En lo que va del año 2020, en la provincia de Córdoba se quemaron más de 315 mil hectáreas de monte nativo. Se trata de una catástrofe sin precedentes, que triplica el récord histórico de la última década en una provincia que ya ostentaba el triste logro de haber arrasado con más del 97% de su bosque nativo original.
Fotos y Texto La tinta, colaboración especial para enREDando
[dropcap]S[/dropcap]egún datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en lo que va del año 2020, en la provincia de Córdoba se quemaron 315.944 hectáreas por incendios forestales, lo que pone a la provincia mediterránea en la cima del triste podio de jurisdicciones que más superficie perdieron. La única provincia que se aproxima a esos valores es Entre Ríos, con 286.326 hectáreas, que sumadas a las de Córdoba, representan el 67% de la superficie afectada de todo el país.
Dos de cada tres hectáreas que se quemaron este año en Argentina, fueron en Córdoba o Entre Ríos. Por eso, no sorprende que se multipliquen las denuncias respecto a que se trata de incendios intencionales que esconden detrás intereses económicos de los más espurios, desde loteos inmobiliarios, hasta campo para los ganaderos e incluso obras de vialidad de los propios Estados.
Mientras el gobernador Juan Schiaretti insiste año tras año que los incendios se producen por “castigo del clima”, organizaciones vinculadas a la temática remarcan que la inmensa mayoría de los siniestros son como consecuencia de la mano del hombre y para favorecer intereses privados. “La inacción del Estado y los vacíos legales en cuanto a la remediación de daños pone en evidencia que esto es parte de una política, la política del ecocidio“, señalaron desde la Asamblea en Defensa del Ambiente Córdoba Capital.
Una política de ecocidio que se sostiene sobre tres patas: un gobierno cómplice, una justicia ciega y un empresariado inescrupuloso. De hecho, no son pocos los casos en que se alzan flamantes emprendimientos inmobiliarios en terrenos que sufrieron incendios años anteriores, o fronteras agrícola-ganaderas que se favorecen por el terreno arrasado, o anuncios de autovías provinciales diagramadas a la vera de las tierras calcinadas.
Pero la pérdida de más de 35000 hectáreas de bosques desde el año 2001 en el norte provincial, no hubiese sido posible sin el trípode que ha sostenido esta industria del desmonte: la asociación entre un gobierno cómplice, empresarios voraces sin conciencia y una pata judicial que mira para otro lado; los 3 vértices que dibujan la verdadera trama del desmonte ilegal en Córdoba, que va mucho más allá de la acción de una topadora aislada que voltea el monte a su paso.
Córdoba tiene ya menos del 3% de bosque nativo cerrado y, de los tres grandes ecosistemas que caracterizaban al territorio provincial –el Chaqueño, el Espinal y el de Estepa Pampeana-, estos dos últimos están prácticamente extinguidos con respecto a lo que eran sus superficies originales. Que en una provincia donde queda menos de 600.000 hectáreas de bosque en estado de buena conservación, se quemen 315.000 hectáreas, es sin dudas una tragedia y un crimen.
Así lo entiende el biólogo Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), quien a principio de mes presentó una denuncia penal contra el gobernador Schiaretti y sus funcionarios por la demora del Ejecutivo en pedir apoyo a otras jurisdicciones. Sucede que por soberbia cordobesista, por negligencia o por pura complicidad, durante diez días de incendios consecutivos, el Gobierno de Córdoba se negó a pedir ayuda a Nación y a otras provincias para sofocar las llamas que afectaban la provincia en diferentes puntos.
Más concentrados en enaltecer la heroicidad y sacrificio de bomberos y bomberas voluntarias que en apagar los incendios, el discurso oficial apuntó a mostrar siempre señales de autosuficiencia, a pesar que se registraba el mayor incendio que se tenga registro. La necedad del Gobierno llegó hasta tal punto, que el propio director de Defensa Civil, Diego Concha, repitió en numerosas oportunidades que no necesitaban de donaciones para los cuarteles y advirtió a la población para que “no interfiera más” en las tareas de extinción del fuego o solicitaría la intervención de la fuerza pública, en un claro intento de menospreciar y criminalizar las acciones de defensa del bosque nativo llevadas adelante por brigadas de vecines organizades en contra del fuego.
Defensa comunitaria del bosque
Tania, de la Asociación Amigos de la Reserva Camin Cosquín, cuenta cómo se organizan de manera comunitaria para contener el incendio. “Acá todos y todas sabemos que los fuegos son intencionales, no se prenden casualmente ni por arte de magia. El negocio inmobiliario es muy grande en la zona. Casualmente los fuegos se vienen prendiendo también por las rutas donde pretenden pasar los proyectos de autovías. Los que vivimos algunos incendios acá ya sabemos cómo es esto”. El barrio Villa Pan de Azúcar Este, donde vive, se encuentra colindante al cerro, asediado por las llamas y está ubicado en medio del monte. Lo que se busca, además de proteger a las personas y las casas, es proteger la flora y fauna nativa.
“Con todo este tema del confinamiento nos habíamos quedado sin protocolo de incendio, lo cual nos dejó en una posición bastante vulnerable, entonces desde este espacio nos conformamos y fue un mes de trabajar duro para volver a llenar los reservorios de agua – piletas, piletones, tanques grandes que haya en el barrio-, porque acá tenemos mucho problema con el agua corriente, estamos tan alto que muchas veces la presión no llega, entonces es muy importante tener esos reservorios llenos en caso de incendio. También se volvieron a abrir las calles cortafuegos hace una semana, en trabajo junto a bomberos, brigadistas y el área de manejo del fuego de la municipalidad, lo cual nos está dejando un poco más tranquilas y tranquilos, porque sin eso estamos a merced del fuego”, dice Tania.
“Esta situación nos encontró organizadxs. Desde antes de que empezara el fuego, ya estábamos alerta pidiendo por favor que se cerrara el Pan de Azúcar porque los fines de semana se llena de gente. Estábamos de vigías y en un momento vimos la columna de humo y se supo que había empezado. La tarea de bomberos es excelente, están trabajando las dotaciones de todas las sierras, yendo de incendio a incendio, con un cansancio extenuante y al pie del cañón como siempre. Estamos cansadxs y angustiadxs porque todas las especies y todo lo que se nos va en cada fuego, es terrible“, concluye.
Un problema estructural
En plenos días de incendio, La tinta habló con Nicolás Mari, quien, además de trabajar en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Cruz del Eje), es profesor en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT), y auxiliar en los bomberos de La Cumbre. El investigador afirmó, con mucha preocupación, que la situación de los incendios este año estaba llegando a un máximo histórico, y así fue. “Para dar algunas referencias, los máximos históricos están en torno a las 100 mil hectáreas. Llegar a un máximo desde el punto de vista estadístico ya es un indicador muy grave”, indica. Las cifras registradas hasta el 15 de octubre, triplican ese máximo histórico.
El académico explica que desde sectores como el INTA, CONICET y fuentes científicas especializadas, se habla del ciclo de ocurrencia de incendios el cual tiene tres fases: previa, durante y post fuego. “La fase previa refiere a todas las actividades preventivas: el monitoreo de la vegetación, el estado hídrico, modelos de riesgo meteorológico, monitoreo para ver si una zona es más o menos riesgosa ante la ocurrencia de un incendio. Y aquí está todo el soporte de los sistemas de información geográfica, la teledetección, imágenes de satélites, etc. Todas esas herramientas permiten a quienes toman las decisiones poder definir y determinar las acciones a tomar, en forma preventiva, antes de que ocurra el incendio”.
Mari afirma que, en Córdoba, esa fase no se está trabajando. Aunque hubo iniciativas allá por el año 2005, el Estado no está garantizando actividades preventivas: hay manuales, pero no se implementan. Hay otras actividades preventivas que tampoco tenemos en nuestra provincia: no hay avión vigía que controle la ocurrencia de columnas de humo para que rápidamente se dispongan los recursos para poder atacar el fuego en forma temprana; no hay torres de observación en lugares estratégicos (el Plan Provincial de Manejo del Fuego dio de baja este año las becas a los seis bomberos que hacían la función de vigías); no hay sitios como cisternas para guardar agua en lugares estratégicos ni cartografía especializada en los accesos de las rutas de evacuación, accesos, caminos de tierra, etc. “Todo esto forma parte de un sistema de alerta y respuesta temprana a incendios de vegetación, tampoco lo tenemos. Entonces, hay falta de inversión. En la esfera preventiva, no tenemos nada”, asegura el investigador.
El sistema provincial del manejo del fuego tampoco cuenta con un portal web donde esté la información disponible, con mapas, no existen apps que se puedan usar para trabajar la prevención, no hay capacitaciones para baqueanos, para propietarios de los campos. “Tampoco hay capacitaciones para los municipios para emergencias por incendios, así como tampoco para la sociedad civil o brigadistas. Es preocupante que, con la historia reciente de Córdoba, no exista ningún tipo de capacitación, al menos, no son visibles en términos absolutos. Por ahí, puede haber algo, pero evidentemente es insuficiente”, advierte Nicolás Mari.
También aclara que los aviones hidrantes que vemos volar en Córdoba no son del Plan Nacional del Manejo del Fuego sino que son privados, se alquilan para hacer este trabajo por un determinado número de horas y se pagan por esas horas de servicio. “Cuando se acaba eso, los aviones se estacionan y el fuego sigue quemando, entonces, hay que actualizar el contrato, renegociar sobre el momento. Es decir, hay una dificultad en este sentido que también dificulta las operaciones”.
