Tres policías de San Lorenzo fueron imputados por encubrimiento agravado después de que se descubriera cómo habían operado para favorecer la situación procesal del asesino de Juan Cruz Vitali, baleado en la cabeza en 2019. Un caso que expone las artimañas de una institución en la cocina de la impunidad.
Fotos: Multisectorial Contra la Violencia Institucional
“Escuchá flaco, escuchá lo que se me ocurrió, yo esta tarde voy a estar en la cobertura de la marcha de Capitán Bermúdez. La idea sería que a posterior de la marcha tengamos algún hecho policial de cualquier índole, así sea una pelotudez pero que sea positivo para escribir algo enseguida y que esa publicación tape inmediatamente la de arriba, ¿me explico? Tenelo en cuenta por las dudas”. El mensaje de audio llegó por WhatsApp la tarde del 29 de mayo de 2019 al número del policía Gustavo Spoleti, quien por entonces ostentaba el cargo de jefe de plana de la subjefatura de la Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo.
Spoleti lo reenvió en simultáneo como mínimo a dos colegas: Gonzalo Paz y Gustavo Rapuzzi, jefe y subjefe de la misma Unidad Regional. El segundo le respondió: “Flaco hay una boludez que surgió recién, hace dos minutos, agarraron a uno con una bicicleta choreada, el Comando de Bermúdez”.
Pero aquella tarde de mayo ningún hecho fue tan trascendente como la manifestación que se había organizado en Capitán Bermúdez para pedir justicia por Juan Cruz Vitali. Tenía 23 años y la madrugada del 12 de mayo, después de que evadiera un control de seguridad vial, un policía lo había asesinado con un disparo en la cabeza. La manifestación, realizada al caer la tarde del 29 de mayo, fue encabezada en su mayoría por mujeres que llevaban una bandera negra con la consigna en blanco: “Basta de impunidad”.
Mientras tanto, a medida que los familiares de Vitali, amigos y otros ciudadanos se iban encontrando en la esquina de avenida San Lorenzo y La Pampa, los mensajes continuaban llegando al celular de Spoleti, quien de inmediato se los reenviaba a Paz.
“Hasta el momento 15 personas, son todas chicas y muchachos con remera con la cara de este chico”. “Son 20 ahora en total que llegaron en 3 autos”. “Ya son unas 50 y siguen llegando”. “100 personas más o menos ahora». «Ahí se están preparando para cortar la ruta”. “Cortaron la ruta, 160 maso son”. “Ahí se preparan para salir para la estación”. Los mensajes siguieron casi minuto a minuto desde que la manifestación comenzó a concentrarse hasta que llegó al punto donde culminaría.
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El asesinato de Juan Cruz Vitali fue el desenlace demencial de una persecución desatada cuando el chico evadió un control de alcoholemia. Según contó su novia, quien lo acompañaba, Vitali aceleró al toparse con el operativo y en el intento de esquivarlo se llevó puesto un cono. Una camioneta policial los chocó, unos policías bajaron y dispararon, Vitali aceleró todavía más. Lo siguieron a lo largo de veinte cuadras, hasta que el chico llegó a la casa de su tía.
Como en la mayoría de asesinatos a manos de empleados de fuerzas de seguridad hubo dos versiones acerca de lo ocurrido al momento de los disparos fatales. Una, la de los familiares de Vitali, indicó que el chico se quiso meter corriendo a lo de su tía cuando un policía abrió fuego directamente hacia él y lo mató sin siquiera darle la voz de alto. La otra, la policial, supuso un forcejeo en el cual la pistola del policía se disparó por accidente y mató a Vitali. El auto quedó con cuatro balazos así como también se encontró la marca de un disparo dentro de la casa de la tía del chico.
El policía en cuestión, Sergio Di Franco, era jefe de la Agrupación Cuerpo de la Unidad Regional XVII. Cuando lo imputaron explicó: “Lo agarro del hombro y lo saco para afuera, se da vuelta y me toma del brazo y para que no me tomara del brazo y no me inhabilitara el arma atiné a abrazarlo, forcejeamos, en un momento veo que me suelta y cae al piso, cuando cae al piso lo veo y parpadeaba y empieza a salir sangre de la cabeza”. Sobre los balazos que tenía el auto de Vitali dijo que habían sido otros policías los que dispararon ante la fuga del joven.
Di Franco fue imputado por el homicidio calificado agravado por su función policial y quedó con prisión preventiva por el plazo de 60 días. El 28 de agosto -después de un acuerdo entre el abogado defensor del policía, Paul Krupnik, con los fiscales Miguel Moreno y Melisa Serena, y sin audiencia de por medio- Di Franco obtuvo la prisión domiciliaria por 90 días. En ese plazo debían conocerse los resultados de una serie de pericias solicitadas tanto por la defensa como por la Fiscalía. Pero ya para entonces Krupnik hablaba de que en la causa había “evidencia que apuntala lo accidental del lamentable suceso”. Según publicó entonces el diario El Ciudadano el abogado manifestó en su cuenta de Twitter el agradecimiento al fiscal Moreno: “Más allá de su rol acusador valoró la clara evidencia desincriminante contra Di Franco”.
Transcurridos esos 90 días finalmente Di Franco quedó libre. El juez Juan José Tutau ordenó la “liberación inmediata” del policía luego de que culminara el plazo de prisión preventiva y desde la Fiscalía no solicitaran prórroga. Para entonces había tomado peso la hipótesis del disparo accidental, por lo cual la causa se encaminaba a un inminente cambio de carátula.
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Los mensajes entre los policías Gustavo Spoleti, Gonzalo Paz y Gustavo Rapuzzi con los que abre esta nota fueron parte de un minucioso seguimiento que estos tres altos mandos de la policía santafesina hicieron sobre la causa que tenía como imputado a su antiguo colega Sergio Di Franco. Desde los primeros días después de ocurrido el crimen de Juan Cruz Vitali estos policías se comunicaron para estar al tanto del avance de la investigación. Analizaron, por ejemplo, las distintas posibilidades para lograr la prisión domiciliaria de Di Franco.
“Ni siquiera es conveniente darle una domiciliaria ahora… si vos lo analizás flaco, le llegan a dar el arresto domiciliario ahora empezamos con las marchas, con los quilombos, los escraches a la familia, todo, esto hay que dejarlo que se afloje 45 días y ahí que ya está más o menos encaminado podemos pedirla”, le comentó el subjefe Gonzalo Paz al policía Spoleti. Eso fue el 13 de mayo, horas después del crimen.
Con el correr de las semanas, y con la prisión domiciliaria como horizonte, el diálogo se centró en una necesidad: que el informe de reconstrucción integral oficial -a cargo de un perito de apellido Cabrera de la Sección Reconstrucciones Integrales de la Policía de Investigaciones- coincidiera con el informe pericial de parte de la defensa, a cargo del perito Ricardo Brachetta. Esa sería la manera en la que en una causa basada en dos hipótesis distintas sobre un mismo hecho una de ellas, en este caso la policial, tomara más fuerza que otra.
A esta altura, mediados de julio, los policías habían afianzado el diálogo con el abogado Paul Krupnik. Fue éste quien en un mensaje les marcó el camino: “Moreno (el fiscal) me dijo que la única prueba que a él le falta es la de, digamos para terminar esta cuestión, la de Cabrera. Si Cabrera escribe lo mismo que escribió Brachetta en 50 días Sergio está en la casa, no hay más discusión me entendés”.
Poco más de un mes más tarde la prisión domiciliaria de Di Franco estaba cocinada. “Se va con domiciliaria el Toto (por Di Franco). Presentan todo el lunes y el miércoles o martes se va sin audiencia”, dijo el 23 de agosto de 2019 Spoleti en un mensaje que le envió a Paz. “La idea es que no se haga la audiencia por el circo más que nada”, agregó en otro. Cinco días después Di Franco se fue para su casa.
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El jueves 13 de mayo de 2021 los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la unidad de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, imputaron a los policías Gustavo Spoleti, Gonzalo Paz y Jorge Quintana por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Fueron acusados de cometer delitos en el afán de mejorar la situación procesal de su colega Sergio Di Franco en la causa por el asesinato de Juan Cruz Vitali.
“Los imputados tomaron parte en la producción de información que fue incorporada al legajo de investigación. Lo hicieron trabajando para la defensa penal del imputado y con el objetivo común con ella de instalar la hipótesis delictiva de que el hecho que motiva aquella investigación fue involuntaria y/o accidental”, analizaron los fiscales al momento de presentar la imputación. Los investigadores indicaron que Spoleti y Paz se habían mantenido en diálogo para coordinar “la colaboración para el señor Di Franco”. Esa colaboración incluyó, por ejemplo, comunicaciones con el senador por San Lorenzo Armando “Pipi” Traferri, que fue quien les habilitó el contacto del entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, hombre cercano al por entonces fiscal regional Patricio Serjal. Ese ida y vuelta fue un día después del asesinato y así Spoleti logró reunirse con Ponce Asahad.
Spoleti, según los fiscales, también se reunió con el perito de la defensa, Ricardo Brachetta, “para colaborar con la producción del informe de la defensa el que culmina afirmando que el hecho fue accidental”. Asimismo lo acusaron de hablar con un miembro de la PDI para agilizar los informes que esa área debía remitir “instándole a que ese informe ratifique la línea defensiva del señor Di Franco”. El hombre de la PDI cumplió “poniéndose en contacto con el señor Zuchero, a esa fecha jefe del Departamento Científico Forense de la policía, a quien le trasmite esta solicitud y el informe de reconstrucciones integrales elaborado por el señor Cabrera, encargado de la sección Reconstrucciones Integrales de la PDI, plasma esa versión de los hechos”.
Para lograr ese cometido hubo una reunión entre un abogado del equipo de Krupnik y dos hombres de la PDI en la que se dejó en claro qué debía concluir el informe de reconstrucciones que esa dirección policial haría. Ese encuentro fue en una estación de servicio de Ovidio Lagos y La Vincha, Rosario.
A Jorge Quintana, por entonces jefe de División del Departamento Criminalístico de la PDI, lo acusaron de pedirle a un perito de la sección Balística, que había intervenido en la remisión de material de la causa al depósito judicial, que cambiara una vaina para lograr afianzar la hipótesis policial. «Todo ello con la finalidad de insertar evidencia falsa en la investigación y así agregar un elemento objetivo que desincrimine a Sergio Di Franco en el hecho”, según las palabras de los fiscales.
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Cuando el aceitado diálogo entre Spoleti, Paz y el abogado Krupnik dio su fruto -es decir cuando fue un hecho la coincidencia de los dos informes de reconstrucción integral del asesinato de Juan Cruz Vitali- aparecieron los agradecimientos.
“Indispensable en toda esa gestión el aporte de Ricardo Brachetta (perito de la defensa) quien no solo ha hecho el informe sino que me acompañó a la reunión acá con el regional y compañía, está acá conmigo, así que bueno, después no sé si queda algún honorario pendiente respecto a él, lo arreglarán con él”, le comentó Krupnik a Spoleti. El policía, sin vueltas, contestó: “Indispensable el hombre de San Lorenzo”.
Con “el hombre de San Lorenzo” podrían haberse referido al senador Armando Traferri, quien fue el contacto directo mediante el cual los policías entablaron diálogo y concretaron reunión con el entonces fiscal Ponce Asahad. En ese momento, mediados de 2019, Ponce Asahad todavía no había sido imputado junto a su superior Patricio Serjal como parte de la estructura de funcionarios que posibilitaron una red de juego clandestino. Por ende Ponce Asahad tampoco había mencionado a la “pata política” de tal red: el senador Traferri, a quien sí -todavía- lo protegen los fueros.
La relación entre los altos mandos policiales y Traferri -así como también lo que podría leerse como la devolución de favores- quedó expuesta en la misma audiencia imputativa por el encubrimiento del homicidio de Juan Cruz Vitali. A Spoleti los fiscales Edery y Schiappa Pietra le imputaron el delito de peculado de servicios e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según los fiscales el policía puso personal policial a su cargo a vigilar carteles de campaña del senador Traferri. Se detectaron al menos tres comunicaciones en distintos momentos -29 de agosto y 7 de septiembre de 2017, 3 de mayo de 2019- en las que Spoleti daba indicaciones sobre el cuidado de los carteles. En una solicitó dos policías para su cuidado y en otra pidió que se organizara la custodia en cuanto a cantidad de agentes a disposición y precio a pagar. En tanto la comunicación de mayo de 2019 fue con un empleado de la municipalidad, a quien le informó que tenía el registro fílmico de dos personas que habían retirado un cartel de Traferri para poner uno del candidato oficialista, y que si no lo volvían a poner iba a mandar a detenerlos.
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En la cocina de la impunidad se gestan las formas, tan diversas, por las cuales se consolida el abc del gatillo fácil. El recorrido por casos de asesinatos a manos de fuerzas de seguridad ocurridos en la ciudad en los últimos tiempos da cuenta de que son muy amplias las artimañas de la policía para torcer relatos que garanticen resoluciones judiciales favorables para la fuerza. Mucho más cuando se cuenta con el amparo del poder judicial.
Carlos Godoy, 25 años, asesinado por la policía en Empalme Graneros en 2015. En el expediente aparecieron dos actas idénticas, ambas con su número y firmadas por el mismo comisario. Dos copias, pero con una sola diferencia: en una de ellas la anotación del secuestro de un arma al chico muerto. El comisario, cuando tuvo que dar explicaciones, dijo que en la escena del crimen había anotado todo a mano en una libreta y que luego, al transcribirlo, se le pasó el detalle.
Gustavo Lara, 20 años, asesinado por un policía en Empalme Graneros en 2013. En el juicio se comprobó que el policía había disparado a la espalda y que al chico le plantaron un arma sin condición de uso. La Fiscalía pidió prisión perpetua pero el tribunal concluyó que el policía no había tenido intención de matar. Por el mal estado del proyectil, dedujeron, la bala había rebotado en el suelo antes de dar en la nuca de Gustavo. La condena fue de ocho años.
Brandon Cardozo, 16 años, asesinado por un policía en 2016. Fue en una fiesta callejera del año nuevo, en medio de una pelea un policía de civil empezó a disparar al bulto y una bala dio en la cara de Brandon. En el juicio, durante 2018, el policía acusado intentó culpar a un colega suyo de haber sido el que disparó. Entonces confesó: “Siete de cada diez policías llevan un arma que usan como chivo para ensuciar procedimientos”.
Iván Mafud, 26 años, asesinado por varios policías en una persecución en 2014. Durante más de un año la Fiscalía sostuvo la versión policial: un enfrentamiento. Hasta que se supo del arma plantada y del manoseo por toda la escena del crimen del que habían participado quince policías. Seis recibieron condenas leves y nueve fueron absueltos.
Emanuel Medina y David Campos, 32 y 28 años, asesinados en una persecución similar en 2017. La Fiscalía dijo que fue un enfrentamiento hasta que quedó en evidencia la mentira policial. Diecinueve policías fueron procesados por participar de esa balacera que nunca pudo ser justificada. A dos los condenaron a prisión perpetua, a dos a cinco y siete años de prisión, y a quince policías más a penas que fueron de uno a tres años de prisión condicional.
Según un informe del Ministerio Público de la Acusación, publicado en 2019, entre los años 2014 y 2018 en la provincia de Santa Fe hubo 77 muertes provocadas por fuerzas de seguridad. De ese total 51 ocurrieron en el departamento Rosario, de los cuales 28 tuvieron como víctimas a personas menores de 25 años.
El 83 por ciento de todos los asesinatos en la provincia fueron mediante disparos de armas de fuego. La Fiscalía General diferenció dos circunstancias predominantes para estos hechos: 34 fueron en el marco de “intervenciones policiales” y 18 mediante “resistencia a delito”. La primera categoría reunió los enfrentamientos o persecuciones protagonizadas por policías que se encontraban en servicio o de franco e intervinieron para evitar un delito. La otra refirió a los policías que supuestamente fueron víctimas de intentos de robo.
En ese informe oficial se reconoció que ciertos factores pudieron dificultar una estadística fehaciente. Por ejemplo acerca de la posesión de armas de fuego de parte de las víctimas. Según las versiones policiales el 54,5 por ciento de las víctimas estaba armada, pero durante las investigaciones hubo casos en los que se comprobó que no fue así. Por eso se aclaró: “Este último dato debe ser analizado con mayor cautela, dada la capacidad que los miembros de las instituciones policiales suelen tener para construir una primera versión de este tipo de hechos”.
De esa capacidad policial tal vez surgieron los puntos oscuros de las investigaciones que permitieron vincular a la mayoría de casos a un contexto de “intervenciones policiales”. Una definición que a la hora de los bifes benefició a los imputados: hasta mediados de 2019, de 77 casos, solo cinco investigaciones se cerraron en juicios orales y públicos, mientras que ocho decantaron en procedimientos abreviados. Quince fueron cerradas sin condena, de las cuales siete se archivaron por legítima defensa.
Hubo casos en los que la condición social de las víctimas influyó en el desarrollo de las investigaciones de sus asesinatos. Sus antecedentes o los de familiares o amigos, sus lugares de pertenencia, el hecho de que fueran pibes de barrio, en muchas ocasiones determinaron la mirada de los investigadores. Incluso en los casos donde las evidencias científicas descartaron las versiones de enfrentamiento y esclarecieron disparos por la espalda o con las víctimas desarmadas.
La reciente imputación a los policías acusados de trabajar para favorecer la situación procesal del policía que mató a Juan Cruz Vitali muestra otras líneas. La automática camaradería que activó un plan horas después del crimen. La atención al abordaje mediático y el activismo social de organismos de derechos humanos o familiares de víctimas. La capacidad de influencia tanto de los policías con altos cargos como de sus abogados para acercarse a funcionarios judiciales e incluso políticos. El rol de los fiscales que sugieren y demarcan así el camino de una causa. La impunidad no siempre se refleja en la ausencia de una condena sino también en las extrañas formas de la justicia.
