Dos ladrones roban a bordo de una moto a un joven que en su camioneta los persigue, los atropella y los mata. Es el punto de partida para un nuevo capítulo del abordaje mediático y la movilización social en el marco de la llamada “justicia por mano propia”.
Diego Pablo C., 25 años, no se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Tal vez fue esa la intención de los dos tipos que a bordo de una moto iban tras los pasos de la Chevrolet S-10 que él conducía esa tarde, 8 de abril. Diego Pablo C. tampoco esperaba que al frenar en la casa de sus padres, en Amuchástegui al 600 del barrio Fisherton, la moto por fin lo alcanzara. Se habrá dado cuenta en ese instante, demasiado tarde, que esos dos tipos eran ladrones y que tal vez tenían el dato: llevaba dinero encima.
Precisamente 2 mil dólares y 2.400 pesos. Diego Pablo C. entregó la mochila y vio cómo los ladrones escapaban a toda velocidad. Pudo haberse quedado estático por esa mezcla de sensaciones que se precipitan sobre quien es víctima de un arrebato callejero. Pero Diego Pablo C. eligió acelerar e ir tras los pasos de los ladrones. Fueron 600 metros hasta que en el cruce de las calles Navarro y Zuviría la moto subió a la vereda en un intento atolondrado de escape que se frustró cuando la camioneta los impactó desde atrás.
La moto, una Honda Titán, quedó tirada. También los ladrones. Diego Nicolás Quiroga García, 25 años, muerto. Luciano Escudero, 29 años, vivo pero inmóvil, herido, grave. Tanto que unas horas después murió en una cama del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde estaba internado con custodia policial. El fiscal de Homicidios Dolosos en turno, Patricio Saldutti, ordenó la detención de Diego Pablo C., en principio hasta la audiencia imputativa que tendría lugar tres días más tarde.
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El impacto social, empeño mediático mediante, fue enorme. El abogado Pablo Rajmil, defensor de Diego Pablo C., habló con el noticiero de Canal Tres el día siguiente a la persecución fatal.
“Él venía del centro, de hacer una operación cambiara y cuando estaba llegando con el dinero en la camioneta del padre a su casa se paró en la puerta del domicilio, subió a la vereda para ingresar a su domicilio y en ese momento se le pone al lado una moto con dos personas portando armas de fuego. En ese instante uno de ellos le rompe el vidrio, le exige la plata. Él entrega la plata que tenía, le exigían más. Allí fue cuando lo bajan del auto y efectúan disparos de arma de fuego que es lo que tenemos entendido por lo conversado con la Fiscalía, tres disparos al aire para amedrentarlo. Luego una de las armas queda ahí tirada en el piso”, dijo Rajmil. Introdujo así la hipótesis de que los ladrones habían efectuado disparos.
Sobre la persecución dijo: “Mi asistido en esa instancia toma la decisión de subirse a la camioneta y seguirlos, estamos hablando de un joven de 25 años que producto de un momento muy tenso, me imagino que en estado de emoción violenta, quiere ver a dónde iban y su intención era que sean detenidos por personal policial”. De esa manera sumó a la hipótesis el accionar bajo “emoción violenta”.
“Él subió a la camioneta, va tras ellos. Esta gente advierte eso y el que portaba el arma de fuego lo apunta. Después sucede lo que sucede pero no hubo de ninguna manera intención y dolo de matar. Lo interpretamos como un accidente. Consideramos que al verse que lo estaban apuntando se agacha y puede ser que se haya producido una colisión que se está investigando”, agregó. Así redondeó su hipótesis mediante la idea de un accidente provocado por los ladrones que apuntaron al conductor de la camioneta, quien se agachó, perdió la visión e impactó a la moto.
Luego habló sobre el contexto: “Consideramos que lo que pasó fue un hecho de inseguridad más de los tantos que lamentablemente venimos padeciendo todas las personas que vivimos acá en Rosario, no desde ahora sino desde hace un tiempo a esta parte. Producto de esa entradera mi asistido tomó la determinación de seguirlos, de pararlos, de frenarlos, de que de alguna manera alguien pare con todo esto, porque también tiene que ver con el cansancio de la gente y el agotamiento por toda esta circunstancia que estamos viviendo”.
No habían pasado ni 24 horas del hecho. El fiscal Patricio Saldutti había optado por la prudencia al menos hasta el día de la audiencia. El zócalo del noticiero, sin embargo, sentenció: “Se defendió de los ladrones y ahora está preso”.
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El sábado 10 de abril los familiares y amigos de Diego Pablo C. fueron acompañados por cientos de vecinos de barrio Fisherton y otras zonas de la ciudad en una manifestación callejera que tuvo como objetivo reclamar la libertad del conductor de la camioneta. “Diego no es un homicida, él se defendió”, dijo una tía del joven a los medios. Muchísimas personas se unieron en ese reclamo bajo la lluvia que insistió pero no los detuvo.
“Libertad ya”. “Basta de inseguridad”. Los manifestantes dejaron clara la postura a favor de Diego Pablo C. y de la forma en la que el muchacho se había desenvuelto después de que lo asaltaran. Anticiparon, además, cuál sería el clima social con el que se llegaría a la audiencia imputativa.
Un día después el fiscal Patricio Saldutti imputó a Diego Pablo C. por dos homicidios simples -delito que implica pena de entre 8 y 25 años- y pidió la prisión preventiva por el plazo de ley. Para el fiscal, con la base de la información reunida hasta entonces, el imputado había tenido intención de matar. La evidencia más fuerte ventilada en la audiencia fue un video registrado por una cámara de vigilancia en el que se ve el momento en que la moto en la que iban los ladrones sube la vereda y unos segundos después la camioneta hace lo mismo para luego alcanzar a la moto y pasarla por arriba. Por otra parte Saldutti confirmó que en la escena del hecho no se levantaron vainas servidas pero sí una pistola calibre 9 milímetros, lo cual no alcanzó para confirmar que los ladrones habían disparado.
El juez Román Lanzón aceptó la imputación y determinó que la prisión preventiva fuera por 60 días. “La filmación que se ha reproducido en esta audiencia es lo suficientemente contundente como para saber que cualquier persona que maneja un vehículo en las condiciones en que lo hace, y con el desenlace que en definitiva ocurre, no podría haber tenido otra intencionalidad que no sea producir el resultado que finalmente se produjo, que es la muerte. Sí habrá que profundizar cuál era su estado en ese momento”, dijo el magistrado en la audiencia.
La madre del imputado, una mujer llamada Miriam, esperó afuera del Centro de Justicia Penal, acompañada por familiares y vecinos, rodeada por las cámaras de los medios de comunicación. De ahí se difundió la imagen de su dolor: ella arrodillada, con las manos juntas como suplicando, quebrada en llanto. Y su pedido: “Señor juez, libere a mi hijo, él no es un asesino”.
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Unos días después de la audiencia, cuando el caso todavía invadía la agenda mediática, dos periodistas del diario La Capital entrevistaron a los padres del otro Diego, el ladrón muerto. “A lo mejor mi hijo murió como quería. También es cierto que a mi hijo un muchacho lo condenó a muerte por un robo y ahora ya no lo tengo”, dijo la madre.
Para entonces, 14 de abril y a menos de una semana del hecho, en la red social Facebook se había abierto un grupo público con la consigna “Justicia por Diego”. Por el Diego vivo. Unas 4000 personas se habían sumado al grupo, con la idea de que justicia sería la libertad de una persona detenida e imputada por dos homicidio por el solo hecho de que los muertos eran ladrones.
Ante la publicación de la entrevista a los padres del Diego fallecido un usuario compartió su postura: “La Capital haciendo nota a los padres del picadillo. Ahora son víctimas. Si vas a robar vas a matar o morir. Te salió mal. Fuiste alpiste”. “Diego héroe nacional”, le comentó otro. “Dos lacras mutantes menos”, sumó otro. “Felicitaciones Diego, dos chorros menos”, agregó una mujer.
El viernes 23 de abril cerca de las 18 se realizó una audiencia casi sin aviso previo. En ella el fiscal Patricio Saldutti solicitó que al imputado se le otorgara la libertad con restricciones. Además adelantó que la investigación había avanzado mediante la reconstrucción hecha con los registros de 21 cámaras de vigilancia y las declaraciones de 12 testigos. “Se divisa objetivamente la posibilidad de un futuro encuadre legal menos gravoso”, indicó el fiscal. En esa misma línea el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, ordenó una custodia policial permanente para el imputado.
En el grupo “Justicia por Diego” festejaron la novedad. Un usuario atribuyó la libertad del imputado a “la justicia divina que nunca falla”. Sin embargo la decisión había sido, lógicamente, del fiscal Saldutti y el mismo juez Román Lanzón que habían imputado y ordenado la detención en una primera ocasión. Para ellos, sobre quienes en el grupo se habían difundido sus domicilios particulares y a quienes les habían deseado lo peor, no hubo agradecimientos ni felicitaciones.
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Con el correr de los días el tema se diluyó de la agenda mediática. Incluso en el grupo “Justicia por Diego” el caso fue tapado por otras cuestiones: memes reaccionarios, videos motivacionales, noticias de otras ciudades, reclamos por otras causas. Una usuaria, incluso, dijo que había entrado para pedir la libertad de Diego, a quien antes de retirarse del grupo le dejó buenos deseos. El caso, también, se diluyó entre los principales movilizados ante esta historia.
Pero Diego Pablo C., aunque en libertad, continúa con una imputación todavía grave como lo es la de homicidio simple. Y continuará, aunque le bajen la calificación de delito que cometió, atravesado por el proceso judicial y por todo lo que implica haber matado a dos personas.
Luciana Ginga, doctora en Ciencia Política, magister en Criminología e integrante del Centro de Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (Pegues-Cige), invita a analizar el fenómeno bajo la metáfora del hechizo. “Hay una especie de hechizo conformado por múltiples aspectos, un entramado complejo de muchas aristas que lleva a indignarse, enfurecerse y romper con esa barrera que es como una especie de contrato democrático básico que es no tomar ‘justicia por mano propia’”, explica Ginga.
Se refiere al contexto social -el reclamo de mano dura seguido del apoyo inmediato a quien ejerce la llamada justicia por mano propia- que empuja a un ciudadano común a romper ese contrato democrático básico del cual habla. Ginga propone detenerse en qué es lo que sigue cuando lo inmediato ya sucedió, después de algunos días ante el avance natural del proceso judicial: “Cuando la persona se despierta de ese hechizo estará solo. Porque la gente que lo apoya se desmoviliza, porque los medios lo dejan de tener en la tapa, porque Patricia Bullrich (quien se pronunció por el caso a favor del imputado) va a quitar el foco de acá y seguirá con sus contiendas políticas”.
“Lo que le queda a este chico es enfrentar un proceso judicial en soledad. Es su propio cuerpo el que va a tener que afrontar eso”, agrega Ginga.
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¿Cómo continúa la vida de una persona que mató a otras dos? ¿Se sentirá cómodo Diego Pablo C. en el rol de justiciero? ¿Estará de acuerdo en que les digan “picadillo” a las dos personas que mató? ¿Podrá dormir de noche? ¿Podrá volver a conducir un vehículo? ¿Le alcanzará con estar libre para continuar una vida dentro de todo normal? ¿Alguna de todas las personas que se movilizó personal y virtualmente a su favor le habrá hecho o al menos se habrá hecho a sí mismo una de estas preguntas?
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El martes 20 de abril, días antes de la liberación de Diego Pablo C., se hizo otra convocatoria entre las personas que apoyaban el accionar del joven imputado. Fue a las 19.30 en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, un punto de encuentro clásico para movilizaciones por distintas causas. La cantidad de asistentes fue mucho menor a la de las primeras dos ocasiones.
Entre ellos estaba Ezequiel Lowden, una de las pocas caras repetidas en este tipo de manifestaciones, sobre todo desde que preside la Asociación Civil de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad. En septiembre de 2017 Lowden fue víctima de un robo en el cual lo hirieron con un disparo de arma de fuego que le provocó una herida por la cual debieron hacerle un by pass en la arteria femoral.
Él es una referencia en estas movilizaciones. Suele, por su claridad para conversar, tomar la palabra ante el público y la prensa. “La gente está generando una cuestión social de tener que salir a realizar detenciones ciudadanas, a detener al delincuente que roba porque tenemos un Estado que, como ha reconocido el intendente y el gobernador, fracasa. Necesitamos que la gestión municipal, la provincial, la legislativa y la judicial se den cuenta que venimos funcionando mal”, explicó a Enredando.
Entonces blanqueó su punto de vista: “El famoso ‘la solución no es punitiva’ está errado. La solución sí es punitiva. De la misma manera que se detiene a Diego se debería detener a cada delincuente que porta un arma y tiene la peligrosidad de salir a matar”. “Todo esto tiene que generarle al Estado una recapacitación. No esperar a que esto sea una pueblada o que haya un estallido social, porque el día que llegue va a ser muy complicado volver”, agregó.
Pero la cantidad de manifestantes fue disminuyendo en cada encuentro. Para Lowden eso se debe a que «la gente espera el cambio en el momento, que cada caso sea el click que cambie algo». «Cuando ve que a la semana mucho no se avanza la gente tiene un decaimiento», dijo y puso como ejemplo casos similares que ocurrieron en otros momentos, como lo fueron las movilizaciones por Rosario Sangra en agosto de 2016 que al paso del tiempo no tuvieron continuidad. ”.
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Un informe reciente de la consultora Innova indicó que “la inseguridad” es el tema que más preocupa a los rosarinos. El 41 % de los encuestados puso ese tema como prioridad, seguido por la economía en un 16 %, el desempleo en un 11 %, la pobreza en un 8 %, la corrupción en un 4 % y el narcotráfico en un 3 %. Bien podría decirse que la preocupación de la gente se dirige en un 100 % a los estragos generados por un sistema económico que reproduce esos temas. Pero cada problemática se presenta a la sociedad civil como aislada, como si una no tuviera que ver con la otra.
“Estamos bombardeados permanentemente por modos que nos sugieren cómo actuar. Constituir subjetividades que admitan que la inseguridad es uno de los problemas más graves que tenemos en la agenda política y social genera que si el problema tiene tal envergadura se debe actuar”, analiza Luciana Ginga. “Entonces la sociedad civil cree que debe pasar del sentimiento de impotencia a la potencia política, del miedo al coraje, entre comillas”, agrega.
En ese sentido Ginga también se detiene a pensar en cuál es el concepto de inseguridad que se plantea: “Un determinado tipo ligado al delito urbano menor cometido generalmente por jóvenes, varones y pobres”. “Hay una especie de desprecio a quienes son identificados como generadores de peligro. Ese sentimiento de desconfianza y desprecio se torna imperativo, como una convicción cívica fuerte y como un deber moral”, explicó. Es entonces cuando el ciudadano vuelca en los hechos ese sentimiento, con las aprehensiones civiles que en realidad son golpizas o linchamientos que a su vez creen encontrar en ese supuesto consenso social la posibilidad de intensificar esas intervenciones. “En última instancia eso lleva al ciudadano a matar, creyendo que protege a su comunidad y a sí mismo”, analiza Ginga. Luego el nuevo homicida, presentado como justiciero, despertará del hechizo.
