Las protestas policiales en la provincia de Buenos Aires decantaron en una medida de fuerza grave como lo fue rodear la Quinta de Olivos. Sin embargo detrás se asoma un conflicto de larga data, una fuerza sin representación y como consecuencia la necesidad de un debate. Además, el provecho de Cambiemos y el efecto dominó en la provincia de Santa Fe con agrupaciones policiales que juegan su propio partido.
Foto: Nacho Yuchark, para Lavaca
La Bonaerense está, hace rato, condicionada por su historia. Cada vez que entra en escena, o que queda en medio de ella, se la observa desde el cristal de su fama que la vincula al manejo del delito y al despliegue de la violencia como medio. Tal fama, tal condicionamiento, que le ha dado esa marca registrada: ni siquiera es necesario aclarar que se está hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires. El periodista Ricardo Ragendorfer al momento de desentramar los componentes de esta institución en su libro “La secta del gatillo” habló de “una variada gama de actividades ilícitas bajo las riendas de la recaudación policial, lo que no deja de ser un modo eficaz de ejercer control sobre la inseguridad urbana. Y de poder regularla. Los uniformados saben que ante el resto del mundo poseen ese unívoco poder”. “La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”, había dicho en su momento Rodolfo Walsh. Y en estos días, con o sin intención, los dedos de la Bonaerense se metieron en la agenda política.
Con el paso de los años -con el correr de distintos gobiernos, mediante maniobras de reformas y purgas, o por las propias dinámicas sociales- hubo ciertos cambios en aquella Bonaerense de los años noventa. La maldita policía se desdibujó en una institución con una herencia espantosa que para las generaciones nuevas pudo implicar un estigma o bien una escuela. Los episodios últimos, relacionados a un reclamo salarial y por condiciones dignas de trabajo, también fueron observados desde esa lógica. Ese montón de policías y patrulleros que rodeó la Quinta de Olivos representó, por lo simbólico, a lo peor de la Bonaerense. Y significó la odiosa certeza de que el temor a la desestabilización de la democracia no es el temor a un fantasma del pasado sino que perturba el presente y genera incertidumbre hacia adelante. Un temor real, tal vez intencionado por una estructura represiva nunca desmantelada, o tal vez una consecuencia de las deudas de los gobiernos democráticos.
“Esta protesta es la mejor prueba que tenemos para terminar de darnos cuenta que la policía bonaerense no es un bloque monolítico, que no existe el leviatán como una vez se dijo. Que la policía que conduce el gobierno de Kicillof no es la maldita policía de la década del 90. No es un elefante en el bazar, son muchos elefantes en el bazar. La policía se ha ido fragmentando, hay muchas formas de vivir y transitar la policía”. Para Esteban Rodríguez Alzueta, investigador y director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes, es necesario contextualizar esta protesta no en el pasado de la institución, sino en su presente. En lo que se ha transformado la Bonaerense en los últimos años. “Muchos de estos policías, sobre todo los más jóvenes, no ingresaron a la fuerza ni en el 76, ni el 78, ni en los 80. Sino en los últimos años, y se anotaron en la policía como una estrategia de sobrevivencia, como la oportunidad de tener un salario más o menos digno, estable, con reconocimiento de antigüedad, con obra social. Son policías que no viven a la institución como una familia, con pertenencia, lo que no implica que no haya policías que lo experimenten de esa manera”.
Estos días de reclamos dejaron distintas escenas que dan cuenta del estado de la Bonaerense. Por Puente 12, partido de La Matanza y uno de los puntos fuertes de las protestas, anduvo el jefe de la policía, Daniel García, que había sido segundo jefe en la gestión provincial anterior y muy ligado al ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. A pesar de su presencia en la protesta, y de sus responsabilidades como jefe, cuando el gobierno provincial propuso dialogar con una comisión que representara a los reclamos no hubo acuerdo ni respeto a la autoridad propia que implica García.
La pregunta es a qué se debió esa ausencia de una voz representativa del reclamo policial, qué hubo o quién estuvo detrás de esa distancia hacia García. Lo que sí quedó claro es que a partir de ahí se desdibujó el reclamo y otras escenas fueron posibles. Como la protagonizada por el teniente Aldo Pagano, un tipo que estuvo apartado de la fuerza durante once años por cuestiones psiquiátricas y que en medio de la protesta terminó trepado a una antena, amenazando con suicidarse y llevándose la atención y conmoción de la transmisión televisiva.
Pudo haber sido consecuencia de esa falta de representatividad del reclamo policial la que llevó a que unos setenta patrulleros y más de cien policías rodearan la Quinta de Olivos. Armados, sin ingenuidad, de seguro con conocimiento del impacto simbólico que esa decisión iba a generar. En esa ocasión las cámaras apuntaron a Sandro Amaya, un policía apartado de su cargo por una imputación en una causa por drogas. Encima de que el presidente Alberto Fernández se había dispuesto a recibirlos, aunque ni siquiera tenía por qué hacerlo, se negaron. Amaya tartamudeó una excusa: que si no entraban con las cámaras no había caso. Pero lo que hubo detrás fue lo mismo que se vio en Puente 12: no hubo ni un reclamo certero, ni una representación clara.
Así lo analizó Rodríguez Alzueta: “La protesta deja entrever que la bonaerense se ha ido deshilachando, hay muchos grupos muy distintos. Nos habla de los riesgos que genera la falta de representación, de que no haya un sindicato o un ombudsman de la policía que pueda centralizar las distintas voces, canalizar una demanda”. Y de ahí las consecuencias, vistas en estos días agitados: “Aparecen grupos con otros intereses, con frondosos prontuarios, vinculados a la oposición política, que corren el arco todo el tiempo y cascotea la negociación y es muy difícil discutir porque no se sabe con quién se discute ni a quién representa”. Para Rodríguez Alzueta es necesario el debate, en ámbitos legislativos y judiciales, sobre la sindicalización o alguna otra forma de representación: “Es una manera de darle previsibilidad al conflicto, de darle certidumbre a los actores que lo protagonizan pero sobre todo al resto de la sociedad, de sentirnos tranquilos que lo que se reclama, la demanda, tiene un cauce institucional y no se va a desmadrar”.
Cuando policías bonaerenses en actividad, exonerados y retirados rodearon la Quinta de Olivos, el repudio de la mayoría del arco político y el total de organismos de derechos humanos y organizaciones del campo popular se hizo sentir de inmediato. Como en muchas otras ocasiones donde lo que sobrevoló fue la idea de defender la democracia ante un avance conservador o represivo. Rodríguez Alzueta remarcó que cuando toda la conmoción se disipe va a ser necesario activar en las causas de estos reclamos para que no se vuelvan a repetir en tres o cuatro años. En ese sentido coincidió con el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el gobernador Kicillof y el presidente Fernández, que apuntaron a legitimar el reclamo salarial. “Por supuesto que aparecen sectores que fogonean, pero yo no estoy de acuerdo con hablar de desestabilización institucional o sedición, para no subirle el precio a esta protesta, para no tentar a la oposición a continuar fogoneándola”, analizó el investigador. En este momento, explicó, hay sectores de la oposición que están desequilibrados, que impulsan y apoyan hasta la quema de barbijos en el obelisco, y que están dispuestos a agarrarse de cualquier manifestación que pueda tomar un cauce opositor al gobierno nacional, y que dé aire a una oposición que busca su rumbo.
Así puede entenderse la reacción escandalosa de Cambiemos cuando Alberto Fernández comunicó la transferencia de un punto de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia como una de las maneras de encontrar solución al conflicto. Poco importó la raíz de esa decisión, que según dijo Fernández ya se había hablado con Horacio Rodríguez Larreta a comienzos de este año. A ese anuncio le continuó el del gobernador Kicillof, que confirmó el aumento a 44 mil pesos del salario de casi 40 mil policías bonaerenses entre otras subas que venían arrastrando un estancamiento desde la gestión de María Eugenia Vidal.
Cambiemos aprovechó la situación: primero mediante el repudio público, tan de moda y tan efectivo para el replique virtual, con un comunicado en el que definieron a la decisión de Fernández como “inconstitucional, injusta y prepotente, y envía una pésima señal para la convivencia política y democrática en la Argentina”. Después llevaron al extremo el provecho con una conferencia encabezada por Rodríguez Larreta en la que despuntó un guion de candidato sobrio y crítico a una grieta que Cambiemos no para de engrosar en su ejercicio de oposición nacional tan activo.
“Hay que tratar que un conflicto gremial no se transforme en un conflicto político. Y hay que desactivarlo, y para eso hay que evitar que el conflicto se espiralice, que evitar que se extienda en el tiempo”. El investigador Esteban Rodríguez Alzueta lo analizó así antes del anuncio del jefe de gobierno porteño. Después de la conferencia quedó claro que Cambiemos si no se aferra del conflicto de la Bonaerense exprimirá de donde pueda como lo hizo oponiéndose a la única solución a corto plazo que se encontró.
El efecto dominó
Al conflicto de la policía bonaerense lo antecedió el descontento por las condiciones salariales y materiales de trabajo. Pero, también, la forma en que se gestionó ese disgusto desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni. “Berni creía que se podía encuadrar a la policía bonaerense con una arenga militar, apelando al discurso de la vocación policial. No se da cuenta que estos pibes jóvenes no están ahí por una vocación”, explicó Rodríguez Alzueta, para quien “los policías sienten que les mojan la oreja si el ministro dice que no hay plata y después hace spot publicitarios de ‘Fuerza Buenos Aires’ con el logo del Ministerio”.
La figura de Berni -con su discurso un tanto demagógico que lo caracteriza desde que creció su protagonismo como secretario de Seguridad de la Nación a partir de 2012- no solo envalentona y respalda la mano dura sino que también, en la misma demagogia, deja a la deriva a necesidades concretas que son de su competencia. Ciertos logros de esa forma de ser ministro las aprovecha en la construcción de su imagen que podrían afirmarlo como candidato en una carrera política más individual que colectiva, y ciertas consecuencias las padece la gestión provincial primero, y la nacional después.
“Es para preocuparse, Berni generó un problema no solo a Kiciloff, porque este conflicto le va a salir caro a la provincia, pero también a los otros gobernadores. Otros policías de otras fuerzas de las provincias, van a encontrar en este conflicto la ventana a presentar sus demandas, porque tampoco tienen un cauce, ni pueden ser tramitadas porque no hay formas de representación”, explicó Rodríguez Alzueta.
Para muestra Santa Fe. El miércoles pasado, a medida que crecía la polémica por las movilizaciones de la Bonaerense, un par de policías y sus familiares empezaron el reclamo en la Jefatura de Rosario. El mismo día el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, comunicó que la policía santafesina iba a tener el mismo programa salarial que los trabajadores estatales representados por los gremios UPCN y ATE, además de aumentos específicos para la policía de calle, aumento del valor de horas extras y tarjetas alimentarias por 4 mil pesos mensuales.
A pesar de estas propuestas hubo algunos focos de manifestación policial en la provincia. Detrás se volvieron a asomar las agrupaciones Apropol y Utrapol, autodenominadas como sindicatos policiales. Con la simpatía que puede suponer entre policías y allegados hablar de “la familia policial”, Alberto Martínez, “secretario general de Apropol” volvió a escena como uno de los impulsores de estos reclamos en Santa Fe. En estos días en sus redes sociales Apropol no paró de agitar un reclamo que en la calle no resultó como lo esperaban: en la Jefatura de Rosario, al menos, no hubo policías uniformados ni patrulleros.
Sin embargo la historia reciente deja la alerta encendida con los autoacuartelamientos de diciembre de 2013, que llevó a una investigación federal en la que Alberto Martínez fue procesado por instigación al delito y coacciones agravadas contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti.
El repudio ante todo
La policía Bonaerense marcó la cancha. Los organismos de derechos humanos volvieron a plantarse. En la tarde del jueves en la clásica ronda semanal de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, distintas agrupaciones se unieron para repudiar la avanzada policial que rodeó a la Quinta de Olivos.
“Este fue el límite, hoy no sé si me tengo que cuidar más del covid o de los milicos”, dijo Norma Ríos, vicepresidenta de la APDH nacional. “El reclamo es un reclamo y podría ser legítimo como el de los otros estatales, la diferencia fundamental es que fueron a la puerta de Olivos con sus armas”, sostuvo Ríos que también fue crítica con la decisión del presidente de la Nación de disponerse a recibir a los policías cuando en todo caso debía hacerlo el ministro de Seguridad o el gobernador. «Fue como avalar un acto de sedición», dijo.
“La policía no tiene ideología, tiene negocios. Pero son aprovechados por la derecha”, dijo Ríos y ligó las escenas de las protestas bonaerenses, y sus efectos en los movimientos de derecha, a otros episodios que se dieron en los últimos meses. “Desde los cacerolazos contra los médicos que iban a venir de Cuba o contra los presos que iban a salir de la cárcel por la pandemia, todas las movidas anticuarentena, las marchas por Vicentín, la violencia institucional que se multiplicó, los milicos en Tucumán que reconocieron a dos miembros del Operativo Independencia, las declaraciones de Duhalde”, significaron para Ríos episodios que se unen en cierto acuerdo desestabilizador. Y que necesitarán de una organización popular alerta.
