En Rosario, un grupo de fiscales tiene una tarea cuanto menos dificultosa: investigar las balaceras que se dan en una ciudad jaqueada por la violencia. La Unidad de Balaceras se creó en 2020 para esclarecer un fenómeno que aparecía como emergente, pero que en los últimos años se arraigó al mapa delictivo rosarino. Valeria Haurigot, jefa del equipo, destaca los buenos resultados obtenidos en materia judicial, aunque reconoce que eso no se tradujo en una disminución de casos: “Son muchísimas las personas privadas de la libertad por estos hechos, pero evidentemente esto no es suficiente para que baje el fenómeno”.
Fotos: Fernando Der Meguerditchian
— Dejen de hablar al pedo. Esto no va a quedar así.
Nazareno “Anteojito” Gauna escupe la frase en medio de la audiencia imputativa de la que participa vía zoom. No es el protagonista de la jornada: hay 19 personas que serán imputadas acusadas de integrar una banda narcocriminal liderada por el peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, dedicadas a realizar extorsiones y balaceras. Gran parte ya están detenidos por otras causas, pero operan desde la cárcel. Según la investigación realizada por los fiscales de la Unidad de Balaceras, Valeria Haurigot y Franco Carbone, la banda llegó a balear tres veces un mismo domicilio reclamando el pago de una presunta deuda que los inquilinos tenían con la organización.
Pero a Gauna la acusación no le cerraba. Y lanzó la amenaza contra los fiscales, bajo la mirada atenta del juez. No es la primera vez que les pasa. Haurigot, también, ha recibido otro tipo de amenazas, pero intenta bajarle el tono al asunto. Dice no tener miedo, aunque reconoce que también tomó sus recaudos. Tiene 41 años y, salvo por su trabajo, el resto de su vida es normal.
Su trabajo: investigar y tratar de esclarecer las balaceras, extorsiones y amenazas en Rosario.
Es abogada desde 2005 y siempre estuvo en la órbita del derecho penal. Primero como defensora de ejecución en el penal de Coronda, luego como secretaria de un juzgado de garantías en San Nicolás, y después en la Unidad de Investigación y Juicios de Delitos Complejos de la Fiscalía de Rosario. Desde 2020 comanda la Unidad de Balaceras compuesta por otros tres fiscales más (Pablo Socca, Franco Carbone y Federico Rébola) a la que se le suma un equipo de trabajo técnico.
En una charla con enREDando explica cómo es investigar el delito en la ciudad, el balance de lo realizado hasta el momento, y hasta el impacto de los medios de comunicación en su tarea. “Hemos llegado a buenos resultados punitivos, pero que no se lograron trasladar en una disminución en el número de casos, ni de las balaceras, ni de extorsiones”, señaló.
— ¿Qué es la Unidad de Balaceras?
— Se le dice así de manera coloquial, porque en realidad la balacera es una categoría criminal, pero no es un delito previsto en el código penal. Los delitos que implican balaceras suelen ser extorsiones, abusos de arma, tentativa de homicidios o intimidaciones públicas, siempre que se comentan con armas de fuego. Toda esa tipología se incluye en el marco de la valoración político criminal balacera, y que es la que se utiliza para mencionar a esta oficina en particular dentro de la Fiscalía Regional de Rosario. Formalmente se denomina Equipo de Abordaje para Delitos Cometidos con Armas de Fuego.
—¿Cómo funciona?
— Es un equipo de trabajo que se creó en el 2020 por decisión de la doctora María Eugenia Iribarren (Fiscal Regional de Rosario) junto con Jorge Baclini (Fiscal General). Ambos estaban muy interesados en abordar esta problemática que en ese momento aparecía como un patrón de conducta emergente. Habíamos tenido las primeras balaceras en la zona de Nuevo Alberdi, que yo las había trabajado cuando era fiscal de Investigación y Juicio, y empezábamos a ver que la ráfaga de tiros contra viviendas aparecía como modus operandi. En 2018, a su vez, se dan una serie de intimidaciones contra edificios públicos por parte de la banda de Los Monos, que ya están condenados, para obtener ciertas concesiones de los poderes públicos. Y en el 2020 se reiteraban los ataques a lugares sin una finalidad clara.
Entonces se decide conformar el equipo de trabajo para hacer una lógica inversa a la que se venía ejecutando. Durante la gestión de Patricio Serjal (ex fiscal regional de Rosario, destituido por sus vinculaciones con el juego ilegal en la provincia) se creó una oficina en la cual se separaban las portaciones y las tenencias, y se buscaban condenas por esos delitos. Vimos que esa modalidad no daba resultado porque te quedaba esa persona con el arma, una gran cantidad de condenados, pero ninguna explicación de lo que pasaba atrás de eso. Entonces se planteó una lógica inversa: en lugar de condenar las portaciones y tenencias inmediatamente, decidimos ampliar el plazo de investigación para ir hacia atrás en el tiempo y ver qué era lo que se buscaba. Es decir, por qué esa persona estaba con un arma, quién se la había dado, tratar de descubrir lo que es el circuito de armas de fuego, quién le daba las órdenes y si pertenecía a una estructura delictiva de mayor envergadura. Siempre con la idea de apuntar a los estratos más altos de una organización delictiva. Empezamos a trabajar diferente: lo que cambia es la lógica de análisis del fenómeno delictivo.
—¿Desde su creación cómo evolucionaron los casos?
— Después de que hay un procedimiento grande que incluye allanamientos y detenciones, se da una suerte de meseta, una disminución en el número de casos. Pero luego, por diferentes factores eso cambia drásticamente y el número de balaceras empieza a subir, generalmente como consecuencia de algún homicidio puntual. Los puntos álgidos se dan en barrio Las Flores, Vía Honda, Empalme Graneros, Ludueña. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos también, conjuntamente, lo que son las extorsiones que no necesariamente incluyen balaceras. En el último tiempo tuvimos muchas denuncias de comerciantes a quienes piden una suma de dinero para no balearlos.
—¿Qué balance hacen del trabajo de la Unidad hasta el momento?
— Hemos llegado a buenos resultados punitivos, pero que no se lograron trasladar en una disminución en el número de casos, ni de las balaceras, ni de extorsiones. Hemos logrado esclarecer multiplicidad de hechos. Cada uno de nosotros (los tres fiscales) tenemos alrededor de cien presos preventivos cada uno, y unos 50 presos condenados. Son muchísimas las personas privadas de la libertad, pero evidentemente esto no es suficiente para que baje el fenómeno. Nosotros podemos decir que tenemos buenos resultados desde nuestro objetivo, que es el que impone la ley, pero en realidad lo que uno ve como ciudadano, o como actor relevante en el sistema de seguridad, eso no es para nada suficiente. Esa es la lectura que hacemos en estos años de trabajo.
Nosotros podemos decir que tenemos buenos resultados desde nuestro objetivo, que es el que impone la ley, pero en realidad lo que uno ve como ciudadano, o como actor relevante en el sistema de seguridad, eso no es para nada suficiente.
—¿Si los resultados son buenos, por qué la sensación es que la espiral de violencia es cada vez más grave?
— Los resultados judiciales son muy buenos. Pero hay que tener en cuenta cuál es nuestro rol: nosotros como Fiscalía lo que buscamos es esclarecer los hechos, detectar a los culpables y buscar las penas que creemos que corresponden para estos casos. Es importante tener en cuenta eso porque nosotros tenemos muy poca incidencia en la política de prevención. Ya agarramos el delito cuando sucede. Y lo que nos encontramos cuando el hecho sucede es la desesperación de los comerciantes que ven afectada su libertad de trabajo. O La desesperación de los padres y los docentes en el caso de las escuelas, porque el nivel de violencia que genera el disparo de arma de fuego es enorme. Genera impotencia y mucho temor. Y nosotros trabajamos con víctimas que están en ese nivel de desesperación.
—¿Qué falta para que disminuya?
— Esto lo puedo responder a nivel personal, porque yo también cada día me lo pregunto. E incluso siendo autocrítica con nuestro trabajo desde la Fiscalía, lo que encuentro es que lo que es esclarecimiento y privación de la libertad tenemos muchas causas. Pero la respuesta más grave que puede dar el Estado, que es la prisión, no funciona porque fracasan los controles dentro de las cárceles. Eso es esencial y responde a una multiplicidad de factores, porque hay importantes reclamos de parte de los guardias de servicio penitenciario que son atendibles. Incluso, hace poco un guardia denunciaba que era víctima de los narcos que estaban presos. Son condiciones infrahumanas de trabajo y también de alojamiento para los internos que repercute negativamente en el afuera. Es un impacto directo. No puedo pretender mejorar ningún índice si una persona sale de la cárcel en peores condiciones de la que entró. Y menos si el sistema empuja a las personas que ingresan a un penal a “afiliarse” a una organización criminal. La respuesta hoy termina siendo una reacción espasmódica que no es suficiente si no se tocan todos los demás resortes.
Pero eso lo miro de afuera porque soy muy cuidadosa de establecer cuál es mi rol. Yo soy una funcionaria pública que trabaja con lo que dice el código procesal penal y sobre todo la Constitución. Pero visiblemente, uno no puede hacerse la tonta. Hace años que hablamos de comunicaciones desde adentro de la cárcel donde se dan instrucciones hacia afuera generando violencia y pidiendo muertos. Esto no nos tiene que sorprender: hace como mínimo tres años que lo venimos diciendo. Creo que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para ver cuál es la mejor manera de trabajar ante ese fenómeno. Claramente va a ser con la educación como eje central, de más está decirlo.
No puedo pretender mejorar ningún índice si una persona sale de la cárcel en peores condiciones de la que entró. Y menos si el sistema empuja a las personas que ingresan a un penal a “afiliarse” a una organización criminal. La respuesta hoy termina siendo una reacción espasmódica que no es suficiente si no se tocan todos los demás resortes.
—¿Cuántas balaceras hubo desde el lanzamiento de la Unidad?
— Nosotros tenemos una planilla de lo que es consumo interno de causas judicializadas. No es un número que demos a conocer porque no nos corresponde. Como fiscales de grado lo que hacemos es analizar los casos a través de distintas técnicas de investigación. El número es muy variable y depende de las épocas. Sí te puedo decir que se ha mejorado mucho el cotejo de vainas: estamos pudiendo determinar que ciertas armas se utilizan para más de dos o tres balaceras. Ese es un dato de interés para nosotros porque nos orienta sobre cuál puede ser la motivación para que un determinado grupo quiera producir daño en diferentes objetivos relacionados entre sí.
—¿Qué es lo que motoriza una balacera?
— Son múltiples los factores. La extorsión a los comerciantes es la búsqueda por el dinero. Es un sector criminal que compite con el Estado: te doy seguridad, vos me das dinero. Esto es un delito tremendo, porque en realidad la misma persona que te ofrece la protección es la que te origina el riesgo. Entonces la víctima queda en una red sumamente perversa y es muy difícil salir de ese círculo. Por suerte son muchas las personas que lo denuncian y hemos llegado a determinar que gran parte de esos casos vienen desde la cárcel. Son grupos medianamente organizados y hasta muy básicos, que afuera tienen parientes o personas de su confianza que aportan un CBU o que van a buscar el dinero. El caso de los comerciantes es el más emblemático porque el objetivo es buscar plata.
Después está todo lo relacionado con el fenómeno de la droga. Tanto el cobro de deudas por droga como las intimidaciones para asegurar territorio. O incluso mostrarle a los propios empleados de las organizaciones que el jefe es quien tiene el poder aunque estén privados de la libertad. Eso solo se logra con violencia y la violencia se ejerce con el uso de armas de fuego. Entonces esos son los dos grandes grupos que notamos.
El tercer grupo tiene que ver con la desestabilización, con factores de poder detrás de esos atentados. Y que también los estamos investigando porque ya aparecen tintes de otra índole, con menciones a funcionarios públicos y a políticos. Son hechos que se relacionan más con una idea de mostrar poder o a la vez generar caos. Es un tema muy sensible y buscamos diferentes técnicas de investigación, sin apartarnos jamás del objetivo de la Fiscalía y cada uno cumpliendo su rol. Justamente porque se trata de temas muy sensibles.
—¿Y en el caso de las escuelas?
— En las escuelas tenemos distintos casos, algunas que fueron balaceras y otras donde las intimidaciones se dieron a través de una nota, pintadas, o llamados al 911. En general se relacionan con peleas entre bandas narcocriminales y la necesidad de notoriedad. Se sabe que la escuela, por lo que representa, genera inmediatamente una cobertura y una atención por parte tanto de la prensa como de los operadores judiciales. Nosotros venimos analizando diferentes niveles de medidas, o de urgencia de las medidas de acuerdo a los casos. Lo que la Fiscalía te permite es ir reuniendo los casos de acuerdo a patrones comunes para que sea más ágil la investigación. Y que eso pueda dar resultado en la práctica.
(Nota de la Redacción. El miércoles 5 de julio los fiscales que integran la Unidad de Balaceras imputaron a Francismo Riquelme como presunto ideólogo de balaceras contra dos escuelas, una cárcel y dos comisarías, entre abril y mayo de este año. También fueron imputadas otras tres personas acusadas de integrar la organización y participar de los hechos.
A Riquelme, que se encuentra detenido en penal federal de Ezeiza, se lo considera el jefe de un grupo que responde a Esteban Lindor Alvarado, enfrentado en una disputa por distintos territorios de la ciudad con la banda de Los Monos. Durante la audiencia, los fiscales expusieron que el motivo de los ataques estuvo vinculado a generar conmoción y que se viralicen mensajes dirigidos tanto a la banda rival como a las autoridades del Servicio Penitenciario).
—¿Tienen identificado cuánto se paga una balacera?
— Es fluctuante. Lo que sabemos es consecuencia de las investigaciones que llevamos adelante, porque en las audiencias nosotros leemos escuchas o contenidos de análisis de celulares y uno puede sacar algunas conclusiones. No es preciso generalizar. Pero hay casos puntuales en que lo hacen por una moto, por 50 mil pesos, o por 100 mil pesos. En un momento se ofrecían dos millones de pesos por un homicidio, pero no está tabulado. Es la necesidad del sicario en ese momento, o de la persona que capta la organización para llevar adelante el emprendimiento delictivo.
En una audiencia el año pasado leímos varios pasajes de una conversación donde un líder, desde la cárcel, quería formar un grupo de trabajo estable, con un vínculo semanal, por el solo hecho de estar disponible para hacer cualquier delito. Pero además, pagaba también el delito puntual que se encomendaba. Eran cuatro personas que recibían una suma de dinero cada uno por el solo hecho de estar disponible. Es un acuerdo que tiene similitudes contractuales del ámbito formal.
—¿Impacta en el trabajo de ustedes la rápida viralización de las amenazas por los medios de comunicación?
— Sí. En su momento hemos hecho recomendaciones sobre la difusión de los nombres de las personas involucradas, porque terminaba siendo como una propaganda gratuita. Y en un contexto de exclusión social, donde los jóvenes son carne de cañón para que los atrapen estas redes, darle esa entidad significa darle más notoriedad y que después se valgan de esa notoriedad para captar personas que integran las estructuras. Entones nos parecía que lo mejor, sin perjuicio de que la libertad de expresión y de prensa es un valor central, era buscar la manera de difundir la información sin dar entidad a los nombres personales de quienes hacían las amenazas, como para no subirle su propio estándar o su franquicia.
—¿Tuviste miedo en algún momento?
— Tuve épocas en las que me he resguardado más porque había amenazas concretas y tomamos algunos recaudos. Pero nunca eso afectó el desarrollo de mi trabajo. Lo más inconveniente no es cuando hay amenazas de grupos, sino de diferentes sectores que se involucran en el trabajo tratando de perjudicarlo o de sembrar dudas a través de dichos. Es un trabajo difícil porque a medida que uno quiere salir de la persecución penal tradicional, que es al joven pobre y excluido, se van tocando distintas estructuras que generan resquemores y esas también son formas de amenazar o de coartar la independencia. Si bien no lo lograron, son puntos a tener en cuenta a la hora de elegir este trabajo.
Es un trabajo difícil porque a medida que uno quiere salir de la persecución penal tradicional, que es al joven pobre y excluido, se van tocando distintas estructuras que generan resquemores y esas también son formas de amenazar o de coartar la independencia.
