Mujeres y hombres para quienes ser madre o padre también es pedir justicia por un hijo asesinado. Pibes envueltos en la furia de una ciudad estallada. Historias que se conectan y se pierden en la dinámica propia de la violencia callejera.
Fotos: gentileza Diario La Capital
Los carteles con la cara del pibe brillan al sol que cerca de las 11 ya pega de lleno sobre el frente del Centro de Justicia Penal (CJP). Ya están fijos: una remera, un papel afiche amarillo, una banderita blanca y todo con la misma foto. Entonces Sandra Romero se acerca, se sube los lentes hasta la frente y se saca su abrigo. Su remera blanca también muestra esa imagen repetida: su hijo Gonzalo y el pedido de justicia que ella encabeza desde que al chico lo mataron a tiros el 6 de febrero pasado.
La historia de Gonzalo Molina se contó en una crónica anterior: tenía 22 años, jugaba al futbol en dos equipos, había trabajado para una empresa de limpieza que contrataba Aerolíneas Argentinas para sus aviones. Era amigo de un grupo de pibes con el que aquella noche fue a un cumpleaños a la vuelta de su casa en la zona oeste rosarina. Estaban en la vereda cuando a unos 50 metros frenó un auto, bajó un tipo, apuntó y disparó al bulto. Gonzalo la ligó de casualidad -según confirmó la fiscal Georgina Pairola- y murió en el hospital después de pelearla. Lo que no pudo confirmar la investigadora del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es si el sospechoso que tiene en carpeta es quien mató a Gonzalo.
Entonces desde febrero Sandra Romero construye la historia paralela a la de los pibes asesinados en Rosario. Es la historia de una madre que pide, casi mendiga, justicia por su hijo. Todos los meses la misma rutina: se acerca el 6 y avisa a la prensa que se va para el CJP, que todavía no hay novedades, que no puede ser que quiera -necesite- que alguien pague con la ley por haber matado a su hijo pero ni siquiera sepa quién fue.
La historia de Sandra Romero es tan triste como ella la describe: “Mi vida se ha vuelto un dolor enorme, destruyeron nuestra familia”. Y su historia importa porque, más allá de que es Sandra la mamá de Gonzalo, es una de las pocas mujeres que sostienen con tozudez el reclamo de justicia al menos mensualmente. Ella representa -tal vez no lo pretenda, ni lo sepa- a muchos familiares de víctimas que por distintos contextos no se animan o no ven el sentido de plantarse a exigir el derecho a la justicia.
En el diálogo con Sandra surge algo de eso. Dice que le molestó cuando vio en las redes sociales y comentarios de los portales digitales de noticias que atribuían la muerte de Gonzalo al típico “se matan entre ellos” o “algo habrá hecho”. Para una madre es el dolor sobre el dolor mismo. Ella siempre que puede insiste en que su hijo no tenía problemas con nadie y ofrece ese repaso por la vida de Gonzalo que lo despega de círculos turbios o contextos peligrosos que hay alrededor de tanto crimen rosarino. Pero también ve en eso un problema e invita a repensarlo, a cuestionarlo: “Muchas no salen a pedir justicia porque dicen que era sabido que sus hijos tenían algún problema con el tema droga o delincuencia, pero también deberían estar porque el pedido de justicia es para todas las familias”.
Sandra Romero es una mujer que el día 6 de cada mes se instala con algunos familiares en el CJP, cuelga las banderas, remeras y afiches con la cara de su hijo y recuerda a todo aquel que la escuche que tiene un derecho que exigir. Con ese andar deja en claro que ser madre también es pedir justicia por un hijo asesinado. Sandra Romero es casi anónima, y todavía más el resto de los días de cada mes, pero también es una de las caras de un conflicto social que está ahí ya no latente sino hecho carne, y sangre sobre todo, de pibes como Gonzalo.
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Carlos Paredes, 59 años, cruzó a las Islas Malvinas el 4 de abril de 1982, dos días después de iniciada la guerra. Su puesto de guardia fue un pozo cercano a una pista de aterrizaje y ahí estuvo hasta el 23 de junio. Hoy es un veterano de guerra y lleva con orgullo esa presentación que también se ve en el número de su casa de calle Gutiérrez al 1900. A unos metros de la vivienda hay un mural con las islas pintadas con los colores argentinos y esa es la referencia de que el orgullo se extiende al vecindario de toda esa cuadra de barrio Flammarión.
La mañana del 14 de junio cuando suena el timbre de la casa de Carlos abre la puerta uno de sus hijos. Mate en mano dice que ahora no puede hablar y acepta a pasar el número de teléfono de su padre. Carlos, un rato después, dirá muy poco. Todo su respeto se dirige a dejar en claro que no habla porque no sabe nada y no porque no quiere.
Nadie sabe nada esa mañana tan fría en barrio Flammarión. Los tipos que lavan un auto a metros de la casa de Carlos apenas señalan para el sur, para el lado de Lamadrid. Dicen que por ahí, en el cruce con Vuelta de Obligado, es donde pasó todo. Todo es el asesinato a balazos de Matías Nahuel Paredes, el hijo de Carlos. Un muchacho, 32 años, que dos noches atrás caminaba a unos metros de su casa cuando le tocó ser el número 107 en la lista de víctimas letales de la violencia callejera en Rosario.
A los pies de la esquina en la que Matías fue baleado se levanta un complejo de monoblocks con estacionamiento propio. Un matrimonio que se apronta a salir en su auto se dispone a charlar y en ese gesto dejan ver que no es chusmerío sino preocupación. Que lo que dicen sobre el asesinato en particular -al pibe lo corrieron y le tiraron con una ametralladora y un balazo también hirió a un nene de 13 años- es lo que se comentó en los noticieros que esa misma noche transmitieron por televisión. Pero que lo que dicen sobre ese sector del barrio en general es lo que viven a diario: “Acá hay mucha falopa viste, a cuatro manos. En cualquier momento la ligamos cualquiera de nosotros”.
Ese “nosotros” y “ellos” es acaso el indicador de una compleja trama social que así como fue el escenario del crimen de Matías también es el escenario en el que transcurre esa dicotomía que separa a unos vecinos de otros. El hombre no lo plantea con sesgo clasista: habla de los más chicos. “¿Sabés a cuántos pibitos que yo conozco desde chiquitos los están pudriendo metiéndolos en la falopa?”, pregunta. Y después indica: “Allá por Lamadrid vas a ver un kiosquito bien pintadito, ahí se ven un montón de autos nuevos que paran todo el tiempo”.
Allá por Lamadrid, a unos cincuenta metros del cruce con Vuelta de Obligado, está el kiosquito bien pintadito. A sus espaldas se levanta lo que termina por demarcar la complejidad de ese territorio: una hilera de ranchos de un lado y del otro de la vía, sobre calle Margis y también sobre Flammarión. Ese sector es el que varias investigaciones pero también el boca en boca de los vecinos ubica como plaza de Los Gorditos para la venta de drogas al menudeo. Y la venta de drogas al menudeo es en lugares así la descripción más eficaz de la transversalidad del rubro: los distintos sectores sociales que se rozan en el consumo y en la distribución, como bien describió el vecino al referirse a los “autos nuevos” que llegan, paran y se van. Estampa clásica de las villitas rosarinas. Aquel “ellos” y “nosotros”, esta vez sí con sesgo clasista, tiene ahí su punto de encuentro.
Los Gorditos tienen un supuesto líder: Brandon Bay. Un joven detenido por distintas causas pero que desde prisión siguió manejando los hilos del grupo. “Hay que avanzar matando gente inocente”, se le escuchó decir en las conversaciones que mantiene con los celulares que usa desde la cárcel.
Dos muchachos que van para un baldío con un par de baldes con agua y los cepillos para lavar autos frenan y dicen lo poco que saben sobre el homicidio de Matías. “No lo corrieron a él, corrieron a uno pero a él no. Al nenito le pegaron en la esquina cuando empezaron a tirar desde Lamadrid, pero ellos no estaban juntos”, dice y va también sobre otra dicotomía. La bronca entre “los del otro lado” con “los de este lado”, en referencia a dos grupos enfrentados y separados por las vías, pudo ser el contexto de este crimen en el que nadie sabe si tuvo a Matías como blanco específico o como víctima colateral de los balazos dirigidos a otra persona.
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– Te quería avisar que mañana nosotros vamos a llevar el cuerpo de mi hijo ahí a La Piedad a las once menos cuarto. Va a ir mucha gente, van a ir los chicos de Central que él conocía y los familiares.
La mañana siguiente en el cementerio La Piedad unas treinta personas tapadas por abrigos y barbijos se amontonan en la puerta. Cuando llega el transporte con el cuerpo de Matías Paredes reciben el permiso para entrar y entonces emprenden la caminata hasta el fondo del predio, donde hay un lugar reservado para que familias de bajos recursos económicos tengan un espacio gratuito o de muy bajo costo.
En ese y otros sectores pequeños del cementerio sobresalen tumbas que se ven nuevas: el moho no invadió las lápidas de las que tienen una, todavía lucen blancas y con fotos a todo color sin desteñir. Muchas de ellas muestran fechas que delatan vidas muy cortas: nacidos a fines de la década del 90 o principios de los 2000 que murieron en los últimos seis o siete años. Las paredes internas del predio se convirtieron en epitafios permanentes con fragmentos de canciones que hablan de la tristeza y de las personas que no se olvidan.
Los allegados de Matías Paredes están sumergidos en un rito privado, tristísimo, y solo trasciende por lo simbólico el llanto de la madre del chico que no quiere soltar la tumba y dice: “Mi corazón está ahí”. Una vez afuera, cuando Carlos se acerca a charlar desahoga parte de todo lo que puede procesar una persona en un momento así: “Esto se tiene que terminar. Todos los días nos enteramos de algo así. No sé quién tendrá la culpa de esto, no quiero echarle la culpa a nadie pero quiero que no pasen más estas cosas. Esto es lo que queremos todos los padres”.
Cuando habla de todos los padres, tal como Sandra Romero con su hijo Gonzalo, Carlos extiende su historia similar a tantas otras en los últimos años. En la búsqueda personal de un desahogo está también el mensaje: lo que está viviendo él es una particularidad de tantas que hacen a este conflicto social.
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Mirta Gómez abre la puerta de su casa de pasaje Jacques al 900 bis, en barrio Empalme Graneros. Ofrece un lugar en la mesa de su comedor que al lado tiene un altar con fotos de su hijo: Alejo “Pipi” Bravo, asesinado a los 19 años.
A comienzos de marzo de 2021 Alejo había recuperado la libertad después de haber pasado un tiempo en prisión por una serie de robos por los que se lo había acusado cuando era menor de edad y luego por haber caído en un operativo policial con un arma de fuego encima. Para abril el chico se había puesto de novio y según su mama “estaba con otro pensamiento”.
La noche del domingo 4 de abril Alejo la pasó en lo de su novia. La mañana siguiente estuvo en lo de un amigo del barrio y unas horas después, pasado el mediodía, fue a lo de su mamá. Comieron unas empanadas, arregló con la pareja de su madre para ir juntos a la changa de albañilería en la que trabajaban algunos días a la semana y después avisó que salía. Antes, recuerda Mirta, le pidió que prendiera el calefón porque en unos minutos volvería y quería bañarse.
A Mirta se le pasó el día en la espera de su hijo. Algo habitual en un pibe callejero. Llegó la noche mirando el noticiero local y la mujer se amargó con los dos chicos asesinados que había dejado el día: Enzo Moreno, de 16 años, en Villa Banana, y un cadáver joven sin identificar en un camino rural de la zona de Uriburu y Las Palmeras, el extremo oeste rosarino.
Al día siguiente Mirta tomaba unos mates cuando, otra vez con la tele encendida, vio en el noticiero la actualización de los homicidios del día anterior. Entonces, cuando la cámara de la televisión repitió las imágenes del caso de Uriburu y Las Palmeras algo, un sentimiento horrible, la paralizó.
“Vi lo del cuerpo que estaban reconociendo. Vi un pedacito de la ropa porque mucho no enfocaron, no sé qué me agarró, un presentimiento de madre. Empecé a llorar, mi nena me preguntó qué me pasaba y le dije que su hermano no había vuelto porque era ese chico que estaba ahí”, recuerda Mirta. Después de una seguidilla de derivaciones la mujer llegó al Instituto Médico Legal y confirmó aquel presentimiento que la había asaltado al mirar las noticias: ese cadáver sin reconocer era Alejo.
Un vecino de esa zona rural vio cómo cerca de las 16 de aquel lunes 5 de abril frenó un auto y a los pocos minutos, cuando arrancó y se fue, quedó un bulto tirado en el camino. Cuando se acercó vio que el cuerpo tenía un balazo en la cara y dos en el pecho. Los disparos no se escucharon, por lo cual los investigadores del caso se inclinaron a pensar que a Alejo lo habían asesinado en otro lugar y momento. Tuvo que ser entre las 14.30, hora en la que se fue de su casa, y las 15.15 que fue el horario aproximado de muerte que los médicos le confirmaron a Mirta. En tres meses no tuvo más certezas.
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La última detención de Alejo “Pipi” Bravo fue el 22 de noviembre de 2020. La policía lo frenó en un operativo en su barrio y lo agarraron con un arma de fuego encima. Para entonces Empalme Graneros estaba revuelto, incluso lo buscaban a él en el marco de la investigación por el asesinato de un pibe el día anterior.
A Cristian Ángel Brulé, de 26 años, lo mataron a las 22 del 21 de noviembre en la puerta de su casa tres personas que se le fueron encima y lo balearon. Si bien todo indicó que se había tratado de un robo los investigadores abrieron otra línea que apuntaba a una amenaza que Brule había recibido días atrás. Se trataba del ex novio de la entonces pareja de la víctima, que le decía que iba a caerle con “Pipi”. El sospechoso tenía vínculo con Alejo, quien entonces quedó ligado a esa otra posibilidad.
Alejo quedó desvinculado del crimen porque el arma que le secuestraron no coincidía con la usada para matar a Brulé y el fiscal tampoco tuvo alguna evidencia para continuar sospechando ni de su participación ni de la del otro muchacho, sobre quien recayó una causa por amenazas separada a la del homicidio. Pero en Empalme Graneros el rumor corrió y el nombre de Alejo, que había quedado en prisión por infracciones a las medidas cautelares relacionadas a las causas por robo y agresiones que tenía en un Juzgado de Menores, siguió ligado al crimen de Brulé. En ese contexto a Alejo, detenido en la cárcel de Piñero, le llegó el aviso de que desde adentro mismo del penal se estaba planificando una venganza en su contra.
En este tiempo Mirta no tuvo novedades sobre el asesinato de su hijo. Ni siquiera sabe si lo subieron al auto por la fuerza o si el chico lo hizo por su cuenta. “Yo pienso que él no se hubiese dejado agarrar. Si subió a un auto por su voluntad es porque sabía con quién iba. Si él llegaba a pensar que le iba a pasar algo se tiraba del auto”, dice la mujer. Por eso también cree que lo redujeron entre al menos tres personas. De cualquier manera espera que algún vecino haya visto algo y se anime a hablar, es que a esa hora de la tarde suele haber movimiento en Empalme Graneros.
En su reconstrucción artesanal, motivada nada más que por la falta de novedades de parte de quienes investigan el homicidio, Mirta fue recibiendo comentarios de vecinos. Uno la partió al medio: a su hija un hombre le dijo que había circulado un video en el que Alejo aparecía apuntado con un arma de fuego mientras gritaba “ya fue, ya fue”. Como a ese vecino el video le llegó por Facebook y el mensaje fue borrado por el remitente el fiscal Ademar Bianchini le dijo a Mirta que iba a ser muy difícil recuperarlo.
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Un crimen encargado y orquestado desde la cárcel no es una idea descabellada. Mucho menos desde el penal de Piñero, desde donde -según consta en numerosas investigaciones- se planificaron varios de los asesinatos y balaceras que engrosan las estadísticas de homicidios en el departamento Rosario. Incluso desde el MPA atribuyen el descenso en cantidad de balaceras y homicidios registrados en el inicio del segundo semestre de 2021 al aumento de control de parte del Servicio Penitenciario.
No se requieren demasiados recursos para diagramar un crimen desde la cárcel. Tan solo un celular, los contactos en la calle y el dinero para costear el trabajo encargado. Nada más parece haber necesitado Alejandro Núñez, alias Chuky Monedita, un chico de 25 años preso en Piñero por un homicidio, para liderar desde las sombras una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo y a meter temor a fuerza de balazos contra sus competencias.
Una tarde de octubre de 2020 un integrante de la banda de Chuky Monedita cayó en un operativo policial manejando una moto robada y con dos armas encima. Pero a lo que el fiscal Pablo Socca más provecho le sacó fue al celular de este chico, Jonatan Alejandro R., de 28 años. De ese aparato surgieron las evidencias por las cuales la banda fue desarticulada y a mediados de junio se imputó a once personas como parte de la asociación ilícita comandada por Chuky Monedita.
El grupo tenía su punto fuerte sobre todo en barrio Tablada, donde también disputaban sus broncas con otras bandas. Una de ellas es la conocida como “los de La Planchada”, liderada por un tal Lucas Smith al cual se la tenían jurada. La Planchada es un sector de Tablada delimitado por las calles Ayolas, Necochea, Grandoli y Segui. La información ventilada en la causa por la asociación ilícita de Chuky Monedita expuso las formas en la que los protagonistas viven el mundo propio de la violencia.
“Pegamos como 30 tiros, me tiraron como 15 y yo como 10. Como 20 tiros tiramos, nos agarramos a tiros acá abajo, enfrente de mi casa”, contó Jonatan R., que tiene domicilio en Grandoli al 3800, en mensajes con Chuky Monedita. Eso fue el 23 de octubre de 2020 y un día después los tiros continuaron al punto de que un amigo de R. recibió balazos en una pierna. “No hay que perderlos más, mirá cómo nos cuetean, a mí me dejaron a gamba, a vos casi te arrancan la cara, ya fue tanta amabilidad amigo, no gastemos más balas al pedo”, le dijo el chico herido a R.
Unos días más tarde R. se mensajeó con Chuky Monedita para contarle que la contra andaba alardeando su poder por las calles del barrio. “Bajaban los vidrios de la ventana (de un vehículo) y sacaban las armas para afuera corte festejando”, le comentó. La contraofensiva no tardaría en planificarse: “Ya me bajé dos metra y tengo las dos 45 y una 9. Mañana abre la armería y me voy a comprar una caja de balas de 4 y medio, de 9 ya tengo el cargador lleno en la pistola y la otra metra y le vamos a dar masa bien piola”.
En otra conversación otro integrante de la banda incentivó a R.: “Dale con toda amigo, que uno por uno los vamos a ir tumbando, que todos los que sean de La Planchada y pasen por Grandoli le vamos a dar a todos, a todos le vamos a dar un tiro en la cabeza”. R., en otra charla, apeló a la inspiración cinematográfica: “Vamos a ir y le vamos a dar un ataque soviético, bien piola”.
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Ciudad de Dios, la película brasilera dirigida por Fernando Meirelles y Kátia Lund estrenada en 2002, cuenta la historia de un grupo criminal de una favela de Río de Janeiro. Una de las escenas finales ubica a Ze Pequeño, jefe de la favela y uno de los protagonistas, ya caído en desgracia y detenido por la policía. El criminal les da a los oficiales los dólares que le quedaban, por lo cual lo dejan en libertad. Lo que parecía solo un problema material para Ze Pequeño se agrava cuando aparece en escena un grupo de niños y adolescentes que hasta entonces habían estado bajo sus órdenes. Enojado, Ze Pequeño intenta convencerlos de que tienen que organizar un asalto para recuperar el territorio. Entonces ocurre el golpe final.
“¿Quién dijo que el territorio es tuyo?”, le pregunta el más grandecito de los adolescentes. Uno de los niños le hace una trabada y Ze Pequeño cae al suelo. Acto seguido todos desenfundan sus armas y lo ejecutan al grito de “Ataque soviético”. “El territorio es nuestro”, gritan los pibes a modo de festejo y dan continuidad así a una trama de violencia basada en hechos reales.
¿Cuántas veces Jonatan R. habrá contemplado esa escena y cómo la habrá procesado para terminar aplicando ese término a la vida real? A la suya, en un contexto en el que en los últimos tiempos hasta su caída en prisión estuvo plagado de violencia y riesgo de muerte.
El fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, cuenta que entre sus investigaciones hay al menos cuatro pibes que se hacen llamar “Berraco”. El término, utilizado en Colombia, se popularizó en el resto del continente de la mano de las series sobre la vida del narcotraficante Pablo Escobar. Para Edery el impacto de los productos de la industria cultural en estos jóvenes está estrechamente vinculado a lo que surge en las investigaciones: dice que es muy común en allanamientos encontrarse con cuadros de Tony Montana en las casas de las personas acusadas.
En los lugares de Rosario en los que la cotidianidad se roza en algunos aspectos con este tipo de ficciones, sean series o películas, los pibes son interpelados por estereotipos y clichés que generan simpatía sobre tramas y personajes violentos. Pero también ocurre con ciertas contracaras como pueden ser las experiencias de cine comunitario y barrial. En Colombia misma está el ejemplo del festival de cine y video comunitario y alternativo Ojo al Sancocho, llevado adelante por la organización comunitaria Sueño Films. “Una alternativa de Educación y Comunicación Audiovisual, promueve la democratización de la cultura audiovisual en Colombia, a través de procesos de participación, gestión y formación entre la comunidad, el Estado y diferentes actores sociales”, según la descripción de su sitio web.
Estas experiencias son la forma en la que los territorios populares consiguen narrar sus propias historias y ampliar así las temáticas que se enfocan en estos sectores, generalmente acotados a tramas vinculadas a la violencia y la marginalidad. En Rosario surge como ejemplo la experiencia del taller de cine comunitario de la organización social Rancho Aparte, de barrio Tablada. Lourdes, una de las talleristas del espacio, cuenta que nacieron en el 2017 con la inspiración de la historia de César González, cineasta oriundo de la villa Carlos Gardel de Buenos Aires.
“Los pibes se coparon porque había cierta identificación. Nos preguntamos de dónde venían estas historias y los chicos se entusiasmaron porque vieron que podían hacer algo así”, explica Lourdes. Así también aparecieron los desafíos: cómo poner la atención de los pibes y las pibas en producciones que no fueran El Marginal o las series de Netflix sobre narcotraficantes. En la práctica el cine comunitario también apunta a compartir el trabajo con el territorio. “Eso no solo hizo que logremos un uso del espacio público, sino que los vecinos se coparan para que fuéramos a filmar”, dice Lourdes.
La pandemia de Covid 19 afectó a la continuidad del espacio. En ese contexto ocurrió el asesinato de Marcos, de 15 años y participante del taller. En mayo de 2021 una persona entró a su casa y lo acribilló a balazos. Sus compañeros compartieron en redes los registros del chico en el taller y en un mensaje conciso tendieron ese puente entre la producción de cultura y las realidades por cambiar: “Te encontraremos en cada historia que volvamos a contar “.
