Más de 20 años de megaminería han transformado a Catamarca en una cartografía del sacrificio pero también, de la resistencia. Oro, cobre, litio. Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Ancasti. Persecución judicial y organización asamblearia. La defensa del agua y los cerros que unen las luchas de todo el país. Un puente para construir alternativas al modelo extractivista,
Foto: Susi Maresca en Agencia Tierra viva
“Si nuestro río se contamina o se seca, Andalgalá dejará de existir”.
Ana Chayle dice que la carta de defunción de su pueblo es la megaminería a cielo abierto. Lo asegura después de haber soportado veinte años de extractivismo minero concentrado en la región, y en su comunidad, la conocida “perla del oeste catamarqueño”.
¿Cómo queda un pueblo luego de veinte años de explotación minera? Ana sentencia: empobrecido, enfermo y dividido. En ese entonces, cuando Bajo la Alumbrera comenzó a operar en Catamarca, la población no contaba con demasiada información sobre los impactos que podría generar lo que fue el primer emprendimiento minero de oro y cobre a cielo abierto en el país. En cambio, las bondades del supuesto progreso proliferaban en los medios de prensa generando expectativas en comunidades que abrazaban las promesas de desarrollo y generación de empleo.
Veinte años después, Andalgalá es un pueblo que resiste. 650 marchas a favor de la vida y en defensa del cerro Aconquija. 20 causas judiciales abiertas contra vecinos tan solo en lo que va del año y más de 100 desde el 2010. Represión, detenciones, criminalización de la protesta, embates judiciales y una certeza: la megaminería no implicó ni desarrollo ni riqueza para la comunidad. Así lo entiende Ana Chayle, una de las voceras y activista socioambiental de la Asamblea El Algarrobo, el espacio que nació luego de que el Estado reprimiera, hace 12 años atrás, un reclamo vecinal en contra del avance del nuevo proyecto minero Agua Rica.
La batalla desde entonces es profundamente desigual. Gran parte del pueblo enfrenta a un conjunto de poderes que actúan en tándem: por un lado, el núcleo de empresas multinacionales que operan en la zona, por el otro, el poder político y judicial allanando el camino para la explotación megaminera. “Los tres poderes están asociados para propiciar el avance de estos proyectos a cualquier precio. Cada institución colabora para invisibilizar las violencias, los impactos que provocan las empresas y por otro lado, criminalizar a las personas que denuncian la destrucción de los territorios” aporta la antropóloga y docente Luciana Fernandez.
Actualmente todos los esfuerzos de la Asamblea están orientados a frenar el desarrollo del mega emprendimiento que fusiona Agua Rica con Alumbrera: el conocido proyecto MARA que tuvo luz verde luego de que en el año 2020 la Corte Suprema provincial declarara inconstitucional la ordenanza municipal que expresamente prohibía la minería a cielo abierto, un logro que el pueblo de Andalgalá conquistó en el 2016. Pero el fallo que los jueces provinciales dictaron a favor de la multinacional canadiense Yamana Gold dice expresamente que la actividad minera es un “medio destinado al desarrollo económico y social de esa jurisdicción”. A su vez, el gobierno provincial aportó su grano de arena y señaló que se había efectuado la consulta pública sobre el nuevo informe de impacto ambiental presentado por la empresa. Desde la Asamblea cuestionaron el mecanismo: “consistió en llenar planillas con preguntas que nunca tuvieron respuesta. La información brindada a la comunidad eran expedientes administrativos que contaban con 3 mil páginas que debían ser leídas en menos de 15 minutos debido al contexto de pandemia”.
El nuevo yacimiento Agua Rica -rebautizado MARA- está ubicado en la cuenca alta del río Andalgalá, es decir, donde nace el río. Afecta, además, las nacientes de los ríos Choya y El Potrero. De estos ríos se alimentan las poblaciones, los animales y las plantas. “En caso de continuar con el proyecto, lo que está en riesgo es la supervivencia de los pueblos que constituyen Andalgalá y toda la biodiversidad” señalan en el pueblo.
No hay futuro posible con un cerro dinamitado. Es por eso que la gente de Andalgalá y de las comunidades vecinas resiste no solo dando pelea en el plano legal, apelando hasta las últimas instancias judiciales. Lo hace -además- poniendo el cuerpo en un acampe a 3500 metros de altura y bajo las peores condiciones. Allí, cortando el paso de las máquinas mineras, se encuentra un grupo de pobladores de Choya, un pequeño pueblo rural que decidió subir al cerro en abril de este año cuando detectó la construcción de una escombrera -un basurero industrial- en la cuenca alta del río Choya y luego de que varios niñxs de la comunidad padecieran problemas estomacales como consecuencia de la contaminación del agua.
“No había terminado de arrancar la rutina escolar cuando niñas y niños debieron abandonar la escuela, algunos con dolores y náuseas, otros con diarreas. En sus casas, un panorama similar. Las descomposturas se extendieron también a jóvenes y adultos. La visita al hospital no fue de mucho remedio. ¿O sí? Sólo les dijeron que se trataba de una gastroenteritis; que “algo les habrá hecho mal; probablemente el agua”; que “por las dudas, compren y tomen agua mineral”. Al parecer —una conjetura que nunca podremos comprobar por la ausencia o negligencia manifiesta de las autoridades de Salud—, fueron demasiados minerales en el agua lo que les ocasionó esos malestares. Al día siguiente, varios de ellos caminaron río arriba a ver qué pasaba con sus aguas. Se encontraron allí con picadas abiertas, anchos desmontes, máquinas inmensas y grandes volúmenes de tierra removida, alterando su río: el que riega sus plantaciones de frutales y sus sembradíos, el que da de beber a sus animales y a todo el poblado. Así se enteraron que la empresa canadiense Yamana Gold —titular del proyecto minero MARA— estaba haciendo una exploración avanzada en esa parte de la cuenca, nada menos que con el objeto de “evaluar en el futuro la potencial instalación de una escombrera”, cuenta el investigador, escritor y docente Horacio Machao Araoz.
Así nació el bloqueo. “Fueron decididos a bloquear el camino a la empresa, para denunciar los atropellos y los daños y exigir la presencia en el lugar de las máximas autoridades responsables”. La respuesta del Estado minero no tardó en llegar: el 3 de mayo hubo una nueva y feroz represión en horas de la medianoche que derivó en la arbitraria detención de Karina Orqueda, una joven madre que solo atinaba a defender a su hijo de la prepotencia policial. “Cada 15 días un enorme numero de policías armados suben al cerro para custodiar que la empresa pueda hacer recambio de personal e ingresos de insumos para continuar perforando el cerro de manera totalmente ilegal. La ordenanza aún sigue vigente porque apelamos el fallo, entonces la empresa no está respetando los tiempos procesales”, explica Ana y ratifica: “En Andalgalá sostenemos que esto es una dictadura minera”.
Es que no es la primera represión que sufre el pueblo. Un año atrás se desató una cacería contra vecinos y activistas de la Asamblea. Y un año después la escena vuelve a repetirse, esta vez, contra dos históricos referentes de esta lucha: Aldo Flores y Enzo Brizuela. “En abril de 2021, durante 14 días, también fueron privados de su libertad en el marco de la causa iniciada por el incendio de las oficinas del proyecto minero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) –que operan Yamana Gold (en proceso de adquisición por Gold Fields), Glencore y Newmont. También esa causa se basó en testimonios de personas vinculadas con la actividad extractiva”.
En junio de este año Aldo (73) y Enzo (33) fueron detenidos y hospitalizados. Aldo debió ser trasladado de urgencia a la capital catamarqueña debido a un inicio de infarto que sufrió cuando prestaba declaración indagatoria. Enzo, quien había iniciado una huelga de hambre seca en protesta por el hostigamiento judicial, debió ser internado en el hospital local al cuarto día de su detención, debido a un cuadro de deshidratación y presión alta, que se sumó a una angina que ya padecía. La causa se inició debido a una denuncia por supuestas amenazas de las que jamás se presentaron pruebas, aclara Ana. “Estuvieron once días detenidos por un supuesto delito que además es excarcelable. Yo ya no creo ni el sistema judicial ni el poder político”.
La voz de Ana Chayle se escucha cansada pero fuerte. En Andalgalá saben que cualquier foco de resistencia puede ser repelido con la fuerza policial de un Estado operando a favor de los intereses mineros. “David y Goliat” describe la activista para graficar la situación.
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El mapa de la provincia de Catamarca está atravesado por proyectos megamineros en diferentes fases. Se estima que al menos son 18. “El Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, Minera Alumbrera-Agua Rica, en Andalgalá y El Salar 3 Quebradas en Fiambalá, componen lo que llamamos el Triángulo del Sacrificio. Estos tres proyectos de megaminería, dan cuenta de una política de destrucción, saqueo y ecocidio que lleva más de 27 años sostenidos en la provincia de Catamarca, y que la han convertido en una tierra de pobreza y desigualdad extrema” señalan Ana Chayle y Manuel Fontela en un extenso documento publicado en el portal Contrahegemonía.
Ellos hablan de una cartografía del sacrificio que “define un tipo de lógica política estructural que ha gobernado nuestro territorio los últimos 30 años y que es la que pone en riesgo las condiciones primarias de vivir y sobrevivir los años venideros. Por eso afirmamos que las empresas y los gobiernos ya no necesitan mentir, ni ocultar lo que harán. Es la propia información que ellos publican la que nos alerta del futuro. Su “sincericidio” no habla de transparencia, ni de sustentabilidad, bien por el contrario, evidencia que efectivamente nos consideran sacrificables. Nuestro sacrificio es un número viable en su ecuación costo-beneficio. Nuestras vidas no valen tanto como los millones que generaría su negocio. Y ese mismo “sincericidio” nos corrobora también que, para estas personas y partidos políticos que hoy detentan el poder, los negocios son más fuertes que la democracia”.
Pero el extractivismo yuxtapone varias cartografías, las de la violencia y el ecocidio, “y también las de las resistencias y las alternativas. Ellas coexisten en tiempo y espacio, se enfrentan y disputan sentidos, territorios y vidas”.
Ancasti es otro de los departamentos de Catamarca que vio nacer una asamblea contra la megaminería: la Asamblea por la Vida. “En Ancasti hay litio en forma de piedra, entonces la extracción es muy similar a la de oro y cobre. En el salar se aplica una megaminería de agua. Acá realizan pequeños tajos pero en toda la sierra, es decir, dejarían el cerro como un colador literalmente. Sabemos que hay proyectos en fase de exploración y por eso estamos alerta”. Romina es mendocina pero hace ocho años que se radicó en la localidad de Ancasti, al sudoeste de Catamarca. Dice que allí encontró un lugar hermoso para vivir y por eso no dudó en instalarse en el pueblo y en conformar la Asamblea ni bien detectaron la presencia de máquinas realizando exploraciones en el subsuelo y a tan solo quinientos metros de las casas vecinas. Esto sucedió en el año 2017 en el poblado Santa Gertrudis, una de las bocas de mina del llamado Proyecto Ancasti y donde habita un grupo de mujeres tejedoras de seda de coyoyo, un material natural que se obtiene de capullos que se reproducen de manera silvestre en el monte.
“En ese entonces, la empresa de origen australiano Latin Resources (Recursos Latinos), comenzó la exploración de suelo sobre una vieja mina en desuso para la extracción de litio en pegmatita, uno de los primeros proyectos para sacar litio de la roca en Argentina. Ingresó maquinaria pesada al pueblo y al monte, perforaron cientos de metros de profundidad. Y no se supo más”. En el 2020, la empresa anunció que retomaría los trabajos en la zona. “Tenemos pleno conocimiento acerca de este proyecto desde principios de 2017, cuando la empresa realizó una falsa audiencia pública, únicamente en Villisman y sin cumplir con los requisitos legales mínimos de publicitación para la participación ciudadana. Seguramente dirán que traen progreso y trabajo, pero nos preguntamos: para cuánta gente y por cuánto tiempo. Y sobre todo, a cambio de qué. La contaminación del agua, de la tierra y del aire, la muerte de animales y la pérdida de las economías locales será el resultado del avance de estos proyectos”, decía la Asamblea de Ancasti en un comunicado.
Luciana Fernandez vive hace más de 20 años en Ancasti y también integra la Asamblea. “Nos empezamos a organizar para entender lo que estaba pasando y después, para empezar a reclamar que se cumpla con la reglamentación vigente, es decir que las comunidades seamos informadas y apelar a nuestro derecho a poder vivir en un ambiente sano, se supone que es un piso básico que establece la Constitución” dice en comunicación con enREDando. Gracias a la lucha lograron la sanción de una ordenanza local que declara a Ancasti, área protegida y municipio no tóxico pero Luciana señala que, más allá de la importancia de contar con dicha normativa, lo cierto es que desde el Municipio no se generan políticas que pongan en marcha sistemas de protección y cuidado con respecto al ambiente.
Catamarca carga con veinte años de proyectos mineros explotando el territorio: uno de ellos en el cerro Aconquija. El otro, en Antofagasta de la Sierra donde persiste el Proyecto Fénix que lleva a cabo la explotación de litio por parte de la empresa multinacional Livent con sede en Estados Unidos y denunciada además por malversación de fondos y subfacturación. “La empresa no solo saquea litio, sino también el agua. La empresa secó el rio Trapiche en el transcurso de estos años y parece que eso como evidencia no alcanza para demostrar que la empresa produce daños irreversibles en la región. En vez de ser castigada, es premiada por el gobierno nacional y provincial y se le aprueba una ampliación de la extracción de la planta y la construcción de un acueducto de varios kilómetros que atraviesa el Salar del Hombre Muerto y va hacia la fuente de agua dulce más importante de la región que es el Río Los Patos, para seguir extrayendo mayores cantidades de litio”.“El consumo de agua de Antofagasta de la Sierra, que tiene 2.000 habitantes, es de 219.000 metros cúbicos por año. El consumo del Proyecto Fénix de Livent, es de 5.694.000 metros cúbicos por año. Es decir, lo que Livent consume de agua dulce en 14 días es lo que toda la población de Antofagasta consume en un año”, detalla el artículo publicado por Ana Chayle y Manuel Fontela.
Livent no es el único capital extranjero operando en la zona. Otro de los recientes proyectos de extracción de litio está en manos de la multinacional Galaxy. Las dos cuentan con permisos de extracción de agua del río Los Patos otorgados por el estado provincial “sin tener estudio hidrogeológicos de la cuenca. Entregan los territorios a las empresas. Y lo que se está produciendo es un sacrificio de estos lugares. Son destruidos y las poblaciones también. Y esto es lo que estamos advirtiendo desde la Asamblea, estamos haciendo un fuerte trabajo de concientización e información en la población que tienen sus economías regionales que frente a este avance megaminero están en peligro. Pone en riesgo la vida en todas sus formas. La sierra de Ancasti es una cuenca donde nacen distintas vertientes que confluyen en el agua que va a irrigar todos los pueblos que están al pie de las sierras en Catamarca y también en Santiago del Estero”, explica Luciana.
Con el boom del litio, la antropóloga dice que los proyectos extractivos se han multiplicado en la región. También da cuenta de los “relatos” que se construyen alrededor de este tipo de megaminería. “Dicen que este boom nos va a permitir superar la crisis financiera y a su vez hacer un aporte en tanto colabora con la transición energética y la descarbonización. Nosotros creemos que son premisas falsas que intenta pintar de verde el saqueo capitalista. Denunciamos que en realidad es una transición empresarial. Los salares son humedales de altura, son reservas de agua dulce, en la Puna el 98% de agua es subterránea y lo que afuera se evalúa como un desierto en realidad no lo es. Los humedales deben ser preservados y entonces nos preguntamos ¿esta transición empresarial hacia donde nos lleva? En nuestros territorios lo que se instala es una lógica de sacrificio. A nivel local es sumamente injusto y desigual”.
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El agua une a los pueblos en lucha: El litoral y la sierras. La megaminería y la expansión de la frontera agrícola. Destrucción de humedales y cerros. Una ruta del saqueo que conecta asambleas socioambientales de todo el país, de sur a norte, de este a oeste. Andalgalá será cobijo de un encuentro nacional de asambleas populares por la vida. Hasta allí llegarán desde diferentes puntos de la geografía argentina para confluir en lo que será el Festival “Puentes de Agua”.
“Junto a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Ancasti, Belén y Fiambalá son algunas de las comunidades afectadas por la mega minería. Los proyectos, en distintas etapas de avance, se distribuyen a través de toda la región. Pero la realidad de Catamarca no es excepcional ya que a lo largo y ancho del país los proyectos extractivistas se multiplican, poniendo en riesgo la vida de los pueblos. Frente a esto, las comunidades nos organizamos, resistimos y construimos alternativas de vida. En este contexto, el encuentro en Andalgalá apunta a convertirse en una caja de resonancia de todas las luchas a través del intercambio de experiencias y sobre todo para comenzar a delimitar estrategias comunes, respetando los procesos de cada territorio, para reafirmar la autonomía y las diferentes formas de cuidar y de habitar en y con la tierra” explica el conjunto de asambleas que convoca al Festival para apoyar la lucha del pueblo de Andalgalá pero, sobre todo, para fortalecer la defensa de los bienes comunes a lo largo y ancho del país.
“Andalgalá es otra zona de sacrificio. Un pueblito de Tucumán recientemente la ganó un juicio a Alumbrera porque lograron demostrar que el mineraloducto ha contaminado las aguas de Alpachiri y ha puesto a la población en peligro. Por eso estamos denunciando que nada nuevo puede surgir de esta lógica del sacrificio. No vivimos en un desierto, Catamarca tiene muchísima potencialidad pero todo es invisibilizado porque hoy Catamarca es una cantera donde solo se puede extraer minerales que nos van a salvar de la crisis” aporta con rabia Luciana Fernandez.
Ana Chayle asegura que el proyecto MARA no va avanzar. Si el poder judicial no actúa, lo hará el pueblo organizado, dice. “Si la justicia no defiende el derecho a la salud y a la autodeterminación de los pueblos, lo harán los vecinos y vecinas de Andalgalá, por eso es importante no abandonar la calle”.
Desde Rosario viajará la Multisectorial en defensa de los Humedales, un espacio autoconvocado y asambleario que surgió frente a la devastación del Delta debido a las quemas intencionales que ya arrasaron con más de 1 millón de hectáreas desde el año 2020. También lo harán desde Esquel y Jujuy. El espacio de memoria donde nació la Asamblea el Algarrobo será uno de los lugares de encuentro del festival. El otro, la plaza del pueblo donde confluirá la gran feria de artesanos.
Puentes de Agua nace con el objetivo de intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar la diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes de lucha. Es un abrazo colectivo frente al avance de un modelo que solo fabrica muerte; un foco de resistencia que ilumina frente a la devastación de la vida.
Fuentes: Agencia Tierra Viva, Telam, Revista Cítrica
*El Festival se realizará en Andalgalá el 23 y 24 de ocutbre
