Un estado de conmoción sacude al territorio entero tras conocerse la orden de traslado de la jueza Federal de Bariloche Silvina Domínguez de cuatro de las mujeres detenidas en el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu el miércoles en Villa Mascardi al penal federal de Ezeiza. La determinación fue ejecutada al caer la noche de ayer, sin que se permitiera la mediación de ningún abogado.
Por Violeta Moraga (Colectivo Al Margen)
La medida violenta que separa a madres de niños a 1600 kilómetros de distancia trajo a la memoria el peor recuerdo que pesa sobre las comunidades, arrastradas de sus tierras una vez más para deambular incomunicadas por los pasillos de concreto donde el Estado atiende sus asuntos importantes.
Por estas horas la APDH (Asamblea Permanente de Derechos Humanos) ya emitió un comunicado impugnando la medida debido a que, hasta hace muy pocas horas, las detenidas se encontraban incomunicadas, impedidas de acceder a un abogado defensor para oponerse a la resolución ordenada.
La APDH además calificó la decisión como contraria a los tratados internacionales y a la ley 26.485 y carente de perspectiva de género. “Causa un grave daño adicional a la privación de la libertad cuando no han sido indagadas ni resuelta su situación procesal”, agregó el organismo en un comunicado. “Este tipo de resoluciones tomada por una mujer en perjuicio de su género y sin consultar su opinión, merece ser analizado por el Consejo de la Magistratura”.
Frente a este atropello, desde las 11 se desarrolló una concentración en la plaza San Martin de Viedma y una conferencia de prensa del Parlamento Mapuche Tehuelche en la sede la UNCo en Bariloche. En tanto, desde las 9.30 en el Juzgado Federal de Fiske Menuco también se convocó a una manifestación para pedir el cese inmediato de la militarización de la Patagonia y el fin del avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios.
“El punto primero es el estado de indefensión de las detenidas”, dijo Ezequiel Palavecino, presidente de la APDH.
Palavecino detalló que el miércoles presentó ante la jueza Domínguez un pedido de excarcelación horas después de que las detuvieran y recién ayer al mediodía el juzgado confirmó que ni la APDH ni la defensora federal estaban en condiciones de ejercer la defensa por cuestiones procedimentales.
“Ayer, más tarde, estando en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la dejaron entrar a Andrea Reile, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, diciendo que yo no estaba designado como abogado defensor”, precisó Palavecino.
“Como a las 19 no tenía novedades, sabíamos que estaba pasando algo, entonces presento otro escrito pidiendo que me acepten como abogado y me vinculen al expediente para ejercer la defensa. Ya se habían afectado los derechos constitucionales de las detenidas. Me terminaron vinculando al expediente a las 21.10 de la noche”, dice Palavecino.
Todo indica que el traslado se habría ejecutado silenciosamente horas antes.
“Nunca me pude comunicar, siempre el juzgado me lo impidió. Cuando confirmo que el traslado fue realizado, fui al aeropuerto a la 1 de la mañana y me confirman que solo hay dos detenidas. Llamé a la jueza para entrevistarme, que ya me habían designado, y dice que no porque era tarde”, continúa sobre esto que parece un castigo ejemplificador.
Por estas horas todo el arco de organismos de derechos humanos en todos los niveles se encuentra movilizado para adoptar acciones y medidas frente a un desenlace que más se parece a un atávico acto aleccionador.
“Es angustiante porque es una violación total de los derechos humanos que uno verdaderamente no esperaba de un gobierno nacional y popular. Pero independientemente del Gobierno y yendo a la justicia federal, no se está respetando la legalidad del proceso, no se respetan los derechos de las comunidades indígenas, ni de las detenidas”, dijo Palavecino.
