Este mes el foco está puesto en el padrón de travesticidios, crímenes de odio contra personas travesti, trans y no binarias, que el Observatorio Lucía Perez lleva adelante. Este año se registraron ya 8 travesticidios: muertes crueles, violentas y deshumanizantes. “Son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización”, analiza la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira.
En lo que va del año ya se registraron ocho travesticidios, cuatro de los cuales tuvieron lugar en agosto, un mes de escalada de la violencia transodiante. Alddana, Giaccobi, Fernanda, Sofía, Pancha, Victoria, Carina y Nicol. Nombres que deberían estar escritos en calles y banderas. Nombres que sintetizan una lucha y una gesta, para rememorar el libro de Lohana Berkins. Nombres que evocan vidas de injusticias y exclusiones y, lo peor, muertes crueles, violentas y deshumanizantes. Y, aun así, nombres que no llegan a la tapa de los diarios ni convocan marchas masivas en la capital del país, nombres que apenas se cuelan en las secciones de policiales disputando dignidad -aun desde la muerte- a un periodismo rancio y discriminador que a diez años de la ley de identidad de género todavía no ha aprendido nada sobre el trato digno.
Travesticidio es la categoría política que desde el activismo se acuñó para nombrar los asesinatos de personas trans y travestis motivados en la discriminación por identidad de género, para distinguir la singularidad de estos crímenes respecto de los femicidios y también para dar cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte. Porque son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización.
La singularidad de estas muertes suele también entramparse en sistemáticos mecanismos de invisibilización. Por eso, el Observatorio Lucía Pérez desde su creación se presentó como un padrón de femicidios y travesticidios, exhibiendo los patrones comunes de la violencia patriarcal sin perder de vista la especificidad y la enseñanza de Lohana: las muertes de las personas trans tienen que considerarse travesticidios porque se trata de vidas sin derechos. La categoría de travesticidio entonces procura sintetizar los efectos materiales y simbólicos que se derivan del mero hecho de ser trans o travesti en una sociedad que subordina, patologiza y excluye aquellas identidades que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Como dijo Marlene Wayar a lavaca hace unos años: “las travas estamos condenadas a caminar en el riesgo” y a cada paso, en cada interacción, una pregunta, “¿Me va a matar o no me va a matar?”.
En enero de este año, a Alddana Lorens la mataron de un golpe en la cabeza en su propia casa. El sospechoso y detenido -después de estar ocho meses prófugo- es su hermano. La madre de ambos también está acusada por abandono de persona, porque permitió que Alddana estuviera dos días en el piso, sin posibilidad de levantarse sola. Su salud estaba deteriorada porque meses antes había sido atacada por un prostituyente: le tiró el auto encima cuando ella estaba en una esquina. Al hospital llegó gracias a la ayuda de una tía, pero no fue hasta después de su muerte que pidieron intervención policial y judicial para investigar lo que había pasado. ¿Se ve la trama de violencias y abandonos?
En agosto, A Alejandra Ironici la encontraron en su casa con quemaduras en su cuerpo y sobre un charco de sangre. Alejandra era referente del movimiento trans en Santa Fe y había sido la primera en la provincia en obtener el DNI con la rectificación de su nombre y género autopercibido. La autopsia reveló 46 puñaladas que habrían sido perpetradas por su ex pareja, único sospechoso y detenido. ¿Se siente la crueldad?
***
Hacer un repaso por los rasgos comunes y salientes de las trayectorias de las personas trans en nuestro país y en la región, supone reconstruir una historia atravesada por la exclusión. Las diversas formas de discriminación, opresión y segregación a las que trans y travestis están expuestas constituyen un cuadro de sinergia de vulnerabilidades. Así, no pueden pensarse los travesticidios sino como el vértice atroz de un entramado de exclusión y vulneración de derechos, que nos habla de una violencia estructural, que se fortalece en la ausencia de políticas públicas que contemplen sus derechos humanos fundamentales y sus necesidades básicas. De allí la necesidad de incorporar estos nombres en una genealogía, en una historia colectiva atravesada por la persecución, marginación y, primordialmente, de privación de derechos. En base a esta discriminación sistemática, se funda una realidad de exclusión: las personas trans no gozan de igualdad de oportunidades y de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional; la mayoría de ellas vive en extrema pobreza, privadas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
***
En la marcha producida por el grito Ni Una Menos en 2015, Diana Sacayán participó de la primera salida al espacio público del padrón de femicidios y travesticidios, cuando dejamos las huellas de nuestras manos con pintura roja sobre una tela negra y los nombres y edades de nuestras muertas. Meses después fue asesinada brutalmente en su casa por dos hombres, uno de ellos, Gabriel Marino, pareja ocasional de Diana. Murió apuñalada con ensañamiento. La condena estableció la prisión perpetua para Marino por “homicidio agravado por odio a la identidad de género”, en referencia al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal en el que se incluye al odio de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante de un homicidio.
Gracias a la lucha travesti, los fundamentos de la sentencia incorporaron de manera explícita por primera vez la categoría de travesticidio, con el objetivo de evidenciar que la violencia estuvo motivada en el odio por su identidad de género travesti y su activismo y trabajo por la diversidad sexual y los derechos de la población trans.
Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó en 2020 la condena a prisión perpetua de Marino, pero excluyó el agravante de “odio a la identidad de género”. El fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), presentaron un recurso extraordinario contra el fallo y familiares de Diana solicitarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la apertura a amicus curiae (amigos del tribunal) de la causa sobre el crimen. Para que no se niegue su identidad y su historia de vida. A su vez, demandan por la incorporación de figura del travesticidio y del transfemicidio dentro del Código Penal. La teoría travesti revolucionando el mundo jurídico incluso desde la muerte.
El activismo travesti se ha visto forzado a darle un giro político a tanta muerte y desde el dolor construir sus trincheras de imaginación, de pensamiento y de vida. Marlene recuerda que a Lohana le decían que ella empezaba cada discusión tirando las muertas sobre el escritorio. “Pero es así. Ustedes primero nos mataron”. Es desde esta realidad insoportable y cruenta que el colectivo travesti hoy exige reparación, políticas de resarcimiento que expresen la responsabilidad estatal en el exterminio sistemático de la personas trans, una ley que las saque “del barro que crea la heterosexualidad”.
Diez años de la ley de identidad de género y todavía las vidas trans parecen valer menos. Diez años de discursos y campañas de “Argentina Igualitaria” y todavía las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida medieval. Años de conquistas, de luchas y de muertes. Y todavía nos falta Tehuel.
Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).
