Testimonios, reflexiones, sentencias, ideas, semillas. Un Congreso de Salud Socioambiental y las voces que se encuentran. La memoria y la resistencia como formas de reexistencia en tierras de sacrificio. La geopolítica de la enfermedad, la lógica extractivista y el brazo represivo para su expansión. “Vienen por el agua”, denuncian las comunidades que luchan por su derecho a existir. La Marcha de los Barbijos, los juicios éticos y populares. La calle y la ética del cuidado frente a la artificialidad de la vida.
Fotos: Edu Bodiño / Congreso Salud Socioambiental. Realización audiovisual: Tomás Viu
“Se nos pudrió el agua” exclama con furia Silvia Martinez Del Río, uruguaya, setenta años y toda una vida dedicada a la lucha socioambiental en su país. El lugar en el que diserta es el amplio y majestuoso salón del ECU, el ex Banco Nación convertido en un espacio cultural de la Universidad Nacional de Rosario. Silvia es parte del Tribunal del Juicio Ético y Popular encargado de juzgar a los ecocidas, una herramienta de justicia simbólica pero necesaria, construida al calor de las voces silenciadas y los dolores que cargan en sus cuerpos las comunidades afectadas por el modelo productivo a lo largo y ancho de América Latina.
El proceso lleva más de un año y hasta el momento se realizaron casi una veintena de audiencias populares y se recogieron 110 testimonios. “Identificamos casos, áreas temáticas. La expansión del agronegocio, la megaminería, la extracción de litio, hemos tenido audiencias donde se problematizó el avance del agronegocio sobre los humedales, el extractivismo urbano y la deforestación. Hay una coexistencia territorial de distintas formas de extractivismo y emprendimientos ecocidas. Hay territorios que son estratégicos y son ponderados por el capital” anticipan quienes integran el equipo de la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala “Berta Cáceres”, la impulsora del juicio. En las veinte audiencias realizadas se repiten los mismos actores, desarrollando emprendimientos con las mismas lógicas de saqueo y con los mismos impactos socio-territoriales. “Hay un entronque entre extractivismo urbano y rural y una concentración abismal de la ganancia en un puñado de actores, solo 5 empresas en Argentina exportan casi el 60% de las cargas agrarias, y esa concentración se repite en la minería. Decimos que existe una infraestructura extractivista y se desarrolla en los últimos 20 años en el proyecto IRSA, todo un tendido de red que posibilita la interconexión de los recursos estratégicos con los principales puertos de exportación” sostienen desde el equipo para luego dar paso a las exposiciones del Tribunal de esta nueva audiencia que se realizará en el marco de 7mo Congreso de Salud Socioambiental.
Silvia seguirá masticando rabia mientras denuncia que su país se acerca a tener casi el 22% de sus tierras ocupadas por el agronegocio transgénico; mientras relata cómo fue que empezaron a notar que el agua estaba mala, que algo malo estaba pasando. “En febrero empezamos a sentir un sabor extraño cuando tomábamos el mate. Era un asco. El tema era el agua. En Uruguay siempre nos enorgullecimos de ser un país con agua, es un golpe tremendo y quedamos estupefactos. Estamos viviendo un momento dramático, es una catástrofe que esta sucediendo todos los días con el aval de todo el sistema”. El drama del que habla tiene que ver con el agua y con su falta. Uruguay, más precisamente Montevideo y su área metropolitana, se está quedando sin su reserva de agua dulce y Silvia no hace más que lamentar y exponer con bronca una situación anunciada, casi inevitable. La crisis se agudiza con la sequía -o saqueo dicen las comunidades- y la ausencia de precipitaciones en la región. “Lo que estamos recibiendo en nuestras casas es veneno. Es agua salobre del Río de la Plata que además está necesitando procesos de potabilización que ha generado a su vez poderosos venenos”.
A la par, Silvia denuncia: “las embotelladoras no han parado de trabajar, las fábricas de pasta de celulosas no han dejado de trabajar, el millón ochocientos mil hectáreas de eucaliptus está bebiendo nuestras aguas en el nacimiento de las cuencas, el agronegocio está dilapidando nuestras aguas, la desaparición del monte autóctono ha ocasionado la erosión y la pérdida de tierras, es decir, todo es un conjunto que hace que esta vez lo veamos reflejado en el agua pero este modelo está presente todos los días en nuestras vidas”.
Desde Uruguay, la digna rabia viajará hasta Paraguay. De allí es la activista Marielle Palau, otra de las expositoras del Tribunal, quien señala: “el 94% de la tierra cultivada en Paraguay es agronegocio”. Entre 2002 y 2020, la superficie utilizada por el agronegocio tuvo un crecimiento de 232,63% —al tiempo que el de la agricultura campesina decreció casi en un 50%— ocupando hoy 94,08% de las tierras destinadas a la agricultura en el país. La soja es el rubro más importante: ocupa 3.640.000 hectáreas de las 5.384.370 hectáreas cultivadas con rubros del agronegocio. Marielle enumerará algunos de los impactos del mapa extractivista en su país: deforestación, pérdida de territorio y biodiversidad, criminalización de la resistencia campesina, expulsión de comunidades de sus tierras, impacto en la salud reproductiva con un marcado aumento de abortos espontáneos, profundización de la pobreza y la trata. “El agronegocio además de ecocida es profundamente patriarcal”, sentencia Palau como parte del Tribunal Popular.
¿Qué entendemos por salud? preguntará luego el médico especialista en medicina integral Damián Verzeñassi, uno de los impulsores del Congreso Internacional de Salud Socioambiental que acaba de finalizar su séptima edición. El auditorio escucha: “salud es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna”, dice.
Entonces Damián hablará de libertad y de diversidad, de ciencia digna y memoria, de resistencia y re-existencia y dirá: “urge que desnudemos, que denunciemos a quienes están construyendo todos los andamiajes que sostienen la geopolítica de la enfermedad, porque los extractivismos son parte de esa política, de esa organización global que ha definido que algunos territorios en el mundo tienen el derecho a vivir saludablemente a expensas de que otros tengamos que pagar con nuestra salud la posibilidad de que ellos tengan esa opción. Sin salud no podemos tener libertad. Marielle hablaba de que la ruta del agronegocio es la ruta de la trata, lo mismo ocurre con la minería, con el litio. Son las mismas rutas y por eso es importante resaltar: no solamente estamos buscando ponerle nombre y apellido a los ecocidas, necesitamos que quede claro quiénes son los responsables de la naturalización de la artificialización de nuestras vidas y del racismo ambiental porque quiénes más están sufriendo los impactos de la crisis civilizatoria son los que menos responsabilidad tienen. Es importante identificar esas infraestructuras que nos proponen como estrategias de integración que no son más que la materialización de la estrategia de dominación y del saqueo”.
“Urge que desnudemos, que denunciemos a quienes están construyendo todos los andamiajes que sostienen la geopolítica de la enfermedad, porque los extractivismos son parte de esa política, de esa organización global que ha definido que algunos territorios en el mundo tienen el derecho a vivir saludablemente a expensas de que otros tengamos que pagar con nuestra salud la posibilidad de que ellos tengan esa opción”.
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Es martes 13 de junio. Frío. Tarde nublada. La plaza Pringles de a poco va recibiendo a activistas que se preparan para movilizarse en lo que será una nueva Marcha Plurinacional de los Barbijos en la ciudad de Rosario. La primera tuvo lugar el 5 de junio de 2019, fue masiva y contó con la presencia de la incansable Norita Cortiñas. Pasaron tres años y una pandemia que arrasó con la vitalidad de los encuentros, pero aún así la marcha se sostiene como lo hacen las resistencias en las localidades más pequeñas, más alejadas, más olvidadas. Aunque la indiferencia abrume.
La presencia de organizaciones que participan del 7mo Congreso de Salud Socioambiental nutre de diversidad una convocatoria que quedará invisibilizada en la agenda de los medios masivos. Una marcha que no dejará de resaltar las urgencias en un contexto de crisis climática. Las voces suelen ser conocidas como la de Gustavo Ludueña, integrante de la Asamblea del 18, vecino de Alvarez, una de las localidades que junto a Piñero, Coronel Dominguez, Alvear y Villa Amelia conforman un corredor que está rodeado por campos sembrados con soja y rociados con veneno. “Lo que vemos positivo es que seguimos movilizándonos. Hay que seguir sosteniendo estos espacios que nos fortalecen y nos obligan a generar instancias para que más familias y más comunidades se sumen a esta lucha. Tenemos la responsabilidad de seguir sosteniendo estas banderas”.
Una de ellas, la principal, la que encabeza la marcha, lleva pintados los rostros de cuatro emblemas de esa resistencia socioambiental que se escribe en los cuerpos: el de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en Honduras por denunciar el ecocidio en Centroamérica; el de Fabián Tomasi, ex aplicador que murió como consecuencia de una enfermedad causada por la larga exposición a los agroquímicos; el de Andrés Carrasco, el científico que en soledad, se animó a desafiar el poder de la ciencia indigna, del Estado y las corporaciones y el de Ramona Bustamante que supo hasta sus 95 años, con su cuerpo anciano y diminuto, dar pelea en defensa de su campo, sus semillas y cosechas frente al avance de las topadoras que pretendían despojarla de su tierra, al norte de Córdoba.
En esa misma marcha estará Silvia, caminando junto a sus compañeras uruguayas y diciendo que en su país, además del saqueo del agua, las comunidades enferman como consecuencia del trabajo en las arroceras. “La inmensa mayoría esta altamente afectada por el uso de agrotóxico de manera masiva y no pueden optar por nada más que morir a los 40 años, morir jóvenes pero poner el pan en la mesa de su familia. Son esos conflictos que solo se resuelven con un gran cambio de paradigma y de prácticas en el mundo de la producción. Si seguimos dependiendo de gobiernos que apuestan todo a la producción de materia prima para la exportación no vamos a salir de esto”.
“Hay que reivindicar nuestra luchas a partir de reivindicar el derecho a sentir, el derecho a volver a abrazarnos porque trabajaron extraordinariamente bien para hacernos creer que lo mejor era mantenernos lejos y aislados”
Damian Verzeñassi
Territorios sacrificados. Poblaciones sacrificables. Geopolítica de la enfermedad, definirá Verzeñassi como integrante del Tribunal. “Científicamente estamos jodidos. ¿Nos quedamos con eso o definimos cuál es el camino? No tenemos idea de cuál es, pero lo que sí sabemos es que para encontrarlo necesitamos ejercitar la memoria, sabemos que independientemente por donde sea sí o sí tiene que ser colectivo, a partir del reconocimiento y la recuperación de las voces oprimidas, de las lenguas extinguidas, con la diversidad como nutriente y con los afectos como energía vital”. En tiempos de incertezas, dice Damián, “hay que reivindicar nuestra luchas a partir de reivindicar el derecho a sentir, el derecho a volver a abrazarnos porque trabajaron extraordinariamente bien para hacernos creer que lo mejor era mantenernos lejos y aislados y aún así, los territorios fueron capaces de dar a luz comunidades enteras que dijeron que a nosotros el derechos a abrazarnos y estar en las calles no nos lo quita nadie”.
La Marcha Plurinacional de los Barbijos es el abrazo que se reinventa. Es el derecho embanderado. Son las voces oprimidas. Es ese “estar en las calles” que menciona Verzeñassi. Son todas las lenguas y todos los cuerpos como el de Raquel que viene de la Matanza para contarnos que en su comunidad están sembrando alimentos sanos inspirados en el Programa de Agricultura Urbana que emprendió en Rosario el ingeniero Antonio Lattuca, o el de Cristina que desde Colombia da cuenta de cómo los agrotóxicos han impactado en la salud reproductiva de las mujeres en las zonas rurales donde el gobierno, en nombre de la mal llamada “guerra contra las drogas” aplicó aspersiones contra los cultivos ilegales, generando gravísimos daños a la salud. Como el de Evelin que desde Catamarca nos alerta sobre el avance extractivo del litio en el Salar del Hombre Muerto mientras las comunidades empobrecen cada vez más, mientras se secan los ríos y la biodiversidad va mutando a un paisaje desolador. Como el de Norma Cabrera, vecina fumigada de Cañada de Gomez, por cuyas venas corre, además de sangre, glifosato.
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Durante días la delegación feminista del Abya Yala recogió en Perú pero también en Puelmapu testimonios desgarradores de la política extractivista y dictatorial. La feminista popular Claudia Korol, una de sus integrantes, dirá casi lo mismo que el Tribunal Etico y Popular señalará durante el juicio: que hay que recuperar el sentido de la presencia. Poner el cuerpo. Ir hacia los lugares de conflicto donde el extractivismo opera con la lógica de la criminalización. Ir para escuchar, abrazar y denunciar. “Sabíamos adonde íbamos, habíamos estado en Bolivia, en Honduras, estuvimos en Paraguay, pero una cosa es saber y otra cosa es vivirlo”, dice Claudia porque los cuerpos también hablan y es en ellos donde la violencia estatal se inscribe con crueldad: los golpes, las vejaciones, el terror y el silencio. “Agradecemos que esto se pueda hablar en este Congreso, porque cuando hablamos de golpe racista o represión a los pueblos originarios hay silenciamiento. Necesitamos que estas denuncias sean multiplicadas” dicen las compañeras del Abya Yala que participaron de la delegación.
Durante una semana recorrieron Lima, Cuzco y Ayacucho, recogiendo y escuchando denuncias de sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura de Dina Boluarte. “Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto, es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales, que sintieron amenazados por la llegada al gobierno de “un indio”, como caracterizaron a Pedro Castillo” señalaron durante el pre-informe presentado en marzo.
“Agradecemos que esto se pueda hablar en este Congreso, porque cuando hablamos de golpe racista o represión a los pueblos originarios hay silenciamiento. Necesitamos que estas denuncias sean multiplicadas”
Claudia Korol
Aquí y ahora, en el Séptimo Congreso de Salud Socioambiental dirán: “Nos encontramos con comunidades muy organizadas y politizadas, y es contra eso el golpe de Estado, contra una organización territorial y ancestral y es muy impactante ver cómo el hostigamiento impacta directamente en los cuerpos como una herramienta para intentar de debilitar esa resistencia que tiene muchos años de recorrido. Por eso denunciamos que es un golpe de estado racista porque básicamente lo que le dicen a la sociedad peruana es que un indio o una india no puede estar en el poder. Y es un modelo que se está expandiendo en otros territorios y de alguna manera es lo que pasó en Puelmapu. Ahí, cuando vemos esa fuerza ancestral, una entiende por qué. Es el corazón de la resistencia y es el mismo corazón que vemos cuando recorremos la Patagonia”.
De Perú a la Patagonia Argentina. Miles de kilómetros y un mismo espejo: pueblos originarios defendiendo derechos ancestrales. “El racismo estructural es el mismo. Estuvimos presentes en el Bolsón donde recibimos denuncias de las mujeres de la comunidad” apuntan las feministas del Abya Yala y destacan el rol las mujeres en estas luchas. “No solo están en la primera línea si no que también son las que garantizan el cuidado, la provisión de alimentos, las ollas populares que es lo que alimenta la resistencia”. Quien toma la palabra ahora es Delia, activista del Paraguay: “hoy se conmemora la Masacre de Cuariguaty donde asesinaron a once campesinos. Fue una bisagra porque todo lo que vino después fue peor”. Su voz está llena de dolor e impotencia. Entonces será Claudia Korol quien traiga a la memoria otra de las masacres latinoamericanas, la de Ayacucho, y condense en solo una frase la continuidad de las políticas extractivas o, más precisamente, su brazo represivo: “en masacre en masacre es como se vienen construyendo estas democracias”.
Dos días después, las comunidades originarias en Jujuy sufrirán una de las peores represiones estatales que tenga memoria la provincia gobernada por Gerardo Morales tras protagonizar una rebelión popular contra la reforma constitucional aprobada a espaldas del pueblo. Un estallido social en defensa del agua y de las territorios que el modelo extractivista mira con ojos de presa. “No queremos estar así, pero es necesario que la sociedad sepa que acá no tenemos agua ni para el ganado, ni para nuestros cultivos, ni para nosotros. Acá en ninguna parte hay agua, salvo alguito, bien pegadito al cerro”. ¿Por qué? “Por los calores extremos y por las grandes cantidades que se utilizan para el litio. Morales nos entregó por la plata, no tiene perdón. No sabe que la Pachamama es quien manda aquí”, le dice a lavaca.org una de las mujeres indígenas de la comunidad de Azul Pampa que sostiene uno de los tantos cortes que hay en la Quebrada.
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En palabras de Claudia Korol resuena la palabra “revolución” como herramienta de resistencia, como paradigma de transformación. Y tal vez algo o todo lo que siembran las manos de Tomasa Ramos sea semilla de esa revolución cotidiana que nace de la tierra. Ella es una de las mujeres huerteras que le puso el cuerpo al trabajo que hoy cosecha frutos en los distintos Parque Huerta que existen en Rosario. Años atrás, esos espacios estaban completamente abandonados. “Ahora se los vé bonitos pero hubo que limpiarlos, sacarles las piedras, recuperarlos”, dice Tomasa y menciona una palabra clave: biodiversidad. No hay demasiadas recetas, Tomasa habla con la sabiduría de haber trabajado la tierra desde que era una niña. Y cuenta cómo de a poco, de semilla en semilla, cada vez fueron más las familias que se incorporaron al Programa municipal de Agricultura Urbana, a producir alimentos, a comercializarlos a través de ferias.
A su lado, el ingeniero Eduardo Cerdá hablará de cómo la agricultura urbana puede ser una política de Estado. Ese es el lugar que ahora le toca ocupar: el de la gestión. Tarea nada fácil para una dirección nacional que carece de presupuesto y que aún así -explica- articula con productores, universidades, municipios y familias rurales en todo el país. “Es un mito que no se puede producir sin agroquímicos” dirá Cerdá. Es que otra agricultura es posible y cientos de experiencias territoriales y redes de comercialización lo demuestran. Pero las voces coinciden: hace falta política pública, con recursos, para lograr un cambio de paradigma.
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La Ciencia Digna hace tiempo lo viene advirtiendo: “no puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos”. Los distintos relevamientos sanitarios que impulsó la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR, fueron trazando una cartografía que muestra de qué manera el uso extensivo de agroquímicos impacta en la salud de lxs vecinxs que habitan en los llamados pueblos fumigados. Entre 2010 al 2020, alrededor de cinco mil estudiantes relevaron a más de cuarenta comunidades y encuestaron a mil doscientos vecinxs. Los resultados del trabajo en el territorio evidenciaron las consecuencias del modelo extractivo de monocultivo: los jóvenes de entre 15 y 44 años que habitan zonas pulverizadas tienen más posibilidades de morir de cáncer que quienes viven en otras zonas del país. En el caso de las mujeres, esa cifra es 2,48 veces mayor, mientras que en los varones asciende a 2,77 veces más. Por otra parte, el porcentaje de muertes por cáncer cada 100.000 habitantes en esas localidades fue del 30%, mientras que a nivel nacional la cifra fue mucho menor, de 19,8%. Los resultados surgidos a partir de los campamentos fueron publicados en la revista científica internacional Clinical Epidemiology and Global Health en base al primer trabajo epidemiológico elaborado por el equipo de investigación que acompaña a Damian Verzeñassi.
Por otra parte, y a partir de un pedido del Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, el Instituto de Salud Socioambiental se abocó a un trabajo de investigación para indicar los impactos relevados en los campamentos sanitarios en términos de salud reproductiva en las localidades fumigadas. “Lo que encontramos es que en nueve localidades ubicadas en la región agroindustrial del sur y centro de Santa Fe se pasó de 6 embarazos que terminaban en pérdida en 1996 a 17 en 2018, es decir que se triplicaron”, señala Facundo Fernandez a la agencia Télam, y suma: “Seleccionamos una muestra de nueve localidades de la región sur centro de Santa Fe a partir de dos criterios: que fueran de pueblos insertos en la región agroindustrial y con poblaciones similares, y que al momento del relevamiento hubiéramos utilizado la misma encuesta. Al consultar qué enfermedades tenían las mujeres que perdieron el embarazo durante el primer trimestre no encontramos relaciones fuertes con la hipertensión o la diabetes, pese a que son las que pueden desencadenar un aborto; pero lo que sí encontramos es que hay una asociación muy fuerte entre las mujeres que tenían hipotiroidismo al momento de cursar un embarazo y la finalización en pérdida del mismo”, alertan desde el Instituto.
“Las mujeres con hipotiroidismo cuando cursaban el embarazo tenían casi el doble de probabilidades de tener una pérdida que las que no tenían esta enfermedad”. La asociación no es casual ni tampoco unicausal. Pero hay evidencia científica que documenta la existencia de “numerosos plaguicidas que generan disrupción endocrina, es decir, que alteran el metabolismo endócrino y la glándula tiroides forma parte del sistema endocrino” explica Fernandez. “Del total de plaguicidas que están aprobados en Argentina, que son un poco más de 300, un tercio esta vinculado de alguna u otra manera con problemas relacionados a la glándula tiroides: hipotiroidismo y hipertiroidismo”.
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Escuchar al maestro diaguita de Tafí del Valle, Marcos Pastrana, implica detenerse en ese tiempo sabio que dibujan sus palabras, su tono de voz, su mirada. Ancestralidad, interculturalidad. Pastrana diferencia la ética natural por sobre la estética artificial. Y dice: “estamos inmersos en una estética artificial generada por el ser humano para su confort, para su bien vivir no para su buen vivir. Nuestra lucha va más allá, no hay una meta, nuestra lucha es milenaria, viene de nuestros ancestros que son los cuatro elementos sagrados de la vida: agua, tierra, aire, fuego. Se ha contaminado el aire, la tierra, hasta el fuego que es nuestra energía”.
“estamos inmersos en una estética artificial generada por el ser humano para su confort, para su bien vivir no para su buen vivir. Nuestra lucha va más allá, no hay una meta, nuestra lucha es milenaria”
Marcos Pastrana
Marcos Pastrana es el último en disertar como parte del Tribunal Ético y Popular. Dirá, con la sapiencia de los años, de las luchas, de las enseñanzas originarias, que lo que urge es “devolver los territorios a sus pueblos y los pueblos a sus territorios”. Entonces repetirá como consigna, como creencia, como emblema una frase que se llevará el aplauso de todo el auditorio: “Es hora de sacrificar las empresas para que vivan los pueblos”.
