Voces de mujeres que construyen redes en sus barrios. El cuerpo que se expone en las comunidades atravesadas por la violencia urbana que también es patriarcal. Las demandas cotidianas ante la urgencia de parar la olla. Lo que no alcanza, lo que hace falta. Querernos vivas y los femicidios que, en Rosario, están marcados por las balas de la criminalidad.
Fotos: Edu Bodiño
La marcha recorre la costa del río Paraná. Es 3 de junio pero parece enero. El cambio climático no da tregua, días de calor en otoño y no es casual: es la consecuencia de un modelo productivo que arrasa con los bienes naturales: ríos contaminados, humedales incendiados, cerros dinamitados, glaciares perforados, tierras fumigadas. La pachamama estallada.
Ocho años atrás el grito Ni Una Menos expresó el hartazgo frente a los femicidios repetidos y la ausencia de políticas públicas integrales y eficaces para frenar la violencia machista. El asesinato de Chiara Paez marcó el quiebre. Desde ese día, cada 3 de junio, ese grito vuelve a copar las calles. Es que las cifras siguen exponiendo el horror: en estos ocho años, la Casa del Encuentro registró 2554 víctimas de la violencia heteropatriarcal y 2261 hijos e hijas se quedaron sin su mamá. Por su parte, el Observatorio Lucía Perez, durante 2023, registró 139 femicidios y travesticidios que dejaron 76 infancias huérfanas. Y hubo además hasta ahora 133 tentativas de femicidios. En nuestra provincia, de acuerdo a los datos brindados por el Observatorio Mercedes Pagnutti, hubo 19 femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año, con la particularidad que la gran mayoría se concentraron en el departamento Rosario y fueron en un contexto vinculado al narcomenudeo y la violencia urbana creciente.
Atravesada por un dolor inenarrable, Antonia Jerez sube al escenario que el Comité de Articulación Lesbotransfeminista montó frente a las escaleras del Parque España. “El gobierno está mirando para otro lado por nuestros adolescentes, que tienen derecho a estar tranquilos, de ir a la escuela sin miedo, sin sangre», grita su voz frente a la multitud de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries que se movilizaron desde Oroño y el río.
Antonia es una de las integrantes de la comunidad originaria del pueblo qom que vive en la zona conocida como Los Pumitas. Es además y sobre todo, la tía de Máximo, el niño de once años que fue asesinado tras quedar atrapado en un tiroteo narco la noche del 5 de marzo. Es también la militante histórica del espacio de Mujeres originarias de la Corriente Clasista y Combativa y una luchadora que a pesar de tanta tristeza que la invade, camina junto a sus compañeras para decirle basta a todas esas violencias que por ser mujeres, que por ser indígenas, que por ser marrones, padecen cada día.
“A Máximo lo extrañamos siempre” dice entre lágrimas. “Justo hoy tenía que jugar y sus amigos estaban muy mal”. Es que Máximo jugaba a la pelota en el Club Los Pumas del barrio, el lugar donde fue velado por toda la comunidad. Allí, en ese territorio de la zona noroeste de Rosario, la cotidianeidad hoy está marcada por el tránsito de la Gendarmería y una tensa calma después de aquella pueblada furiosa de vecinxs que alcanzó a derribar la casa donde funcionaba un supuesto búnker de drogas. Pero el miedo «está latente», como en otros barrios de la ciudad donde resuenan las balaceras.
De esta misma comunidad es María Rosa, 34 años y militante desde hace siete de La Poderosa. La principal exigencia de la organización villera es lograr la sanción de una ley que reconozca el trabajo de las mujeres y diversidades que sostienen, en más de un 80 ochenta por ciento, los comedores comunitarios en todo el país. María Rosa es una de esas mujeres que con orgullo da cuenta de la pertenencia a un espacio que transformó su vida. “Abrimos la Casa de las Mujeres y Disidencias porque a pesar de todos los problemas, sabemos que los vecinos necesitan nuestros espacios. De lunes a jueves tenemos el comedor donde concurren entre 40 y 100 familias y a veces nos quedamos cortas”. La realidad en Los Pumitas se reitera en otros barrios: la profundización de una pobreza cada vez más feminizada y el avance de una economía delictiva precaria que muchas veces se transforma en alternativa ante la necesidad urgente de parar la olla.
En la Casa de las Mujeres y Disidencias funciona, entre otros talleres, un espacio de crianza para que las vecinas puedan dejar a sus hijes mientras realizan sus actividades. Es un refugio de acompañamiento que, como dice María Rosa, en las barriadas populares se convierte en una red vital. “Las mujeres de los barrios y las villas sufrimos mucho violencias y nunca salen en las estadísticas y eso lo vemos en todos los casos que acompañamos día a día. Somos invisibilizadas todo el tiempo”. Dice María Rosa que son casi cien mujeres las que participan de todos los espacios que La Poderosa tiene en el barrio. “Son muy importantes porque son lugares que fueron pensados por nosotras mismas viendo todas las necesidades que teníamos” agrega mientras sus compañeras de otros barrios y de otras provincias que viajaron a Rosario, levantan sus puños cerrados para ser parte de la foto colectiva.
Unos metros más atrás se divisa la extensa bandera violeta del Movimiento Evita. Jésica pertenece a Casa Pueblo ubicado en la barriada sur del Saladillo. Se sumó a la militancia en el Evita hace siete años, al igual que lo hizo María Rosa en la Poderosa. Desde ese momento, su segundo hogar es el espacio de acompañamiento para mujeres y adolescencias que en esta zona postergada de Rosario tiene cada vez mayor alcance territorial. “Hay muchas compañeras que sufren violencia y cuando se acercan a Tribunales o la comisaría para hacer una denuncia, lo primero que le dicen es ´por qué´, como dando a entender que tienen la culpa y son compañeras que tienen una gran tristeza porque no saben dónde ir, no se sienten refugiadas. Nosotras tratamos de acompañar cada día pero es el Estado quien tiene que dar respuesta” dice cuando explica cómo trabajan desde Casa Pueblo. Lo fundamental es la escucha. Estar, acompañar, extender una red, atender un llamado. Jésica también hace carne el dolor que en Rosario, se transformó en un drama colectivo. Es que cuatro integrantes del Movimiento Evita han sido asesinados como consecuencia de la violencia urbana en Rosario. Y Jésica recuerda a la Negra, Milagros Cáceres, la joven futbolista que mataron en el 2021. “Conozco a su familia, era la compañera más militante que había pero la perdimos y nadie hizo nada, quedó como un número más y nosotros a la Negra no la recuperamos más y en lo personal es una ausencia que duele todos los días”.
¿Cómo se continúa con la militancia diaria tras la pérdida de un compañero/a?. Jésica responde con una certeza: hay que seguir andando. “Curando, aprendiendo, enseñándole a los pibes y pibas que tienen herramientas, que no están solxs, que tienen un proyecto a futuro. Que sus vidas valen, que sus vidas nos importan”.
¿Y cómo continúa una comunidad educativa tras el asesinato de un alumnx? Verónica es docente y secretaria de género de Amsafé Rosario. Hace quince años que trabaja en escuelas de barrios populares y dice que la violencia, en estos últimos dos años, tuvo un crecimiento exponencial. Su respuesta es tan concreta como desoladora. “Es muy difícil seguir. Nos faltan espacios de escucha, no tenemos herramientas. Desde el Ministerio lo que ofrecen es cerrar las escuelas por unos días u otorgar licencias para quienes no puedan seguir adelante con un curso que no está mal, pero hacen falta políticas integrales. Ponemos el cuerpo y la cabeza desde nuestro hacer cotidiano y sin apoyo verdadero de un Ministerio que está ausente. Nos faltan un montón de recursos, los equipos socioeducativos no alcanzan. Debería haber uno en cada barrio que pueda articular el trabajo entre centros de salud, escuelas primarias, secundarias, un trabajo integrado que lo terminamos haciendo los docentes como podemos, pero eso es una responsabilidad del Estado y poder generar protocolos para la protección, no nos olvidemos que nosotros tenemos una Vanesa Castillo, asesinada por hacer efectiva la Educación Sexual Integral”. El reclamo por una real aplicación de la Esi también lo hace extensivo Lucía, docente de biología y una de las integrantes del espacio de género de Amsafé provincial. “La Esi es una construcción transversal” apunta mientras remarca la necesidad de seguir fortaleciéndola, como derecho y conquista.
“Detonado”. Esa es la palabra que resuena en la boca de Luján, militante de pueblos originarios en la zona de Fisherton industrial, cuando describe la realidad de los barrios. En el suyo, Brasil y Gorriti, Lujan sostiene uno de los comedores que asiste a 70 familias dos veces a la semana. Pero dice que no alcanza. Porque las necesidades se multiplican en un contexto de crisis económica inflacionaria que impacta de lleno en las barriadas. “Ahora la bolsa de cebolla te alcanza solo para una semana y esto lo ves en todas las organizaciones, no hay comida en la mesa”. Lo mismo expresa cuando menciona los cursos laborales que tienen los jóvenes. El monto de la beca es insuficiente y otra vez repite la frase: “no alcanza”.
Para Mariana, histórica militante feminista, la política pública está ausente en los barrios. “Lo que está es el castigo”. A esto suma los problemas de consumo que hay en muchas familias y una pandemia que afectó a toda una sociedad. “Hay una crisis subjetiva muy profunda. Hay una comunidad quebrada. Hay un dolor, muchas pérdidas, muchos duelos, y un discurso de odio y racismo que está penetrando”, analiza. Mariana vive en la Tablada «profunda», dice, cuando marca en el mapa su zona: Grandoli y Ayolas. Allí ve a la Gendarmería caminar las avenidas como si esa fuese una respuesta efectiva al problema de la violencia extendida. Mientras tanto, “las escuelas y los centros de salud están desbordados con trabajadores colapsados, precarizados. Yo soy trabajadora estatal de ocho años precarizada”. Aún así, valora y rescata la importancia de llenar las calles. “Acá seguimos, aunque estemos quebradas” enfatiza, mientras se suma al grupo de compañeras que marchan desde villa Banana.
Julia es abogada, es viajera, y está sentada frente al río esperando la partida de la marcha. Acaba de publicar su libro “Los otros territorios” donde da cuenta de las tramas que se enlazan cuando las mujeres construyen colectivamente. En Argentina, en Guatemala, en Chiapas, en cualquier punto de nuestra América Latina. En todos los territorios, son mujeres las que construyen juntas y apuntalan proyectos que se inician cuando lo que importa es dar una mano a la compañera. “Pasaron ocho años y acá seguimos en las calles, acompañándonos que es uno de los grandes logros de los feminismos. Hemos podido levantarnos, caminar juntas, exigir, no hay que soltar eso”, dice y recuerda conmovida aquel primer Ni Una Menos del 2015. “Yo estaba muy quebrada y éramos un montón”.
Ocho años después, y luego de distintas oleadas, el grito Ni una Menos sigue estallando porque las violencias no cesan. En los barrios, lo que preocupa es cómo llevar un plato de comida a la mesa y una criminalidad que en el departamento Rosario, en lo que va del año, ya se llevó la vida de catorce mujeres según el registro del Observatorio “Mercedes Pagnutti” que coordina la concejala Norma Lopez: “repetimos lo que ya dijimos varias veces: no hemos encontrado un análisis que tenga que ver con la prevención de ese tipo de violencias y que además sea una mirada específica acerca de los femicidios en contexto de criminalidad. Sin lugar a dudas, las políticas públicas de género y de cuidados, como así también las redes territoriales de organizaciones sociales y comunitarias, tienen incidencia positiva en la menor cantidad de crímenes de mujeres y diversidad vinculados a los femicidios, trans/travesticidios de tipo íntimo. Pero también es claro que los aumentos de femicidios en contexto criminal, dan cuenta del fracaso de las políticas de seguridad con centralidad en Rosario”, señala la edil.
Una columna se destaca con la bandera que dice “El Hormiguero”. Allí están mujeres de barrio Belgrano, Bella Vista, Triángulo. Allí está María de los Angeles, 61 años y siete hijes, vecina de hace 30 años de la zona de Pellegrini al 5000. En pandemia levantó con lo poco que tenía el comedor comunitario “Niño lleno, corazón contento”, que en el 2020 supo dar comida a más de 700 familias. Hoy cocina tres veces a la semana para 218 personas pero no es suficiente. “Tengo 15 familias en lista de espera” dice con angustia. Su situación es la foto que se replica en otros comedores. Lo que con preocupación aportaban Lujan y María Rosa: “la comida no alcanza”. “Hay veces que yo ya no se qué hacer porque hay una necesidad tremenda, viene gente con o sin trabajo. Tenemos una tarjeta institucional de la provincia que nos da los alimentos secos, y como podemos conseguimos menudos, carne, verduras”.
Lo de María de los Ángeles es amor y militancia. Es haber atravesado por situaciones similares y sentir la necesidad del otrx como propia. Por eso construyó el comedor donde además dicta un curso de panificación. Por eso le da una mano a las familias que sobreviven con sus casillas al costado de la vía, a metros del paso del tren. Por eso, también, destina parte de su magra pensión para costear los gastos que tiene, al igual que lo hacen tantas otras mujeres en los barrios populares. Dice que en el Hormiguero son cerca de cincuenta mujeres que en pandemia decidieron juntarse para ayudar, para activar redes feministas, redes vitales. Lo que analiza Julia en su libro: mujeres que, colectivamente, entrelazan proyectos de vida.
Gisela es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos que tiene, entre varios espacios, la Casa de las mujeres y diversidades en barrio Moderno, Vía Honda. Allí además de acompañar mujeres en situación de violencia también trabajan con jóvenes con consumo problemático. Allí también sostienen uno de los tantos comedores que tiene el MTE. «Hacemos malabares porque la realidad es que el Estado tampoco se hace cargo de todo, no llega a tiempo, y la mayor problemática hoy en día es el acceso a la vivienda, porque las mujeres que hacen una denuncia después no tienen donde ir». Gisela se integró hace seis años y no duda en elegir cada día esta forma de militar en el barrio, «a pesar de todo». El contexto es complejo y quienes ponen el cuerpo lo saben. En el comedor asisten a casi 300 familias tres días a la semana. Pero como en todos lados, se repite la secuencia: cada vez son más las personas que buscan una ración de comida.
¿Qué significa marchar un 3 de junio? Para las mujeres que están en los barrios, es salir a exigir lo que todos los días sostienen en sus comunidades: políticas estatales que prioricen las trayectorias vitales de mujeres, travestis y trans. “Yo acompaño a las chicas a que puedan hacer la denuncia, que tengan algún recurso económico porque no pueden quedarse en la casa, tratamos de acompañarlas, pero hago lo que puedo”, dice María de los Angeles para quien su barrio, Bella Vista, es “todo” para ella. Karla, de comunidad trans, señala con fuerza lo que vienen exigiendo después de tanta criminalización, persecución y saña contra el colectivo: una reparación histórica post dictadura. Silvia, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, dice que la aplicación de la ley -una conquista fundamental del movimiento feminista en Argentina- se aplica de manera dispar e irregular y que es fundamental que el Estado en todos sus niveles desarrolle campañas de difusión: “El derecho que no se conoce no se ejerce”. Por eso, desde la Campaña promueven la difusión del 0800 222 3444 para asesoramiento y también denuncias ante prácticas de aborto obstaculizadas en efectores de salud.
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Cae la tarde en Rosario: desde el escenario, las conductoras Almudena Munera Muñoz, Michelle Vargas Lobo y Virginia Giacosa, dan lectura a la proclama que como siempre, se hace de manera coral. Las exigencias son múltiples, entre ellas, la necesidad de avanzar en una reforma judicial feminista porque sigue siendo el poder judicial el más reacio a incorporar la perspectiva de género en sus fallos. También las tareas del cuidado son centrales entre los reclamos: «¿quiénes cuidan a las que cuidan?. Es fundamental establecer pisos mínimos comunes que aseguren un acceso universal a las licencias de cuidado. El derecho al cuidado no debe depender del género, conformación familiar ni tipo de empleo».
En el documento hay nombres que duelen, que no se olvidan: Tehuel de la Torre está desaparecido. Guadalupe Lucero esta desaparecida. Y desde hace veinte días, la familia de Samanta Aguirre* desconoce su paradero. Tiene 41 años y vive en Timbués pero fue vista por última vez en barrio Echesortu de Rosario. «Estoy acá en la marcha de Ni una menos, porque me está tocando de cerca. Cuando uno cree que nunca le va a suceder, le sucede. Estoy acá alzando la voz por mi mejor amiga. Es mamá de tres hijos y la estamos buscando desesperadamente» dice su amiga María del Carmen Baci.
“Seguimos resistiendo en este contexto crítico a nivel mundial y nacional donde las derechas expresan discursos de odio y políticas de retroceso sobre nuestras conquistas. Somos parte de quienes lucharon por esta democracia, por eso no vamos a dar ni un paso atrás” señala en uno de sus párrafos, el documento elaborado colectivamente en las asambleas previas a la marcha. “La estrategia de los grupos conservadores fue siempre invisibilizar las demandas de los feminismos, a partir de avances que hemos hecho, producen una reacción contraria. Para mi no es una avanzada si no una reacción de la derecha frente a los avances sustantivos que hicimos los feminismos. Por eso decimos que fuimos marea en el 2018 y que vamos a hacer muro de resistencia si se pretende retroceder”, dice Silvia aportando una mirada que potencia y tal vez, una de las claves para seguir fortaleciendo el movimiento: en unidad, juntas, organizadas, porque en este contexto, ganar las calles, otra vez, se convierte en urgencia.
*Tres días después de esta publicación, Samanta Aguirre fue encontrada con vida en Rosario.
