Son madres, hermanxs, padres, cuñadxs que comparten el dolor de haber sido atravesados por la violencia transfemicida. Buscan a sus hijas desaparecidas y buscan justicia por sus hijas asesinadas. La ronda, los encuentros y la palabra que fortalece. El dato duro de los Observatorios.
Laura rememora fechas, horarios y secuencias mientras acaricia la imagen de Ayelén estampada en su remera blanca. Tiene una larga lista de preguntas y casi ninguna respuesta por parte de los operadores de justicia encargados de investigar la muerta de su hija. La impotencia la invade como a tantos otros familiares de víctimas de femicidios y desapariciones en democracia que comparten un mismo dolor, una misma lucha y una misma ronda.
Por eso Laura se ocupa de contar su historia; necesita encontrar certezas frente al supuesto “suicidio” de Ayelén Delgado, la joven que fue encontrada ahorcada frente a la casa de su novio el 4 de julio de 2021 en la localidad de Lomas de Zamora. “El papá de su novio es personal penitenciario y para mí hubo encubrimiento en lo que fue el peritaje. Le hicieron una autopsia que dice que murió por asfixia pero sus manos nunca fueron peritadas” empieza a narrar Laura.
En abril de 2022 logró que la causa pasara a una Fiscalía de Género para que su muerte se investigue en el marco de un contexto de violencia machista que su hija padecía por parte de su pareja. Laura no lo sabía: se enteró luego de custodiar el cuerpo sin vida de Ayelén, desde las 6 hasta las 10 de la mañana, a la espera de la llegada de los peritos forenses. “Convocaron a declarar al novio como testigo y a sus padres que dijeron que ellos estaban adentro de la casa cuando sucedió todo. No salieron cuando llegó la policía, cuando los llamaron por teléfono, ni cuando llego la ambulancia. Me dan data de muerte cerca de las 4. 30 de la mañana, a mí me buscan a las 6 menos 10. Después aparece un celular viejo en el bolsillo del jean de mi hija. En fiscalía dicen que no tiene internet, entonces no lo pueden peritar. En ese teléfono viejo hay mensajes de texto de ella diciendo que se iba a suicidar. Su bicicleta no aparece y ella salió de mi casa en bicicleta, nunca apareció. El test toxicológico dio negativo. Ella no había consumido nada. ¿Por qué va con un teléfono antiguo y el de ella aparece en mi casa? Cuando pasó a una fiscalía de género me dijeron que tienen que investigar todo de cero, desde el primer día pero hasta ahora no tengo nada, faltan testigos declarar, las pruebas perdidas no se pueden recuperar”.
Laura intenta atar cabos pero las piezas sueltas del rompecabezas son demasiadas. “¿Cómo fue que tenía los anteojos colocados cuando murió? ¿Por qué no peritaron sus manos y sus uñas?” se pregunta una y otra vez. Ayelén tenía 26 años y la habían despedido de su trabajo en el 2016. Su mamá la recuerda como una joven entusiasta, amante de la cocina, que en pandemia supo generar un emprendimiento de comidas y dulces para poder subsistir. “Ella sufría violencia física y psicológica de él y su familia. Nunca hizo denuncias, según me dijeron. Pero ella venía golpeada, decía que le habían robado, y cuando reviso sus cosas veo que tenia 3 teléfonos rotos. En el 2018 ella había estado embarazada y él la obliga abortar. Eso se enteran sus amigas después de lo sucedido. Entonces hay material para investigar, eso es lo que pido, que al menos se lo investigue porque si yo no hubiera insistido esta causa se cerraba como suicidio”.
Cuando habla de la actuación de la justicia, Laura dice que para ella fue “chocarse contra una pared. Te dicen que las puertas están abiertas pero no te dan respuestas. Yo he estado dos horas con el fiscal mirándonos a la cara sin que me pueda decir nada”. Aún así no pierde la esperanza. A fuerza de golpear una y otra vez las puertas del poder judicial logró que la causa se investigue en una fiscalía especializada en género. “Yo voy a seguir insistiendo”, dice mientras fija la mirada en la foto de su hija.
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María de los Angeles repite casi las mismas palabras. Es la mamá de Eliana Mendilaharzu, una joven que murió luego de agonizar durante setenta días en la cama de un hospital tras la brutal golpiza que sufrió por parte de su entonces pareja y padre de uno de sus hijos, el 16 de agosto de 2020, plena cuarentena por la pandemia Covid-19. Todo ocurrió en el contexto de una fiesta que hicieron en su casa. “Él la lleva a la pieza, la maltrata y la golpea en la cabeza. Después llama a una amiga y le dice que Eli se cayó de la cama porque estaba borracha, que habría que llevarla al hospital. A Eliana solo le pasan suero y le dan el alta cuando ella cobró el conocimiento, pero no le hacen estudios. Estuvo más de cuatro horas en una camilla sin atención. Del hospital la regresan a la casa en una ambulancia y la dejan más de 14 horas en manos de su femicida. Manipuló a Eli toda la noche. Al día siguiente, los vecinos le preguntan por Eli porque no la veían y ella siempre era muy activa”.
María de los Angeles relata con precisión todo lo que pasó con su hija. Recuerda que al día siguiente, Ramiro Ponce -la pareja de Eliana- se comunicó con la hermana de Eli que trabajaba en la guardia de un hospital para que la busque ya que ella se encontraba en muy mal estado. “Ahí fue mi papá a buscarla y la cargan hasta el hospital y le realizan una tomografía. Yo estaba en Olavarría y viajé urgente. Recuerdo que cuando sale el neurocirujano dice que lo que tenía no era producto de una caída de la cama sino de un golpe que había sufrido”. Eliana tenía un fuerte hematoma en su cráneo que la obligó a estar más de dos meses en coma hasta que finalmente murió.
Las pruebas son tan contundentes como las declaraciones de los testigos que desfilaran durante las audiencias del juicio por jurado que tiene fecha para el mes de febrero en los Tribunales de Azul. El de su hija fue el primer femicidio de esta localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. “Yo solo quiero que haya una condena justa pero sobre todo que las chicas puedan hablar, puedan denunciar cuando sufren violencia”. Para acompañar, para transformar el dolor en lucha, María de los Angeles fundó la Asociación Civil “Vivas”. “Hacemos actividades barriales y charlas para no naturalizar los hechos, para que no nos quedemos callados”. Es que su hija jamás denunció ni le contó la violencia que sufría al interior de su hogar. “Todo lo dibujaba con una sonrisa” cuenta su mamá con el llanto aprisionado.
María de los Angeles es hija de detenidos políticos durante la última dictadura militar; de la lucha de las Abuelas y las Madres aprendió a no rendirse. Mientras cuida de su nietos, los cuatro hijos de Eli, dedica su vida a la asociación que ella misma fundó y se prepara para un proceso judicial en el que buscará condenar por femicidio al asesino de su hija. A la vez, espera que avance la causa que investiga la actuación de los dos profesionales de la salud que atendieron a Eliana en la guardia del hospital. “Nada me cura y me sana pero tampoco nada me calla. Llevo con más fuerza que nunca la bandera de Eli y de las chicas que acompañamos”.
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Julieta Delpino desapareció la noche del 24 de julio del 2020. Su mamá la buscó durante toda la madrugada. En horas de la mañana la policía encontró su cuerpo enterrado en el fondo de la casa de Cristian Romero, compañero de trabajo de su hermano y con quien Julieta había mantenido una relación fugaz. “Cuando ella corta la relación, el empezó a acosarla” cuenta Fabiana, otra de las madres que con entereza transformó ese dolor y ese desamparo en una militancia contra la violencia machista en su propio pueblo. “Fue el primer femicidio en la zona pero tuvimos la suerte de que nos tocaron dos fiscales mujeres que actuaron con perspectiva de género y de manera muy rápida.” Fabiana, al igual que María de los Ángeles y Laura, tampoco sabía del acoso hacia su hija. “Ahora, atando cabos, un fin de semana la ví llegar muy enojada a casa y a los tres días la ví con un moretón. Ella me dijo que se había golpeado en el trabajo, ella nunca me lo contó, no se por qué. “No pasa nada mami, me dijo. Lo tenía bloqueado en el teléfono pero el día en que ella lo desbloqueó, el la mató”.
Fabiana se quiebra pero al segundo recupera la voz para contar cómo intenta concientizar sobre las violencias machistas en una localidad en la que “de eso no se habla”. “Pero pasó”, dice. Su hija fue víctima de un femicidio y todavía en Beravevú resulta difícil que la comunidad se involucre y participe en charlas y actividades culturales que visibilizan la problemática. “Creo que el machismo en estos lugares está muy instalado y lamentablemente aunque los vecinos te apoyen, no participan y es una pena. A mi me pasaba lo mismo. Yo veía en lo televisión y creía que nunca nos iba a pasar. Ahora voy a todos lados y voy a seguir luchando por las que no están y por todas las que quedan”.
Manuel es uno de los fundadores de la agrupación “Atravesadxs por el femicidio” que realizó en Rosario su quinto encuentro nacional, días antes de que se conmemorara un nuevo Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Al igual que el resto de sus compañerxs, Manuel lleva una remera blanca con la imagen, en este caso, de su hermana Laura Iglesias. Manuel habla pausado y aunque lo intenta, apenas puede sostener la voz en medio de tanta congoja. A su hermana la violaron y asesinaron en el 2013. Dos años después, la justicia condenó a prisión perpetua a Esteban Cuello por la violación y el femicidio de Laura pero su hermano está convencido que actuaron más personas y por eso apunta todas sus sospechas hacia la fuerza policial.
Laura era trabajadora social y realizaba sus tareas en el Patronato de Liberados bonaerense en la localidad de Miramar, Partido de la Costa. “El 29 de mayo de 2013, salió de su casa en auto ella vivía afuera de Miramar, no toma el camino habitual y se le queda atascado el coche. Una vecina la lleva hasta el lugar donde tenia que hacer un curso. A la tarde fue a buscar su vehículo y recién al día siguiente encontramos su cuerpo violada y estrangulada. La mataron de la misma forma que a Natalia Melmann. Y si bien no hay un nexo directo, Laura tenía contacto con los tutelados que eran trasladados por la policía. La causa está plagada de irregularidades”, señala Manuel y compara el crimen de su hermana con el femicidio de Natalia, secuestrada, violada y asesinada por la policía bonaerense en febrero de 2001 en la misma ciudad costera. Pasaron nueve años y Manuel Iglesias solo tiene dolor y preguntas que la justicia jamás pudo responder. Enumera algunas de las tantas inconsistencias que tiene la investigación y dice: “Yo tengo la certeza que esta involucrada la policía. En todo el partido de la costa hay un circuito de corrupción”.
En uno de los informes que realiza mensualmente el Observatorio Lucía Perez, la antropóloga Florencia Paz Landeira analiza: “como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder”
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Yamila y María Elena son madres buscadoras. Las une la misma angustia y el mismo derrotero por encontrar a sus pequeñas hijas. Yamila es tucumana y habla con un tono de voz delicado. Observa la ronda de familiares y escucha, paciente, mientras sostiene el cartel con la foto de Guadalupe Lucero. Después contará: “Estábamos en un cumpleaños y mi sobrina de 3 años nos dice que Guada no estaba. Salimos a buscarla, yo la llame Belén porque así le digo cuando le llamo la atención pero ella no respondió. Al día de hoy no sabemos nada”. Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 y recién tres días después se activó la Alerta Sofía. Para Yamila, los primeros momentos en la búsqueda “dejaron mucho que desear. Se nos cuestionó a nosotros como familia, se me juzgó a mí en vez de concentrarse en la zona, en los testigos. No se cerró la provincia como tendría que haber sido en el momento”.
Seis meses después de la desaparición de Guadalupe la causa judicial es trasladada al fuero federal. “Se tienen que volver a tomar medidas, rastrillajes, lo que hizo mal la justicia de San Luis hay que volver a hacerlo”, dice Yamila quien viajó desde Tucumán para ser parte del 5to Encuentro de Familiares que se realizó en Rosario. Escuchar otras historias le hizo ver muchas cosas, confiesa. “A mí la policía, los fiscales, siempre me hicieron sentir como culpable”. Yamila toma una pausa y respira. Ser parte de un encuentro colectivo le permitió reconocer ciertos patrones que se repiten en los procedimientos judiciales: la revictimización, el sentimiento de culpa, el foco puesto en la víctima. “La misma experiencia que yo viví cuando me llevaron a declarar se lo han hecho a la mayoría, y ahí decís”, que mal se hace la investigación al principio en vez de concentrarse en buscar a la persona, primero te juzgan como familia”.
A su lado está la mamá de Sofía Herrera, desaparecida en un camping de Tierra del Fuego cuando la niña tenía 3 años y 8 meses. “Fuimos a pasar un día al camping, bajamos de los autos y su papa fue buscar un lugar para el asado, y mi hija desapareció del grupo. No tenemos novedades de ella, a pesar de todo lo que se ha hecho. Hay 5 millones de pesos de recompensa”. Existe en todo el país un protocolo de búsqueda que lleva el nombre de su hija. La Alerta Sofía es una herramienta que se elaboró tomando los requisitos de la Alerta Amber en Estados Unidos. “Es un sistema que difunde de manera inmediata la imagen e información del niño o niña que está siendo buscado y que se considera que su vida está en «alto riesgo inminente». además la coordinación entre las autoridades del Ministerio de Seguridad nacional con sus pares provinciales y el resto de los dispositivos abocados a la búsqueda de personas y envía una serie de alertas a través de medios de comunicación y redes sociales, como Facebook y Twitter, para multiplicar el alcance de la búsqueda.”
María Elena lleva catorce años buscando a su hija y no pierde ninguna esperanza. Se aferra a cada dato que le llega, a “la gente que colabora con sus llamados”, a la fuerza que le transmite la ronda de familiares y esas otras madres que hablan su mismo idioma. “Todos estos años han sido de búsqueda, de lucha, de recorrer el país con la imagen de ella. Si vos te olvidas, todo el mundo se olvida. Por eso no hay que parar de buscar”.
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Son las diez de la mañana del viernes 25 de noviembre. Sobre la vereda de los Tribunales Provinciales hay 203 carteles colocados uno al lado del otro. Son las víctimas de femicidios y transfemicidios que registró la organización Mujeres de Negro durante el 2022 en todo el país. Eva Dominguez es la cuñada de Vanesa Celma -víctima de femicidio- y una referenta del espacio que todos los años realiza una intervención para visibilizar la violencia machista. Es también una de las familiares que se puso al hombro la organización del 5to Encuentro de Atravesadxs que se realizó en Rosario. “En el Encuentro coincidimos en la falta de perspectiva de género que tiene la justicia, la falta de un acompañamiento integral por parte del Estado y la necesidad de una ley Brisa que no tenga tanta burocracia, hay muchos juicios con sentencia firme y todavía les niñes no pueden cobrar esa reparación”, dice Eva que hace tiempo denuncia las dificultades que tienen las familias para acceder a la Ley Brisa. “Cuando escuchamos otras historias reconocemos que lo que le pasa a un familiar, le sucede a otro”.
A su lado, acompañando la movida, se encuentra la militante histórica del feminismo local, Mabel Gabarra. Consultada por enREDando, Mabel dirá: “a las intervenciones de Mujeres de Negro, la gente que sale del Tribunal la mira de reojo, la mayoría no se para a mirar. Hay una cierta indiferencia que facilita la impunidad. Y eso lo siento como un fracaso, pero la sociedad va cambiando y siempre vale la pena seguir. Esto es un cambio cultural, tenemos la esperanza que esto mejore y la frustración de ver que todavía faltan muchos avances”.
Los observatorios autogestionados llevan adelante una de las tareas más difíciles: contabilizar la cantidad de crímenes por razones de género que cada año se cometen en el país. Aunque las cifras difieran según los criterios que cada organización adopta, los números siguen impactando. Sobre todo en Rosario, una ciudad que desde hace años está atravesada por un aumento desmedido de las muertes vinculadas a la violencia urbana y el narcomenudeo.
En la provincia de Santa Fe, el equipo de la concejala Norma López es quien lleva adelante un registro de feminicidios que incluye -desde el año 2018- a las mujeres y disidencias asesinadas en contexto de criminalidad. Los últimos datos del “Observatorio Mercedes Pagnutti” devela cifras alarmantes: entre el 1° de enero y el 20 de noviembre de 2022 se registraron 263 femicidios (más 3 vinculados) en Argentina, de los cuales 68 corresponden a la provincia de Santa Fe. 51 fueron cometidos en contexto criminal, de los cuales 49 ocurrieron en el departamento Rosario. “En nuestra provincia la situación del femicida difiere del resto del país: tenemos la mayor cantidad de femicidas prófugos relacionados al contexto de criminalidad por balaceras, sicarios y la modificación de roles en las economías delictivas. Las tasas que mostramos dan cuenta de la falta de políticas de seguridad específicas para nosotras y que tienen que ver, en la provincia y sobre todo en Rosario, con el despliegue territorial que tienen bandas delictivas y mafiosas” señala Norma con preocupación. Las tasas a las que refiere señalan que Santa Fe es la provincia con más femicidios, 2,19, cada 100 mil habitantes. Es que hace tiempo que la concejala viene advirtiendo sobre un fenómeno que recién ahora empieza a ser reconocido por el propio Estado. Ya lo decía Norma López meses atrás: “Hoy en Rosario tenemos un grado de violencia que es imposible soslayar. No es nuevo y va creciendo porque estamos en un momento donde hay muchas desigualdades y mucho consumo. Tenemos que tener políticas específicas dirigidas a las mujeres y al colectivo de la diversidad porque el patriarcado nos asigna roles muy desiguales y eso atraviesa a toda la sociedad. Tenemos herramientas legales, hay programas que acompañan pero todavía hay muchas dificultades a la hora de avanzar en autonomía económica, en el acceso a la vivienda y en el acceso igualitario a la justicia”.
Por su parte, el observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» que coordina la agrupación Mumalá registró entre el 1ro de enero y el 19 de Noviembre 2022, 208 femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios de un total de 349 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina. En la provincia de Santa Fe, fueron 68 muertes violentas, 45 de ellas vinculadas a las economías delictivas. Mumalá es otra de las organizaciones feministas que viene poniendo el foco en el aumento creciente de mujeres asesinadas en un contexto de violencia asociada a la narcocriminalidad. “El poder judicial no solamente tiene el deber de proveer justicia a las que fueron víctimas. También en analizar por qué están en determinada situación aquellas que estuvieron en un entramado delictivo. Ese análisis desde una perspectiva de género es fundamental. Hoy lo que vemos es cómo la detención de varones vinculados al narcotráfico genera otros roles en las mujeres que empiezan a ocupar esos espacios e involucrarse en distintas situaciones y en otros casos, es claramente una alternativa económica, aún a riesgo de la propia vida” señalaba a enREDando una de sus máximas referentes en Santa Fe, Gabriela Sosa.
Por otro lado, el Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad presentó su propio informe estadístico con datos oficiales preliminares que van desde el 1 de enero al 18 de noviembre de 2022. En total, registra 22 víctimas de femicidios, transfemicidios/travesticidios y muertes violentas de mujeres en contextos femicidas y 44 mujeres cis asesinadas en contexto de narcocriminalidad organizada en la provincia de Santa Fe.
De este universo, el Observatorio señala que 18 casos pueden considerarse, en principio, como muertes violentas con elementos de violencia de género (femicidios en contextos de criminalidad organizada) y 26 como muertes en contexto de narcocriminalidad. De los 18 femicidios en contexto de narcocriminalidad, 17 sucedieron en el departamento Rosario. Desde el Ministerio establecen una diferenciación: “lo característico de los femicidios en contextos de criminalidad organizada es que ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas como narcocriminalidad/narcomenudeo y/o trata de personas. En ellos existen elementos que permiten determinar que la muerte violenta es consecuencia de considerar a las mujeres como mercancía y como producto de venganza entre bandas. También por el escaso valor asignado a sus vidas hacia adentro de esas organizaciones o bien puede suceder que el resultado de muerte sea respuesta a su desviación en relación a lo que se espera que sea su comportamiento de acuerdo al estatus de su género. Estas características son las que diferencian a esa categoría de la de muertes en contexto de narcocriminalidad, donde sin existir elementos de violencia de género, las mujeres mueren por quedar en la línea de fuego o son víctimas colaterales en dichas situaciones”.
En el mapa que elabora mensualmente el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad provincial los puntos rojos de homicidios dolosos se concentran en las zonas donde la desigualdad, en su gran mayoría, es estructural. Allí se producen mayormente los femicidios en contexto de de criminalidad o aquellos en los que las mujeres de los barrios quedan bajo la línea de fuego. Por ello, las organizaciones sociales que tienen extenso trabajo en territorio coinciden en un reclamo que es tan urgente como importante: la articulación entre todos los niveles del Estado y políticas públicas integrales, feministas y sostenidas en el tiempo.
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Los familiares que llegaron desde distintos puntos del país se preparan para el almuerzo en la sede de Ate Rosario. Siguen conversando, conociendo sus historias, compartiendo experiencias, intentando encontrar reparo ante el desamparo. Reconociendo patrones comunes de revictimización por parte del poder judicial y entendiendo que los asesinatos de sus hijas y hermanas no son casos aislados sino que conforman una cartografía de la violencia patriarcal.
Manuel Iglesias, uno de los fundadores de la agrupación, cuenta que actualmente ya son más de doscientos familiares en todo el país. Pero el dato no es consuelo, todo lo contrario: “lo ideal sería que cada vez seamos menos”, dice.
