No son cifras. Son historias de vida. Son las asesinadas por la violencia machista. La cartografía del dolor que es también el mapa de la responsabilidad estatal y la justicia patriarcal. Qué dicen los Observatorios que autogestionan las organizaciones. Urgencias y respuestas tardías. La geografía de la desigualdad estructural. El abrazo más allá de la crueldad.
Foto principal: Matías Abucú
Segunda Parte
13 de agosto. En Coronda hay una marcha convocada por el colectivo Ni Una Menos de la ciudad. Barbijos, distanciamiento social y un dolor profundo que cala en el reclamo. ¿Qué pasó con Yamila? es la pregunta que hace su familia y las organizaciones de mujeres que no olvidan el femicidio aún impune de Magalí Ojeda, ocurrido en el 2018.
“No queremos olvidar, ni siquiera con pandemia”, dicen. Y tomando todos los recaudos es que salen a las calles. Saben que hay cuarentena y que los riesgos de contagio se acrecientan a medida que avanza la curva tan temida. Saben -también- que así como aumenta el Covid -19 crecen las cifras de femicidios en todo el país.
168 entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020. Un 15 % más de crímenes con respecto al mismo período del 2019.
136 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres.
Santa Fe – según este registro elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación – es la segunda provincia con más casos, después de Buenos Aires. Pero más allá de las cifras – que varían según los registros oficiales y aquellos que elaboran autogestivamente las organizaciones- están las historias.
Exigimos que la policía investigue, que sea profesional y que no pierda la humanidad y la empatía con la familia de Yamila que atraviesa este dolor.
Los primeros indicios de la investigación judicial indican que Yamilia Franco se habría suicidado. Su cuerpo sin vida lo encontró su pareja, un trabajador del Servicio Penitenciario que convivía con Yamila en una casa de la zona oeste de Coronda. Su familia duda de esta versión y exige una investigación a fondo por parte de la Fiscalía Regional 1 a cargo del caso. “Exigimos que la policía investigue, que sea profesional y que no pierda la humanidad y la empatía con la familia de Yamila que atraviesa este dolor. Queremos el compromiso de la fiscalía para no dejar ningún detalle librado al azar”.
Según informes preliminares una bala impactó en el pecho de Yamila aunque su mamá jamás pudo ver el cuerpo. “Le entregaron el cajón cerrado. La policía se manejó muy mal, ni siquiera le avisaron a la mamá. Queremos realmente saber qué paso con Yamilia, porque dudamos de la policía. En principio, la fiscalía investiga como un posible femicidio pero queremos que se realice una investigación seria”, dice a enREDando una militante del colectivo feminista Ni una Menos de esta ciudad que acompaña a la familia. Ismael, el hermano de Yamila, encabeza el reclamo ante el poder judicial para saber qué paso con su hermana y visibiliza la causa en los medios para que la investigación avance. «Nos dicen que murió de un tiro en el pecho con un rifle de aire comprimido, y que la hipótesis es que habría gatillado con el dedo del pie. Mi hermana no sabía manipular armas, no tenía conocimiento de armas», declaró al Diario Uno de Santa Fe.
14 de agosto. Un día después de la marcha en Coronda, el cuerpo de Stella Maris Gomez era hallado, enterrado en la habitación que compartía con su marido quien horas antes había denunciado su desaparición. A la policía le dijo que Stella se había ido por voluntad propia, con su documento y algo de dinero. La familia dudó de su versión y no se equivocó: a Stella Maris su pareja Juan Luis Chará la mató y la sepultó bajo cemento en su propia casa. El hecho ocurrió en el extremo norte de la provincia, en la localidad de Las Toscas.
Hace dos años atrás, el 26 de agosto de 2018, Coronda amanecía consternada por el femicidio de Magalí Ojeda. Tenía 16 años cuando su cuerpo fue encontrado en un descampado de esta localidad, dos días después de su desaparición, a pocas cuadras de la ruta nacional 11. Como ocurrió con Rocío Vera y Rosalia Jara, no fue el Estado quien la halló sino un vecino que merodeaba la zona y se acercó al lugar alertado por el ladrido de los perros. En esos días, la familia de Rosalía reconocía sus pertenencias junto a los restos encontrados por un baqueano, en un campo cercano a Fortín Olmos, norte profundo de la provincia, un año y dos meses después de su desaparición.
Lo cierto es que a dos años del crimen de Magalí no hay imputados. ¿Quién o quiénes la mataron? es la pregunta que la justicia aún no logra responder aunque el expediente cargue con nueve cuerpos e incluya 15 allanamientos, escuchas telefónicas e indicios de situación de trata con fines de explotación sexual. Hay una demanda y una urgencia. Saber qué pasó. En los pasacalles que cuelgan las organizaciones -y que retiran con premura los encargados de dar respuesta- está el reclamo al fiscal: “Nessier basta de impunidad”.
En enero, la Casa de la Mujer y Ni Una Menos Coronda emitieron un comunicado urgente: “Somos un grupo de compañeres que tienen una batalla difícil, es el pedido de Justicia por Magalí, para que no sea una invisible más, para que la justicia patriarcal se termine, para que les adolescentes como ella no sean un número. Como todes sabemos desde una ciudad pequeña es muy difícil hacer visible lo que ocurre, es entonces que recurrimos a las grandes urbes, a los medios de comunicación para que no sean solo nuestras voces, sino un grito ensordecedor desde la capital, donde todo se ve, se oye y se sabe, con una fuerza que arremeta contra los prejuicios. Apelamos a vuestra solidaridad para que no haya justicia de pobres o ricos, del “interior” o la capital. Para que la justicia sea de todes y un derecho que no tenga geografía”.
Pero la geografía marca distancias inevitables. Y en los lugares más pequeños y olvidados, tan distantes del centro-sur de la provincia, las pibas como Magalí, como Rocío o como Rosalía, parecieran no tener demasiadas oportunidades para escapar de un complejo entramado de violencias. Oportunidades que el propio Estado, en sus distintos niveles, debería garantizar. Sus cuerpos sin vida hablan: así como también lo hace la búsqueda deficiente de la policía y la ausencia o dilación de justicia.
“Nos parece necesario hablar del rol del Estado, la figura del “feminicidio” tiene que ver con la tolerancia estatal de este tipo de crímenes y lo que eso provoca, una tolerancia que no significa que el Estado lo fomente, sino que responde a la desidia en el tratamiento y en la falta de políticas públicas”, opina Carolina Walker, abogada que representa a la familia de Rosalía Jara, cuyo femicida Juan Valdez fue condenado a prisión perpetua en un juicio emblemático en Santa Fe. Sus alegatos de clausura durante el juicio fueron contundentes no solo al exponer las pruebas contra el acusado sino, además, al detallar una cadena de femicidios que pone en evidencia lo que significa entender a la violencia patriarcal como una violencia estructural e interseccional. Es que ninguno es un crimen aislado. Hay patrones comunes y falencias estatales que se repiten.
“No habían pasado seis días del inicio del juicio cuando ocurría el femicidio de Rocío Vera, después el de Gisela Fiamaca y finalmente el de Julieta Delpino. Fue un shock porque veníamos hablando de la impunidad de este tipo de crímenes, y del rol paupérrimo del Estado en la investigación y tratamiento de estos casos lo que provoca la perpetuación de que esto ocurra. Con la repetición de estos crímenes, no solo en el norte de la provincia, lo que vemos es que hay una responsabilidad estatal y por eso nos pareció fundamental remarcarlo durante el juicio”, señala Walker.
“Estamos pensando cómo se repiten los femicidios y las características que tienen. Los femicidios son crímenes de estado. El Estado es responsable en la prevención. Es la primera responsabilidad que tiene, garantizar la vida digna de las personas”, señaló al medio MU una de las abogadas que lleva adelante la querella por el femicidio de Lucía Perez, Verónica Heredia. Lo que observa, dice, es una misma trama, una misma lógica que se repite en muchos casos: Lucía Perez, Melina Romero, Araceli Fulles. Habría que sumar, también, el reciente femicidio de Rocío Vera en Reconquista. “Una trama narcobarrial, femicidio y desaparición forzada”, dice Heredia y agrega: “así como se condenó al Estado de México en la causa de Campo Algodonero, en Argentina también estamos viendo esta trama”.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa conocida como «Campo Algodonero». Se trató de un delito múltiple de desaparición y muerte de tres jóvenes mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez (México) el 6 de noviembre de 2001. Su fallo contra el Estado mexicano marcó un antes y un después, ya que introdujo la formulación de la figura penal de feminicidio y además señaló que «es deber del Estado prevenir según los factores de riesgo del contexto así como fortalecer a las instituciones de protección». “Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en comunidad, en la casa ni en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Sucede cuando las autoridades no realizan con eficacia sus funciones. Si el Estado falla se crea impunidad”, define la antropóloga Marcela Lagarde
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“Era evitable”. Duele la frase. Se escucha en cada testimonio de cada militante feminista de Reconquista. De ahí la bronca y la rabia organizada. El mismo día, la misma noche, en que el cuerpo de Rocío Vera, de 14 años, era encontrado por su hermano, ya sin vida, las organizaciones de mujeres activaron las redes y convocaron a una marcha en tan solo media hora. Ni el frío, ni la pandemia, ni el horror, pudieron frenar la necesidad de salir a la calle. De transformar el duelo en un hecho colectivo.
El femicidio de Rosalía y de Rocío logró dimensionar un conjunto de problemas, en el caso de Rocío todas las violencias que fueron perpetradas contra ella, en forma directa o indirecta, el abandono estatal, el desamparo, estaban expuestas a necesidades, estaban en una situación de vulnerabilidad
“Rocío vivía en un barrio mal llamado periférico de la ciudad. Ella no pudo tener continuidad en las escuelas. Desde los 11 vivía en pareja y estaba embarazada de dos meses. Su femicidio podría haberse evitado con un acompañamiento previo necesario, incluso para sus victimarios porque hay dos menores involucrados. Acá es el primer nivel quien tiene que hacer informes para la provincia. Y muchas veces eso se demora. Si las organizaciones no están presentes, en muchos casos ni siquiera se activan los protocolos. La burocracia es un espanto cuando hay una víctima”, dice a enREDando Mariana Gomez Sandrigo de la colectiva Savia.
Para Eliana Ibarra, del Partido de las Trabajadoras, “el femicidio de Rosalía y de Rocío logró dimensionar un conjunto de problemas, en el caso de Rocío todas las violencias que fueron perpetradas contra ella, en forma directa o indirecta, el abandono estatal, el desamparo, estaban expuestas a necesidades, estaban en una situación de vulnerabilidad. Se podría haber evitado si hubiera políticas públicas inmediatas y que tengan cierta cohesión al momento de abordar las situaciones que atraviesan muchas niñas y adolescentes”.
Mariana Meza integra Mumalá, la organización que gestiona el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos. Hasta el 31 de agosto registraron 181 femicidios y 167 intentos de femicidios. En Santa Fe, contabilizaron 21 femicidios y 4 muertes en investigación. A nivel nacional, según este registro, el 68% de los femicidios fue en el hogar de la víctima. 193 niñxs y adolescentes se quedaron sin su madre a causa de este delito.
Mariana comparte la misma mirada, impotencia y hasta la misma reflexión que otras activistas. “Hay muchas pibas en nuestro norte en esta situación de desigualdad y con pocas oportunidades. El horroroso femicidio de Rocío se da en un contexto de consumo de sustancias, explotación sexual, un contexto muy adverso, muy inseguro, donde seguramente el Estado no llego a tiempo”
¿Qué pasó con Rocío? La respuesta la dio el fiscal Aldo Gerosa, tal vez porque no hubo duda de la crueldad con la que la violencia machista se ensañó con su cuerpo. La violaron en patota siete varones, dos de ellos menores de edad, y la mataron a golpes en un casa semi abandonada que ya tenía numerosas denuncias previas por parte de vecinxs del barrio Carmen Luisa. Su cuerpo fue descartado en el baldío lindero y fue allí que la encuentra su hermano, un día después de que su mamá radicara la denuncia. Pero Rocío sobrevivió durante seis horas después del ataque. Seis horas en las que el Estado – a través de sus fuerzas de seguridad – la buscó defectuosamente.
«El femicidio de Rocío se podría haber evitado hace mucho tiempo pero cuando está incluido el narcomenudeo, con zonas liberadas, ahí sí o sí hay connivencia policial. Estas personas vendían, y eso se hacía a ojos vista de los vecinos, pero también de la policía, y por eso estamos exigiendo que se investigue el rol policial», dice Eliana.
“El crimen de Rocío se podría haber evitado actuando el Estado en la prevención en función de lo que pasaba en ese lugar. Una de las fallas que vemos es que la mama de Rocío hace la denuncia y lo primero que dice es que Rocío había ido a ese lugar, entonces por qué no la buscaron ahí, son preguntas que faltan responder”
Siete personas están detenidas y la investigación avanza “pero su desaparición y muerte revelan un montón de fallas anteriores que tienen que ver con la existencia de ese lugar en un barrio de clase media de la ciudad de Reconquista donde funcionaba un almacén usurpado y había muchísimas denuncias y la policía nunca había hecho nada y tampoco el Municipio, el Estado en todos sus niveles, que es lo que remarcamos en la causa de Rosalia”, explica la abogada que representa a la mamá y a la hermana de Rocío.
Carolina Walker refuerza lo expuesto por las organizaciones feministas. “El crimen de Rocío se podría haber evitado actuando el Estado en la prevención en función de lo que pasaba en ese lugar. Una de las fallas que vemos es que la mamá de Rocío hace la denuncia y lo primero que dice es que Rocío había ido a ese lugar, entonces por qué no la buscaron ahí, son preguntas que faltan responder”. También remarca una diferencia importante con la imputación que realizó la fiscalía. “Creo que faltó un agravante fundamental en la imputación que es la alevosía. Y además le ha dado a los distintos participantes en su imputación diferentes grados de participación cuando nosotras consideramos que son coautores, lo que implica la misma condena para todos”.
Un día después del hallazgo del cadáver, la marcha fue masiva. Y el 24 de julio lo fue aún más. Ese mismo día Rocío hubiese cumplido sus 15 años. «Hubo una gran presencia de mujeres y pibas jóvenes totalmente impactadas porque es una realidad que las atraviesa. Es conmovedor y al mismo tiempo esperanzador porque hay una generación que, horrorizada y espantada de esta sociedad, quiere cambiar las cosas», dice Eliana.
“Nos conmovió ver muchas mujeres que estaban trabajando pero a pesar de eso, se sumaban a la marcha. Fue un abrazo que necesitás, porque acá la militancia es muy difícil. Es un lugar donde el machismo está muy incrustado en todos los poderes”, agrega Mariana de la colectiva Savia.
Tres organizaciones sociales se constituyeron como querellantes en el caso: Democracia Directa, el MEDH y la agrupación Juanito Laguna. La abogada señala que es un hecho histórico en Santa Fe porque participarán activamente del proceso penal. “Es el resultado de una lucha colectiva en la búsqueda de justicia”. Señala también la responsabilidad desatendida del Estado. Habla de “desidia” en cuanto a “la búsqueda, a la investigación en la desaparición de mujeres y obviamente en el tratamiento de la justicia”.
“Quizá en las grandes ciudades se ven otras ofertas de inclusión y hay un Estado que no está llegando a tiempo con políticas concretas para los pibes y las pibas. Es todo muy doloroso. El crimen de Rocío nos hizo revivir el travesticidio de Vanesa Zabala. Los femicidas de Vanesa también estaban atravesados por una cuestión de consumo, menores de edad algunos. No es casual. La apropiación de los cuerpos existe, y también hay determinantes sociales que hacen que sucedan de manera muy trágica, muy tremendas”, reflexiona Mariana Meza, integrante de Mumalá.
Su mirada profundiza en la condiciones de desigualdad. Es que Reconquista es la ciudad donde el poder económico tiene nombre y apellido: el grupo “Vicentín”, y una concentración de riqueza y tierra en pocas manos que contrasta con la pobreza estructural y el déficit habitacional. “El poder económico es el que traza los destinos en esta zona”, dice Eliana y amplía: “Acá pesa muy fuerte la estructura de la familia como institución, la Iglesia, los grupos económicos. Todo eso hace a un marco de mucho desequilibrio económico y social. En Reconquista hay una dependencia económica de todo el complejo agroexportador concentrado en el grupo Vicentín y hay trabajadores que ganan por debajo de la línea de pobreza. Y hay un sector, que son muy pocos, que son los generadores de la riqueza y que están en los poderes, ejecutivo y legislativo. Es una matriz histórica de desigualdad y pobreza. Y creo que las políticas públicas no tienen que ver solo con las distancias, sino con cuál es la matriz económica que está dirigiendo los destinos del norte de Santa Fe. Esa es la clave, y en el fondo, estamos las organizaciones sociales. También hay prioridades, el Municipio está más preocupado por ensanchar los boulevares que en ver lo que está pasando en los barrios donde la cuestión social está que explota, porque en medio de la pandemia, cerraron organismos claves. Nos queda la lucha, pero al mismo tiempo se nos hace más claro dar cuenta de que ya no es solo la justicia, sino todos estos organismos intermedios que también nos defraudan».
“Creo que los recientes femicidios en el norte de la provincia están marcados por las desigualdades. En el norte provincial, la geografía se hace brutal por el saqueo que significó La Forestal, que se mete directamente en los cuerpos de la gente común, sencilla. En cinco de los seis departamentos del norte de la provincia está el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y además el mayor índice de analfabetismo, y esto es una constante histórica a partir del saqueo de la Forestal cuando cerró el último ingenio en 1964”, explica con claridad el diputado provincial Carlos Del Frade quien conoce a fondo y por sus tantos viajes, el norte de Santa Fe.
En cinco de los seis departamentos del norte de la provincia está el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y además el mayor índice de analfabetismo, y esto es una constante histórica a partir del saqueo de la Forestal
«Somos pocas pero hacemos ruido», dice Mariana Meza haciendo referencia al activismo feminista en la región. También habla del estigma que, en estas ciudades, pesa sobre los feminismos. Y marca la impunidad, la complicidad policial, la brecha entre el sur y el norte, la postergación en políticas públicas y empoderamiento de ciudadanía.
“Estructural” es la palabra que reiteran las militantes de organizaciones para describir la emergencia que afecta la vida de mujeres, de pibas y pibes jóvenes. Y piden algo fundamental: presupuesto. “No podemos descontextualizar ni desconocer la realidad social, son condicionantes históricos”.
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A cientos de kilómetros al sur de Reconquista, en Las Parejas, la abogada feminista Analía Abreú lleva adelante una causa por agresión sexual contra una joven menor de edad y delitos de robo y lesiones contra otras dos chicas. Todas pibas de sectores populares. En diálogo con enREDando señala que la investigación avanza mientras se esperan pericias fundamentales. Hay tres varones, mayores de edad, imputados por estos delitos. Uno de ellos, dice Analía, pertenece a una de las familias más ricas del pueblo. “Es el aprovechamiento de pibas humildes, de saber que los agresores por la asimetría de género, pero también material y económica, piensan que son dueños de nuestros cuerpos, y que tienen poder sobre nosotras. En el relato que tuvimos con las chicas, el manejo que tuvieron con ellas fue casi el mismo al que tuvieron a la hora de ir a comprar alcohol. Son pibes que se sienten con el poder y la impunidad de hacerlo”.
Analía también cuenta lo difícil que es para las chicas no ser estigmatizadas en el pueblo. “Es muy difícil lidiar con eso y escuchar en las radios del pueblo al abogado defensor diciendo que las pibas fueron a divertirse y si hubo sexo es porque fue consentido. Estamos atravesadas por un machismo profundo, por un caudillismo en ciertos lugares, el paternalismo que ciertos líderes ejercen. Y nuestra resistencia también genera reacción. De a poco estamos lo transformando”.
Es el aprovechamiento de pibas humildes, de saber que los agresores por la asimetría de género, pero también material y económica, piensan que son dueños de nuestros cuerpos, y que tienen poder sobre nosotras.
Analía Abreu además es activista de la organización popular Causa. En Las Parejas lograron conformar un dispositivo que acompaña a mujeres y a pibas víctimas de diversas situaciones. Y la demanda se multiplicó luego de que se hiciera pública la denuncia penal. Desterrar ciertos mantos de impunidad resulta imprescindible: “aparecieron nuevos casos que antes se silenciaban en el pueblo. Son espacios de cuidado, de contención”. Hoy las adolescentes cuentan con un acompañamiento estatal -desde lo psicológico y educativo- por parte de la provincia que Analía destaca. También señala las deficiencias: “lo que hacemos ahora es un efecto tardío de la falta de políticas publicas, por ejemplo, si hubiera habido ESI en la escuela, quizás esto se podría evitar. Yo actúo cuando ya todo es tarde, trabajo desde un daño irreparable porque nada le va a devolver el daño que le causaron a las pibas. En pandemia, en Rosario tuvimos 30 situaciones de violencia por día. Y a veces no encontrás respuestas inmediatas y somos las organizaciones las que actuamos o activamos con algún contacto”.
Hay tan solo 80 kilómetros entre las Parejas y Berabevú, un pueblo de solo 2300 habitantes. De allí era Julieta Delpino. Su femicidio, ocurrido en la madrugada del 24 de julio, impactó de manera profunda en la vida cotidiana de este pueblo convencido de que la violencia machista más extrema estaba lejos, en las grandes urbes. La plaza del pueblo se transformó en el epicentro de las marchas que se realizan para exigir justicia. Allí, con una entereza enorme, está su mamá pidiendo que la acompañen. Están las mujeres autoconvocadas de Berabevú y también los colectivos feministas de ciudades vecinas, como Firmat, porque la certeza, frente al aumento despiadado de la violencia machista, es que todas somos Julieta, Magalí, Rosalía, Rocío, Gisela.
Por el brutal crimen de esta joven de 19 años hay un solo imputado, Cristian Romero. El hombre que la interceptó en la vía pública, que le impidió a Julieta cenar esa noche con su mamá. El que la enterró en su propia casa y el que la acosaba a través de mensajes, a ella como a otras pibas.
¿Cómo escuchar las alertas previas a un femicidio? En la gran mayoría de los casos, esas alarmas existen. Claudia Acuña, periodista feminista de Buenos Aires, y una de las fundadoras del Observatorio “Lucía Perez” revela un dato contundente: en la provincia de Buenos Aires hubo un intento de femicidio por día durante los primeros cinco meses del año.
Todavía la voz de Fátima Florencia Acevedo sigue estremeciendo. Su femicida Nicolás Martinez, tenía 6 denuncias previas y una restricción de acercamiento. Su cuerpo fue encontrado en un aljibe el 8 de marzo de este año en Paraná, el mismo día en que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Su femicidio es emblemático porque evidencia las enormes fallas de un sistema de justicia que no previene, y de respuestas estatales totalmente insuficientes. «Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie», le había dicho Fátima a una amiga, meses previos a su asesinato. El 31 de enero, Martinez la agredió con ácido miurático y la amenazó, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Fue ahí cuando la fiscalía dispuso que Fátima se alojara en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Tenía botón antipánico pero para utilizarlo debía tener wifi en su teléfono celular. Fátima transitó toda la ruta crítica que una mujer recorre cuando denuncia a su agresor. Para el femicida la única medida de control fue una perimetral que no tuvo reparos en transgredir.
El 18 de agosto, y respetando todas las medidas de distanciamiento social, amigas y organizaciones sociales acompañaron a Melina hasta las puertas de los Tribunales Provinciales de Rosario. El Club Cóndor fue uno de los espacios que convocó bajo la consigna «Para prevenir un femicidio». Melina sufre desde hace meses, acoso reiterado, amenazas y hostigamiento de su ex pareja, un hombre que ya cuenta con antecedentes violentos. «Actualmente, la causa está en manos de la fiscal María Teresa Granato. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se indicó que hay ordenadas rondas policiales. Sin embargo, les manifestantes aseguraron que el acusado no cumple la prohibición de acercamiento y cada vez que Melisa avisa al 911, él logra huir antes de la llegada del personal», detalla la nota de Rosario 12. Desde el club que acompaña a la joven alertaron sobre la situación y dicen: «fue la primera movilización para prevenir un femicidio». El jueves 3 de septiembre, la justicia ordenó finalmente la prisión preventiva efectiva por 60 días por diversos hechos de amenazas coactivas y desobediencia de orden judicial.
“En el 90 por ciento de los casos de femicidios, antes hubo un intento”, este es el dato que evidencia el trabajo del observatorio Lucía Perez. Crear un padrón público que registre cada femicidio y travesticidio que se comete posibilita “ver cuales son las fechas pico, cuales son las localidades más golpeadas y donde podría hacerse un trabajo territorial de prevención, conocer la franja de edad de los femicidas y pensar campañas diseñadas para esas edades. El padrón visibiliza donde ejercer la prevención, establecer prioridades, pero lamentablemente ninguna de las administraciones del Estado ha hecho políticas de prevención, y la verdad que el dato hoy simplemente es contar muertas”, dice Claudia Acuña.
El observatorio Lucía Perez acaba de publicar su quinto informe de gestión que, entre otras cifras, revela que hubo 62 trans/travesticidios (se incluyen los travesticidios sociales) hasta el 31 de agosto de 2020, la población más expuesta y vulnerada por la falta de políticas de Estado. De allí que el reciente decreto del gobierno nacional que establece el cupo laboral travesti/trans en la administración pública nacional se celebre como una conquista histórica, una política de reparación imprescindible, justa y necesaria.
El informe también señala que hay 50 mujeres desaparecidas y 10 crímenes sospechados de femicidios. Y que hubo, desde el inicio de la cuarentena, 102 intentos de femicidios. En contexto de cuarentena, la situación se complejizó. «Hay un aumento de la crueldad», señala Acuña y esboza una reflexión: «Creo que la cuarentena lleva a recluirse a las personas en una institución totalmente carente como es la familia, y esa familia no es capaz de contener las necesidades que hay hoy, todas las cuestiones que eran básicas, las angustias, las necesidades, y eso lo repara con crueldad. Es una interpretación que es para debatir, pero creo que hay que entender que los lazos sociales que sostienen a las personas muchas veces están por fuera: son las amistades, los trabajos, el colegio, y todo eso desaparece y quedan atrapadas en situaciones domésticas que son las que peor se mantienen».
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¿Cuántas compañeras más llorarán las organizaciones barriales a causa de la violencia machista? ¿Hasta cuándo? se preguntan cada vez que se abrazan en las calles, o en los merenderos, o en las ollas populares que sostienen con sus propios cuerpos.
En Villa Gobernador Gálvez, a unos pocos kilómetros de Rosario, Erica Olguín era quemada por su ex pareja el mismo día en que se conmemoraban los cinco años del grito colectivo Ni Una Menos. Ese 3 de junio, Rosana, militante de Amas de Casa del País, recuerda estar preparando las pancartas para salir a marchar hasta que recibió la noticia. Erica pertenecía a la organización Barrios de Pie. Era militante social, mamá de cinco hijes y una mujer que padecía la violencia machista reiterada de su ex marido. Según cuenta su familia, Vanesa había radicado denuncias previas. Ese día su femicida le roció alcohol y la prendió fuego delante de sus hijos, provocándole heridas en más del 70 por ciento de su cuerpo. Erica Vanesa Olguin resistió como pudo durante casi dos meses. Pero el mismo día que se conocía la resolución de la Cámara de Casación Penal Bonaerense que anulaba el fallo misógino que dejó impune en el 2018 el femicidio de Lucía Perez, Érica fallecía. No pudo tolerar tanto fuego y tanto odio sobre su cuerpo. “A pesar de la cuarentena ese día salimos a las calles”, dice Rosana. Salieron como también salió el pueblo de Beravebú para repudiar el crimen de Julieta.
Según señala el Observatorio “Lucía Perez”, en agosto se registraron al menos 14 marchas en diferentes ciudades del país. “Estas marchas exponen la demanda social de medidas concretas para frenar y prevenir la violencia patriarcal, pero también deja en claro que cada femicidio implica que esa violencia también la sufre el tejido social. Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún protocolo de intervención en la comunidad para elaborar colectivamente el trauma. El Estado debe disponer de equipos especializados y recursos concretos para que colegios, barrios y organizaciones sociales afectados por un femicidio se transformen en la sede de debate de qué pasó y por qué, como forma de curar heridas y prevenir violencias.”
Villa Gobernador Gálvez tuvo su primer femicidio en enero de este año. La víctima era Marisa Molina, tenía 44 años, dos hijos y recibió un disparo en la nunca de su ex marido. “Ese día también nos movilizamos. Y tuvimos entrevistas con la Municipalidad, nos escuchan pero en concreto, después, no pasa nada. A través de la lucha de años, logramos que se creé el área de género. Se abrió un centro de territorial de denuncias y hasta un refugio que hoy no está funcionando. El centro territorial de denuncias es un local donde se hace todo tipo de denuncias, y no hay ningún tipo de privacidad y no hay personal capacitado, las mujeres llegan desesperadas. A veces se consiguen las perimetrales pero no hay control, y se ha complicado la situación con el tema de las adicciones que ha generado situaciones explosivas en los hogares, como la situación económica que ha impactado en la vida de las mujeres”.
“En esas ollas las mujeres cuentan la violencia que sufren, por eso creo que las organizaciones son las que mas conocen el territorio”.
La foto de la emergencia la describe Rosana Menendez. Villa Gobernador Galvez es una ciudad con enormes sectores sociales inmersos en el mapa profundo de la desocupación. “Tiene 130 mil habitantes y solo hay dos mujeres atendiendo el área de género. No les dan los brazos. Tenemos en total 9 psicólogos en el sector público”. Y también marca el contraste: durante la cuarentena hubo sectores que nunca frenaron su ritmo de acumulación de ganancias. “Alcanza con pararse en una esquina y ver pasar los camiones hacia el puerto de Cargill”.
A la par, se multiplican las ollas populares que sostienen, en su mayoría, mujeres que además, sostienen las ollas en sus hogares. Dice Rosana que esos espacios no solo permiten que cientos de familias tengan un plato caliente, también posibilita la circulación de la palabra entre compañeras. “En esas ollas las mujeres cuentan la violencia que sufren, por eso creo que las organizaciones son las que mas conocen el territorio”.
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“Una luchadora”. Otra vez se repite la palabra para describir a otra compañera asesinada. Vanina Otero es una de las referentes de la Corriente Clasista y Combativa. A esa organización pertenecía Lorena Ríquel, asesinada de un piedrazo en la cabeza la madrugada del sábado 22 de agosto. A Lorena la mataron en plena vía pública. Salía de una reunión con amigas luego de festejar su cumpleaños. Como tantas mujeres de los sectores populares encontraba en la economía informal, una estrategia de supervivencia. Vendía de todo en la feria Quinta Luciani y hay quienes dicen que también ejercía eventualmente el trabajo sexual, aunque su familia lo niegue. Por eso, el reclamo fue conjunto entre compañeras de la CCC y el gremio de mujeres meretrices, AMMAR Rosario, el pasado martes 25 de agosto frente a las puertas del Centro de Justicia Penal.
“Estamos en las ollas, en los comedores y también acompañando estos casos de violencia. Necesitamos que el Estado esté más presente, que se declare la emergencia”.
“Lorena tenía 3 hijes adolescentes, sabía lo difícil que es eso, pero siempre estaba con una sonrisa, ayudaba a las familias y colaboraba con las ollas en su barrio”, cuenta Vanina a enREDando, y señala algo básico: ¿cómo haces una denuncia si ni siquiera tenés internet en el teléfono? La realidad en los barrios es crítica. Vanina la conoce porque está al frente de decenas de comedores populares que gestiona la CCC. Sabe que muchas mujeres sufren violencias y amenazas de todo tipo en sus propios hogares. Que a veces, los botones antipánicos no alcanzan, que ni siquiera alcanza el llamado al Teléfono Verde, aunque todas sean herramientas necesarias para prevenir o hacer una denuncia.
Las compañeras de AMMAR también se expresaron con dolor. Es que sufren la clandestinidad en su propio cuerpo. Y esa clandestinidad es la que mata. “Es una mujer que perdemos porque quería estar en la calle, libre, disfrutar. No sabemos si era o no trabajadora sexual, pero más allá de eso, lo cierto es que no tenemos derecho a nada”, decía Miriam Auyeros, referente de la organización que en febrero de este año lamentó el femicidio, aún impune, de Caren Peralta, una trabajadora sexual asesinada en el departamento privado donde trabajaba.
Por el brutal femicidio de Lorena, la justicia dictó la prisión preventiva al único sospechoso que fue identificado por algunos testigos. La fiscal que investiga, Georgina Pairola, lo acusó también de haberla abusado sexualmente. Entre el dolor y la impotencia, frente a las puertas del Centro de Justicia Penal, Vanina, su compañera de la CCC decía: “nosotras somos las que estamos en las ollas, en los comedores y también acompañando estos casos de violencia. Por eso necesitamos que el Estado esté más presente”.
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Entrevistas: Carolina Walker, Analía Abreú, Florencia Piermarini, Claudia Acuña, Vanina Otero, Mariana Meza, Eliana Ibarra, Mariana Gómez Sandrigo, Miriam Auyeros, Carlos Del Frade, Rosana Menéndez, Colectivo Ni Una Menos Coronda
PRIMERA PARTE: Hubo justicia pero sigue el dolor
TERCERA PARTE: Hasta transformarlo todo
