Asesinaron a Eduardo Trasante, pastor, ex concejal de Ciudad Futura, padre de una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno y de otro chico muerto a balazos. La violencia en Rosario vuelve a copar la agenda política.
Foto: Juliana Faggi
A media tarde del 14 de julio dos personas llegaron a pie a una casa en San Nicolás al 3600 y tocaron el timbre. A cara descubierta encañonaron a la mujer que abrió la puerta, se metieron a la casa, mataron a Eduardo Trasante con un disparo en la cabeza y se fueron a pie. Según informó la Fiscalía todo ocurrió en seis minutos, y está descartada la hipótesis de robo. Una conjetura oficial que sugiere que al pastor lo fueron a matar. La incertidumbre golpeó al arco político local y provincial, que aguarda los avances de una investigación incipiente para hacer una lectura sobre el hecho.
Con el relevamiento de cámaras de vigilancia, la toma de declaraciones a la pareja y a una hija de la víctima, junto a otras medidas, se echó algo de luz. En la noche del miércoles 15 el Ministerio Público de la Acusación informó que el fiscal Gastón Ávila, de la Unidad de Homicidios, ordenó el allanamiento de una vivienda de zona sudoeste en la que vive un policía de la Comisaría 9. Fueron en busca del celular de la pareja de Trasante, que no había sido hallado en la escena del crimen y su geolocalización coincidió con la casa del policía. Se secuestraron dos armas de fuego sin documentaciones, unas plantas de marihuana y cuatro celulares, entre los que no estaba el buscado. El hombre quedó demorado por la tenencia de las plantas y por portación de armas, pero hasta entonces no se lo había vinculado oficialmente con el homicidio en cuestión. También se encontró un auto abandonado en zona sur, y se esperan pericias para comprobar si es el que usaron los matadores para huir.
Eduardo Trasante fue un pastor evangélico que se hizo conocido públicamente por el triple crimen de Villa Moreno del 1° de enero de 2012, episodio en el que mataron a su hijo Jeremías, de 17 años. A partir de entonces encabezó, junto a la familia de los otros dos chicos asesinados y al Movimiento 26 de Junio en el que militaban, un proceso de organización callejera que sirvió para cuestionar el relato oficial sobre el asesinato de pibes de las barriadas populares. Aquello del ajuste de cuentas, explicación oficial que no permitía profundizar en los entramados que por aquel entonces comenzaban a recrudecer los índices de homicidios en la ciudad, fue descartado en ese proceso de denuncia que develó, entre otras cosas, a la complicidad policial con los ejecutores de la violencia letal en las disputas territoriales motivadas por el narcotráfico.
En febrero de 2014 Trasante perdió a otro hijo, Jairo, también de 17 años, asesinado después de una discusión a la salida de un boliche céntrico. Entonces, además de un referente de la militancia social, se convirtió en un vocero del reclamo de justicia de las víctimas de la violencia. En un ejemplo, también, de cómo materializar un enunciado repetido: transformar el dolor en lucha. En 2017 fue elegido concejal por Ciudad Futura, el frente partidario creado por el Movimiento 26 de Junio junto a Giros. Pero un año después renunció a su banca al caerle encima una denuncia por acoso.
Por esa historia, tan reciente e intensa, tal conmoción. Por eso en la mañana siguiente al crimen sus ex colegas brindaron una conferencia de prensa en el Concejo Municipal. Caren Tepp, edila de Ciudad Futura con quien Trasante había compartido militancia social y banca, dijo que se trató de un asesinato sin precedentes y habló de gravedad política por ser la víctima una figura pública. Dos consideraciones que revisten de particularidad al crimen, aunque Tepp fue firme en oponerse a la especulación y la carroña política, como ella lo llamó.
“Esto tiene que ser un punto de inflexión no solamente por la manera atroz con la que le arrebataron la vida a Eduardo, la impunidad con la que se manejaron y le quitaron su vida en su casa, con su familia. No solamente porque Eduardo fue concejal de esta ciudad, sino porque también y principalmente Eduardo Trasante es para esta ciudad el reflejo más fiel y el testimonio de la lucha de todos los que salen a pedir justicia, de todos los que tienen que atravesar el dolor de la muerte violenta que trae aparejada la desigualdad, el narcotráfico, y todo lo que ya venimos hablando desde hace tanto tiempo”, analizó Tepp. Junto a ella estuvieron concejales de todos los bloques, con la intención de mostrar unidad política ante el reclamo por esclarecimiento del hecho.
¿Un crimen con mensaje?
Esa pregunta apareció una y otra vez. Apareció, incluso, después de que en la conferencia de prensa Caren Tepp pidiera cautela. Entonces la volvió a pedir. Pero también insistió en que se trató de un crimen sin precedentes, algo que no es cosa menor en una ciudad que en lo que va del año llegó a 107 homicidios. “Nos parece mentira que en esta ciudad tengamos que salir a pedir justicia por los que salían a pedir justicia”, dijo también. Es generalizada la sensación, el temor tal vez, de que el asesinato de Trasante tenga un trasfondo más complejo que los otros 106 del 2020.
¿Pero un mensaje? Si hay un mensaje a mano, ahora, es el contexto. Un homicidio violentísimo en un año que comenzó igual. Una sintonía que en esos términos se mantiene en relación a los años anteriores. En 2013, a partir del desmadre generado en la disputa de las bandas narcos más conocidas, hubo 271 homicidios en el departamento Rosario. Los altibajos de los años siguientes fueron motivo de análisis sobre las distintas gestiones en Seguridad, pero lo que hoy contextualiza es la totalidad. Contando los datos de lo que va del 2020, según registros del Ministerio de Seguridad de la provincia, desde 2013 se cometieron 1583 homicidios dolosos.
Entre cada muerte, tantas que parecen naturalizadas, hubo muchísimos episodios que revistieron de gravedad a la problemática de la violencia urbana. Algunos de ellos quedaron más a mano por la conmoción generada. En 2013 el asesinato de Mercedes Delgado, militante social que quedó en medio de una balacera entre banditas de barrio Ludueña. En 2014 el de Norma Bustos, después de denunciar a los transeros de Tablada y de que le mataran a un hijo de 25 años. En 2016 la desaparición de Valentín Reales, de 15 años, en el barrio Cabín 9 de Pérez después de que ventilara información sobre los narcos de su zona. A principios de 2020 el asesinato de Enrique Encino como consecuencia de un ataque al Casino City Center. Y por fuera de los homicidios otros sucesos paradigmáticos: en 2013 la balacera nunca esclarecida a la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, y en los años siguientes los tiroteos a fachadas de instituciones estatales y viviendas de personas ligadas a investigaciones complejas.
Los mensajes detrás de estos hechos varían: desde una plena declaración del dominio del territorio, o desde el silenciamiento de una madre que se expuso y nadie protegió, hasta los atentados que al parecer tuvieron detrás a intereses afectados por la persecución penal. A su vez fueron hechos que pusieron sobre la mesa ciertos factores claves: las zonas liberadas, los pactos rotos, la deliberada filtración de información sobre el blanco de los ataques, y el poder de ciertos líderes de bandas para operar desde la prisión. Y, por sobre todo, el flujo de armas con las cuales se ejecutaron esos hechos. Situaciones que solo pueden darse con la connivencia o la deficiencia extrema de instituciones estatales como la policía, o el Servicio Penitenciario.
Cuando ocurrió el asesinato de Encino en el Casino lo que deslizaron funcionarios y especialistas, con el hecho en caliente, fue que se había tratado de un mensaje directo a la nueva gestión del Ministerio de Seguridad de la provincia. La declaración de que ninguna reforma policial y ninguna purga de las policías corruptas son trámites sencillos ni mucho menos gratuitos. En el caso de Trasante las autoridades mantuvieron la cautela, y solo se pusieron a disposición de la familia de la víctima. Después de que desde Ciudad Futura alertaran que en la casa de Trasante habían pasado horas de la madrugada sin luz y sin custodia policial.
Si el asesinato de Eduardo Trasante tiene un mensaje inmediato es que en Rosario alguien puede entrar a una casa, matar a tiros e irse caminando. E incluso que la víctima sea una persona pública o cercana, como en este caso. Es, tal vez, el eco de un mensaje que da vuelta hace años. Otra marca para una ciudad que siempre está desangrándose.
Más allá del enunciado
María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, habló de la gravedad del asesinato de Trasante. Pero, a su vez, lo relacionó a los últimos hechos violentos. Ella sugirió, textualmente, una “ola de violencia que azota a la ciudad”. Aunque, si se compara con años anteriores, no habría tal ola o bien sería una ola prácticamente sostenida. A saber como ejemplo: contados los siete primeros meses de cada año fueron 120 en 2016, 84 en 2017, y 119 en 2018. El informe preliminar del 2019 todavía no especifica el dato según los meses. Pero queda a la vista que la violencia, más allá de sus altibajos, se sostiene.
Se sostiene tanto como las decisiones políticas que aparecen con el afán de “combatirla” pero caen en el fracaso lógico de las recetas repetidas. Por eso resulta de mucha importancia y requiere de delicadeza el análisis que los distintos niveles del Estado harán sobre la situación. Así como la forma en que lo manifestarán a la sociedad. Aunque Schmuck muestre sus buenas intenciones: “Queremos ocuparnos, queremos trabajar todos juntos, es la única manera de detener la ola de violencia que azota a nuestra ciudad y además trabajar para generar políticas públicas en donde los tres niveles del Estado podamos coordinar, pero ya no con diagnósticos sino con estrategias claras, para volver a recuperar la paz y la convivencia en la ciudad”. Pero el mensaje alarmante puede generar que las decisiones políticas decanten por el lado de la urgencia, que en el ámbito de la seguridad pública puede y suele ser sinónimo de mano dura.
Por estos días, y por detrás de sus declaraciones desafortunadas que son las que más se difunden, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, propone el debate por la ley de Seguridad Pública para la provincia. El proyecto busca modernizar la conducción policial, que tenga control parlamentario, que se cree un observatorio de violencia y delito, que se regule mediante una agencia de control a la violencia armada, entre otras cuestiones. Y por otro lado impulsa una nueva ley para el sistema policial de la provincia y otra para el control de la fuerza. Un paquete de leyes que, en principio, busca abordar la problemática de la violencia desde un aspecto distinto a cómo se fueron dando las cosas en los últimos años. De la mentada unión de todas las fuerzas, y de que no se impongan otra vez los manotazos de urgencia, dependen eso cambios estructurales. Basta con revisar las bases del Plan de Seguridad Democrática que publicó la gestión anterior en 2013 y contrastarla con la realidad para ver qué sucede cuando la urgencia y la improvisación se sobreponen a lo planificado.
Repiquetea en la memoria colectiva de Rosario otro episodio de hace algunos años en los que se propuso el encuentro de los distintos espacios partidarios y movimientos sociales de la ciudad para trabajar en conjunto contra la violencia. En la mañana del 14 de junio de 2013 el bar La Buena Medida reunió a todo el arco político de la ciudad -con excepción del entonces oficialismo local y provincial- pocos días después de una saga de crímenes desatada a partir del asesinato del Pájaro Cantero, líder de Los Monos.
Ese día se habló de narcomafias, de la corrupción en el poder judicial, de los entramados del poder económico. Se pidió por la unión de toda la diversidad partidaria y social de la ciudad y la provincia. Y se organizó una movilización para unos días después, en la que sí participaron autoridades del Partido Socialista y en la que tanta variedad se cobijó detrás de una bandera que decía “Todos contra el narcotráfico”. Aunque minutos antes, durante la concentración en la plaza San Martín, cada agrupación había entonado sus cantos con chicanas a los rivales políticos. Aunque minutos después, terminada la marcha, les apagaron el parlante a los voceros de las organizaciones barriales que pretendían mencionar su punto de vista. La contienda partidaria, motivada según el calendario por distintas campañas electorales, se llevó puesto el trabajo en conjunto. En todos estos años solo cuando apremió la situación -en distintos contextos de urgencia, con distintos mandatos nacionales y provinciales- se ensayaron decisiones conjuntas. La mayoría tuvieron que ver con megaoperativos de fuerzas federales o declaraciones de emergencia en materia de Seguridad. Aquellas cartas que se presentaron como ideales y terminaron siendo espectadoras. De una historia repetida, de un presente continuo.
