El Sindicato de Cadetes de Rosario y Coopexpress son estructuras separadas pero que nacieron juntas ante una misma necesidad: jerarquizar el trabajo de los repartidores de la ciudad. Pero también son un movimiento con profundo compromiso social, por eso se los suele ver en movilizaciones contra el gatillo fácil o acompañando los reclamos por una Ley de Humedales. Pandemia, inseguridad y precarización laboral extrema. En época de aplicaciones y ser tu propio jefe, plantean el modelo opuesto: juntarse para ver cómo estar mejor.
Es un viernes de agosto pero el sol engaña con adelantarse unos meses. Frente a los tribunales provinciales de Rosario está todo dado para que empiece la marcha; las organizaciones se fueron acomodando una atrás de la otra y todas detrás de una bandera con imágenes de pibes muertos a manos de la policía. El reloj marca que la movilización debería haber comenzado hace unos 20 minutos y cuando algunos empiezan a dar los primeros gritos para arrancar, por la otra calle un escuadrón de motos irrumpe en la escena a puro bocinazo. Todos van con pecheras verdes y una caña enganchada al asiento de la moto que hace de mástil a los banderines que los identifican como el Sindicato de Cadetes de Rosario. En la caja, donde llevan los pedidos, todos repiten el mismo afiche: yo marcho contra el gatillo fácil.
Ahora es un viernes de octubre y los 32 grados de las dos de la tarde le hacen honor a la época del año. Varias de las motos que hace unos meses desfilaban en la marcha hoy están estacionadas en la poca sombra que ofrece el estacionamiento del Centro Cultural de La Toma. Allí, en una sala del segundo piso del lugar se organizan los trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Cadetes de Rosario y de la Cooperativa “Coopexpress”.
En la oficina no hay demasiado: dos escritorios, dos computadoras, una lista con los beneficios que tendrán los afiliados al gremio, y un cuadro de Juan Domingo Perón subido a una Velocette negra durante un homenaje al motociclismo argentino, en diciembre de 1954. Tampoco necesitan más. Salvo cuando hay asamblea, ahí sí copan el segundo piso del antiguo supermercado Tigre, donde hay lugar para albergarlos a casi todos.
“Nosotros somos un gremio que acompañamos un montón de otras luchas”, dice Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario. Tiene 30 años y está desde el inicio del proceso de organización. Cuenta que el gremio hoy forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, del movimiento ambientalista de la ciudad y de espacios de género. “Cualquier sector que tenga una lucha que nos parece justas nos sumamos y hacemos relaciones. Con la gente de La Toma estamos vinculados desde que arrancamos”, explica.
La Toma es la finalización de un proceso de organización, pero el inicio de una etapa de crecimiento para los cadetes. Antes de eso fue alquilar una casa que quedó chica rápido en Constitución y Catamarca. Los trabajadores seguían las asambleas desde la vereda, agazapados en las puertas y ventanas. Y entendieron que era momento de mudarse: “La toma nos abrió las puertas y para nosotros es un orgullo estar en un lugar que es histórico para el movimiento obrero de la ciudad”.
La organización sindical de los cadetes surgió al calor de la crisis del 2001. El pueblo se manifestaba en las calles y los “mensajeros” no solo que no eran ajenos a la situación económica, política y social, sino que habían tomado una participación activa en los reclamos. Los medios empezaron a hablar de “La caballería del pueblo” para referirse al grupo de motoqueros que, entre viaje y viaje, se sumaban a las protestas.
La tarde del 20 de diciembre, Gastón Rivas, un repartidor de 30 años salió a entregar un mensaje y vio que en Avenida de Mayo la población pedía que se vayan todos. Se quedó. Antes de la cinco de la tarde la policía comenzó a reprimir a los presentes; a Gastón le dispararon cuando estaba arriba de su moto. María Arena, su esposa, seguía las imágenes por televisión y reconoció a Gastón desvanecido, mientras lo subían a la ambulancia. Después de preguntar en distintas dependencias policiales sin resultados favorables, le informaron que había sido llevado al Hospital Argerich. Murió instantes después de llegar. Tenían tres hijos juntos.
La represión del 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo terminó con cinco personas muertas. A nivel nacional, la pueblada terminó con 39 muertes a manos de la policía. Los hechos fueron llevados a la justicia, pero sin demasiados resultados positivos. El agente de la policía federal, Víctor Belloni, fue sindicado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Gastón, pero la Justicia no pudo probarlo. Hoy Belloni está alejado de las fuerzas policiales: es pastor de la iglesia Embajada del reino de Dios, en Misiones.
En Rosario, una ordenanza conmemora el 20 de diciembre como Día del Cadete Motoquero. Para llegar a eso pasó algún tiempo de la crisis; la idea de organizarse no llegó a la ciudad como forma de “contagio”, sino que se terminó imponiendo como una necesidad. El Sindicato de Cadetes Rosario surgió hace unos seis años atrás y a la par de “Coopexpress”, una cooperativa de trabajo que organiza y gestiona el trabajo de los repartidores. Si bien funcionan en paralelo y con un horizonte similar, son estructuras separadas, con distintas autoridades y que funcionan como dos herramientas diferenciadas: una para lo gremial y la otra para la organización laboral.
“Las dos organizaciones surgen a través de una misma necesidad que es jerarquizar el trabajo del cadete”, dice Gabriel Rogeló, presidente de la cooperativa. Tiene 43 años y dice que el objetivo de la organización es mostrar que hay una forma distinta de trabajar incluso en época de aplicaciones. “Buscamos algo distinto, que es la autogestión. Mientras las aplicaciones te tratan como emprendedor y tu propio jefe, acá nos planteamos como socios que formamos parte de un movimiento y que queremos jerarquizar nuestro trabajo”, añadió.
Hoy la cooperativa cuenta con unos 170 socios que trabajan en forma fija en alrededor de 100 locales que los contratan. La dinámica consiste en que los locales —generalmente gastronómicos— se ponen en contacto con Coopexpress quienes asignan el número de trabajadores solicitados. Se aclaran las condiciones del servicio previamente con las autoridades del comercio: desde la cooperativa piden que los cadetes trabajen cinco días con turnos de tres horas de duración. Y que los trabajadores cobren “dinero en mano” finalizada la jornada.
“Es algo que cierra por los dos lados. El trabajador se beneficia con cierta estabilidad en su condición laboral, teniendo en cuenta que es un trabajo no muy fijo, con altibajos. Y al local se le garantiza puntualidad y permanencia. Los que nos contratan ya saben que va a tener su cadete en tiempo y forma, que no le va a faltar si llueve o hay un partido de fútbol importante, ellos van a tener su cadete”, resume Gabriel.
En tanto, unos mil repartidores están afiliados al sindicato. Aunque Nicolás hace una aclaración: más que afiliados son trabajadores que adhieren al movimiento, porque la organización aún no cuenta con personería gremial. Ya tienen todos los papeles presentados, aseguran, pero el trámite viene lento. “Nosotros en pandemia fuimos declarados esenciales desde el momento uno y cuando nadie estaba en la calle nosotros trabajamos demostrando la importancia de nuestra actividad. Y así y todo, en materia de derechos seguimos iguales, el Ministerio de Trabajo no nos da la personería gremial como para ejercer un convenio colectivo”, explica el representante sindical.
Pero a las trabas burocráticas se las combate con ingenio. Y fueron en busca de beneficios por su cuenta. Se acercaron a hablar con aseguradoras de riesgos, mecánicos, casas de repuestos, farmacias y abogados. Y labraron acuerdos individuales. De esta manera, pagando una cuota simbólica de 200 pesos acceden a una serie de rebajas y facilidades para sus trabajadores. La última conquista en ese sentido fue que la obra social de amas de casa les brinde cobertura como monotributistas. “Logramos tener un montón de compañeros asegurados y con cobertura médica”, resaltan desde sus oficinas de La Toma.
En estos años de funcionamiento, en el sindicato se encontraron de todo: desde trabajadores que estaban en condición de “semi esclavos” hasta repartidores que han llegado golpeados por los propios patrones. Y si bien la falta de reconocimiento como gremio por parte del Estado limita las medidas que puedan tomarse, nada les impide parar el local con un piquete de motos en la entrada. Pero de a poco la situación con los patrones fue mejorando y hoy en día gran parte de los dueños de los locales discuten los aumentos directamente con la organización gremial, entendiendo que poseen la representatividad de los trabajadores.
“Al no tener un convenio colectivo que los agrupe a todos, lo más difícil es hacer que paren todos los cadetes de la ciudad. Pero sí hemos hecho un montón de paros por empresas”, sostiene Nicolás. Mientras que Gabriel lo grafica de forma más cruda: “El repartidor que está trabajando como único cadete en una rotisería, le dice «paro» al patrón y lo echaron, si no está ni siquiera registrado. Y ahí viene el nivel de explotación del que hablamos, con ningún tipo de derechos laborales”.
En octubre de 2018 el entonces concejal rosarino, Eduardo Toniolli, presentó una denuncia administrativa ante la Municipalidad por la actividad comercial llevada adelante por las empresas Pedidos Ya, Rappi y Glovo en Rosario, sin contar con la habilitación correspondiente. Meses antes el paisaje de la ciudad se había transformado y las calles se plagaron de personas en bicicletas y motos con sus mochilas de colores chillones que indicaban a qué empresa correspondían. La situación económica no era la mejor y la salida laboral era veloz: un teléfono, un vehículo y a las calles.
La denuncia presentada tenía su lógica: no solo que nadie respondía ante los inconvenientes que podían tener los trabajadores que discursivamente se presentaban como “sus propios jefes”, sino que nadie sabía quiénes eran los dueños porque no tenían domicilio ni tributaban en la ciudad. La causa avanzó en la Justicia con un primer fallo favorable para que las empresas se adapten a las ordenanzas vigentes en la ciudad.
Esa situación de irregularidad quedaba en evidencia con algunas postales insólitas: mientras que los cadetes reclamaban en la sede del Ministerio de Trabajo, Rappi entrevistaba a posibles candidatos a repartidores en una habitación del Hotel Viena, a cincuenta metros de distancia. Las mochilas naranjas queriendo salir a repartir, las pecheras verdes reclamando derechos laborales.
Pero el fallo fue apelado y desde entonces no hubo novedades. Aunque el panorama ya no es el mismo: Pedidos Ya fue absorbiendo a sus competidores y hoy casi que monopoliza el mercado, algo que empieza a generar preocupación en los propios comercios. “Hoy se lleva la tercera parte de lo que sale una hamburguesa. Es un precio totalmente abusivo y los comerciantes están planteando que el Estado intervenga”, asegura Nicolás.
De todas maneras, el joven gremialista aclara que el foco de la pelea nunca fue para que las aplicaciones no estén en la ciudad, sino para que se adecuen a la ley vigente y la competencia sea justa. “Nosotros no tenemos problemas en que vengan multinacionales y se lo decimos a los chicos que trabajan ahí, porque por ahí piensan que queremos dejarlos sin trabajo en un contexto tan difícil. Lo que pedimos es se adecuen y puedan trabajar en condiciones. A nosotros lo que más nos importan son las condiciones laborales del repartidor”.
En una misma sintonía, Gabriel sostiene que no hay una “competencia” con las aplicaciones y mucho menos con sus trabajadores. Pero sí entienden que se plantean dos modelos de organización del trabajo que son contrapuestos: “La lógica que plantean las aplicaciones es la de la competencia entre los propios compañeros, porque el que es más productivo para la empresa tiene mejores horarios, mejores viajes, le pagan mejor. Y nuestra idea es la contraria, es la de juntarnos para ver cómo podemos estar mejor”.
La pandemia encontró a los cadetes como uno de los pocos sectores con posibilidad de estar en las calles. Los primeros momentos fueron los más complicados: el miedo a no saber qué pasaba, el crecimiento exponencial de pedidos, la sensación de desconfianza por su exposición al contacto con el otro y la desprotección del Estado, pese a la su calificación de esenciales. Tanto desde la cooperativa como desde el sindicato se encargaron de repartir elementos de seguridad como barbijos y alcohol, además de instalar una carpa sanitizante en la Plaza San Martín, para asistir a los cadetes que se encontraban cumpliendo su labor.
“En pandemia la actividad aumentó mucho porque fue una crisis. La gente que se quedó sin laburo y se volcó a esto. Aumentó el trabajo, aumentó la visibilización de nuestra importancia como sector, pero no aumentaron nuestros derechos. Seguimos igual de precarizados que antes de la pandemia”, cuestionó Nicolás. “Fue una etapa de mucho de miedo para los cadetes porque no solo estaban expuestos al virus, sino también a los hechos de inseguridad. Estábamos en la calle solos, no pasaba un auto, no te abrían una puerta. Y el aumento de robos fue explosivo”, agrega Gabriel.
Y así como las condiciones laborales siguen siendo precarias, las condiciones de seguridad tampoco han mejorado, más bien lo contrario. No obstante, en el último tiempo fueron apareciendo algunas iniciativas interesantes al respecto. Como por ejemplo un proyecto de ordenanza para que el Municipio otorgue GPS a los cadetes. La iniciativa impulsada por el concejal Lisandro Cavatorta ya tuvo el visto bueno de la comisión de seguridad y ahora está siendo analizada por la comisión de presupuesto.
“Lo ideal sería que lo paguen las empresas de delivery, pero hoy no tienen ni oficinas en la ciudad. Así que en principio estamos de acuerdo que lo pague el Estado porque es muy difícil de afrontar para los trabajadores. Si bien entendemos que la seguridad es una cuestión estructural que no lo va a resolver un GPS, por lo menos achica el margen y da la posibilidad de recuperar la moto. A nosotros cuando nos roban pasamos automáticamente a ser desocupados porque perdemos la moto, las aseguradoras tardan mínimo tres meses en pagarte”, describen. Y lo resumen de manera contundente: cadete que no trabaja cadete que no come.
Desde el sindicato reconocen que se trata de un sector estrictamente machista y que la calle también se mueve con esas lógicas. Se hacen cargo y dicen trabajar para enmendarlo. Por eso las mujeres ocupan roles de importancia dentro de la organización, como Brenda Marinucci que forma parte de la directiva y es la secretaria de género a nivel nacional. En ese marco, son las mujeres las que impulsan medidas que van desde la participación en los Encuentros Nacionales de Mujeres hasta la planificación de políticas para combatir el acoso callejero. Sobre una de las paredes de la oficina un grafiti lo refleja: libres y en dos ruedas por las calles nos queremos.
Dentro de la secretaría del gremio también se encuentra Julieta Riquelme, una activista de los derechos humanos en Rosario, integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Su hermano, Jonatan Herrera, fue asesinado a principios de 2015 por agentes de la Policía de Acción Táctica cuando lavaba el auto frente a su casa. Dispararon 52 tiros al confundirlo con un joven al que supuestamente estaban persiguiendo por un robo. El 13 de octubre pasado, tras casi ocho años de lucha y la intervención de la Corte Suprema, lograron una condena de 17 años de prisión para el autor de los disparos. Ahora, Julieta se reparte los días entre las calles y las calles: algunas las transita como repartidora y otras para seguir reclamando justicia por los otros casos de violencia institucional en la ciudad.
