Hace más de tres meses que Facundo Castro no aparece. Su familia no tiene dudas de que se trata de un caso de desaparición forzada, apunta contra la Policía Bonaerense y denuncia un plan para ocultar pruebas, plantar testigos y desviar la investigación. Todos los elementos respaldan esta hipótesis, sobre todo un objeto hallado en una comisaría 92 días después. Los abogados que asisten a su mamá, junto a la querella institucional, exigen medidas urgentes para que no se dilate la causa y no se pierda material probatorio.
[dropcap]D[/dropcap]e espaldas, la cabeza levemente inclinada hacia abajo. Sin oponer ningún tipo de resistencia. Un agente lo sujeta igual, como si fuese a escapar a alguna parte. Es Facundo Astudillo Castro, que salió de su casa bien temprano para ir a Bahía Blanca. Está parado frente a un móvil policial a la vera de la ruta 3. Todavía es la mañana del jueves 30 de abril. No parece presagiar ningún desenlace trágico. Le toman una foto.
Si cada fotografía es un mero fragmento -parafraseando a Susan Sontag- y cambia según el contexto donde se ve, se le podría asignar una serie de significados e interpretaciones que no dejarían de ser subjetivas. Pero la imagen muestra algo inobjetable: es el último registro que se conoce del joven antes de su desaparición. Tomada por un policía bonaerense. Frente a un patrullero. A las 10 de la mañana. El 30 de abril.
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Facundo Astudillo Castro salió bien temprano de su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca, su plan era recorrer “a dedo” los 110 kilómetros que hay entre estas localidades del sur bonaerense para reencontrarse con su ex novia. Una mujer lo cargó a la altura de Hilario Ascasubi, el primer pueblo en el trayecto, y lo dejó en la entrada de Mayor Buratovich. En ese lugar, sobre la ruta 3, un retén policial lo detuvo alrededor de las 10 de la mañana y le labraron un acta por no contar con el permiso para circular en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” por la pandemia de Covid-19. Entre cinco y seis horas después de ese momento, desde esa última foto, tres testigos aseguran haber visto cómo era cargado en una camioneta de la Policía de Buenos Aires.
La madre del joven de 22 años, Cristina Castro, contó que estaba en su trabajo cuando recibió la llamada de una agente policial para verificar el domicilio de Facundo y le informaron que había sido detenido por violación de la cuarentena. Inmediatamente después de la notificación intentó comunicarse con su hijo, varias veces, pero no tuvo éxito. A las 13.30 fue él quien la llamó. Tuvieron un diálogo que, luego de su desaparición, la inquieta más y más: “Lo primero que hago es retarlo por salir sin un permiso, estaba enojada. Él me dice «mamá, vos no tenés idea donde estoy». Yo lo seguí retando, le dije que cuando terminara la cuarentena le iban a poner multas; y me responde «mamá, no me vas a ver más». Yo no me di cuenta en ese momento que Facundo me estaba diciendo mamá, nunca me lo decía; él me decía bruja. No me di cuenta que mi hijo quizás estaba pidiendo auxilio”.
Ese momento es clave para entender qué pasó con Kufa, como lo llaman sus amigos. Después de esa comunicación las versiones se entrecruzan, aunque para la querella la hipótesis con más elementos es la de una desaparición forzada por parte de la Policía Bonaerense.
La construcción de un relato (policial)
Contra todos los protocolos, y según su propio relato, Mario Gabriel Sosa y Jana Corruhinca, los oficiales que detuvieron a Facundo y le labraron el acta, lo dejaron seguir su camino. Siguiendo esta versión, que se construyó en diferentes etapas con testimonios que iban apareciendo según la conveniencia policial, otra agente -Siomara Flores, media hermana de Corruhinca- dijo que levantó al joven en su auto particular y lo llevó hasta la localidad siguiente, Teniente Origone. En ese lugar, otro efectivo bonaerense lo detuvo, volvió a requisarlo, tomó una foto de su carnet de conducir y lo dejó seguir su camino. Otra vez: ningún policía respetó el protocolo e hizo regresar al joven a su casa. Luego, cuando la causa ya había pasado al fuero Federal y Facundo llevaba casi dos meses y medio desaparecido, se incorporó otro testimonio para reforzar la hipótesis de la Bonaerense: una mujer, E.R., que habría levantado a Kufa cerca de Origone para llevarlo hasta Bahía Blanca.
Ese dato sirvió para reforzar el cúmulo de versiones que lo ubicaron en Bahía Blanca, que insinuaban que su desaparición estaba vinculada a una discusión con su ex novia, que podría llegar a estar enojado, que lo habían visto vendiendo medias en la calle y para dar legitimidad a todos los testigos que decían verlo en otras ciudades en distintas provincias. Y, por supuesto, para dividir esfuerzos para la búsqueda de Facundo.
La «Teoría del tero»
Luciano Peretto y Leandro Aparicio son los letrados que asisten a Cristina Castro como parte de la querella particular. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura, se constituyó como querellante institucional. Luego de dos meses de investigación, de tomar declaraciones testimoniales, de toparse con una serie de inconsistencias y contradicciones en los relatos de los agentes bonaerenses, no tienen dudas de que la causa debe seguir la pista de una desaparición forzada.
Aparicio dialogó con Enredando y distinguió las distintas etapas del encubrimiento, que inician el mismo día de la desaparición de Facundo. “Son todas casualidades: una policía lo lleva a dedo, es la hermana de otra policía, lo deja en Origone. ¡Mirá que casualidad! Después, la misma es la que mete el testimonio trucho”, ironizó, ya con cierto hartazgo y con el poder de síntesis que resulta de la vorágine con la que se están moviendo los letrados para que no se pierdan más pruebas elementales. La agente a la que hace referencia es Flores y es quien, acompañada por Sosa, intercedió para aportar el testimonio de la mujer que lo habría acercado hasta Bahía Blanca (a pesar de que la Policía Bonaerense ya había sido apartada de la investigación).
Para entender todo el derrotero y la larga serie de irregularidades, es necesario volver a esas “etapas”. El 30 de abril a las 20.21 se envió un mensaje desde el teléfono de Facundo, para la querella fue de manera deliberada: “Nunca utilizaba SMS. Y le escribe a un amigo al que siempre llamaba como Chanchi pero en ese mensaje le dice ‘amigo’”. La interpretación que surge de ese primer dato es que habría sido enviado para generar confusión y para que la señal rebote en una antena de Bahía Blanca. La “teoría del tero, que canta donde no puso los huevos para despistar”, graficó el abogado Peretto. Un segundo momento que advirtieron ocurrió en los primeros días de junio, cuando uno de los amigos de Kufa fue a realizar la denuncia por su desaparición y no se la tomaron. Finalmente fue asentada por su madre el 5 de junio, cuando habían pasado 37 días de la última vez que fue visto con vida, y luego de que se la “pateen unos días”, según su propio testimonio: “Me dijeron que iban a hacer unas averiguaciones porque tiene 22 años y salió por sus propios medios”.
El 15 de junio varios efectivos de la Bonaerense realizaron una serie de allanamientos en domicilios de familiares de la ex novia de Facundo, en Bahía Blanca. “A uno de ellos lo llevan hasta la comisaría de Buratovich, lo hacen esperar una hora, luego lo pasan a una habitación y entre cuatro policías lo amenazan y después que declara lo siguen vigilando”, relató Aparicio. Este accionar fue útil para la hipótesis que ubica al joven lurense como víctima del entorno de la piba bahiense y para direccionar la investigación en ese sentido.
Un quiebre para Cristina y la querella se generó el 19 de junio. Ese día se realizó un rastrillaje con los perros de la División K9 de Punta Alta. Según el testimonio de la madre, asentado en el expediente, la policía le negó el acceso a la comisaría de Mayor Buratovich y le presentaron un dato que hasta entonces no conocían: de manera informal, Siomara Flores le contó que había llevado a Facundo hasta Teniente Origone. “Ese mismo día ya olimos algo raro. Llegamos y se nos acerca el comisario de Buratovich, en la entrada del pueblo había cinco patrulleros obstruyendo el paso. No nos dejaban hacer el rastrillaje ahí, nos patearon para adelante”, recordó Castro. Junto con su abogado y la patrulla se dirigieron hacia ese lugar donde apareció una nueva pieza del rompecabezas: otro policía, Alberto González, volvió a detener a Kufa, le pidió documentación y como no llevaba el DNI tomó una foto del carnet de conducir. “Este señor había declarado el día anterior al rastrillaje, a nosotros no nos habían dicho nada de estas dos personas que pertenecen a la policía de Villarino y que habían trasladado a mi hijo”, protestó Cristina días después, en una entrevista radial, y continuó: “A los pocos minutos pudo ver que se subió a una Duster Oroch gris plata. Cincuenta días después, este señor se acordaba hasta a qué camioneta se había subido mi hijo”. La declaración de González está repleta de incongruencias: no coincide el lugar ni la versión inicial con lo que testimonió en la causa.
El abogado Peretto reforzó la controversia: “Lo que nos llama la atención es que la media hermana de la oficial que lo infracciona es la que, supuestamente, lo lleva a dedo hasta Origone. También es policía, ¿y te lleva igual? Y encima aparece un tercer contacto policial, más allá de Origone, en el kilómetro 750 que por tercera vez te requisa, te pregunta, te pide documentos y encima te deja seguir. Fueron tres efectivos policiales los que omitieron escandalosamente el cumplimiento del protocolo”. No son datos de color ni meras coincidencias desafortunadas: tienen motivos de sobra para sospechar que el día del rastrillaje quisieron alejarlos de Mayor Buratovich y para pensar que, como mínimo, fue “raro” y estuvo fuera de las directrices el accionar de los oficiales bonaerenses en plena cuarentena estricta.
El día anterior, el 18 de junio, había declarado otra persona que dijo haber visto a Facundo en Cerri, una localidad muy cercana de Bahía Blanca. Cuando se presentó para testimoniar una semana más tarde frente al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), el fiscal Andrés Heim, se reveló que era otro policía con carpeta psiquiátrica. Fue el propio Fiscal General del organismo especializado en investigación de hechos de violencia institucional y exceso en el uso de la fuerza policial quien frenó su relato y le advirtió que estaba “incurriendo en falso testimonio”.
Otra de las “etapas” marcadas por la querella para demostrar la continuidad del encubrimiento coincide con la llegada del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a Bahía Blanca. El 9 de julio el funcionario, que supo ganar protagonismo mediático durante los últimos meses, llegó a Pedro Luro. Consultado por los medios locales, aseguró que hasta ese momento “no surgió ninguna evidencia” de la responsabilidad policial, pero igualmente mostró predisposición para apartar a la bonaerense de la investigación “si eso le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo”. Apenas tres días antes, el 6 de julio, la causa había pasado al fuero Federal y la propia fuerza involucrada en la desaparición participaba de los operativos. Durante esos días se realizaron rastrillajes con un despliegue fenomenal en la zona de Bahía Blanca y se le dio lugar a las versiones de los testigos -que la querella no duda en calificar de “inducidos”- que direccionaron todas las medidas hacia esa región.
El 27 de julio, a pocos días de cumplirse tres meses de la desaparición de Kufa, Berni fue consultado por el seguimiento de la causa en C5N: lo más fuerte de la respuesta fue su validación de la versión que afirma que una mujer levantó a Facundo desde el último control y lo acercó a Bahía Blanca. Consultado por Enredando, Aparicio afirmó que esa es “la quinta etapa del encubrimiento” y que para instalarlo hubo una “asociación ilícita” que lo filtró en los medios antes que llegue al expediente.
Fueron los mismos agentes que pararon a Facundo el 30 de abril, Sosa y Flores, quienes “plantaron” -según la querella- este testimonio a la Policía Federal el 13 de julio: estando apartados de la causa, dijeron que un desconocido se acercó al domicilio de Sosa y le manifestó que por medio de otra persona, un albañil, “tomó conocimiento que la señora E.R. habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca”. Finalmente, la misteriosa testigo clave declaró haber cargado a una persona que no coincide con las características físicas de Facundo y pudo demostrar que el viaje fue tres días antes: lo realizó el 27 de abril, no el 30. Por eso mismo, el relato ya había sido descartado como inconsistente por la querella antes que el ministro bonaerense lo presente como una novedad determinante e, incluso, había sido planteado como prueba de las irregularidades en la recusación del Fiscal Federal Santiago Ulpiano Martínez, presentada el 21 de julio. Además, los abogados de la querella particular denunciaron en un escrito contradicciones entre informes de circulación vehicular aportados por la policía de Villarino y por la secretaría de Protección Ciudadana de Médanos.
Un rol particular en lo que Aparicio denuncia como “asociación ilícita” lo tuvieron algunos medios de comunicación con mucha influencia en el sur de Buenos Aires: a través de La Brújula 24, vinculado a La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y de una cuenta de Facebook, se filtraron los datos de la testigo que supuestamente eran “reservados” y que aún ni siquiera conocía una de las partes. No fue la primera vez que intervinieron informando en el sentido que conviene al relato policial.
Hubo otro dato descubierto por la propia querella, surgido de resultados preliminares del peritaje de los celulares secuestrados a los policías bonaerenses involucrados: el 8 de mayo, apenas unos días después de supuestamente haber llevado al joven hasta la localidad de Origone, Siomara Flores cerró y eliminó Whatsapp. “Todavía ni la madre sabía que Facundo estaba desaparecido, porque ella calculaba que estaba en Bahía Blanca con su ex, ¿a nadie le llama la atención que ocho días después de la desaparición, una de las personas que está mencionada en la causa, con un testimonio controvertido, miembro de una fuerza, desinstaló la aplicación y manda un mensaje diciendo que lo hace por temor?”, señaló Peretto en una entrevista con Cítrica, aludiendo al Ministerio Público Fiscal, que no detectó la “anormalidad” pese a contar con todos los recursos para hacerlo.
Aparicio, el abogado que llevó adelante causas como la de Daniel Solano -donde hubo mecanismos de encubrimiento similares a los detectados con Facundo- o la de Katherine Moscoso -en la que el grado de complicidades para ocultar el crimen y los intereses cruzados son absurdos-, no tiene dudas: detrás del caso “hay algo fuerte”.
El análisis que realizó el perito Marcos Herrero va en el mismo sentido: “He estado presente en distintos casos y me recuerda mucho al de Santiago Maldonado, por todas las trabas a nivel político y social”. Después de trabajar durante más de dos décadas con perros adiestrados y en causas relevantes, fue convocado por la querella para realizar peritajes en la investigación (pese a la férrea oposición de Berni). Su intervención desarmó varios puntos de la versión policial, haciendo tambalear todo el relato en el que parecen continuar apoyándose el poder judicial y el gobierno provincial: el perro Yatel no detectó rastros de Facundo en el vehículo de la agente Flores, que declaró haberlo llevado hasta Teniente Origone, pero sí lo hizo en el patrullero de la Bonaerense en el que los tres testigos dijeron que fue subido. “Identificó un gran compuesto orgánico de la persona de Facundo en el móvil, ahí está la clave, el perro identifica y fue muy determinado. Facundo en algún momento ha estado en esos vehículos”, afirmó a Ambito Herrero -que también es agente policial en Río Negro-, y concluyó: “Yo sostengo que es una desaparición forzada de parte de la Policía Bonaerense, está determinada y fue un trabajo de ocultamiento de la persona de Facundo. Un trabajo de tres etapas y es hasta posible que aparezca el cuerpo plantado en otro lugar, por eso yo quiero apurarme en trabajar”.
Una Justicia sospechada de parcialidad
El caso estuvo un mes en manos de la Ayudantía Fiscal de Villarino -a cargo de Ariel García Dimas, quien se declaró incompetente el 6 de julio- y de la Fiscalía de Bahía Blanca. El fiscal provincial Rodolfo de Lucía también resolvió su incompetencia en la causa, el 8 de julio, en un escrito en el que concluyó que “existen elementos objetivos que permiten afirmar la posible comisión del delito que se investiga (desaparición forzada de persona)”. Durante todo ese tiempo, no se hizo lugar al principal pedido de la querella de apartar a la Bonaerense de la investigación (que incorporó todos sus testigos y pruebas en el expediente) ni se realizaron diligencias en pos de esclarecer los hechos (como atender a los testimonios que ubican a Facundo siendo cargado en un patrullero). Para Cristina y los abogados se perdió mucho tiempo y la posibilidad de recuperar material valioso.
Pero el pase al fuero Federal no trajo la celeridad y el compromiso esperado. El Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca aceptó desde el arranque a las querellas, hizo lugar a las “inconsistencias y contradicciones” señalados y concluyó que “todo lo cual hace sospechar” que los agentes “podrían haber obrado abusivamente”. La jueza María Gabriela Marrón definió que se iba a investigar un “supuesto de privación ilegítima de la libertad agravada”, sin embargo no apartó en ese momento a los propios efectivos sospechados de ese delito.
La investigación fue delegada a la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo Santiago Ulpiano Martínez. Dos semanas más tarde, Cristina presentó un pedido de recusación contra el fiscal: argumentó “temor de parcialidad” y lo vinculó a la “trama de encubrimiento” de la Bonaerense. “Sin tener mucho conocimiento de leyes, he entendido que el principal desaparecedor de personas es el Estado”, asentó en la presentación dirigida a la jueza Marrón, y aclaró: “Pero no solo por los policías que activamente entiendo han participado de la desaparición en el instante de su ilegítima detención, sino además a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía interviniente (especialmente en la persona del Fiscal) de quien además de solicitar su recusación, evaluaré las medidas pertinentes para analizar su actuación en la presente causa”.
Las irregularidades detectadas por la querella y enumeradas en el pedido de recusación del 21 de julio son muchas. El texto cuestiona con detalles la falta de definición de competencia para investigar una desaparición forzada; que ante un pedido de Castro y sus abogados “sugirió” contactar con un superior de la propia fuerza sospechada; la insuficiencia de las diligencias (“Ninguna de las medidas dispuestas han tenido motivación en la propia Fiscalía. O lo que es peor, quizá si tuvieron motivación aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas”); la lentitud para avanzar sobre ciertas pruebas, y que la “mayor obscenidad procesal” se dio con la incorporación de la “testigo E.R.”.
Luego, por medio del escrito, pasó a dar cuenta de las circunstancias en las que se filtró información desde La Brújula 24, un medio “con conexiones estrechas con la Justicia Provincial, Federal y la policía de la provincia de Buenos Aires”, y desde un perfil en Facebook. Cuando analizaron el expediente detectaron la “maniobra” de la Bonaerense para “meter por la ventana” a la testigo. El funcionario judicial otorgó credibilidad a ese testimonio “burdo” y no reparó en su origen: “Tal vez no haya advertido el fiscal, que casualmente uno de esos policía, Sosa, participó de la detención ‘oficial’ y el labrado de infracción al Art. 205 del C.P. para con Facundo el día 30 de Abril de 2020 a las 10 horas. Y que la Agente Flores es quien en flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo”. En sentido inverso, para la querella, Martínez no atendió al relato de los tres testigos que declararon que alrededor de las 15.30 el joven era subido “por dos masculinos” en un patrullero bonaerense y del que “luego de ello no se tuviera más noticias en este plano”.
Pese a todas las irregularidades advertidas por la querella, la jueza Marrón no hizo lugar al pedido de recusación de Martínez. Para tomar la decisión se sirvió de una gran cantidad de citas jurídicas, pero minimizando muchos de los cuestionamientos; algunos, como mínimo, ingenuamente (si es que se puede dar ese beneficio en este nivel), como el señalamiento de la incongruencia del Fiscal al sugerir la asistencia del Jefe de Policía Aldo Caminada, de la misma fuerza involucrada, que “no aparece como insensata” a los ojos de la magistrada “debido al cargo que ocupa el mencionado funcionario de mayor rango jerárquico a las agencias sospechadas”. Pese al rechazo, el trámite continúa por otras vías y los abogados creen que la atención sobre el accionar de Ulpiano Martínez será más rigurosa.
Un dato que no tiene relación directa con el proceso actual, pero que no constituye un detalle para pasar por alto, es el currículum de Martínez. Su designación fue impugnada en 2018 por organizaciones de derechos humanos y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo había denunciado su “incapacidad absoluta para el cargo” tras su desempeño en causas sobre las que debía resolver: “Tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.
Algunos avances
Luego de una serie de pedidos de la querella, la Justicia Federal ordenó allanamientos y peritajes que se efectivizaron durante los últimos días y comenzaron a arrojar resultados que podrían ser determinantes para la causa.
El último día de julio se allanó la comisaría de Teniente Origone. Del operativo conjunto participaron la Policía Federal, los perros de la Dirección Nacional de Cinotecnia y de los bomberos voluntarios de Punta Alta, la Fiscalía y el perito Marcos Herrero con el perro adiestrado para estas búsquedas. Como en cada uno de los movimientos, Cristina estuvo presente junto a uno de sus abogados, Luciano Peretto. En un viejo calabozo del destacamento policial, utilizado como depósito de basura, encontraron una bolsa con un contenido clave: un objeto con forma de sandía que Facundo cargaba siempre encima. La Bonaerense siempre negó haber llevado al joven a alguna de las dependencias de Villarino. Ahora se hace cada vez más evidente la autoría de los desaparecedores.
Yatel, el pastor alemán del perito de parte que ya había detectado esencia de Kufa en el patrullero 22.788 de esa dependencia (y asignado al oficial González, el mismo que declaró haber detenido y requisado al joven en la ruta 3 para dejarlo seguir viaje y observar que era cargado por un auto particular), señaló en dos ocasiones una bolsa entre medio de toda la basura. Un video del momento del hallazgo fue publicado por Página/12: se puede escuchar con claridad a Cristina describir el objeto, corrigiendo a un oficial de la Federal que creyó que tenía la forma de un huevo. “No, es una sandía”, se adelantó la madre ya sin dudar de lo que estaba viendo: “Adentro hay una vaquita de San Antonio”. El agente saca la otra parte y, efectivamente, en su interior estaba ese pequeño detalle. Y todo registrado.
Cristina contó a La Retaguardia que la sandía había sido un regalo que su madre, la abuela de Facundo, le había hecho a cada uno de sus nietos. “Cuando mi mamá falleció lo llevaba siempre encima, era como llevar a su abuela. Viajó con eso a Rauch, viajó con eso a Neuquén. Y que esté ahí, en esa comisaría, y que esta gente me siga diciendo «no, lo paramos en la ruta y lo dejamos seguir»… No les creo nada. Esa gente me va a tener que entregar a mi hijo”.
Ni bien llegó a su casa en Pedro Luro, Cristina envió fotos de una de las sandías -la de otro de sus hijos- a sus letrados y a los peritos para que puedan comprobar que se trataba de un objeto similar. Para Herrero, el hallazgo podría cambiar el curso de la causa ya que se encontró dentro de una unidad policial: se trata de un “elemento único y específico de pertenencia de Facundo”.
Por otro lado, la querella pudo finalizar con las audiencias testimoniales y no encontró ninguna declaración que contradiga la hipótesis de desaparición forzada. “Hemos abandonado la etapa de despejar la prueba falsa para empezar a construir la prueba que nos permita saber qué pasó con Facundo y quién puede llegar a tener responsabilidad”, explicó Peretto.
Además del resultado del peritaje sobre el objeto encontrado en Origone, todavía faltan los informes más complejos. Si bien comenzaron a llegar algunos estudios preliminares de celulares secuestrados, aún no se conocen los resultados sobre la geolocalización de los patrulleros y sobre las modulaciones de radios que se emitieron ese día. Desde el Ministerio de Seguridad comunicaron que no todos los vehículos policiales eran monitoreados por su sistema, por la tanto se deberá determinar quién tuvo acceso a los dispositivos de rastreo AVL.
Para la querella de Castro ya es hora de empezar a señalar responsabilidades penales para saber qué pasó con Facundo. En ese sentido, pedirán la detención de 16 personas, incluidos algunos civiles sospechados de participar en maniobras de encubrimiento.
Kufa y la aparente tranquilidad de un pueblo chico
En el partido de Villarino, al sur de Buenos Aires y a orillas del río Colorado, se encuentra Pedro Luro. Si bien la ciudad fue fundada oficialmente hace poco más de un siglo, su historia, su comunidad y su cultura hunden raíces en las distintas campañas militares y conquistas de lo que paradójicamente llamaban “desierto” (las rosistas de la década de 1830 y las roquistas de 1870/80). Como la mayoría de las localidades de esa región bonaerense (muchas fueron fortines) tiene un pasado del que resultaron comunidades pequeñas con ciertos rasgos conservadores.
Desde la desaparición de Facundo hubo un quiebre, algo se movió. Un vecino lurense que dialogó con Enredando -y prefirió reservar su nombre- contó que en la localidad nunca hubo grandes movilizaciones por causas relacionadas a reclamos de Derechos Humanos, pero que se empezó a romper cierta apatía a partir de este caso: “Lo que está pasando es como un golpe de realidad, porque la comunidad venía siendo casi ciega o desinteresada y ahora estamos atravesando esta situación, que es vivir la desaparición de un pibe de nuestro pueblo”.
Kufa tiene 22 años. Siendo muy pibe comenzó a participar del programa Jóvenes y Memoria de la CPM, un proyecto que tiene como eje la elaboración de investigaciones acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia. En ese espacio participó de una revista, viajó a los encuentros de Chapadmalal y se interesó particularmente por los casos de personas desaparecidas en el sur bonaerense durante la última dictadura. La violencia policial, institucional y estatal que pesa actualmente sobre tantos y tantas jóvenes no requirió ninguna investigación: es padecida casi a diario por muchos pibes y pibas que portan ciertas características y que viven en zonas particulares del pueblo. Igual que en cualquier gran ciudad.
“Hablando con algunas personas te dicen «Facu puede ser cualquiera de nuestros hijos». No, no le pasaría a cualquiera. La policía sabe a quienes perseguir, a quienes hostigar, a quienes ejercer violencia. A otros no, al ‘hijo de’, no. Hay una parte de la sociedad que es elitista y otra que es violentada. Son a esos pibes a los que persiguen al día de hoy”, analizó el vecino de Pedro Luro. Así fue: Kufa tuvo varios episodios en los que sufrió distintos hostigamientos desde muy pibe. Sin embargo, las amenazas y el verdugueo policial se intensificaron cuando, junto a sus amigos, encararon ciertas actividades “molestas”: una batucada, pintar murales, juntarse a rapear cerca de las vías. Un símbolo, una síntesis funesta, fue la suerte de un mural en homenaje a los desaparecidos que Facundo y sus compañeros y compañeras pintaron en la estación del ferrocarril del pueblo: el llamado a la memoria y la reflexión por las víctimas del terrorismo de Estado fue tapado por la propia Municipalidad.
Vanesa Ganduglia fue profesora de Facundo en el programa y compartió varios proyectos y espacios durante casi diez años. “Íbamos a los encuentros regionales de Bahía, a presentar los trabajos a Chapadmalal. Emocionado siempre por conocer otrxs jóvenes y debatir sobre el pasado y la realidad tan diferente en cada lugar. Aprovechaba para aprender de otros pibes que rapeaban. Facu es como se lo ve en las fotos, alegre, siempre dispuesto, si tenía una lapicera o un palito cerca lo ibas a escuchar haciendo sonar como batucada”, escribió en uno de sus tantos posteos en redes sociales que acompaña con fotos de esos momentos compartidos.
Hace un tiempo, Facundo se fue a vivir con su novia a Bahía Blanca. Pero en febrero, tras el fin de la relación, volvió a su hogar en Pedro Luro. “Acá había empezado a trabajar con amigos en una cervecería artesanal, estaba muy feliz con eso, pero por la cuarentena se cerró todo. Ya venía deprimido por la relación tóxica que tenía, y le afectó mal. Entonces le picó el bichito de volver a Bahía a tratar de arreglar las cosas con la chica. Eran las peleas conmigo porque yo quería que haga su vida acá”, contó su mamá en una entrevista a Página/12, contextualizando las razones por las que salió de su casa el 30 de abril.
Represión en pandemia: de la “policía del cuidado” al cinismo PRO
Desde el 20 de marzo, cuando comenzaron a regir las medidas de aislamiento preventivo, se denunciaron decenas de hechos de violencia ejercidos por distintas fuerzas represivas. El mapa de cada uno de esos casos es claro: la mayoría ocurrió en barrios y zonas vulneradas y postergadas desde mucho antes de la pandemia. Ahí donde muchas veces ni llega el agua corriente, donde la precariedad y otros límites materiales dificultan, no sólo tomar las medidas de prevención correspondientes, sino también el imperativo “quedate en casa”. Hay que salir a changuear, a capear como sea una situación que se vuelve día a día más insostenible para miles de familias. La política, desde el inicio, fue responder con presencia policial.
Empezando por el gobierno de Alberto Fernández -y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic- y pasando por gobernadores e intendentes, la función de garantizar el aislamiento fue delegada a las fuerzas de seguridad. Con un historial de hechos represivos y de comportamientos criminales de todo tipo en su haber, el nuevo cuadro, que les otorgó mayor protagonismo, aceleró este accionar. Arengados o no, los agentes se envalentonaron y cometieron todo tipo de atropellos sin temor a ser reprendidos por sus “excesos”.
En Santa Fe, por ejemplo, el ministro de Seguridad Marcelo Saín envió un audio a los policías provinciales el mismo día que comenzaba el aislamiento. “Tenemos que ser duros con la gente que incumple”, ordenó a sus subordinados, y siguió: “Y la gente misma que ha violado esta cuarentena, que está violando esta cuarentena va a hacer responsable a la policía de Santa Fe de esas muertes, al gobierno de Santa Fe de esas muertes y a sus ministros de esas muertes, no tengan ninguna duda”. El resultado: represión contra vecinos de la comunidad qom en el sudoeste rosarino; operativos desmedidos, persecución y tortura contra pibes que jugaban a la pelota; balas de goma porque sí en las barriadas populares; hostigamiento a los que salen a rebuscárselas. Mientras tanto, en los verdaderos focos en potencia que son las grandes industrias no se garantizan ni las condiciones mínimas de seguridad para trabajar en este contexto. Pero mejor sacar de su bicicleta, tirar al suelo y detener a un artesano porque se le ocurrió salir a la calle a vender sus productos.
Cuando habían pasado apenas diez días de cuarentena estricta, la CPM denunció más de una decena de casos de violencia policial sólo en Buenos Aires. Según un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se registraron al menos 71 casos de personas asesinadas en todo el país por el aparato represivo estatal en los cuatro meses que van de marzo a julio. Además, la organización viene publicando reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia y maltratos ocurridos a lo largo y ancho del territorio y cometidos por miembros de distintas fuerzas (policías federales, provinciales y municipales; Gendarmería; Prefectura, y en los servicios penitenciarios): golpizas, torturas, violaciones y desapariciones forzadas.
La Correpi tampoco tiene dudas: en el registro hay tres casos de desaparición forzada. Luis Armando Espinoza en Tucumán, Francisco Valentín Cruz en Florencio Varela (ambos encontrados sin vida días después de ser detenidos por personal policial) y Kufa, buscado desde hace tres meses.
No hay elementos para ningún elogio hacia ninguna “policía del cuidado”. Ni el súmmum de la hipocresía del PRO (el partido de la “doctrina Chocobar”, del respaldo irrestricto al accionar represivo en casos como el de Santiago Maldonado y el de Rafael Nahuel, que criminalizó a comunidades enteras para justificar su política avasallante) que hoy se escandaliza y denuncia la violencia institucional ocurrida durante otro gobierno que no es el suyo, puede tapar semejante realidad represiva. Que la ex ministra Patricia Bullrich le “incendie” el teléfono a la madre de Facundo, intentando comunicarse para sacar algún provecho, no hace más que confirmar eso: el oportunismo político y mediático. La realidad sigue siendo que un pibe de 22 años lleva casi cien días desaparecido y que las responsabilidades estatales aún no fueron asumidas.
Madre del dolor
Cristina Castro no dejó de trabajar en la estación de servicio de Pedro Luro. Dice que no lo hace para no volverse loca, que no le gane la desesperación. Una situación extrema para una madre que crió a tres hijos haciéndose cargo en soledad. Alejandro, Facundo y Lautaro. En ese orden, los hermanos.
Como muchos familiares de víctimas de delitos complejos como el que se investiga, fue aprendiendo todo lo necesario para entender cómo se investiga y se hace cargo de empujar el caso. “No sé cómo hice para entender sobre una causa judicial, creo que me salió de las entrañas, empecé a investigar yo misma con mis abogados porque veía que no estaban haciendo nada”, contó en una entrevista reciente. El letrado Luciano Peretto pasa muchas horas con Cristina, son vecinos de la misma localidad. “Yo ando todo el día con ella, vamos a todas las audiencias juntos, recorremos desagües, basureros, canales, alcantarillas, salitrales. Todos los días. Voy manejando por la ruta y me dice «Lucho, quiero frenar acá para revisar», y Cristina se mete en un desagüe. Es lo más doloroso que he visto como abogado”, contó conmovido, pero sin perder el foco: “Tenemos que cumplir con el rol de acompañarla y de dejarlo todo. Lo más importante es poder encontrar a Facundo”.
La desaparición forzada es considerada un delito permanente: el crimen continúa siendo cometido hasta que no se conozca el paradero de la persona desaparecida. Sus familiares y seres queridos también son víctimas de una tortura continuada, de ese mismo crimen que se comete mientras sus autores continúan ocultando su accionar. “La desaparición forzada es el crimen de crímenes”, dijo Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
La imagen de Cristina buscando a su hijo, como las otras madres, sintetiza mejor que nada esa continuidad criminal que la doctrina jurídica explica con tantos argumentos rebuscados.
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Días atrás, Cristina publicó una fotografía de dos niños al costado de la ruta haciendo el gesto universal para viajar “a dedo”. Son Facundo y uno de sus hermanos. Sonríen para su mamá, que registra un momento de felicidad.
“Muchos años atrás, cuando viajar a dedo era común, lo hicimos siempre. Yo te enseñé que la gente de buen corazón nos acercaba a destino, cuánto me equivoqué. Sólo querías llegar a Bahía, no le hacías mal a nadie. La maldad hoy se viste de uniforme y esta vez no pude cuidarte”. Con ese texto desgarrador acompañó la imagen tomada a pocos kilómetros del lugar en el que se lo vio por última vez el 30 de abril.
La fotografía de un instante de esa felicidad propia de las cosas simples de la vida, ese fragmento que cambia según el contexto, hoy es motivo de tristeza.
Cuánto me equivoqué, dice. Por enseñarle a viajar pidiendo un gesto solidario, Cristina siente culpa. Otro efecto de un delito que continúa, como una tortura, mientras no se obtengan respuestas a las únicas preguntas que importan, las que se hacen eco en cada movida que se realiza en todo el país:
¿Dónde está Kufa?
¿Qué hicieron con Facundo Astudillo Castro?
