El llamado “conflicto mapuche” hizo resurgir estereotipos y resignificó un imaginario del pasado sobre el mundo indígena que justifica los atropellos del presente en la figura del “enemigo interno”. Los discursos políticos y mediáticos hacen foco en los incendios, criminalizan a un pueblo entero y legitiman la discriminación y la represión. Mientras tanto, la espectacularidad y el alarmismo esconden los intereses en pugna y desvían la atención de las raíces históricas de las disputas territoriales. Para escapar de esa lógica, dialogamos con el sociólogo Marcelo Musante y la historiadora Pilar Pérez.
Fotos: Revista Cítrica
La contradictoria respuesta que dio el presidente Alberto Fernández a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras avivó aún más la cobertura mediática y las intervenciones de figuras de la política nacional sobre un conflicto que lleva varias semanas. La sobrerrepresentación unilateral y sesgada en los principales medios del país es frecuente, pero no por ello menos peligrosa: otra vez se instalan en primera plana prejuicios y discursos latentes que han servido para criminalizar y deslegitimar los reclamos de las comunidades mapuche. La idea del “enemigo interno”, de los “terroristas”, de los “subversivos”, de los “invasores chilenos”, del secesionismo indígena: todos esos lugares comunes aparecen diariamente en boca de los principales formadores de opinión.
La escalada aumentó las tensiones y los temores sobre lo que puede pasar en los territorios de Río Negro, el epicentro actual de la disputa. No es para menos: las imágenes de maquinaria de vialidad o de un club incendiado llegan rápidamente a cada rincón del país e incluyen la enervante sentencia de que se trata de actos del “terrorismo” de grupos violentos a los que hay que frenar. Sin embargo, son las organizaciones mapuche y tehuelche que defienden reclamos históricos las que rechazan cualquier atribución de responsabilidad y hasta sospechan que podría tratarse de montajes para incriminarlas y ahuyentar todo tipo de apoyo hacia ellas.
Lo cierto es que no existen pruebas ni sospechosos concretos por los tres incendios que ocurrieron durante las primeras semanas de octubre en Río Negro. Pero la cercanía temporal y espacial con el intento de desalojo de la comunidad Quemquemtrew -en el paraje Cuesta del Ternero, ubicada a tan solo 15 kilómetros de El Bolsón- y la posterior militarización de la zona, fueron suficiente para vincular las llamas con el reclamo mapuche. El intendente de la ciudad más importante de la Comarca Andina del paralelo 42º, Bruno Pogliano, y la gobernadora Carreras -miembros de Juntos Somos Río Negro (JSRN)- señalaron con toda seguridad que se trató de ataques llevados adelante por la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo “beligerante” que tendría “conexiones internacionales”. Al unísono, junto con sus aliados políticos y dirigentes de todo el país, pidieron la intervención de fuerzas federales para combatir lo que sin dudas serían actos de “terrorismo”. Una retórica de plomo que contrasta con la ligereza de las pruebas.
El incendio de un Centro de Informes Turístico en El Bolsón, el 3 de octubre, fue vinculado inmediatamente a la comunidad de Quemquemtrew, a pesar de que no existió ningún elemento que lo pruebe y ninguna organización se lo adjudicó. “Son los antecedentes violentos de las comunidades mapuches las que dan lugar a esas especulaciones”, sugirió Infobae en el último párrafo de una nota. Por esas horas, siempre según las versiones reproducidas en los medios, tres personas encapuchadas ingresaron a un campamento de Vialidad Provincial, a unos 15 kilómetros del centro de Bariloche, e incendiaron un depósito, maquinaria y dejaron un panfleto. Luego se difundió vía redes sociales un supuesto comunicado de la RAM en el que se atribuyeron ese ataque, sin mencionar al primero. El hecho más reciente tiene que ver con el Club Andino Piltriquitrón, que ardió durante la madrugada del 20, también en El Bolsón: en las inmediaciones encontraron bidones con combustible y una pancarta con un collage que reza “Benetton, Lewis, Pogliano, Arabela. El agua y la tierra no se venden, se defienden”.
Las diferencias entre las supuestas reivindicaciones en dos de los hechos, las referencias genéricas a algún tipo de reivindicación “mapuche”, con la excepción de los mensajes supuestamente distribuidos por la RAM en uno, demuestran que no existe ni organicidad ni conexiones entre sí; y mucho menos pruebas para responsabilizar a alguna comunidad en particular. El Poder Judicial, quien debe determinar la autoría de los incendios, aún no pudo identificar un sospechoso concreto. Pero no importa, la sentencia mediática y política es sumaria y se convierte en estigma contra un pueblo entero, al que le caben todo tipo de sospechas e intrigas: fueron “los mapuches” -aunque algunas veces se refieran a grupos radicalizados, la generalización es frecuente- y se trata de graves actos de “terrorismo” que deben ser combatidos. Eso no es todo, lo convierten en un conflicto de escala nacional, que pone en peligro la propia integridad del país. Un ejercicio irresponsable y peligroso que trae aparejado el racismo y la violencia.
Medios para habilitar la represión
Algunas problemáticas no suelen tener espacio en la agenda de las grandes empresas mediáticas, pero cuando se imponen -por la razón coyuntural que fuera- lo hacen de la peor manera: prevalecen las versiones maniqueas, la banalización de los reclamos, las generalizaciones y la utilización con fines político-partidarios. Ese es un denominador común de todos los conflictos que involucran a comunidades indígenas a lo largo y ancho del país.
Al unísono, junto con sus aliados políticos y dirigentes de todo el país, pidieron la intervención de fuerzas federales para combatir lo que sin dudas serían actos de “terrorismo”. Una retórica de plomo que contrasta con la ligereza de las pruebas.
En los últimos meses volvió a despertar el interés de periodistas, presentadores de noticias y rostros conocidos de los principales medios el llamado de modo genérico “conflicto mapuche”. Pero la atención no es sólo mediática: el tándem se completa con la particular preocupación que esbozan dirigentes políticos, tanto de la oposición como del oficialismo nacional.
Jorge Lanata lo caracterizó como un enfrentamiento de “usurpadores contra los argentinos”. Alfredo Leuco editorializó sobre la “ola de usurpaciones” por parte de “grupos de delincuentes autodenominados mapuches” que buscan “fundar una Nación Mapuche dentro de nuestro territorio”. Eduardo Feinmann difundió convocatorias de manifestaciones contra los “terroristas”. Nadie se quedó sin opinar y lanzar sentencias pesadas. Portadas de diarios, minutos de aire y pantallas que nunca dan cobertura a los reclamos habituales ni a las reivindicaciones históricas, hoy están enfocados en alertar sobre la peligrosidad nacional de estos conflictos que se ubican geográficamente en el sur argentino, pero que -según el columnista estrella de Clarín– llegarían hasta Posadas y Callao, pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Malabares retóricos que esquivan la profundización de la información, la presentación de hechos y generan efectos de indignación instantánea.
“Me llamó mucho la atención que empezaron a aparecer sistemáticamente, casi diariamente, títulos con mucha violencia y mucha estigmatización. Sobre todo en Infobae y Clarín”, señaló Marcelo Musante, miembro de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. En diálogo con Enredando, el sociólogo advirtió que “no hay profundización” en las notas, que no muestran “ningún tipo de información precisa” luego de los titulares alarmistas y condenatorios y dio varios ejemplos: asumen como prueba panfletos “escritos con una tipografía que podría ser la de cualquiera, sin ningún dato preciso de qué comunidad es”, se nombran otras inexistentes o se habla de “información oficial” sin más detalles de las fuentes.
“Nunca tomaron realmente palabras de una organización mapuche, una comunidad, reivindicando esto. Lo que aparecen son folletos que sueltan, lo cual empieza a ser muy raro, muy loco. ¿Qué organización terrorista, para hacer algo así, no lo va a reivindicar? En una de las notas había una oración que me llamó mucho la atención y decía que ‘de acuerdo a datos oficiales’ tres personas entraron a una casa al grito de ‘somos mapuches’ y amordazaron a dos personas. Es una oración que en sí misma se cae: qué datos oficiales, qué personas van a entrar encapuchadas al grito de ‘somos mapuche’”, cuestionó Musante.
Para el investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es necesario reflexionar acerca de la “forma de visualizar como sociedad a los pueblos originarios en general” que lleva a que mensajes “tan flojos de papeles, tan débiles, circulen por tantos lugares” y se reproduzcan acríticamente: “¿Qué sucede para que discursos tan inverosímiles puedan ser, por ejemplo, portada de Infobae y Clarín?”.
El especialista -investigador de las reducciones estatales para indígenas y de las masacres del Estado argentino en Napalpí (Chaco, 1924) y Rincón Bomba (Formosa, 1947)- planteó que la aparición de estos discursos puede explicarse, en parte, por cuestiones políticas locales y coyunturales. “Por ejemplo, en este caso, la gobernadora de Río Negro claramente tiene una posición ideológica muy fuerte en contra de las comunidades; entonces esto puede llegar a tener que ver con que ciertos medios provinciales se sientan habilitados”, analizó, y contrapuso: “En el caso de los medios nacionales, nunca dejan de titular y escribir de este modo. A veces, con momentos de más virulencia o de más sistematicidad, pero el año pasado también lo estuvieron haciendo. Me cuesta separarlo de una línea”.
Lo convierten en un conflicto de escala nacional, que pone en peligro la propia integridad del país. Un ejercicio irresponsable y peligroso que trae aparejado el racismo y la violencia.
Musante señaló que más allá de momentos de mayor aparición mediática, no se trata de una novedad y tampoco es exclusivo de lo que pasa en la Patagonia. “En Chaco sucede exactamente lo mismo ahora que se están viendo unos conflictos territoriales en Miraflores, donde hay diez mil hectáreas que fueron entregadas y pertenecen a las comunidades qom. Se conformó un grupo que se llama ‘Fuerza criolla’ y todo el tiempo están golpeando indígenas, van de ronda por las comunidades, amenazando con camionetas 4×4. Mirás los medios de Chaco y aparecen como ‘enfrentamientos entre criollos e indígenas’”, ejemplificó. También recordó la estigmatización que cayó sobre los qom de esa provincia el año pasado, cuando se registró un brote de coronavirus en el barrio Gran Toba de Resistencia y el gobernador Jorge Capitanich decidió bloquear y custodiar la zona: estas decisiones y discursos legitimaron el encierro y los posteriores accionares policiales. “Lo que están haciendo es habilitar la represión todo el tiempo”, sintetizó.
El otro negativo
Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto son los más activos militantes de este programa de hostilidad actual desde su rol de referentes políticos y opositores al Gobierno nacional, intentando captar a un sector del electorado. Pero además de la presidenta del PRO y del auditor de la Auditoría General de la Nación, tienen su lugar gobernadores y funcionarios de segundas y terceras líneas (como los ministros de Seguridad de Buenos Aires y Chubut, Sergio Berni y Federico Massoni, respectivamente).
Senador peronista durante dos décadas, jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara alta y ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Pichetto mantuvo una línea de consecuencia: sus expresiones xenófobas, racistas y antiindigenistas no son una novedad oportunista. Aunque sí lo es su estrategia de capitalizar broncas en el marco de una crisis económica, política y social de grandes dimensiones y de un escenario con giros derechistas de diverso alcance. Su discurso contiene todos los lugares comunes del relato demonizador de los mapuche y sostiene como bandera la reivindicación de Julio Argentino Roca (como lo hizo en el reciente acto solemne en el cementerio de la Recoleta). El énfasis puesto en la Historia demuestra la asunción de la importancia y el efecto que tiene para legitimar las acciones del presente.
Desde un punto de vista histórico, son insostenibles cada una de esas afirmaciones: repite o reformula gran parte del discurso decimonónico, puramente propagandístico e insertado en las necesidades políticas de la generación que iba a consolidar el Estado nacional avanzando sobre los territorios poblados por comunidades indígenas. Paradójicamente, Pichetto acusa de “construcciones ideológicas y políticas” al trabajo científico y profusamente documentado que da cuenta de los crímenes cometidos durante la llamada Conquista del Desierto: asesinatos en masa, campos de concentración, esclavitud, desapariciones y secuestro de niños. Una trayectoria académica inmensa que echa por el suelo los argumentos y cada uno de los anacronismos tan útiles a la retórica efectista en boga.
“Hay todo el tiempo una necesidad de ir a esta idea primera del desierto, a esta conquista de los espacios, de lo salvaje: finalmente, a esa conquista del otro. En esos discursos vuelve a aparecer la figura del otro negativo, que cada tanto desaparece; porque cada tanto el indígena empieza a quedar en la imagen paternalista del pobrecito, en algunos espacios sirve eso”, analizó Musante, y graficó cómo se utilizan nombres mapuche -por ejemplo- para nombrar complejos turísticos, cabañas, hoteles y hasta aparece un uso folklórico, tradicionalista. Pero esa imagen se hace añicos cuando irrumpen con algún reclamo y sobreviene el conflicto.
“Ese otros se constituyó frente a un nosotros, porque lo que hizo en su momento la Generación del 80 para iniciar las ‘campañas al desierto’ y justificarlas fue decir: nosotros vamos a crear un Estado-nación en todo este territorio, vamos a abastecer a Europa, nosotros vamos a ser ese nosotros; esos otros son los que están ocupando el desierto. Fue bastante simbólico, porque si fuera un desierto no habría nadie. Igual en Chaco, dos lugares geográficamente tan distintos y en los dos se van a llamar ‘campañas al desierto’. Pero sobre ese otro distinto vamos a tener que avanzar y se le van a poner todas esas palabras que hoy se repiten: el salvaje, el malonero”, delineó el sociólogo. La particularidad de ese discurso reactualizado apunta a la idea del subversivo: de ahí las supuestas conexiones internacionales con las FARC, ETA o los guerrilleros kurdos que se viene repitiendo desde hace varios años. “Empezó a aparecer que los mapuche son chilenos que están ocupando territorios acá. Son muy peligrosos esos discursos. Que puedan circular, que sean tan pregnantes, que se repitan con tanta facilidad, eso es lo que me parece llamativo -reiteró-. Porque no suele pasar con otros grupos sociales en Argentina. Hay ciertas características que se le ponen particularmente a las comunidades indígenas, que se las llena de toda una serie de preconceptos negativos”.
La centralidad de los recursos
Pilar Pérez es Doctora en Historia por la UBA, docente universitaria, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y forma parte del Grupo de investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia colectiva en Nor-Patagonia (GITAAC). Desde este espacio, que aborda el proceso de consolidación de la matriz Estado-nación y su relación con el territorio en esa región, realizaron un trabajo conjunto con la Legislatura de Río Negro para elaborar un informe histórico-antropológico sobre la transferencia de tierras públicas a manos privadas y determinar cada una de las problemáticas surgidas en ese curso.
“¿Por qué hay una situación de conflictividad puntual en Río Negro? Primero, porque hay intereses muy concretos sobre los distintos recursos que hay en la provincia”, respondió desde Bariloche, ciudad en la que creció y donde vive. Pérez remarcó la variedad de riquezas que “tienen todo el potencial por llevarse adelante”: hidrocarburífera, forestal, turística y minera, entre otras. “De hecho, durante comienzos de este año un par de empresas de megaminería han estado recorriendo los campos, apretando gente. Las mismas comunidades han sacado comunicados contando cómo llegan los representantes de las empresas, avalados por el Estado provincial, a decirles que ellos ya no tienen derechos sobre la tierra y que tienen que abrir la tranquera y dejarlos entrar a hacer prospecciones. Todo en este contexto, mientras la pandemia nos está pasando por arriba, no se detuvieron, siguieron avanzando”, ejemplificó la investigadora, y agregó: “Lo mismo sucede en Cuesta del Ternero, donde se da ahora un conflicto concreto, una zona de explotación forestal que tuvo una empresa estatal durante mucho tiempo, donde nadie decía nada sobre lo que se hacía ahí, excepto cuando llega una comunidad mapuche reivindicando esas tierras”.
“Tenemos una riqueza impresionante en la provincia y están atacando la poca legislación que hay, para ponerla a disposición, para que la empiecen a explotar empresas de distinto tipo. Ahí radica la profundidad del conflicto”
La provincia patagónica lleva tres gestiones bajo la dirección de Juntos Somos Río Negro, un armado local que se fue acercando poco a poco a lo que parece ser una alianza con el PRO a nivel nacional. En 2016, el anterior gobernador Alberto Weretilneck presentó un proyecto de ley para crear un Código de Tierras Fiscales que, sin embargo, no pudo tratar pese a tener mayoría legislativa. El gran rechazo y las movilizaciones que surgieron contra esta reforma que pretende definir el destino y los usos de casi cinco millones de hectáreas, fueron motivo suficiente para postergar el debate. “En este nuevo Código que intentan pasar lo que se ve es una mercantilización de la tierra, que tranquilamente podría ser trabajada por testaferros de grandes magnates, como Lewis”, advirtió Pérez, y explicó que la actual reglamentación que intentan derogar contempla el “uso social” de esas tierras. “Tenemos una riqueza impresionante en la provincia y están atacando la poca legislación que hay, para ponerla a disposición, para que la empiecen a explotar empresas de distinto tipo. Ahí radica la profundidad del conflicto”, sintetizó.
Un consenso de una sola parte
Según la docente de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la actual gestión provincial hizo su carta de presentación respecto de cómo va a encarar la “cuestión mapuche” con el foro Consenso Bariloche, realizado a fines de agosto en esa localidad cordillerana. Carreras abrió el encuentro con un discurso alusivo al título de la jornada, pero aprovechó la ocasión para insistir con su proyecto para crear un Parque Central en la ciudad: una idea que entraría en disputa con comunidades históricas asentadas en la zona, por eso apuntó contra el conflicto de Villa Mascardi, más actual y más acorde al chivo expiatorio que se busca. El segundo orador -y este no es un dato menor- expuso sobre la “Experiencia chilena”: se trata de Patricio Santibáñez Carmona, un empresario de ese país, ligado a las actividades forestales y agrícolas y presidente de la Multigremial de la Araucanía (agrupación de patronales de varias cámaras). “Él habló de las diferentes situaciones de conflictividad que hay en Chile. Y sabemos que en ese país hace décadas que las cárceles se vienen llenando de dirigentes mapuche, referentes religiosos o comunitarios, acusados de terrorismo, anclados en ataques, como incendios de bienes de las compañías forestales concretamente. Lo que no contó es cómo se desarticuló hace un par de años una operación de Carabineros y se logró demostrar que habían fraguado pruebas, habían inventado situaciones para meter en cana a toda esa gente”, reparó Pérez.
El resto de la jornada y los expositores siguieron por la misma línea: “Por supuesto, todos tenían un discurso bastante guionado en donde siempre se volcaba a interpretar lo mapuche como acompañado, informado o entrenado por terroristas extranjeros”. Abogados de empresarios, legisladores y funcionarios en actividad (Pichetto, entre ellos), precandidatos de JSRN y Juntos por el Cambio en plena campaña. También hubo un bloque para pobladores de la región con algún tipo de conflicto en marcha: “Estuvo presente la idea de los ‘vecinos’, que son buena gente, que son trabajadores; esta idea de que sos una persona común y pueden venir, asaltar y quedarse con tus bienes privados, construyendo un fantasma del pueblo mapuche”.
Pasaron unas semanas del evento y la gobernadora realizó una denuncia por “terrorismo” que apunta directamente contra las comunidades. “Vienen calentando de hace mucho esta idea de que los mapuche son terroristas”, remarcó la docente, y dijo que pesan muchas sospechas sobre la Policía rionegrina detrás de los ataques: “Todas situaciones que no han sido investigadas y que se dan por hecho en la prensa, desde el discurso oficial y se asume en la ciudadanía en general de que fueron ellos. Estamos sobre una situación muy dramática, ya sabemos que acá hubo acciones de las fuerzas de seguridad que se cobraron la vida de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Y sin embargo la línea que está siguiendo la gobernación nuevamente es criminalizar a la gente que está reivindicando sus derechos”.
Frente a este panorama, Pérez destaca las múltiples estrategias políticas que tienen las comunidades desde hace décadas, corriéndolas de un lugar pasivo: “Algunos han sostenido históricamente procesos judiciales, con el costo y la dificultad que esto tiene, porque son gente de laburo, que no tienen muchos más recursos que esta capacidad de asociarse y organizarse y sacar adelante los problemas que tienen; contra empresarios reconocidos a nivel internacional, empresas mineras o el mismo Estado”. También se enfrentan a la construcción social y mediática del terrorismo, de la peligrosidad, del independentismo, “cosas que las organizaciones supracomunitarias que tienen el pueblo mapuche y tehuelche no acompañan”. Para la investigadora, “hay que saber registrar la enorme diversidad que tiene el campo indígena”.
Construyendo el enemigo ideal
El llamado “Informe RAM” presentado por Patricia Bullrich en 2017, realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación conjuntamente con los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, fue un mojón en la escalada de criminalización. El documento es paradigmático en varios aspectos: son casi 200 páginas en las que se mezcla sin sentido todo tipo de hechos, causas judiciales y hasta actos públicos (como charlas publicitadas abiertamente) para formar el relato de una amenaza terrorista organizada, con todo tipo de conexiones internacionales. Pero los datos son tan forzados y endebles como las propias fotografías que presenta como prueba de la terrible amenaza que se cierne sobre la Patagonia: herramientas y materiales que se usan en cualquier actividad agraria, secuestrados en diferentes allanamientos y publicitados como armamentos.
Pérez es tajante: ni la RAM ni cualquier otra organización del estilo tiene algún grado de representatividad entre las comunidades mapuche. “El informe tiene agujeros y falacias por todos lados. Nada se ata con nada. Es como que yo diga ‘hay una comunidad mapuche en la zona de Mascardi y hubo un atentado terrorista allá’. ¿Cómo ligamos a la gente con los hechos? Bueno, no están ligados. Excepto esos papelitos que vienen a reivindicar la RAM. Quienes nos dedicamos hace años a trabajar sobre esto, no conocemos a nadie que se autoreconozca como la RAM. Entonces tiene mucho que explicar todavía ese informe”, aseguró Pérez, y advirtió que si bien hubo cambios a nivel nacional, los ministerios provinciales que participaron en su elaboración renovaron su gestión y “van a seguir defendiendo ese informe, así sea cualquier cosa”. Para la investigadora es imprescindible tener en cuenta el ejemplo de los Carabineros, sus estrategias de criminalización y los montajes al otro lado de la Cordillera. “Es la misma traza la que están siguiendo, de marcar como terroristas, que aparezcan incendios, situaciones de conflictividad. Incluso, en los primeros supuestos atentados atribuidos a la RAM se reivindicaban cosas de los dos lados de la frontera, como si fuera una organización transfronteriza, una locura absoluta”, afirmó.
Los datos son tan forzados y endebles como las propias fotografías que presenta como prueba de la terrible amenaza que se cierne sobre la Patagonia: herramientas y materiales que se usan en cualquier actividad agraria, secuestrados en diferentes allanamientos y publicitados como armamentos.
“La espectacularidad que tiene eso no permite ver toda la lucha de organizaciones y comunidades del resto de la provincia. Se habla de la cuestión mapuche y salta Mascardi o Cuesta del Ternero, pero en realidad hay 160 comunidades mapuche aproximadamente en Río Negro; dos son las que aparecen visiblemente en la prensa todo el tiempo, justamente con un discurso más combativo, más radical, menos orgánico -por otra parte- con el resto de las comunidades. Y sin embargo de esas otras 158 que hay no se dice nada, y están luchando a brazo partido”, aclaró la especialista, y señaló que a pesar de las violencias y dificultades que viven a diario “están peleándola”, con mucha paciencia, con organización, por la vía administrativa y judicial: “Y de esas no se dice nada”. Por otro lado, son muy variadas las situaciones que enfrentan: “En Bariloche tenés comunidades que están sobre tierras que se disputan con el Ejército, pero que sin embargo no tienen conflictos con el Ejército concretamente, porque hace años que están ahí, hay acuerdos establecidos y no hay situaciones de conflictividad. Pero quieren hacer pasar como que todo es una constante de conflictividad, cuando en realidad tenés familias, que son laburantes, que están intentando terminar de regularizar la tenencia de las tierras que ocupan históricamente”.
La historiadora manifestó la “bronca” que sienten quienes trabajan con las comunidades al ver que son ellas mismas las que la mayoría de las veces “están buscando el diálogo con las distintas entidades de Estado” y que “todo ese laburazo” que se genera no tiene impacto, por el contrario: “Lo que aparece es el incendio, porque es lo que más vende, lo que más fácil identifica y marca a las comunidades. Esto trae un retroceso en la percepción social en general. Por ejemplo, niños que hasta hace un tiempo estaban orgullosos de presentarse como mapuche, después de todo un proceso social de reconocimiento, de reivindicación de la identidad, hoy se vuelven a sentir marcados como los barderos, los terroristas, los ladrones y todas las viejas estigmatizaciones que se renuevan con estos casos. Esto tira para atrás cuestiones mucho más profundas que el debate sobre la tierra en sí, sino también la misma construcción del tejido social, generando diferencias, discriminaciones, estigmatizaciones, etcétera. Por ejemplo, en San Martín de los Andes había locales comerciales con carteles que decían ‘no atendemos mapuches’”.
La conquista no es un episodio del pasado
Pérez escribió el libro Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia Central 1878-1941, es coautora de La tierra de los otros. La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente y lleva publicados una gran cantidad de artículos académicos. Más allá de los sucesos coyunturales y sus análisis urgentes, para la investigadora es imprescindible recuperar una mirada de larga data para entender las raíces del conflicto que emergió recientemente: “Tiene que ver con lo que fue la Conquista del Desierto, la apropiación de tierras y el despojo y el sometimiento de los pueblos originarios, que desde nuestra perspectiva no es un episodio del pasado, sino que es un evento que viene a estructurar la sociedad patagónica en general”.
“Desde entonces no hubo una política concreta respecto de qué hacer con los sobrevivientes, mientras que paralelamente hubo una política muy activa de distribución de tierras, con distintas características a lo largo de la historia. Hubo un momento inicial, en el contexto de la Conquista, en el que se hacen las grandes distribuciones y se forman las grandes compañías de tierras, como la que tiene el grupo Benetton en el presente. O sea, hay trayectorias de estas formas de apropiación de la tierra que se pueden trazar en más de un siglo”, explicó. El Estado siguió avanzando de distintas maneras y con distintos fines a lo largo del tiempo, lo que fue regionalizando a las propias provincias: así se fueron distribuyendo tierras para Parques Nacionales y para explotaciones hidrocarburíferas, por ejemplo. “Lo que se ve a lo largo de la historia es que los excluidos de esas potenciales distribuciones de acceso a la tierra son los indígenas, sean comunidades mapuche o mapuche-tehuelches. Un poco basado en las estigmatizaciones que se arrastran desde el momento de la Conquista; es decir, suponer que eran vagos, extranjeros o -como aparece en las fuentes de la época- ‘no aptos para contratar con el Estado’. A lo largo de décadas hubo políticas que favorecieron el desarrollo de infraestructura, el impulso sobre cooperativas o empresas de colonización y para los indígenas no hubo nada similar”, completó.
Por el contrario, siguió la historiadora, lo que existió fue una constante persecución y una precarización de la tenencia de la tierra: “A lo máximo que pudieron acceder fue a tener un permiso precario de ocupación. Y eventualmente -por ejemplo en el peronismo clásico [NdR: primer gobierno de Perón]- accedieron a un título de tierra, pero siempre a título individual. Entonces, lo que fueron las concesiones puntuales que se hicieron en el momento de la Conquista a grandes caciques -como puede ser la Colonia Cushamen o las tierras que le cedieron a Namuncurá o a la comunidad Antimil- no tenían aclarado cómo iba a ser el sistema sucesorio, con lo cual duraron lo que duró la existencia de esos grandes referentes. Y después esas tierras empezaron a ser disputadas por bolicheros, estancieros, gerentes de estancias, incluso por los propios intereses de instituciones del Estado (Parques Nacionales, el Ejército, Gendarmería) en la medida que fue desarrollándose su establecimiento acá a partir de los años 30”.
“El núcleo central de lo que se observa en Río Negro es que la tenencia de la tierra por parte de familias o comunidades indígenas es precaria y esa situación es lo que los ha llevado a que les saquen cachos de tierra, lo que acá se conoce como ‘los alambres que caminan de noche’: que les pase un alambrado una estancia que recientemente pide tierras”, relató vía Zoom. En ese caso puntual, fue la Dirección de Tierras provincial -igual que antes la nacional- la que tuvo preferencias por estos recién llegados frente a los indígenas que habitaron esos territorios durante décadas. “Esta distribución se estructura sobre un racismo esencial, ligado a que los indígenas no son considerados aptos para trabajar en la tierra. A lo largo de la historia hay una reiteración permanente de la situación que llega a nuestro presente, en donde las tenencias son precarias y en donde el grueso de la población indígena fue expulsada del campo: porque la gente joven no tenía seguridad para adelante, las familias iban creciendo y los campos eran los mismos o más chicos. Y habían sido sujetos de diferentes tipos de violencias: simbólica, material, desalojos y una infinidad de situaciones de abusos que se reiteran, porque es lo que uno ve. Te cuentan de un desalojo en la década del 40, en la del 60 y la operativa es más o menos la misma. Llega un interesado, que por ahí hace poco que está en la zona o se está expandiendo, y a la gente la desalojan, les queman las casas y andá a volver. Con este tipo de estrategia, a lo largo del tiempo, fueron arrumbándose en Bariloche, en Esquel, en Neuquén, en Roca, en todas las ciudades con más crecimiento de la Patagonia, como mano de obra barata. Un proceso de expulsión y proletarización de la gente indígena”, desarrolló.
Otro aspecto particular del proceso de expropiación territorial que cayó sobre los indígenas explica directamente los conflictos del presente. Ese pequeño grupo de líderes originarios que consiguió algún tipo de reconocimiento por parte del Estado, tras largas batallas, no mantuvo sus tierras originarias, sino que obtuvieron terrenos que por entonces eran marginales, que no servían para actividades productivas. Cuando esas zonas devinieron estratégicas para la actividad petrolera, minera o turística, esas comunidades que ya habían sido expulsadas vuelven a constituirse en una molestia. “Patagonia es el lugar que hay que desarrollar, civilizar, hacer progresar. ¿Cómo le vas a ir a preguntar a un indio, que son los del pasado, cómo hacer esto? Tiene que venir la Meridian Gold o Lewis o algún otro, gringo preferentemente, que sepa decir por dónde va la cosa. Y las fuerzas del Estado en sus distintas burocracias apoyando estos desarrollos en detrimento de otros”, ironizó Pérez, y asentó: “En este caso, la gobernación tiene tomada una posición muy fuerte, muy evidente, respecto de lo que quieren hacer, pero no es la única que ha tenido esta posición. Es algo que se monta, a lo largo del tiempo, sobre esta construcción del sentido común del argentino y del patagónico más concretamente”.
El conocimiento académico contra el negacionismo
En la Patagonia, la campaña militar de fines del siglo XIX y todos sus símbolos formatearon su propia identidad e idiosincrasia. “No es que ese discurso se construyó en el momento de la Conquista del Desierto y pasó a la historia eternamente. No, se militó concretamente”, complejizó la historiadora, y periodizó: “Durante los años 30 de la Década Infame se construyeron todos los monumentos a Roca del país, se celebró a través de investigaciones llevadas adelante por intelectuales militares, se hicieron películas, se construyeron museos y ciudades basadas en esta idea civilizatoria de la Conquista y la avanzada militar como puntapié que fue continuada por los pioneros -todos estos inmigrantes mejor concebidos y favorecidos para la sociedad argentina y para las políticas del Estado-. Después tenemos otros momentos, como las décadas del 60 y 70 -en el contexto del Choconazo, del Cordobazo y de situaciones sociales conflictivas-, acá los militares ponían un pie muy fuerte y celebraban la Conquista. Las dos últimas dictaduras realizaron celebraciones importantes, con construcción de conocimiento, para afianzar estas ideas racistas -por un lado- y xenófobas, por otro, porque en el contexto de 1970 la amenaza chilena era inminente y la asociación indio y chileno era una bomba que perduró y perdura en el sentido común colectivo”.
«Esa idea que anula la diversidad, que oculta los crímenes que hubo para construir esa comunidad nacional, no permite pensar que los indígenas son parte de nuestro presente”
“Yo hice la primaria en Bariloche y lo que me enseñaron fue que los indígenas estaban en el pasado, que los tehuelche eran argentinos y que los mapuche venían de Chile”, contó la docente, a modo de ejemplo, pero sin dejar de señalar que son los mismo lugares comunes que se repiten actualmente. “Quienes nos dedicamos a esto hace veinte o treinta años que estamos refutando, con trabajo científico, cada una de esas afirmaciones y todavía no entramos en el sentido común. Pero esto no es banal, no es que la gente está en otra, sino que hay una militancia fuerte por parte de los medios poderosos de seguir sosteniendo a Rolando Hanglin en lugar de poner un investigador del Conicet hablando del tema”, lamentó. Por otro lado, señaló que con todo ese conocimiento académico que se produjo hasta el presente, discursos como el de Pichetto deben calificarse de “negacionistas”.
¿Quién quiere sumarse al grupo más estigmatizado?
Una novedad que se ha instalado es la que acusa a los mapuche de ser “falsos” o “pseudo mapuches”. Durante el Consenso Bariloche se escuchó a un orador contar cómo sus vecinos “se hicieron mapuche” de un día para el otro. La idea que subyace es que se trata de una avivada de ciertas personas para reclamar algo que no les pertenece y no el resultado de un camino que estuvo marcado por todo tipo de violencias.
“Lo que se observa hoy con el tema de las recuperaciones es un poco la idea de recuperar la identidad. Procesos que parece muy simple decirlos, pero que en realidad hay que recuperar una serie de situaciones familiares que están atravesadas por la pobreza, la violencia, la estigmatización. Es decir, aquellos que hoy se auto reconocen como mapuche, como tehuelche o como aonikenk, han hecho un camino muy duro hacia adentro de sus propias familias y hacia adentro de la propia sociedad que los tiene estigmatizados”, analizó la historiadora, y agregó: “Eso es lo que no se entiende cuando se habla de las recuperaciones territoriales, entonces aparecen estos otros estigmas que son estas comunidades que eran inexistentes y se conformaron ahora por vivillos que se quieren quedar con las tierras. ¿Realmente quién quiere sumarse al colectivo más estigmatizado del país, no? Si no fuera porque no está reivindicando su propia trayectoria, su propia identidad. Hay algo doloroso en ese trayecto, muy profundo, que no se termina de dimensionar”.
Otra de las denuncias que se lanza contra las recuperaciones territoriales es que van por un proyecto de una escala mayor. “Cuando Lewis se quiere quedar con toda la Patagonia a nadie le importa, se queda con unas cuantas montañas, un lago y pone una guardia militarizada privada para no dejarte pasar por un camino -que la propia Justicia rionegrina le ordenó abrir-, por ejemplo, pero ahí no hay problema con la soberanía. Ahora, si un mapuche va y reivindica un terrenito que era de su bisabuela, ahí se re pudrió todo, es la colonización chilena que viene a apropiarse de la soberanía argentina. Está totalmente desproporcionado y la vara totalmente corrida respecto de qué es legítimo y qué no lo es”, confrontó la investigadora, y remarcó: “Esto se abona en toda la trayectoria histórica, porque en nuestro país siempre nos han contado esta idea de que los argentinos descendemos de los barcos; y lo dicen todos los presidentes, no es un problema de posicionamiento político, porque eso está profundamente enraizado en nuestra idea de construcción nacional. Esa idea que anula la diversidad, que oculta los crímenes que hubo para construir esa comunidad nacional, no permite pensar que los indígenas son parte de nuestro presente”.
Emergencia territorial
“Por suerte, la militancia indígena a lo largo del siglo XX se sostuvo fuertemente y construyó agendas de derechos”, destacó la investigadora del Conicet. Resultado de esa lucha y de la participación de representantes indígenas en la Convención Nacional Constituyente de 1994, se incorporó a la Constitución el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y una serie de garantías y reconocimientos sobre sus territorios y posesiones comunitarias. Sin embargo, este mandato no se llevó adelante -salvo contadas excepciones- y por eso el Congreso aprobó en 2006 la Ley 26.160 que declaró “la emergencia territorial en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias”, suspendió los desalojos y ordenó un relevamiento técnico, jurídico y catastral. La ley no se ejecutó como estaba prevista, en un plazo de cuatro años, por lo que obtuvo tres prórrogas desde entonces y tiene nueva fecha de caducidad: 23 de noviembre de 2021.
“Nosotros no queremos prórroga de esta emergencia territorial indígena porque en manos del kirchnerismo es más que peligroso”, ya adelantó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias.
“No hay proceso de recuperación territorial ni en Patagonia, ni en Chubut ni en ningún lugar del país. No podemos estar hablando de un Gobierno nacional que esté habilitando un reconocimiento a los territorios, no está sucediendo. Creo que la derecha está queriendo instalar este discurso, pero en la práctica no es algo que esté sucediendo, por el contrario. La Ley 26.160 no es un proyecto que el gobierno esté particularmente implementando o promocionando”, advirtió Marcelo Musante, y concluyó: “No solamente no se ejecutó en términos presupuestarios, sino que además no se prohibieron ni tuvo una significancia en los desalojos, que siguieron ocurriendo. Las organizaciones indígenas dicen que además hace falta una ley de propiedad comunitaria de la tierra que permita la seguridad para que no haya más desalojos”.
Queda claro que, casualidad o no, la prórroga de esa legislación se va a discutir en este contexto. Y si se cae, unos pocos van a tener muchos motivos para celebrar.
