Según datos de un reciente informe elaborado por los Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre incumplimiento de la cuota alimentaria, el 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza. El no pago de la cuota alimentaria por parte de los progenitores constituye una forma de violencia económica y simbólica ejercida contra las madres quienes, por abrumadora mayoría, se hacen cargo de las tareas de cuidado. ¿Cuáles son las realidades de una causa por alimentos.? ¿Qué sucede Rosario?
Entre enero 2022 y febrero 2023, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia atendió a 91.973 personas en los CAJ, donde el 7,23% de las consultas fue por “deberes de responsabilidad parental o familiar”, que incluye el ítem de alimentos o cuota alimentaria. Quienes consultaron fueron en un 73% mujeres y travesti-trans -en su mayoría, de entre 18 y 39 años-.
También en la línea 137 se atendieron 3.292 llamadas y más del 13 por ciento consultó por el acceso a la justicia. Los datos son parte del informe de Centros de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “Incumplimiento de la obligación alimentaria: derechos vulnerados y un desafío de primer orden en las políticas públicas para el acceso a la justicia”, que sostiene que “el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de progenitores constituye una grave vulneración a los Derechos de Niñxs, Adolescentes y jóvenes de toda la Argentina”. Y agrega que “este incumplimiento implica una forma de violencia económica y simbólica directa ejercida contra las madres, que son quienes, por abrumadora mayoría, se hacen cargo de las tareas de cuidado con mucha mayor carga horaria y de responsabilidades”. Entre algunos datos para dimensionar la problemática, señala que el 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza.
En la Justicia de Familia de Rosario, en 2022 hubo poco más de 20 mil demandas iniciadas, de las cuales 2.983 son puramente de juicios por alimentos. Sin embargo, es un dato relativo, ya que no son las únicas: hay muchos casos con contenido alimentario que fueron ingresados con otra carátula al ser iniciadas por otro incidente que incluye alimentos. Ante ello, desde el fuero local hablan de un nivel histórico de casos por alimentos que es cercano al 20 por ciento del total de causas que se trabaja en los Colegiados de Familia de Rosario.
Pero, ¿cuáles son las realidades de una causa por alimentos?
La abogada y coordinadora del Programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Derecho de Familia, Marianela Pierobon, asegura que su experiencia viene de escuchar a muchas mujeres pasar por ese tipo de situaciones. “El derecho alimentario es un derecho que tienen hijas e hijos. En la mayoría de los casos, lo que sucede en la práctica es que luego de una ruptura de pareja quienes en la mayoría de los casos quedan al cuidado de sus hijes son las mujeres. Cada vez tenemos más hogares monoparentales en los que las mujeres no solo tienen que salir a trabajar fuera de su hogar, sino que se duplican y hasta triplican las tareas dentro del hogar, y las cuotas alimentarias son en muchos de los casos difíciles de hacer efectivas. También sucede que esa cuota no alcanza. El problema se visibiliza mucho más en contextos de crisis económicas o procesos inflacionarios como los que estamos viviendo”, contextualizó.
Pierobon indicó que la normativa vigente en la materia es “clara” en relación a que “la nueva legislación Civil reconoce las tareas de cuidado con un valor económico, pero poder ver reflejado eso en las sentencias judiciales es bastante difícil, porque en la mayoría de los casos la ley establece criterios de fijación de la cuota alimentaria que muchas veces son bajas. La ley reconoce las tareas, las nuevas sentencias las consideran, pero no se ve reflejado en el monto fijado en la cuota. Es una problemática que necesitamos visibilizar”. Además, la mayoría de las mujeres tienen que concurrir a la justicia, por diferentes situaciones en relación a la cuota; entonces “vemos que a ese triple trabajo de las mujeres se suma el tener que buscar representación legal o ir a la defensoría, iniciar la acción judicial, afrontar los costos y disponer del tiempo, la preocupación. Entonces no solamente tenemos que atender a nuestres hijes, sino que además tenemos que lidiar con estas demandas. Esto muchas veces se naturaliza”, lamentó.
En ese sentido, la especialista apuntó a lo importante que sería que haya instancias previas, que no quede todo para el momento del incumplimiento o el inicio de las acciones judiciales. “Una instancia para evitar todos estos trastornos”, señaló.
En relación a la respuesta judicial, indicó que “en la mayoría de los casos las sentencias de alimentos son favorables, no se niegan. En muchos casos es difícil de hacerlas cumplir (aunque hay mecanismos como la retención que se aplica dependiendo de la situación laboral), entonces tenemos unas sentencias muy lindas, pero es difícil de hacerlas efectivas. La ley trae sanciones, pero generalmente tiene que haber varios incumplimientos para que se apliquen. Las leyes están bien, pero faltan medidas más efectivas”, consideró.
Además, recordó que en pandemia hubo un incremento de las demandas por alimentos y por esos días se conocieron algunos fallos novedosos. Por otro lado, señaló que “cuando se trabaja con perspectiva de género, lo que se hace es marcar los incumplimientos en el marco de la violencia económica para que se tomen medidas más urgentes (cautelares). La ley provincial de violencia familiar, en su decreto reglamentario dice que el incumplimiento alimentario constituye violencia económica”.
La abogada planteó además que para que haya un cambio real tiene que darse no solo en la justicia, sino también en la sociedad. “Por eso bregamos por más Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y perspectiva de género en todos los ámbitos para que no se llegue a estas instancias, que se cumpla con estas responsabilidades”, instó.
Otros datos en números
Si bien cada jurisdicción tiene sus particularidades, datos elaborados por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, indica que más de la mitad (de las encuestadas) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente.
El informe agrega que 68% de los progenitores varones no convivientes incumple su responsabilidad parental. “La elusión de las obligaciones parentales una vez finalizadas las relaciones de pareja es un problema muy extendido en nuestro país. La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (ENES), de 2015, señala que cuando los padres no residen en la misma vivienda que sus hijas e hijos, solamente el 32% de los hogares monomarentales reciben la obligación alimentaria. En otras palabras: el 68% de los progenitores no convivientes elude su responsabilidad. El Informe 2022 ‘Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en PBA. Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género’ del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, releva que más de la mitad de las 6.442 mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos”.
Además, los hogares “donde se encuentra solo la madre o el padre (hogares monomarentales y monoparentales) la incidencia de la pobreza y de la indigencia es aún mayor, y más aún si la jefa es mujer”. En la pandemia la situación se agravó.
Otro dato saliente es que según la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, las mujeres ejercen tareas de cuidado más horas que los varones. La desigualdad en la cantidad de horas destinada al trabajo de cuidado no remunerado es un factor que profundiza la inequidad entre mujeres y varones en general, y en particular en lo referido a la crianza y educación de niños, niñas y adolescentes. Ellas, lo hacen durante unas 6 horas y media, diarias; mientras que ellos, dedican la mitad: 3 horas 40 minutos.
En Santa Fe
La provincia también dio a conocer algunos datos recientes, relacionados con las tareas de cuidado dentro del hogar. En este sentido, “el indicador visibiliza que el 93% de las personas que cumplen esta condición son mujeres, demostrando nuevamente que existe una sobrecarga al hablar de cuidados”, reza el informe del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que expone el Índice de Participación de las Mujeres (IPM) en los distintos sectores de la sociedad santafesina.
Recomendaciones
El informe de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia nacional incluye Recomendaciones hacia un Plan de Acción contra el Incumplimiento de la Obligación Alimentaria. Entre otros puntos, plantea “impulsar la Creación de una Mesa de Trabajo Operativa por el Derecho a la Cuota Alimentaria, convocando a funcionarias y responsables de los tres poderes del Estado; articular acciones conjuntas de visibilización, promoción y difusión de la temática; garantizar el Patrocinio Jurídico Gratuito para judicializar las situaciones de incumplimiento; diseñar e implementar una formación específica en la materia; impulsar la creación de una Canasta Básica del Costo del Cuidado; crear un proceso judicial exprés para la determinación de la obligación alimentaria”, entre otras modificaciones y articulaciones que detalla el informe.
