La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia fue uno de los hechos más disruptivos que vivió el continente sudamericano en los últimos años. Los dos pilares de su gobierno, la paz total y las reformas sociales de su Plan Nacional de Desarrollo, serían el sostén para concretar el “vivir sabroso”, popularizado por su Vicepresidenta Francia Márquez. A casi un año de su asunción, los obstáculos que le impone la dinámica de poder estructural colombiana obstaculizan su objetivo y generan nubarrones en el horizonte.
Foto principal: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Colombia es de esos países que a veces cuesta comprender cómo maridan la alegría de su gente con lo dramático de su historia. Pocos pueblos son tan característicamente alegres y cálidos como el colombiano, con su diversidad, sus tradiciones, su música y sus bailes. Pocos países en el mundo reúnen ecosistemas tan diversos como la Amazonía, los Andes y las playas caribeñas. Y pocos países tienen, sobre todo en nuestro hemisferio, un conflicto fratricida de medio siglo que desangra a ese pueblo.
Gustavo Petro y Francia Márquez llegaron al gobierno planteando conceptos e ideas que se oponían a las que habían primado en Colombia durante décadas. Ante la guerra eterna, se apuesta por la negociación y la paz. Ante las desigualdades sociales, se rechaza su carácter ineludible y se impulsa la redistribución de los bienes comunes. Ante la “guerra contra las drogas”, que lleva décadas de fracaso, se intenta otra manera de lidiar contra el narcotráfico y la economía ilegal, intentando asimilar los intereses campesinos, con perspectiva social y ambiental.
El hecho de que Petro haya llegado a la segunda vuelta de las elecciones de 2022 con un “outsider” como Rodolfo Hernández, marca que el electorado colombiano buscaba un cambio significativo en cuanto a la manera de hacer las cosas. Claro, el gobierno de Iván Duque se apegó dogmáticamente a los lineamientos conservadores y generó más pobres, más muertos, más conflictividad y un rechazo pocas veces visto en la historia reciente del país. Los paros nacionales, las mingas indígenas y una articulación notable entre los trabajadores, los estudiantes, y los líderes sociales, mostraron al mundo que en Colombia el proyecto neoliberal se había agotado.
Gustavo Petro y el Pacto Histórico llegaron al gobierno afirmando que en Colombia se había terminado la era de la guerra, de la desigualdad y de la impunidad. Para ello, se valdría de dos pilares: la paz total y las reformas agrupadas en su Plan Nacional de Desarrollo. Prioridades en esta vida: primero, bajar las armas. Luego, las conquistas sociales. El Presidente creía que una cosa llevaría a la otra, que la resolución del conflicto interno otorgaría las condiciones para generar una mayoría que le permitiría ir a fondo con su programa de reformas. Y todo esto, sumado al carisma que caracteriza a Petro, con sus referencias usuales a los símbolos y a la Historia. Algo de esto sucedió aquel 7 de agosto, cuando asumió como Jefe de Estado, e hizo llevar la espada de Simón Bolívar al acto, dejando al Rey Felipe IV pintado en su silla, cual retrato de los Borbones en alguna obra de arte en Madrid.
Sin embargo, y pecando de estar escribiendo con el subvalorado diario del lunes, era una posibilidad que a Petro le pase lo mismo que le sucedió a Gabriel Boric en Chile y que, con mayor o menor intensidad, viven varios gobiernos en la región: la crisis de expectativas. La pandemia y otros fenómenos de orden social y geopolítico que no desarrollaremos aquí, generaron un nivel de apatía que extinguieron aquella expresión característica de la política que se refería al período de “dejar hacer y otorgar gobernabilidad”: la luna de miel. A veces de 100 días, a veces de 6 meses. Eso ya fue. Petro rápidamente puso en marcha su agenda de paz y reformas, y pronto comenzó a ver los obstáculos.
La paz total: ¿un sueño posible?
Petro asumió en agosto del 2022 decidido a cerrar los frentes de conflicto. En el plano externo, restableció las relaciones con Venezuela, rotas desde que el ex Presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como Presidente Interino de la República Bolivariana, y ofreció su territorio como base de operaciones para sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Los comerciantes y los venezolanos que migraron a Colombia de a miles en los últimos años, agradecidos.
En el plano interno, había una hoja de ruta “lógica”: implementar los lineamientos de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016 por el Estado colombiano, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Luego, utilizar ese esquema para negociar ceses al fuego y otros tratados de paz con las otras grandes organizaciones armadas que aún operan en Colombia: las disidencias de las FARC (representadas en el Estado Mayor Conjunto y la Segunda Marquetalia) y, sobre todo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
No obstante, la paz total también requiere negociar con otras organizaciones: los paramilitares. Estos grupos, con probados vínculos con las estructuras estatales militares y policiales y el narcotráfico, tuvieron una alianza no declarada con los sucesivos gobiernos de Colombia que los utilizaban como fuerza de choque contra las guerrillas, pero también contra líderes sociales, indígenas, campesinos y todo aquel que levante la voz contra injusticias perpetradas por empresarios, narcos o el propio Estado. El drama de los “falsos positivos”, asesinatos de civiles por parte de estos grupos y del Ejército que hacían pasar a las víctimas como guerrilleros, experimentó un crecimiento descomunal en el gobierno de Duque.
Lo cierto es que Petro contactó al Clan del Golfo y a los paramilitares de Sierra Nevada, que del norte del país, para establecer un armisticio que frene los disparos de balas y el reguero de sangre. El 31 de diciembre de 2022, firmó un cese al fuego con todas estas organizaciones que mencionamos y que, con el correr de los meses, tuvieron contratiempos, incumplimientos, y el retorno a la amarga normalidad. El agravante es el de siempre: en las noticias, los titulares ofrecen malas nuevas. En el territorio, son los niños, las niñas y sus familias los que quedan a la deriva. Hoy, los menores de edad son un porcentaje altísimo de víctimas del conflicto interno.
Con el ELN sucedió algo similar. En el afán de lograr la suma de las voluntades del sistema político y social de Colombia, el Gobierno convocó a la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), una de las organizaciones empresariales más ligadas al paramilitarismo, a formar parte de las negociaciones con la guerrilla. Más tarde, el ELN desmintió el cese al fuego anunciado por el gobierno. A veces operan el incumplimiento, los malos entendidos o las negociaciones que salen mal. La experiencia reciente hace mella en la confianza. Desde el año 2016, numerosos ex integrantes de las FARC que habían tomado el compromiso de incorporarse a la política y dejar las armas, fueron asesinados. Duque, al igual que su mentor y jefe político, el ex Presidente Álvaro Uribe, se caracterizaron por sacar tajadas importantes de poder del conflicto interno. La paz firmada en 2016 fue de cartón en muchos aspectos, y cuando uno se quema con leche, ve una vaca y se larga a llorar.
En el mes de junio se abrió una nueva posibilidad de avanzar en este frente, dado que el gobierno y el ELN volvieron a acordar un cese al fuego bilateral por 6 meses que se puso en vigencia el 10 de julio, sentando las bases para volver a conversar entre agosto y septiembre con el auspicio del Gobierno de Cuba.
No obstante, la realidad es que el proyecto de convertir a Colombia en “potencia mundial de la vida” encontró rápidamente obstáculos. No puede negarse la voluntad que tuvieron, tanto Petro como sus funcionarios en el tema, en encontrar rápidos resultados. La política, sin embargo, demuestra una vez más que la pura voluntad será imprescindible, más no suficiente para encauzar los objetivos.
Quizás el principal paso en falso del Gobierno fue haber tenido una “política de paz sin contar con una política de seguridad”.Los enfrentamientos entre las Fuerzas del Estado y las organizaciones armadas efectivamente han disminuido. Pero esta coyuntura impulsa a estos grupos a luchar entre sí para ganar territorio, poder y mejores condiciones de negociar con el Gobierno, como ha sucedido en los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, cerca de la frontera con Venezuela. Y esto deja, como se dijo antes, a los pibitos y las pibitas en el medio. Han aumentado los reclamos de las poblaciones que denuncian cómo los paramilitares y las organizaciones políticas armadas reclutan, de manera forzosa, a menores de edad en este marco de ‘armas menos ruidosas’. Que no haya disparos no quiere decir que la violencia se haya terminado.
Las reformas y las coaliciones, temas complicados
El año pasado, cuando tuvieron lugar las elecciones legislativas, Petro era el favorito para ganar la Presidencia, algo que sucedió 6 meses más tarde. De cualquier manera, el Pacto Histórico logró 20 senadores de 108 y 27 representantes (a quienes nosotros llamamos diputados) de 172. Si el Presidente iba a impulsar las reformas que prometía, debía obviar la participación del Legislativo o bien pactar con otras formaciones.
Petro apostó decididamente por conformar una especie de “gobierno de alianza nacional”. En los primeros meses de su gobierno, además del llamado a la paz total, propició el diálogo con su enemigo de siempre, Álvaro Uribe, e invitó a algunos de los partidos tradicionales para que lo acompañen en el Congreso y para que gestionen ciertas carteras ministeriales.
De esta manera, convocó al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido de la U para que se sumen a la coalición de gobierno y apoyen sus reformas. Además de hacerlos parte del Gabinete, nombró como Ministro de Hacienda a José Antonio Ocampo, un ex economista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que había sido asesor del candidato presidencial Sergio Fajardo. Así, el Presidente disipaba los trillados dardos de la derecha que lo acusaban de imponer un programa agresivo de estatizaciones que traerían el comunismo a Colombia y el fin de la economía de mercado. Cosa conocida
Sin embargo, el escollo vino con las reformas. La primera fue la tributaria, de carácter progresivo, dado que Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda. Dicha reforma fue aprobada. Pero cuando Petro introdujo las reformas de pensiones, de trabajo y, sobre todo, la agraria y la de salud, sus aliados comenzaron a quitarle su apoyo.
Para fines de abril, el Presidente se quejaba de lo lento que avanzaban sus políticas en el Congreso. Al tratarse la reforma de salud -caracterizada por la Ley 100, una oda al neoliberalismo-, el Partido Liberal votó dividido y las reformas se cajonearon en el trámite legislativo. Y allí fue cuando Petro dijo basta.
Lo primero que hizo fue romper la coalición de gobierno. No habrá más lugares para las formaciones que le habían frenado su agenda transformadora. Es entendible. Ante la falta de avances significativos en la agenda de paz total, Petro se enfocó en su otro pilar y decidió correr a aquellos que consideraba que le ponían palos en la rueda. Sacó a los Ministros de otros partidos y, en su lugar, colocó a gente de su confianza. Fundamentalmente, se sumaron al Gabinete personas que habían formado parte de su equipo cuando fue Alcalde de Bogotá.
En segundo lugar, se modificó la estrategia legislativa. Ya no negociaría con los partidos, sino congresista por congresista. El Presidente observó que había dirigentes, sobre todo del Partido Liberal, que no estaban de acuerdo con la cúpula de la formación y tenían intención de acompañar sus políticas.
Tercero, y no menos importante, intentó poner en juego la otra alianza que construyó: con la calle. El Presidente llamó a marchar el 1° de mayo y dio un discurso en la Plaza de Armas de Bogotá que no es común escuchar en los mandatarios que hoy dirigen los destinos de los países latinoamericanos. Mejor dicho, ¿qué presidente de la región hoy llama a que sus bases defiendan sus políticas en la calle?
“No nos dejen solos en estos palacios grandes y fríos”, disparó. “Necesitamos una clase trabajadora que tenga una alianza inquebrantable con este gobierno”. El Presidente, consciente de su carisma y de la popularidad de la que aún goza, llamó al pueblo colombiano a defender sus reformas en las calles.
Por ahora, las bases petristas responden. El 7 de junio, a un poquito más de un mes de la marcha del 1° de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) llamaron a marchar a favor del Gobierno, luego de que Petro fuera acusado de recibir financiamiento ilegal para su campaña presidencial. Aunque ya hablaremos de esto luego.
“Petro, amigo, el pueblo está contigo”, vociferaba la multitud ante un Presidente que identificó rápidamente a los medios de comunicación y a sectores del Poder Judicial (vaya coincidencia, ¿no?), como sus enemigos.
Interesante incógnita plantea el Presidente, en buscar apoyarse en la calle para defender sus políticas. Esta segunda etapa del Gobierno se encuentra en pleno desarrollo, caracterizada por un Gabinete menos ecléctico y un llamado a fortalecer la gobernabilidad callejera. Aunque hay que remarcar algo: la paz total, concepto fundamental de los primeros meses del mandato, no estuvo presente en ninguno de los dos discursos.
Los mismos de siempre
Era una posibilidad que la oposición al Gobierno de Petro no la encabezaría Rodolfo Hernández, el perdedor del ballotage. Tampoco lo harían los partidos del centro, que se debaten internamente si acompañar o no las reformas petristas.
Álvaro Uribe Vélez no solo fue el único Presidente de Colombia que logró la reelección, reforma constitucional mediante. Fue, quizás hasta la irrupción de una personalidad fuerte y carismática como la encarnada por Petro, la figura central de la política colombiana. Sus posicionamientos intransigentes con respecto a las organizaciones armadas, su popularidad su relación predilecta con los Estados Unidos, su habilidad para tejer acuerdos con actores oscuros por debajo de la mesa y una capacidad enorme de ejercer influencia frente a amplios sectores del sistema político y económico del país, le permitieron a Uribe ser el gobernante en las sombras del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), a quien puso a dedo. En 2016, cuando parecía que Colombia ya se había hartado de la sangre derramada y Juan Manuel Santos (2014-2018), el expresidente de centro derecha, llamó a un referéndum para consultar sobre los acuerdos de paz con las FARC, Uribe fue el primero que llamó a votar en contra y a torcer voluntades. El No ganó con el 51% de los votos y le permitió al político antioqueño generar las condiciones para ganar las elecciones poniendo a su delfín.
Si bien Petro apostó por la unidad nacional y se reunió con Uribe tras décadas de acusarlo de los males que asolan a Colombia, el partido del ex Presidente, el Centro Democrático, se convirtió en la oposición referenciada a su gobierno. Como suele suceder en este tipo de coyunturas, el Centro Democrático acusó el golpe de las elecciones de 2022 inclinándose más a la derecha y dándole lugar a sus dirigentes más radicalizados.
Allí entra la figura de María Fernanda Cabal, una senadora que ha encolumnado detrás de sí a las espadas más vociferantes de la oposición y se ha dedicado a tratar de deslegitimar el triunfo electoral de Petro en primer lugar, y todas sus políticas posteriormente. Con una lógica bolsonaresca, Cabal suele apoyarse en las fake news de rigor para desacreditar al Presidente, primero como político y luego como persona. Su cuenta de Twitter es todo un cambalache, desde hace ya varios años.
Como no podía ser de otra manera, también entran en este juego los principales medios de comunicación, caja de resonancia omnipresente frente a cualquier Gobierno que toque un mínimo interés del poder establecido. Las usinas comunicacionales han sido las fábricas de campañas virulentas contra el Presidente y su gobierno. Acusaron al hijo de Petro de narco, y más recientemente tomaron una grabación del ex Embajador en Venezuela, Armando Benedetti, para acusarlo de haber recibido financiamiento ilícito para su campaña presidencial. Benedetti fue otra piedra en el zapato de Petro. Asesor durante la campaña y proveniente del mundo empresarial, se quejó de que lo hayan mandado a trabajar a Caracas y generó una crisis política con sus operaciones mediáticas que terminó llevándose puesta a la Jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Los dardos, más allá de la buena voluntad para tender puentes, vienen de ajenos y de algunos propios.
Para concluir, y constituyendo un problema más serio que operadores e inventos mediáticos, están los militares. Ya es añeja la discusión sobre las fuerzas profundas que operan en ciertas instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, y su posibilidad de apegarse o no al orden democrático y republicano cuando un Gobierno antioligárquico llega al poder. Bajo una lógica de defensa corporativa pero también de amor al golpismo, el coronel retirado John Marulanda habló hace poco de la necesidad de “defenestrar a Petro” y sacarlo del poder, valiéndose de los militares de reserva. El combo, claro, viene completo. “Narcoterrorista”, “comunista”, “castrochavista” y demás adjetivaciones, hace tiempo forman parte de este exponente del pensamiento ultraderechista, que sin pelos en la lengua llamó a interrumpir el orden democrático colombiano.
Prueba esta última de que las palabras a veces se las lleva el viento. Pero con dos paredes que tiren estos actores, pueden generar una crisis política en un país que es una armería a cielo abierto y con lealtades que muchas veces no se exponen con claridad.
Conclusiones
En opinión de quien escribe, Petro ha sido la principal novedad de los partidos populares latinoamericanos en los últimos años. Su agenda ambiciosa, su voluntad para llevarla a cabo y su coraje para enfrentar a enemigos peligrosos, lo ubican en el grupo de dirigentes políticos a los cuales se le pueden realizar críticas de forma y por sus tácticas, pero nunca perderle el respeto. Al menos alguien que acuerda con su visión de las cosas. Su capacidad para poner en la agenda los intereses de las mayorías, en un contexto en el que la búsqueda de dignidad para los humildes y el cuestionamiento de los intereses de los poderosos parecen expresiones de incorrección política, hablan de una personalidad política que es digna de tener en cuenta a la hora de buscar referencias que planteen una alternativa al orden desigual establecido. Sus intervenciones públicas en temas sociales, ambientales y económicos, sus referencias a la necesidad de hacer partícipe al pueblo de las decisiones de Gobierno, y su insistencia por lograr mejores condiciones de vida para la mayoría de los colombianos, han generado una expectativa en el continente que implicó que Colombia sea mirada con atención por aquellos que seguimos la política latinoamericana.
Sin embargo, esta expectativa puede operar en contra de Petro. La pura voluntad que parece guiar sus decisiones, la falta de ciertas estrategias para acumular poder, y los cuestionamientos a su enaltecido personalismo marcan límites para el logro de sus objetivos. Vinculadas con esto último están las críticas de aquellos que le exigen que le de un poco más de lugar a su Vicepresidenta, Francia Márquez, que por ahora no ha ganado la centralidad que merece por su historia, pero también por su potencia política.
Los desafíos que enfrenta Colombia son similares a los de la región, pero específicos dado su conflicto de más de medio siglo. Petro tiene tres años para demostrar que su voluntad puede traducirse en realidad efectiva para su pueblo.
