Durante 2017 y 2018 se utilizaron fondos públicos para pagarle la defensa privada a policías implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en 2014. Lo denunció el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. Un caso que pone a la luz el entramado de encubrimiento a los delitos policiales.
Entre octubre de 2017 y septiembre del 2018 la partida destinada a los gastos reservados de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe se incrementó a 78 mil pesos mensuales. El aumento se debió a que esos fondos de reserva fueron utilizados para pagar los honorarios de los abogados defensores de los policías de esa unidad implicados en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014. Así lo describe una denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, en la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
Esta irregularidad se dio a conocer a partir de un informe que Sain solicitó a la División de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Asuntos Internos. El mismo fue entregado el 2 de enero pasado. Fue entonces donde, en la sección de “Gastos Reservados”, apareció el detalle. Textualmente: “Con respecto a esta partida se debe tener en cuenta que el aumento en la misma a partir del mes de octubre del año 2017 y hasta septiembre del año 2018, se debió a que la diferencia de la suma recibida por esta Habilitación ($78,000), era destinada al pago de honorarios de abogados del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el caso “Casco” de la ciudad de Rosario, esto se dio a partir de una orden del Secretario de Control”. En ese entonces el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad era David Reinero.
Los gastos reservados de una dirección provincial, como lo es Asuntos Internos de la Policía, son caudales públicos. En este caso estaban a cargo del director, en ese momento Luis Alberto Sosa. Según la ley Provincial N° 10.296 los fondos reservados están eximidos de ser rendidos. Pero, tal como lo explica la denuncia presentada, “no pueden sustraerse de la esfera de la administración pública para ser destinados en provecho de intereses particulares”. Como en este caso, para la defensa privada de cinco policías que fueron imputados por el encubrimiento de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco.
La denuncia presentada por Sain con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman dice que podría tratarse de un delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 261 del Código Penal, con una pena de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación absoluta para funciones públicas. La denuncia, además, indica la gravedad político institucional del asunto por “haber sido ordenada por el funcionario político con la máxima jerarquía funcional del área”.
Y qué abogados
La denuncia detalla también que en un principio, cuando cinco policías de Asuntos Internos fueron imputados en la causa por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, el defensor fue José Manuel Alcacer Crosignani. Esta persona había sido designado Asistente Técnico Nivel II de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, por un decreto del 14 de julio de 2014 de Raúl Lamberto, entonces ministro de Seguridad. Las funciones de Alcacer Crosignani estaban relacionadas a controlar, prevenir y combatir delitos cometidos por personal policial, y a colaborar con la administración de justicia en caso de que se incriminara a un funcionario policial. Es decir todo lo contrario a lo que hizo.
Por ese motivo la denuncia presentada aclara que según la ley provincial 13.230 de ética en el ejercicio de la función pública no se puede, si se ejerce un cargo, representar, patrocinar o asesorar a quien realice actividades reguladas por el Estado, como lo es la policía. Alcacer Crosignani podrá decir que había dejado su cargo en octubre de 2015, pero la misma ley es la que extiende la incompatibilidad a dos años posteriores al cese de cargo. Y cuando asumió la defensa de los policías de Asuntos Internos, en septiembre de 2017, todavía no había cumplido ese plazo.
En otro punto la presentación destaca el perfil profesional de este abogado, que en su estudio jurídico privado fue socio de Lucas Peirone, quien también fue asesor político de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad. Entre los dos se repartieron en los últimos años la defensa de un par de personajes. Gabriel Zilli, un médico procesado en 2015 en la causa conocida como Narcoarroz, vinculado a una banda dedicada a traficar cocaína camuflada en arroz desde Guinea Bissau a Portugal. Luis Paz, quien después de permanecer en la sombra durante años fue procesado como cabeza de una banda narco y por lavado de dinero. Esteban Lindor Alvarado, otro pesado del narcotráfico en Rosario también vinculado al secuestro y homicidio de un prestamista. Según la denuncia estos dos abogados, por sus funciones políticas, “tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares”.
Las patas cortas de Asuntos Internos
Franco Casco tenía 20 años y a fines de septiembre de 2014 llegó a Rosario desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para visitar a familiares del barrio Empalme Graneros. Desapareció el 6 de octubre de 2014, cuando salió camino a la estación de trenes para volver a su ciudad, y lo último que se supo fue que había estado detenido en la Comisaría 7ma. Después de 25 días de una búsqueda repleta de silencios e información falsa su cadáver salió a flote en la orilla del río Paraná. La investigación pasó a un juzgado federal porque desde el principio las sospechas cayeron sobre los policías de la 7ma. Y así, en octubre de 2017, 31 policías fueron procesados con distintas responsabilidades en los delitos de desaparición forzada seguida de muerte, torturas seguidas de muerte, participación secundaria en la desaparición, y encubrimiento. Finalmente en diciembre de 2019 el juez federal Carlos Vera Barros elevó la causa a juicio, que espera fecha, pero solo serán juzgados 19 policías. El resto fue sobreseído.
Dos de los policías que irán a juicio son Pablo Síscaro y Daniel Escobar, imputados por el delito de encubrimiento. Tres de los doce sobreseídos son Aníbal Candia, Sergio Pieroni y Carlos Ríos. Los cinco pertenecían a la Dirección Provincial de Asuntos Internos.
A lo largo de investigación en la causa Casco se supo que lo primero que hicieron los policías de Asuntos Internos, aun cuando se buscaba al chico con vida, fue derivar radiotelegramas para hallar a un inexistente Lucas Casco. El 29 de octubre de 2014 se dijo que Franco había sido visto en la iglesia evangélica “Palabra de Vida”, ubicada a unas cuadras de la Comisaría 7ma. Ese mismo día los agentes Candia, Pieroni y Ríos fueron a la iglesia junto al comisario Álvarez y dos policías más y tomaron los registros de las cámaras de seguridad del lugar. En esa visita el pastor les comentó que tres personas habían visto a un chico con características similares a las de Franco. Sin embargo las declaraciones de estas personas ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) dejaron en claro que se trataba de otro chico el que los testigos describieron. Las sospechas, entonces, indicaron que si Asuntos Internos no había encubierto, al menos, había dejado pasar una versión armada muy dudosa. Franco fue hallado muerto un día después de cuando dijeron haberlo visto con vida. Pero el cadáver estaba en descomposición hacía al menos dos semanas.
Asuntos Internos también fue el área encargada de tomar declaraciones a los detenidos en la Comisaría 7ma por aquellos días, por orden del fiscal Guillermo Apanowicz. Los policías a cargo de esa tarea fueron Pablo Síscaro y Daniel Escobar, y en ese momento la mayoría de los internos dijeron no conocer sobre el caso, que solo habían escuchado algo por televisión. Pero cuando declararon ante el MPF los detenidos coincidieron en que reconocieron a Franco, que hablaron con él, que escucharon cómo lo golpeaban y el silencio que se produjo luego de un golpe seco. Por eso se dedujo que los detenidos, en esa primera ocasión con Asuntos Internos, declararon bajo presión y miedo. Así lo dejó en claro uno de los detenidos al contar que en esa entrevista hubo policías de la Comisaría 7ma que miraron y escucharon.
Al momento de su acusación el fiscal federal Guillermo Lega analizó: “Del repaso de dichas actuaciones se desprende que las mismas no coinciden con la finalidad propia de su tarea específica como División de Asuntos Internos, razón por la cual este MPF concluye que el accionar descripto favoreció al ocultamiento probatorio”.
Encubridores cubiertos
El análisis de una fuente vinculada a la investigación apunta a lo que se asoma detrás de la reciente denuncia del ministro de Seguridad. Y es que se usaron fondos públicos para pagar la defensa de quienes habían sido acusados de encubrir cuando debían investigar y esclarecer. “Hubo una defensa corporativa, donde el propio Ministerio de Seguridad destinó fondo para pagar honorarios a un abogado”, le dijo a Enredando. “Esto demuestra que hubo encubrimiento de parte de la provincia, al menos para salvar a esta parte de los acusados”, opinó. Y no es menor que para el entonces gobierno provincial el resultado haya sido, dentro de todo, positivo. Dos de los agentes de Asuntos Internos sobreseídos, Candia y Pieroni, ocupaban los cargos más altos de esa unidad.
En ese sentido, y de cara a lo que será el juicio, apuntó: “La presencia de abogados pagados por el Ministerio de Seguridad fortalece la teoría de que hubo un gran encubrimiento a los agentes de Asuntos Internos”.
Es necesario preguntarse si esta irregularidad detectada pudo ser posible solo por la decisión del secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad y del director de Asuntos Internos. Si es tan fácil llevar adelante el incremento de una partida presupuestaria de gastos reservados. Si de esa decisión no se enteró, por ejemplo, el entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
