La bajada Sotavento de la ciudad de Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires, fue el punto de encuentro para un reclamo ambiental contra el dragado y cambio de traza del río Paraná a la altura de las playas públicas, uno de los principales espacios naturales de la zona y fuente de ingresos del partido bonaerense.
[dropcap]D[/dropcap]esde la costa es difícil medir las distancias. Un barco enorme con destino de granos se desplaza gigante e imponente en el horizonte, parece que va a dar de lleno con varias decenas de embarcaciones con banderas que vienen en sentido contrario. El choque parece inminente, pero no. En unos minutos, las lanchas, kayaks y piraguas estarán frente a las playas mientras los bañistas aplauden y gritan a coro “el río no se toca”. El Paranazo está en marcha.
Organizado por la Asamblea Vecinal Ramallo y con el apoyo de diferentes agrupaciones ambientalistas, la manifestación que se realizó el 29 de enero fue convocada para reclamar contra el dragado que se viene realizando desde el kilómetro 318 al 322 del Río Paraná, frente a las Islas Las Hermanas, y al Paseo Viva el Río y sus playas.
“A partir del mes de noviembre aproximadamente nosotros empezamos a ver aquí que había dragas trabajando. Cuando empezamos a averiguar, nos enteramos que lo que estaban haciendo es cambiar el curso del río. Los barcos ahora van por detrás de las islas Las Hermanas”, detalla Mercedes de la Torre, vecina de la ciudad. El argumento oficial indica que el cambio de traza se debe a la bajante histórica, por lo que se decidió abrir el canal al brazo principal. De esta manera, los barcos transitarían frente a la playa.
Las organizaciones ambientales y vecinos de la zona se encuentran en alerta y reclaman la realización de un estudio de impacto ambiental, un estudio de sedimentología a cargo del Instituto Nacional del Agua y la realización de audiencias públicas con la comunidad.
“Ellos dicen que hacen este dragado porque hay una bajante histórica. La bajante es histórica, pero no es natural. La bajante ocurre por el desmonte que se está haciendo desde la selva del Mato Grosso hasta el monte chaqueño en Formosa y Chaco. Y esa es la mano del hombre la que realmente genera estas sequías históricas como dicen. No es natural”, explica de la Torre.
Hidrovía S.A.
La ruta fluvial Paraná-Paraguay es la vía navegable más importante de la Argentina, atravesando siete provincias: Buenos Aires; Santa Fe; Chaco; Formosa; Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Durante el gobierno de Carlos Menem, más precisamente en el año 1995, se otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento al consorcio Hidrovía S.A., integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
La concesión venció el 30 de abril de 2021 pero se prorrogó hasta el 10 de septiembre, tomando el control del dragado y del balizamiento del río la Administración General de Puertos, dependiente del Ministerio de Transporte, por medio del decreto presidencial 427/2021.
En el mes de octubre las dragas comenzaron a trabajar frente a las playas de Ramallo. “Dicen que no haría falta hacer un estudio de impacto ambiental, porque supuestamente cuando Hidrovía S.A. tomó el control del río se hizo. Pero estamos hablando del año 1996”, afirma de la Torre.
Las consecuencias
El reclamo principal de la Asamblea Vecinal reside en la falta de un estudio de impacto ambiental, necesario debido al volumen de los barcos que pasarían por la nueva traza, lo cual podrían ocasionar un cambio en la sedimentación del río. “Van a ser aproximadamente 4500 barcos anuales del tipo Panamax, que son barcos que traen entre siete y nueve bodegas”, detalla de la Torre.
“El hecho que pasen te genera un impacto sobre ambas costas. Tanto las islas que son un humedal y de este lado, en la parte continental. Esta parte está destinada específicamente a la parte recreativa, de turismo y demás, así que eso de ahora en más va a ser muy difícil. Esto que se ve, donde la gente se sienta a tomar mate contra el agua y los chicos a jugar, no va a poder ocurrir más”.
El tránsito continuo de embarcaciones de alto porte provocaría la destrucción de los tres kilómetros de playa pública por el arrastre del agua, debido al cambio de régimen de la corriente y la sedimentación. Asimismo, se pone en riesgo a las actividades náuticas incrementando la cantidad de accidentes en la navegación a remo, vela y motor, deportes principales para el desarrollo turístico de la región.
Otras de las consecuencias posibles son la erosión de costas y barrancas causadas por el movimiento artificial del agua; la reducción y desaparición de los valles de inundación, afectando el equilibrio dinámico de los humedales; pérdida de biodiversidad e impactos sobre la fauna ictícola, impacto sobre la pesca artesanal y profundización del modelo extractivista ecocida.
“Esta lucha no es solamente de Ramallo, acá está implicada la explotación del río como una vía de salida de riquezas de la Argentina. Y las riquezas salen, y entrar, entra poco. Y lo que entra queda solamente en un puñado de gente, no se derrama a toda la población. Si todo lo que sale realmente generara trabajo, algo genuino, no tendríamos la pobreza que tenemos”, afirma Mercedes
“Estamos convencidos de que nuestro reclamo no es un capricho, no es porque estamos queriendo haciéndonos ver acá, es porque tenemos derechos y han sido vulnerados”, señala. En el marco de una serie de conflictos medioambientales de la región y de la pérdida –nuevamente- de estado parlamentario de la Ley de Humedales, los reclamos populares de protección son materia de urgencia. No es posible dejar lugar a la especulación, si seguir delegando en manos de la ciudadanía y de las organizaciones ambientales el contralor sobre los avances sobre el espacio natural. Las consecuencias del descuido y maltrato están a la vista.
