Las familias de los pibes asesinados por el gatillo fácil y organizaciones que acompañan el proceso de lucha por justicia, se movilizan cada año para denunciar los crímenes de Estado. Nombres, rostros e historias de jóvenes víctimas de la violencia institucional. Cómo politizar el dolor para construir memoria.
Foto principal: MCVI
[dropcap]L[/dropcap]a historia de Jonatan Herrera es conocida. Los primeros días de enero de 2015 lavaba el auto frente a su casa e intentó resguardarse detrás de un árbol cuando el Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe se encontraba en medio de una persecución. Agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) vieron la secuencia y abrieron fuego sin dar aviso. El joven de 23 años quedó en medio de la balacera. En total fueron 52 disparos de los cuales uno terminó con su vida.
El derrotero judicial fue tan penoso como el accionar policial. En 2017 los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala entendieron que se trataba de un hecho culposo, es decir, que no hubo intención sino negligencia en el accionar. Hubo una absolución y condenas por debajo de las esperadas. También una apelación por parte de los familiares, más años de lucha, bronca y dolor. El oficial Ramiro Rosales, de cuya arma salió el disparo que mató a Jonatan, quedó en libertad en 2019 tras cumplirse dos tercios de su condena.
Pero si algo saben las familias que reclaman justicia es que ninguna maratón se gana sin paciencia: el caso escaló a la Corte Suprema de la provincia que terminó anulando la sentencia contra Rosales y a principios de abril de este año el uniformado volvió a prisión. En simples palabras, el máximo tribunal entendió que quien dispara 11 veces sin dar la voz de alto, en un lugar poblado, en horas de la tarde, representa necesariamente la posibilidad de herir alguien.
“Dictaminaron de que la muerte de Joni no fue casual sino que fue intencional. El policía descargó todo un cargador completo hacia él. Así que hoy está preso y estamos esperando que se reabra una nueva audiencia donde obviamente estamos pidiendo perpetua”, repasa María Elena, mamá de Jonatan, que entre sollozos lo recuerda “con todo el orgullo”.
El caso de Jonatan es, junto al de Franco Casco, de los primeros que impulsaron la organización entre familiares y víctimas de gatillo fácil, dentro de un armado multisectorial contra la violencia institucional. Franco vivía en provincia de Buenos Aires y había viajado a Rosario a visitar familiares. Se sabe que en inmediaciones de la estación de trenes Rosario Norte, donde se disponía a volver a su casa, fue detenido y derivado a la seccional 7º, donde la hipótesis de Fiscalía habla de golpes y torturas. Su cuerpo apareció 24 días después flotando en el río Paraná. Las autopsias determinaron que murió antes de ser arrojado al agua.
Pasaron 7 años, se exhumó dos veces su cuerpo, se marchó decenas de veces, se pidió justicia otras mil. Finalmente familiares, abogados y las organizaciones que acompañaron desde un principio se encuentran a la espera del inicio del Juicio Oral y Público que llevará al banquillo de los acusados a 18 policías. “Esta es una jornada especial”, dice Ramón Casco en medio de una nueva movilización contra el gatillo fácil, con la tranquilidad que siempre lo caracterizó.
Posando con una remera estampada con la cara de su hijo lo recuerda como un pibe alegre que le gustaba el fútbol y la pesca. “Hay buenas expectativas de parte de nuestra defensa para las audiencias que se vienen. Quiero que haya una buena justicia y que los jueces puedan oír los reclamos que todos los familiares hacen en esta marcha”, sintetiza.
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Es viernes 27 de agosto y en Rosario se realiza la habitual Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Bombos, redoblantes, tambores y saltos murgueros llenan el ambiente de ganas de marchar. La maquinaria está aceitada: pese a los dos años sin poder ganar las calles por la pandemia, el reclamo por justicia se hace sentir más vigente que nunca.
Según el último registro de la Coordinadora de Represión Policial e Institucional (CORREPI), durante el 2020 se registraron 496 casos de violencia institucional ensanchando la cifra a 7.587 muertes desde el retorno de la democracia en 1983. En promedio, el informe muestra que durante la gestión de Mauricio Macri se registró una muerte cada 18 horas, mientras que la gestión actual (a diciembre de 2020) daba cuenta de una muerte cada 20 horas.
Sobre las escalinatas de los tribunales provinciales descansa la ya clásica bandera de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, con el retrato de pibes rosarinos: Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Maximiliano Zamudio, David Campos, Michel Campero, Bocacha Orellano, Franco Casco y el listado sigue y se hace extenso. Todos jóvenes de barrios populares con una vida por delante, todos muertos a manos de la policía.
Cuando la tarde del viernes comienza a tomar temperatura Julieta Riquelme, una de las referentes del espacio, levanta la bandera del suelo y empieza a ordenar a los familiares para marchar unos pocos metros hasta la esquina y mostrar a los autos que circulan por Pellegrini las consignas de la jornada, que se resumen en un cántico tan sencillo como contundente: “Justicia por los pibes”.
La convocatoria crece año a año. Al compás de una organización que contiene y acompaña a las familias, cientos de personas interpelan a las fuerzas policiales que aprietan el gatillo, pero también al Poder Judicial que suele mirar para otro lado cuando ese gatillo se dispara.
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La concentración toma color. Bombos, redoblantes, y cánticos de justicia al compás de una rima pegadiza, recrean un clima de cancha que, con casi dos años de pandemia en la espalda, fluye por sí mismo. No es casual. Con banderas de Rosario Central un grupo de amigos se acercó a acompañar a los familiares de Carlos “Bocacha” Orellano y sumarse al reclamo. El joven de 23 años apareció sin vida flotando en el río Paraná después de haber ido a bailar a un boliche en la zona de La Fluvial.
La reconstrucción de los hechos apunta contra los guardias de seguridad del local. Desde la querella impulsada por la familia sostienen que el joven fue golpeado en el interior del boliche y retirado del lugar, y que afuera continuó la golpiza en cercanías al muelle 3, sobre el borde de la baranda que da al río. Para Fiscalía el accionar de los policías hizo que Bocacha salte las barandas del muelle para protegerse, cayendo al agua.
En la causa hay cuatro imputados: dos patovicas y dos policías que se encontraban cumpliendo servicio adicional. “El caso está duro pero encaminado”, resume Edgardo, su padre, durante la movilización. La familia de Bocacha, con una bandera blanca que con letras negras pide “Justicia por Carlitos”, lo recuerda como un buen pibe, fanático de Rosario Central. “Nosotros no vamos a bajar los brazos hasta conseguir la última consecuencia. Le agradecemos de corazón a la gente que se acercó y pedimos justicia por todos”, asegura.
A la par de las banderas canallas que flamean frente a tribunales se destaca la pancarta de un pibe con una remera de Newell’s. No contrastan, al contrario: dos colores asociados a la rivalidad sintonizan marchando a la par y bajo un mismo reclamo. Michel Campero tenía solo 18 años el 6 de enero de 2014 cuando fue asesinado en Granadero Baigorria, por los policías Omar Guillermo Dal Lago y Omar Jesús Dal Lago, padre e hijo.
Los oficiales estaban fuera de servicio e iniciaron una persecución por el robo de un vehículo pero sin dar aviso a la policía. Michel se trasladaba en moto con otro joven que no fue identificado. Mientras lo seguían el joven recibió un disparo que le hizo impactar de lleno contra un colectivo. Ya en el suelo, padre e hijo bajaron del vehículo y lo remataron. Se intentó instalar la versión de un enfrentamiento, que perdió lugar cuando se constató que al lado del cuerpo había un arma de juguete.
Al igual que la mayoría de los casos de violencia institucional donde se juzga policías el camino judicial fue empinado. La entonces jueza Alejandra Rodenas– hoy vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y precandidata a senadora nacional– sobreseyó a los policías por actuar en legítima defensa. Pero la causa llegó a la Corte Suprema provincial que anuló el fallo y hoy el juicio tiene fecha: después de 7 años y 6 meses, del 22 al 27 de octubre se desarrollarán las audiencias.
Los nombres, los números y las fechas las dice Marisabel de memoria, por tanto repetirlas. Y a la espera de la audiencia dice sentir “nervios y muchas preocupaciones” por lo que va a venir: “Son muchas noches sin dormir en todos estos años. Pero bueno, lo único que necesito es justicia por mi hijo y que ambos asesinos vayan detenidos”. Recuerda a su hijo como un soñador y un loco por Newell’s. Y con la camiseta rojinegra se lo ve en el cartel que la mujer sostiene con sus dos brazos en alto durante toda la jornada: “Michel tenía una vida por delante maravillosa y dos policías asesinos se la sacaron”.
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La movilización tiene su momento central con la lectura del documento donde se recuerda a todos los jóvenes víctimas de violencia institucional. La encargada de leerlo, una vez más, es Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera. Detrás, la banda “Eternos Inquilinos” afina los instrumentos porque la jornada continuará con música y festival.
A pesar de la pandemia se acerca mucha gente. Lo deja en claro la cantidad de organizaciones que se manifiestan, lo deja en claro los familiares y amigos que se agolpan en las escalinatas para escuchar el documento, y lo deja en claro Germán Campos, hermano de David Campos, asesinado por la policía en 2017: “Es muy bueno que la gente se siga acordando de las causas de violencia institucional. Con todo esto que ha pasado en la pandemia muchas causas han quedado frenadas y esperemos que se siga avanzando con la investigación”.
David, de 28 años, volvía de festejar que Boca había salido campeón junto a Emanuel Medina, de 32, cuando empezaron a ser perseguidos por varios patrulleros de policía, supuestamente por esquivar un control. El auto de los jóvenes terminó estrellado contra un árbol y detrás vino una lluvia de balas: tres impactaron en David y nueve en Emanuel. Sobre fines del año pasado dos policías recibieron cadena perpetua, mientras que otros 17 oficiales recibieron penas que van de los 4 a los 8 años de prisión. “Ojalá siga habiendo condenas así en todas las causas porque tiene que haber culpables por todos los que asesinaron a los pibes, tienen que estar presos”, sintetiza Germán.
Sobre el final del acto Julieta agradece a las organizaciones que acompañan y renueva el pedido de justicia pidiendo que no haya ni un pibe menos, ni una bala más. Y aclarando también que la marcha no tiene un perfil punitivista, ni pide más mano dura. Al contrario: reclama soluciones de fondo al Estado que van de la mano de la inclusión en su sentido más amplio.
“No solamente queremos reclamar justicia para cada uno de les pibes sino que también queremos que la sociedad concientice en ese sentido y que deje de pedir más policías en nuestros barrios. No creemos que la solución sea eso, sino que estamos esperando que ocurran otras cosas: necesitamos que el Estado este presente con salud y con educación para nuestros pibes”.
Las pancartas van bajando, las banderas descansan en el piso. Muchos familiares siguen inmutables sobre las escalinatas mientras la tarde va cediendo lugar a la noche. La banda toca sus últimos compases.
De fondo, por calle Pellegrini, los carteles electrónicos marcan la velocidad a seguir para agarrar la onda verde. Están acompañados de un mensaje: Rosario te cuida.
