Se cumplen dos años del asesinato de Carlos “Bocacha” Orellano y la familia aún no tiene respuestas de lo que pasó con su hijo. En una causa plagada de irregularidades, la familia conformó una asociación civil para exigir justicia, pero también realizan actividades de ayuda social y comunitaria. Uno de los objetivos es construir un puerto de pescadores que lleve el nombre de Bocacha.
Foto: Fernando Der Meguerditchian
Edgardo Orellano mira hacia el piso de la lancha compungido. Tiene jeans largos azules, una camisa gris arremangada, y un chaleco salvavidas naranja fluo. Es pescador y por eso el oleaje del río Paraná no le dificulta mantenerse en pie sobre el bote. Pero el escenario es otro, distinto a las jornadas de pesca que tanto conoce y disfruta. Por eso mira hacia el suelo compungido, en la misma dirección en la que apunta con su cámara la fotógrafa forense que se para a su lado sobre la embarcación. A unos pocos metros, en tierra, separados por un tejido, aguarda María, la mujer de Edgardo, junto a un grupo de amigos. Esperan en una vigilia silenciosa y tensa. Pero la noticia que circula es la que no quieren escuchar: que el cuerpo sin vida que acaban de rescatar del río Paraná los agentes Prefectura Naval es el de su hijo, Carlos “Bocacha” Orellano, desaparecido desde hace dos días.
Pasaron dos años de esa escena y aún no se sabe con certeza qué pasó con Bocacha. Algunas cosas se fueron conociendo: que salió a bailar con amigos al boliche Ming River House de la Fluvial, que fue sacado a la fuerza por los patovicas del lugar por no dejarlo ingresar al sector VIP, que la secuencia siguió afuera del local, sobre las barandas del muelle 3 con corridas y golpes, y que su cuerpo apareció flotando sin vida en el río Paraná días después. También que hubo inconsistencia en las actas policiales, que se tardó en clausurar el lugar, que faltan partes en las grabaciones de las cámaras de seguridad, y que se demoran los resultados de pericias claves que podrían elevar la causa a juicio.
Pasaron dos años de esa escena y los objetivos están claros en la mente de Edgardo: que haya justicia por la muerte de su hijo y construir un puerto de pescadores en su nombre. Por eso crearon la Asociación Civil “Bocacha Orellano” que lleva adelante actividades sociales y comunitarias, pero a las que Edgardo supo imprimirle su impronta: “Como yo soy pescador y el gremio de los pescadores está abandonado lo enfocamos ahí, en los trabajadores de la pesca”.
La idea de conformar una asociación fue recomendada por las distintas agrupaciones que vienen acompañando a la familia en el caso y el objetivo es poder sumarle contundencia al reclamo, además de las facilidades que brinda el marco legal para continuar la lucha. Los primeros pasos de la asociación coincidieron con los primeros meses de pandemia y cuarentena obligatoria, donde muchas familias vieron truncadas sus fuentes de ingresos. Allí hicieron ollas populares donde cocinaron para unas 300 personas entre dos y tres veces a la semana. Todo en la casa de Bocacha, en Empalme Graneros, al norte de la ciudad.
Ahora que, vacuna de por medio, la situación sanitaria es más amena, desde la asociación ponen todas las fichas al sector de los pescadores. “Hay 4 mil pescadores en negro que no tienen obra social y queremos anotarlos con un monotributo social agrario – explica Edgardo – y también vamos por el puerto de pescadores Carlos “Bocacha” Orellano, en donde se empiece a fiscalizar todo el pescado que se vende acá en Rosario, que toda la vida se vendió en negro”.
En el marco del segundo aniversario del asesinato de Bocacha, la asociación también viene trabajando en diversas actividades para homenajearlo. Por un lado, una vigilia que se realizó el jueves 24 de febrero en la zona de la Fluvial con un acto conmemorativo. Mientras que este sábado 26 habrá un festival musical en la desembocadura del arroyo Ludueña, lugar donde se busca instalar el puerto de pescadores, del que participarán más de 120 músicos.
“Carlitos era un chico que le gustaba la música y siempre lo recordamos cantando y tocando el bombo. A él le gustaba la movida, la cosa alegre, feliz y sana. Entonces siempre que hacemos algún evento lo hacemos con música para homenajearlo a él”, comentó Edgardo y agregó: “Va a estar lindo porque también vamos a hablar y presentar a la gente que nos apoya en esta pelea por justicia y para construir el puerto de pescadores. Y ahí vamos a distinguir quiénes son los que quieren gobernar para el pueblo y quienes son los que están con los empresarios privados”.
Investigación con obstáculos
Carlos Orellano tenía 23 años y trabajaba en la empresa de electrodomésticos Liliana. En todas las movilizaciones lo recuerdan con banderas y camisetas de Rosario Central. El domingo 23 de febrero del 2020 salió a bailar con amigos al boliche Ming River House, aprovechando el feriado de carnaval. Al día siguiente su familia lo esperaba para almorzar pero nunca llegó. Desde entonces comenzó una búsqueda desesperada por parte de la familia que duró dos días, hasta el miércoles de cenizas, cuando Prefectura rescató del agua el cuerpo sin vida del joven. En el medio se fue desnudando el irregular accionar policial.
Con el aporte de los testigos, Fiscalía pudo reconstruir que Carlos fue sacado a la fuerza del boliche luego de una discusión con los patovicas del lugar por querer ingresar al sector VIP del lugar sin el permiso correspondiente. Una segunda parte de la hipótesis transcurre afuera del lugar, donde los empleados de seguridad habrían perseguido, acorralado y golpeado a la víctima provocando su caída al río.
Por el hecho hay cuatro personas imputadas, acusadas de homicidio simple con dolo eventual: los patovicas Fabián Maidana y Emiliano López, y el matrimonio de policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, que se encontraba cumpliendo horas adicionales en el lugar. Todos permanecen detenidos con prisión preventiva salvo Gómez, a quien se le concedió la domiciliaria por ser madre de un niño menor de edad.
Gómez fue quien radicó la denuncia durante la madrugada, informando haber visto un joven recostado detrás de las barandas de seguridad que dan al río que de pronto desaparece “como si hubiese caído al agua”. Ese testimonio no solo intentó instalar la versión de que el joven estaba alcoholizado y cayó por su cuenta – que luego fue desmentido en la autopsia – sino que también impidió la clausura inmediata del boliche, posibilitando que se pierdan o eliminen pruebas. El acta policial que se elaboró sobre la desaparición de Bocacha presentaba contradicciones pero principalmente omitía cualquier tipo de interacción entre los guardias de seguridad y la víctima. Por eso la Fiscalía determinó que esas actuaciones llevaron a desviar la investigación.
También hay dos oficiales acusados por incumplimiento de funcionario público y falsedad ideológica. Uno es Pablo Alejandro Bagli, el entonces jefe de la Comisaría 2º a quien se lo vincula con la no aparición de las filmaciones de las cámaras de seguridad. Cuando desde Fiscalía ordenaron secuestrar las cámaras de seguridad, el comisario llamó al encargado del lugar para que le alcanzara las cintas, en lugar de acercarse al boliche para inspeccionarlas en primera persona. Hasta el momento siguen sin conocerse las grabaciones del momento en que ocurrió el hecho.
La otra acusada es Brenda Leis, la sumariante de la seccional. Ella guardaba la denuncia realizada por Gómez, escrita a mano, en un bolsillo de su pantalón y recién admitió esto después de que la familia insistiera un buen rato en la Comisaría 2º para que le den información sobre el paradero de su hijo. La primera respuesta que recibieron fue que en los libros de la comisaría no había ninguna denuncia registrada. Y efectivamente era así: la denuncia estaba en el pantalón de Leis.
Un puerto de pescadores en tu nombre
Si bien el proyecto para la realización de un puerto de pescadores cuenta con el visto bueno del Concejo Municipal de Rosario y la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial, dio un paso importante el pasado 2 de febrero. En el marco del “Día Mundial de los Humedales” distintas organizaciones se congregaron en las inmediaciones de la desembocadura del Arroyo Ludueña para “empezar a ocupar ese espacio con propuestas que tengan que ver justamente con el rio Paraná y no con lo que quiera hacer algún privado”. El que describe el objetivo del encuentro es Lisandro Citta, integrante de la Multisectorial Humedales.
El puerto se piensa en una suerte de triángulo de 250 metros de largo por 200 metros de ancho que se encuentra entre el boulevard Avellaneda y el río Paraná. Son terrenos que pertenecen al Municipio pero que desde 2011 están concesionados a la empresa Obring S.A para la realización del Parque Náutico y Recreativo Ludueña donde se preveían instalar guarderías náuticas y renovar unas 6 hectáreas de espacios públicos. La concesión recién finalizaría en 2036 y con la posibilidad de prorrogarse hasta 2041. Durante el 2021 la empresa abonó un canon de 100 mil pesos para la explotación del espacio.
Para Citta, la importancia de contar con un puerto radica en la defensa del espacio público de la ribera del río Paraná “que hoy tiene más del 80% privatizado”, lo que deja muy poco acceso para el disfrute de los rosarinos. Además, las organizaciones de pescadores vienen cuestionando que las obras vinculadas a los negocios de la empresa avanzaron rápido, distinto a lo sucedido con las ligadas a los espacios públicos de la ciudad, que vienen más demoradas.
“La empresa incumplió el contrato que firmó. Lo único que hizo fue una gran guardería náutica que recauda millones y dejó en abandono total el parque Alem y el Parque Recreativo Ludueña. Se han apoderado del espacio público para hacer su propio negocio y todo lo que tenían que hacer para la comunidad no lo hicieron”, cuestionó Edgardo Orellano. Mientras que Citta puso el foco en el impacto ambiental: “Sacan tierra de las barrancas para hacer lugar para las lanchas sin ningún estudio de impacto sobre la zona y el nivel de afectación todavía no se sabe. No hay informes del impacto ambiental y tampoco un seguimiento sobre las obras. Hemos pedido la información y todavía no aparece”.
No es la primera vez que la Asociación Civil Bocacha Orellano trabaja en conjunto con la Multisectorial Humedales. Tiempo atrás lograron impulsar una serie de mejoras en la bajada Génova, que es el lugar de conexión con el Espinillo, la comunidad más grande que habita en la isla. Y en el horizonte fue apareciendo un objetivo en común que es mejorar la situación laboral de los pescadores, fuertemente jaqueada por la informalidad. “Nosotros consideramos los humedales en su integralidad y en eso está la gente que habita el territorio, que trabaja, que produce”, explica Citta.
Por eso una de los objetivos del puerto es comenzar a fiscalizar la venta de pescados en Rosario y blanquear un negocio que se mueve en los márgenes. La idea es que de lo recaudado un porcentaje vaya a la Municipalidad de Rosario, otro a la Provincia y otro a un fondo compensador que esté a disposición de los pescadores cuando las situaciones climáticas – como momentos de veda o sequía – impidan realizar el trabajo.
A todo el contexto adverso, se le suma una situación de desigualdad con unos pocos frigoríficos que hoy dominan todo el mercado pesquero. Los pescadores no pueden sacar el pescado del río porque necesitan una habilitación y todo un sistema de refrigeración que se hace muy difícil de conseguir para un sector que vive casi el día a día. Entonces unas pocas personas – intermediarios o directamente personal de los frigoríficos – recorren toda la costa comprando el producto de las canoas que llegan a la orilla. Como los pescadores deben desprenderse del producto, terminan vendiéndolo al precio que ofrecen los frigoríficos. Y eso genera una diferencia enorme entre lo que cobran los pescadores por su tarea – que cada vez es más difícil de hacer – y lo que pagan los consumidores por ese producto.
“El pescador se compra su hilo, se teje su red, se compra su embarcación, su nafta, su motor. Todas las herramientas son del pescador y arriesga todo cada vez que sale a trabajar. Ponemos todo y no somos dueños ni siquiera de poner el precio de nuestra mercadería. Nosotros ahora enfocamos a abrir el mercado interno, que el pescador tenga como alternativa venderle al frigorífico y no que sea la única. Poder tener otros clientes, abrir otros mercados. Que los frigoríficos tengan que competir con los precios con otros compradores, no que ellos pongan los precios, que se rija por oferta y la demanda”, detalla Orellano.
A la espera del juicio
Durante la investigación la familia se enfrentó con múltiples obstáculos y eso fue generando un manto de sospecha sobre toda la causa. Hasta para acceder al expediente de la causa hubo dificultades, porque los tribunales estaban cerrados por la pandemia y nadie hacia caso al reclamo de la familia. Después de tanto insistir, desde Fiscalía les dieron dos discos rígidos de un terabyte cada uno con todo el material de la causa.
Desde el entorno de Bocacha contrataron a un analista que los ayude a descifrar todo lo que había adentro. Les llevó tiempo. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando se encontraron con un audio particular: “Guillote, si el pibe te cayó fuera del boliche te lo van a escrachar. Pero si es el que metimos para adentro estamos al horno. Lo que me preocupa es que mañana te van a investigar el boliche. Todo lo que tenés ahí sacalo ya. Hace como la otra vez: buscate un vehículo y sacalo en cajas de vinos”.
El diálogo forma parte de una conversación entre Guillermo Woelflin, uno de los dueños del boliche, y un interlocutor que la familia señala como su abogado, Carlos Varela, aunque no existe la certeza al respecto. El audio aún no se conoció más allá del testimonio de la familia y se prevé que no va a salir a la luz hasta el inicio del juicio. Sin embargo, Edgardo no duda y sostiene que el lugar funcionaba como un puerto de drogas. Y por eso insisten en que la investigación pose los flashes sobre los dueños del boliche.
La hipótesis de Edgardo se relaciona, además, con un hecho ocurrido meses después, cuando el asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, reveló un entramado de lavado de dinero y estafa al estado por parte de la financiera Cofyrco. En ese lugar se halló una bolsa con 175 DNI con los cuales se compraban los 200 dólares mensuales habilitados para ahorro por el gobierno nacional al dólar oficial, y luego los vendían en el mercado negro a un precio superior. La mayoría de esos documentos fueron denunciados como extraviados en el boliche donde desapareció Bocacha.
Hoy en día la familia está a la espera de dos pericias claves que podrían ser cruciales para la causa. Una tiene que ver con estudios de ADN sobre rastros de sangre que fueron encontrados dentro de un baño del boliche que esa noche estaba cerrado al público. Eso permitiría saber si el joven fue golpeado en el interior del local bailable. El otro informe que podría aclarar algunas dudas es la pericia sobre los teléfonos celulares secuestrados a los involucrados, que se está realizando en Buenos Aires. Cuando esa información esté disponible, la causa podría elevarse a juicio.
“Nosotros queremos tener todas las pruebas antes de comenzar el juicio y que vayan presos los que tengan que ir presos. Hubo muchos policías que firmaron actas fraguadas donde pusieron que no encontraron nada en las cámaras de video y resultan que las filmaciones estaban borradas entre las 5 y las 7 de la mañana de ese día. Todo eso lo mandamos a analizar a Buenos Aires”, explica Edgardo y agrega: “Rosario es la ciudad donde hay más balaceras, más homicidios y donde más se necesitan tener los elementos para esas cosas .Pero no tenemos nada. Ya van dos años de espera y aun no tenemos los resultados”.
