio la instrucción llevada adelante por el fiscal Guillermo Apanowicz estuvo bajo la mira. Una de los cuestionamientos es que la causa prácticamente no se movió hasta que el caso tomó vuelo mediático. Desde la defensoría recuerdan que frente a la comisaría 7ª había cámaras que nunca fueron solicitadas y que, en cambio, se incorporaron otras que apuntaban a “sostener la hipótesis de que Franco se había ido con vida de la comisaría”.
En diciembre de 2021, siete años después de la aparición del cuerpo del joven en el río Paraná, la causa llegó a juicio con 19 policías acusados por distintos delitos, entre autoría y encubrimiento. Durante las audiencias se intentó reconstruir los sucesos bajo dos teorías encontradas. Por un lado, la del fiscal federal Fernando Arrigo, quien se hizo cargo de la investigación.
La hipótesis acusatoria sostiene que Franco Casco fue detenido el 6 de octubre por la noche y trasladado a la comisaría 7ª, donde fue golpeado y torturado en un cuarto conocido como “la jaulita”. Y que su aparición en el río tuvo que ver con un intento de desaparecer el cuerpo una vez fallecido el joven. Algunos de los presos que estaban detenidos en ese momento en la seccional avalan esta teoría y declararon haber escuchado golpes y pedidos de auxilio. Mientras que otros dicen no recordar el paso del joven por el lugar.
Otros de los testigos que pasaron por el juicio, también, denunciaron amenazas de las fuerzas policiales. “Lo que se percibió en la sala de audiencias era que tenían miedo. Hubo testigos que estaban en libertad y se les acercaron gente de la comisaría para ver qué iban a hacer”, comentó el fiscal en una nota con el diario La Capital, los días previos a que se conozca el veredicto.
En cambio, la defensa de los imputados sostiene que Casco fue detenido el día 7 de octubre a partir de la denuncia realizada por un vecino que alertó sobre una presencia “sospechosa” en la zona y que al llegar al lugar y querer identificarlo, el joven se resistió arrojándoles piedras. Allí es donde los oficiales lo detienen por resistencia a la autoridad. Pero una vez en la comisaría, la versión policial asegura que el procedimiento de averiguación de antecedentes transcurrió con normalidad hasta su liberación esa misma noche, sin saber qué ocurrió después ni cómo Franco terminó en el río.
Para los abogados defensores, una de las pruebas que respalda esa teoría es una serie de videos que muestran a una persona deambulando durante la madrugada del 8 de octubre, en inmediaciones de la cancha de Rosario Central. Los acusados sostienen que la persona del video es Franco y que esas imágenes probarían que el joven salió de la comisaría con vida. Las pericias sobre el video marcan “compatibilidades antropológicas, antropométricas y de vestimenta” con el joven, pero aclara que es “imposible” asegurar que se trate de la misma persona.
Por su parte, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional salieron a aclarar que esos videos, que a principios del año pasado se difundieron como nuevo material probatorio, en realidad formaban parte de las pruebas desde el comienzo de la causa. Ante eso denunciaron “una estrategia agresiva que falta a la verdad”. Los padres de la víctima dijeron no reconocer al joven en el video.
“Hay una foto que mostramos en el juicio que fue una ampliación de la fotografía en la comisaría, donde no solo se ve la cara hinchada y el labio, sino lastimado uno de los pómulos y la nariz lo mismo”
Otro de los puntos que se abordó durante el juicio es el resultado de las autopsias. Mientras que desde la defensa de los acusados sostienen que no se pudo determinar la causa de la muerte, desde Fiscalía entienden que el tiempo que permaneció el cuerpo en el río actuó como “medida antiforense”, aunque eso no descarta la teoría de que el joven haya muerto por “asfixia seca”. Para el fiscal las pruebas se deben analizar como un todo, en donde también aparece la foto que se conoce de Franco en la comisaría. “Hay una foto que mostramos en el juicio que fue una ampliación de la fotografía en la comisaría, donde no solo se ve la cara hinchada y el labio, sino lastimado uno de los pómulos y la nariz lo mismo”, recordó en la entrevista.
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Después de 70 audiencias, que transcurrieron a lo largo de un año y medio, donde las partes tuvieron posibilidad de exponer pruebas, el pasado martes el tribunal dio su veredicto. La jornada se dio en medio de un inédito operativo policial que convocó a 300 efectivos, con un vallado que impidió la circulación en las cuadras aledañas a los Tribunales Federales de calle Oroño. De hecho, la sentencia estaba prevista una semana antes, pero el ministro de Seguridad santafesino, Claudio Brilloni, pidió que se postergue por no poder garantizar la presencia policial, abocada de antemano a las elecciones provinciales del domingo 16. Durante el juicio, las convocatorias transcurrieron con presencia de familiares y allegados tanto de las víctimas como de los acusados. Nunca hubo altercado alguno. Nadie explicó qué era lo que había que custodiar.
El fiscal Fernando Arrigo había solicitado la prisión perpetua para catorce policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco. Pero también condenas que van desde los tres a los catorce años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por el delito de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición de Franco.
Durante la mañana, los imputados tuvieron la posibilidad de decir unas últimas palabras antes del cierre del juicio. Uno de los que habló fue Diego Álvarez, exjefe de la comisaría 7ª quien remarcó su inocencia y sostuvo que el material probatorio así lo demuestra. En igual sintonía se pronunció el agente Marcelo Guerrero, quien aseguró que el delito que se juzga no existió. Este último habló de “causa armada” en contra de los agentes policiales.
El fallo de los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez se conoció pasadas las dos de la tarde. Afuera Ramón Casco, acompañado de familiares, amigos, organizaciones sociales y de derechos humanos, esperaba expectante el veredicto. Las 19 absoluciones se escucharon en silencio, salvo por el voto en disidencia de Paulucci, que abrió una cuota de esperanza en los presentes para que el fallo sea revisado en un tribunal superior.
Ramón es hombre de pocas palabras, pero esta vez ni esas pocas palabras salían. “No hay justicia”, se limitó a repetir ante la marea de periodistas que se acercaron a cubrir el evento. “Yo creía que iba a haber alguna condena, quiero irme a mi casa”, dijo poniendo punto final a la jornada. Los 19 detenidos, que permanecieron seis años con prisión preventiva, fueron liberados esa misma tarde.
El abogado de la familia, Salvador Vera, se mostró sorprendido con el fallo, entendiendo que el análisis de la evidencia durante las audiencias hacía prever otro resultado. “Estamos todos muy impactados, es una resolución que no esperábamos”, expresó y agregó: “La familia y toda la sociedad merecía un reconocimiento de los hechos, una declaración de verdad. Me parece que esto no resuelve nada, hay un dejar hacer de la policía con esta resolución que aparentemente no recibe ninguna sanción por ingresar a una persona y someterla a padecimientos”.
Pero además, el letrado puso el foco en el voto en disidencia del presidente del tribunal federal. Para Vera, la postura de Paulucci “da cuenta que existen elementos en la causa para considerar que las figuras de privación ilegal de la libertad seguida de muerte existió”. Por lo pronto, el próximo 25 de septiembre se conocerán los fundamentos de la resolución que aportará más claridad a decisión adoptada por los jueces.
“La familia y toda la sociedad merecía un reconocimiento de los hechos, una declaración de verdad. Me parece que esto no resuelve nada, hay un dejar hacer de la policía con esta resolución que aparentemente no recibe ninguna sanción por ingresar a una persona y someterla a padecimientos”.
El veredicto de Paulucci pide condenar a prisión perpetua al jefe de la seccional 7ª de Rosario, Diego José Álvarez, al cabo Franco Zorzoli y a la agente Romina Díaz por el delito de privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte; mientras que a otros nueve por encubrimiento agravado. Y si bien dijo que profundizará su postura en los fundamentos, el juez adelantó algunos de los argumentos que lo llevaron a votar en disidencia, en una entrevista reveladora con José Maggi en LT8.
Allí calificó a la instrucción realizada por el Ministerio Público de la Acusación como “desastrosa”, pidiendo incluso que se investigue el accionar del fiscal Apanowicz. “Tengo una contradicción grosera con un testigo civil que vivía al frente de la comisaria y ofreció su video para saber qué había pasado ese día. Pero ese video acá no llegó. Y lo que dijo el testigo es que nunca lo pasaron a buscar. Y hay una constancia de que parece que ese video se retiró, pero acá nunca llego y ese video era importante”, explicó. Esa prueba, que nunca se puso a disposición de la causa, pudo haber sido determinante para conocer cuándo y en qué condiciones Franco entró y salió de la comisaría.
El juez también hizo una descripción de “la jaulita” donde Franco estuvo detenido: “Siniestro es poco. No hay nada, una silla para sentarse, agua, inodoro. Era un lugar cerrado donde tenías unas rejas tapadas además con una chapa para que no se viera lo que pasaba ahí adentro”.
Respecto a sus condenas, Paulucci explicó su pedido de perpetua contra Álvarez, Zorzoli y Díaz. “Fueron los que lo detuvieron, lo llevaron, estuvieron a cargo de las torturas, que empieza al haberlo dejado en esa jaula, de los golpes, la desaparición y el homicidio”, explicó. “No hay posibilidad de que no fueran partícipes”, sentenció.
Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional calificaron al fallo como “bochornoso” y se mostraron sorprendidos por las absoluciones “teniendo en cuenta que un juez federal, un fiscal federal, una cámara de apelaciones y una cámara de Casación vio otra cosa en instancias anteriores”. También señalaron que el juicio se desarrolló en un contexto “de acciones de hostigamiento sistemático en redes sociales y en el espacio público a los familiares de Franco y en una campaña de desprestigio a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que acompañamos el pedido de justicia”.
“Durante el juicio, se pudo acreditar que Franco fue detenido por averiguación de antecedentes pero su ingreso no fue registrado por los policías. Además, los testigos que estaban aquel día detenidos en la misma comisaría 7ª de Rosario dieron cuenta de que escucharon la tortura de los policías a Casco»
Y si bien destacaron que llegar a este tipo de instancias no es algo menor, adelantaron que van a apelar la sentencia con intención de lograr justicia. “Hoy es un día que quedará en la historia de la ciudad de Rosario, un día en el que en medio de la crisis de violencia urbana que vive la ciudad y que genera tanto sufrimiento, asistimos a un fallo vergonzoso para quienes deseamos vivir en una sociedad más justa, menos cruel y desigual”, lamentaron.
En una misma línea, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que participó del juicio como querellante, compartieron un comunicado donde manifiestaron su preocupación por el fallo: “A pesar de la prueba y los testimonios tan exactos, dos de los tres jueces del Tribunal avalaron tales conductas con una absolución masiva de todos los imputados”.
“Durante el juicio, se pudo acreditar que Franco fue detenido por averiguación de antecedentes pero su ingreso no fue registrado por los policías. Además, los testigos que estaban aquel día detenidos en la misma comisaría 7ª de Rosario dieron cuenta de que escucharon la tortura de los policías a Casco. En ese sentido, se exhibió la fotografía que le fue tomada al joven en la misma comisaría, en la cual se lo ve golpeado y mojado”, recordaron en el documento.
Las distintas organizaciones que participaron en el camino de acompañamiento a la familia coinciden en que es el primer capítulo de un proceso que continuará a partir de la publicación de los fundamentos primero, y con la apelación después. Pero la misma pregunta que se hacía Elsa Godoy hace nueve años sigue flotando en el aire. Y el proceso judicial aún no la pudo esclarecer.
¿Qué pasó con Franco Casco?
La reconstrucción del caso a través de nuestras notas:
