Después del fuego

“Se parece más a una pampa que a un humedal”, dice Pablo quien recorre el Delta desde hace 40 años. Después del fuego que arrasó con flora, fauna y dejó a Rosario bajo humo durante días, quedan las preguntas. ¿Y ahora qué? De fondo, una problemática estructural sin freno: el avance extractivista, la cría de ganado a mega escala y la voracidad agroexportadora sobre uno de los ecosistemas más vitales del mundo. Las estrategias de las organizaciones para proteger el Delta. 

Foto principal: Gentileza Maximiliano Leo Schulz

-Se parece más a una pampa que a un humedal-, dice Pablo.

Tiene 50 años y desde los 10 recorre el territorio de islas con canoa, piragua, kayak o lancha. Es fotógrafo y cuenta que ya lleva capturadas en postales más de 200 especies de aves. No deja de sorprenderse con cada nueva salida a los humedales del Delta, uno de los cinco más grandes del mundo.

Amante de la naturaleza, Pablo conoce los rincones más profundos de un territorio tan amplio como diverso. Dice que el río es su amigo y lamenta cada foco de incendio que se distingue a kilómetros de distancia.

Para describir al humedal simplemente elige una palabra: magia.

– En las islas hay mucho más de lo que vemos porque siempre hay algo nuevo para descubrir.

37 especies de mamíferos.
259 especies de aves migratorias.
37 reptiles.
Más de 600 especies de plantas.
27 anfibios y al menos 187 especies de peces.

“Los números son dinámicos” aclara Jorge Bártoli, activista ambiental e integrante de una de las organizaciones que más conoce el río, El Paraná no se Toca. Dice que todavía se siguen identificando especies de peces nuevas, que hay aves que se están empezando a ver en zonas de humedales que antes no se veían, que han perdido su hábitat natural en el territorio pampeano y empiezan a refugiarse en el territorio de isla. Pero lo que encuentran es un aire viciado de humo y nidos destruidos por el avance del fuego.

Pablo lo resume así:

– En el invierno vienen aves que son de la Patagonia y se encuentran con este desastre.

La biodiversidad del Delta es casi imperceptible para una buena parte de la sociedad. También lo es para los tres poderes del Estado encargados de preservar uno de los territorios más vitales que hay en el mundo. El Delta del río Paraná es un macrosistema que ocupa cerca de 17 mil kilómetros cuadrados a lo largo de los últimos 300 kilómetros del río Paraná. Es un humedal, es decir, una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante relación con la naturaliza viva que la habita.

Cumple una innumerable cantidad de funciones ecológicas: almacenamiento y retención de agua, suministro de agua dulce para consumo y producción, recarga y descarga de acuíferos, regulación de salinidad y protección del suelo, estabilización de costas, retención de contaminantes y atemperamiento de condiciones climáticas extremas, y provisión de bienes para las actividades agropecuarias, pesquera y turística.

Pese a la riqueza de su suelo, de su flora, de su fauna, de su río, el Delta no ha podido escapar del avance del modelo extractivista y la expansión de la frontera agropecuaria. Tampoco de las actividades que se realizan sin ningún tipo de control: la caza furtiva, las fiestas electrónicas, la pesca para exportación, los terraplenes y endicamientos que son obras que elevan artificialmente el terreno para minimizar o evitar el ingreso de agua durante las crecidas, o secar las porciones anegadas para destinarlas a la agricultura, provocando daños sustanciales en el ecosistema y un serio riesgo hídrico.

El antecedente más reciente y con mayor impacto socio ambiental se registra en el año 2008. En ese entonces el fuego en las islas del alto Delta del Paraná, que comenzaron a principios del mes de abril, arrasó con cerca de 200 mil hectáreas. El daño fue tan notorio que llegó hasta los medios porteños. Tal vez, la crónica anunciada de una quema que se repetiría, con efectos similares, doce años después.

“En ese entonces la particularidad es que el humo llegó hasta Buenos Aires. Entonces, la problemática saltó a los medios de comunicación y el gobierno nacional convoca a las provincias involucradas y hacen un enorme plan que es el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná). Ese plan generó documentos maravillosos sobre cómo proteger el Delta, sobre sus características, pero quedó en letra muerta y hoy volvemos a tener una crisis similar que había sido anunciada”, señala Jorge.

Durante el mes de mayo y primera quincena del mes de junio de este año una gran parte del Delta entrerriano se prendió fuego. Los focos de incendio fueron intencionales y se intensificaron, con alevosía, luego de que el gobierno nacional estableciera un acuerdo con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos para prohibir las quemas durante 180 días. No fueron los primeros focos del año. En febrero el humo podía visualizarse desde la costa rosarina.

Vanesa Pacotti es bióloga y una de las profesionales que más conoce los humedales. Cuando habla del impacto ambiental de los focos ígneos en el territorios de islas explica: “para empezar, las quemas matan a las especies de flora y fauna que allí viven. En los humedales fluviales – nombre técnico del ecosistema de las islas-, la regulación de la vegetación se produce mediante el agua, durante las crecientes; y la flora y la fauna están adaptados a que eso ocurra, pero no tienen forma de luchar contra el fuego porque no es un elemento natural de este ecosistema. Por eso los efectos del fuego en las islas son devastadores. Además, las quemas generan dióxido de carbono, cenizas y humo que agravan el efecto invernadero”.

Pablo se sumerge por los 60 kilómetros de profundidad que hay en el Delta para tomar fotos. Conoce de reptiles, peces y aves. También de plantas y se lamenta cuando dice que las zonas donde hay quema se parecen más a un territorio diezmado que a un humedal lleno de vida.

-La boa curiyú ya prácticamente no se vé. De vez en cuando aparece alguna cuando hay crecida y llega en algún camalote que viene del norte. Y el lobito de río también está casi extinguido debido a la caza furtiva. El lagarto overo se mete en cuevas, las comadrejas en troncos de árboles, y lo de las quemas termina siendo una trampa para ellos, es muy triste lo que se vé porque no pueden escapar del fuego.

En la zona más alta del humedal conocida como albardones, crecen los árboles más añejos y uno de los más afectados por el fuego.

-Es el monte que ya casi no se vé-, dice Pablo y sentencia:

-Hay algunos rebrotes después de las quemas pero le tiran el ganado y se comen todo.

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Laura Prol es antropóloga e integra el Área Humedales del Taller Ecologista. Además de los daños directos también menciona otros como la destrucción de la vegetación que disminuye la provisión de alimentos y de refugio para la fauna silvestre. “Otro impacto es la erosión: se disminuye la resistencia a la erosión del suelo frente a las crecientes y la capacidad de filtrado de agua del suelo”.

La Sociedad Argentina de Planificación Territorial señala que “lo que sucede en las islas es conceptualmente similar a lo que ocurre en otras partes de la región con otras modalidades de producción agropecuaria, que impermeabilizan y degradan la calidad de los suelos, avanzan sobre bosques nativos, modifican las cuencas naturales, incrementan la generación de gases de efecto invernadero e impactan en la salud de población por el uso creciente de agrotóxicos”.

La emisión de dióxido de carbono es otro efecto indeseable de un modelo de producción que afecta directa e indirectamente la calidad del aire. El humo en Rosario se sintió durante semanas. El aire se volvió irrespirable y un informe del Laboratorio de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura grafica el impacto: “la medición realizada entre el 11 y el 14 de junio -días en que se registraron altos focos de incendio en las islas- indica que “la calidad de aire ha sido severamente afectada por la quema de pastizales efectuada en el período mencionado. En particular, el día domingo 14 de junio el indicador utilizado en las mediciones, superó 5 veces el valor permitido por normativa”.

Estos efectos, señala el informe, “se ven agudizados en la población que padece problemas respiratorios crónicos, tales como asma, EPOC, entre otras, dado que la calidad de aire respirable se ve afectada por la gran concentración de particulado”.

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“Más o menos 250 km cuadrados quemados en 31 días. Son 25.000 hectáreas de pastizales, bosques de timbós, sauces, alisos, ceibos, laureles, espinillos. Los incendios están desde inicios de año con lo cual el panorama es todavía peor”, escribe en su cuenta de Twitter el naturista y viverista César Massi.

Los datos -que abarcan el período comprendido entre el 15 de mayo y el 14 de junio- fueron analizados a partir del sistema de gestión de recursos Firms de la Nasa. Esa superficie incluye la zona que va desde San Lorenzo al norte hasta Villa Constitución al sur. La periodista Jorgelina Hiba, editora del portal Dos Ambientes, buscó una metáfora contundente para dimensionar los números: “la superficie quemada equivale a una Rosario y media”

El Museo de Ciencias Naturales de San Nicolás indica que en lo que va del 2020 se registraron 3549 focos de calor. La semana del 8 al 14 de junio hubo 799 focos contra los 185 de la semana anterior. El 14 de junio, solo un día después de que el ministro Juan Cabandié declarara la emergencia ambiental en la zona del Delta y la prohibición de quema durante 180 días, se registró el peor pico de focos: 385 en apenas 24 horas. “Fue una provocación”, declaró por aquellos días el propio ministro de Ambiente de la Nación, luego de sobrevolar la zona afectada y responsabilizar públicamente a los propietarios y arrendatarios de los campos afectados por el fuego. Los recursos del Estado destinados a combatir los focos fueron altísimos. Dotaciones de bomberos, aviones hidrantes, brigadistas. La urgencia era solo una: apagar el fuego. Llegó la lluvia días después y con ella, algo de alivio.

Laura Prol dice que las quemas se replicaron en toda la zona del Delta entrerriano, aunque muchas se registraron sobretodo en el margen cercano al cauce principal, frente a la ciudad de Rosario. Dice también que hace meses alertaron al gobierno de Entre Ríos, al gobierno de Santa Fe y al gobierno nacional sobre esta situación que ya se volvió crítica.

5 de marzo de 2020: la Fundación Cauce de Entre Ríos envía una nota al Secretario de Ambiente del gobierno provincial solicitando su intervención ante los incendios que habían ocurrido en las islas del Municipio de Victoria. “Desde el inicio de este año en el contexto de una prolongada bajante del río Paraná, se suceden quemas ilegales en las islas entrerrianas que están generando incendios de magnitud”. Se exigía la urgente suspensión de las autorizaciones de quemas controladas en el territorio de islas y extremar los controles sobre quemas ilegales.

16 de abril de 2020: una nueva nota firmada por Fundación Cauce, Taller Ecologista y decenas de organizaciones y redes ambientalistas advertían, una vez más, lo que finalmente ocurrió un mes después. Hay un “alto riesgo existente de que, en los próximos meses, se produzcan incendios de gran envergadura en esta región”, decían. “Durante la primera semana de abril –incluso con el aislamiento social preventivo y obligatorio que limita el desplazamiento de las personas- reaparecieron numerosos focos, tanto en la zona de las islas Lechiguanas como aguas arriba y abajo de la conexión vial Rosario-Victoria e incluso en el Bajo Delta”.

La carta dirigida al gobierno nacional y a los tres gobiernos provinciales que tienen jurisdicción sobre el Delta exortaba “a las autoridades y a todos los integrantes de la comunidad del Delta y de zonas aledañas, a tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar la ocurrencia de una situación semejante a la de 2008”.

No es la primera vez que las voces de las organizaciones ambientalistas denuncian la falta de presencia estatal en el territorio y una creciente expansión de la actividad ganadera en la zona de humedales.

Advertimos que esas quemas iban a ocurrir en invierno multiplicadas por diez. Lamentablemente no nos equivocamos en nada.

-Las respuestas nunca llegaron,- dice Laura.

Jorge refuerza: – Es una crisis que algún día iba a estallar

Los factores se combinan: una bajante extraordinaria del río Paraná, una prolongada ausencia de lluvias, la acumulación de una enorme masa de material vegetal seco y la codicia de quienes siempre queman las islas.

Las quemas de mayo y junio fueron anunciadas en febrero, marzo y abril por las organizaciones ecologistas.

-Advertimos que esas quemas iban a ocurrir en invierno multiplicadas por diez. Lamentablemente no nos equivocamos en nada. Ahora el daño ya está hecho. Esto que ocurre está asociado al modelo de producción vigente.- dice Jorge.

Es que más allá del humo, el problema es el modelo. Laura lo define en pocas palabras: “La expansión de la ganadería en las islas está asociada a la agriculturización en el continente”.

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El crecimiento desaforado del cultivo de soja transgénica que empezó a darse a partir del año 1996, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem, a través de su ministro de agricultura Felipe Sola, aprobó la liberación comercial de la soja RR, está estrechamente vinculado a la expansión de la cría de ganado en las islas. En la primera década del 2000 la ganadería en islas dio un salto notable. Los números del stock ganadero aportados por oficinas de control sanitario grafican este auge: en el departamento Victoria, entre 2002 y 2009 la cantidad de hacienda se incrementó entre cuatro y cinco veces.

Son varios los factores que hicieron de las islas un territorio codiciable para la cría de ganado a mega escala. Uno de ellos fue la conexión vial Rosario – Victoria: “a solo tres años de su inauguración había cuatro veces más ganado en el Departamento Victoria”, decía el Taller Ecologista en el año 2008. También alertaba: “lamentablemente la postal de humo y las cenizas se seguirá repitiendo si no se resuelve el problema de fondo: cuál es el uso apropiado para estos humedales”.

Una certeza: el problema de fondo jamás se resolvió. Doce años después, el humo volvió a sofocar a la ciudad de Rosario, a las localidades vecinas y también, a las familias isleñas que habitan el territorio desde hace décadas.

El principal factor que motiva las quemas es la renovación de pastura para la cria de un ganado que se cotiza en alza, sobretodo, como carne de exportación. La explotación intensiva de la actividad ganadera tiene nombres y apellidos vinculados al modelo agroexportador y a la especulación inmobiliaria. “El ganado desplazado de tierra firme, la demanda de tierras y las inversiones en ganadería fueron los frentes de avance, pero también lo fue el alquiler de las tierras fiscales. En esta historia reciente de productores, especuladores, ganado y políticas públicas, la sustentabilidad ambiental y social del delta permanece invisible para los decisores públicos”, puede leerse en el informe “El Delta Invisible” que elaboró el Taller Ecologista en el año 2015.

El Paraná No se Toca también le apunta al modelo de producción. “En la medida que la ganadería fue expulsada de los territorios pampeanos por la agricultura intensiva, el ganado vacuno fue derivado a otras zonas. La cantidad de ganado depende mucho de los ciclos del rio, de las condiciones de mercado, es una actividad dinámica. Pero sí es evidente que hay una sobre-explotación ganadera en las islas. La actividad ganadera es compatible con el humedal a determinada escala, no a una escala desmesurada como se viene haciendo. Y la costumbre de las quemas, es decir, quemar pastura para renovar pastizales, es histórica. Se quema porque nadie te va a decir nada”, explica Jorge Bártoli.

Vanesa Pacotti refuerza la idea de que “se quema porque se puede”. Entre Ríos cuenta con una Ley provincial de Manejo y Prevención del Fuego N 9868 en áreas rurales -nacida al calor de lo que fue el PIECAS- que expresamente establece en su artículo 2 que las quemas deben ser autorizadas por la autoridad competente. “En la Municipalidad de Victoria dicen que no han emitido ninguna autorización. Las quemas se realizan porque no hay ninguna voluntad política de controlar lo que pasa en las islas. Terraplenes, pesca indiscriminada, caza furtiva, captura de especies silvestres para mascotismo, ganadería fuera de la capacidad de carga del sistema, cultivos agroindustriales. En las islas se realizan cantidad de actividades que teóricamente están prohibidas, pero la Delegación de Islas, que es el organismo del municipio de Victoria que en teoría tiene que controlar este territorio, está completamente desfinanciado y sin recursos para poder llevar a cabo ninguna tarea de fiscalización y control”.

Aunque el humedal parezca tierra de nadie, lo cierto es que se trata de un territorio lleno de flora, aves, animales silvestres y pobladores que se dedican a diversas actividades productivas. El informe del Taller Ecologista advierte que la expansión ganadera, además del impacto ambiental, también trajo aparejado la expulsión o migración de quienes allí vivían, o todavía viven, mientras que favoreció el crecimiento de dueños de campos de propiedad privada y arrendatarios de lotes fiscales. Diversos y nuevos actores comenzaron a imponer sus intereses en una zona del Delta, estratégica por su ubicación cercana a centros de comercialización y consumo. Por un lado, “empresas locales y extranjeras del sector agropecuario, agroalimentario y cárnico” que compraron grandes y medianas extensiones de tierra. Por el otro, “productores de zonas de tierra firme vecinas y empresarios e inversores, empresas locales del sector financiero y comercial”, entre otros, que arrendaron tierras fiscales en la zona.

El Estado jugó un rol importante: la ley de arrendamientos que sancionó Entre Rios en el 2004 fue clave para comenzar a regular la apropiación de tierras por parte de particulares con intereses en el desarrollo ganadero. Es decir, lo que propició el propio gobierno provincial fue la expansión de un modelo lucrativo en islas en detrimento del arraigo, las costumbres y las actividades productivas a pequeña escala de quienes allí viven desde hace décadas. “Los criterios para la asignación de lotes fiscales tendieron a priorizar la producción empresarial por sobre la población, y el capital sobre el trabajo”, señala el informe del Taller Ecologista.

«Entre el 27 de octubre de 2006 y el 2 de agosto de 2007, se arrendaron en total unas 128.350 hectáreas de tierras fiscales en el Departamento Victoria a unos 109 adjudicatarios. De ellos, menos de la mitad (48) ocupaba el 80 por ciento (89.325 hectáreas) de las tierras arrendadas. Del total de la superficie arrendada, el 99 por ciento se utilizaba para ganadería». En el 2010, el gobierno de Entre Ríos decretó la finalización de los contratos de arrendamiento y la adjudicación de lotes del departamento Victoria bajo la figura jurídica de “permisos de uso” y en carácter gratuito. “La empresa de recuperar tierras estuvo animada por un “interés público” definido: que grandes concesiones agro-portuarias produjeran arroz en lugar de ganado bovino y carne. El proyecto no logró prosperar, y desde entonces las islas “públicas” son utilizadas principalmente por productores no residentes para ganadería”.

Laura Prol, una de las autoras del “Delta Invisible” dice: “hoy los actores son básicamente del sector del agronegocio y de la actividad ganadera en general. Y utilizan los campos con una racionalidad de costo – beneficio. Se recurre a las quemas para manejar pasturas porque es más económico que incorporar otro tipo de manejo de pasturas. Eso es uno de los factores más claros en la propagación de incendios asociados a la ganadería”.

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– Yo estoy convencido que puede haber un equilibrio entre la producción y la naturaleza. Hay puesteros que lo hacen y no sobrecargan la isla. Y mucho no se conoce, pero estos incendios han arrasado con apicultores, han perdido todas sus colmenas.

Lo que cuenta Pablo es lo que refuerzan las organizaciones ambientalistas que conocen y recorren las islas desde hace tiempo. Por eso, algunas son precavidas a la hora de pensar ciertas figuras jurídicas restrictivas que tengan por objeto la protección del humedal a costa, también, del desalojo de quienes habitan esos territorios.

Laura menciona, por ejemplo, la política que llevó adelante la Administración de Parques Nacionales durante el gobierno de Mauricio Macri. En el 2018 la Administración presidida por el empresario Eugenio Breard había iniciado acciones legales contra la comunidad mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, para que sea desalojada del predio bajo la juridiscción del Parque Nacional Nahuel Huapi. En el escrito al juez, el presidente de Parques Nacionales se refería al pueblo mapuche como “ocupantes y/o instrusos y/o poseedores y/o tenedores, que se encuentren asentados ilegalmente en el predio sito en la Ruta Nacional Nº 40 a la altura del kilómetro 2006”. Laura advierte: “son tierras que quedan bajo la órbita de Parques Nacionales. El problema es que cambia las administración y también cambian las políticas”.

Para la bióloga Vanesa Pacotti las políticas públicas deberían apoyar formas de producción y consumo armónicas con la naturaleza, considerando las particularidades de cada territorio. Es decir, fomentar las actividades económicas diversificadas y a pequeña escala y menciona como ejemplo la agroecología, el turismo rural y comunitario, la apicultura, el comercio justo.

Pero la realidad es otra y el fuego en las islas lo demuestra: “lo que vienen fomentando hace años y que está destruyendo todos los territorios del país es el agronegocio y el extractivismo. Lo que urge es cambiar el paradigma. ”.

Maximiliano Schulz es otro de los aliados que tiene el humedal. Al igual que Pablo, lo conoce desde chico. Lo recorre, lo retrata en fotografías, también lo escribe en palabras y relatos. Además lo enseña a través de talleres y travesías por el territorios. En declaraciones al periódico El Eslabón, Maximiliano dice: “algunos isleros saben hacer manejo de suelo sin quemar, pero son los menos. Esa gente se fue muriendo o dejando la isla y los ganaderos de ahora son empresarios que prefieren hacer soja-trigo-maíz en los campos continentales y aprovechar la isla para hacer ganadería. Los dueños de los terrenos de la isla son tan ignorantes que capaz que ni saben que se les está quemando la isla y hasta putean porque el humo les llega a sus casas en el continente. Son empresarios, gente que está en la antípoda de lo que es poner el lomo y caminar en el territorio”.

En enero de este año se realizó el primero Foro de Humedales en Villa Ocampo. La Declaración consensuada por más de 50 organizaciones incluía una serie de peticiones y recomendaciones al Estado. Entre ellas, una fundamental: el ordenamiento ambiental del territorio de islas.

Lo que vienen fomentando hace años y que está destruyendo todos los territorios del país es el agronegocio y el extractivismo. Lo que urge es cambiar el paradigma.

¿Qué significa? “considerar las distintas actividades que se podrían realizar en los humedales y las escalas y lugares en las que se podrían realizar”, dice Vanesa y pone un ejemplo: “si se considera que se podría hacer apicultura, ecoturismo, ganadería a baja escala, etc; el objetivo es ver dónde y cómo se realizarían, teniendo en cuenta las características de los humedales. El ordenamiento ambiental del territorio busca que las actividades sean acordes al ecosistema en el que se llevan a cabo y que puedan desarrollarse a lo largo del tiempo sin alterar las características, estructura y función del ecosistema; en vez de modificarlos para obtener la mayor ganancia a corto plazo posible”.

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PIECAS DP, Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, es la palabra que resuena en boca de todas las organizaciones ambientalistas. La otra es la tan peleada Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales. Aquí parece estar la clave para avanzar en una real protección del humedal, más allá del reciente proyecto del ley para declararlo “reserva natural”, presentado por el diputado nacional German Martinez.

“La salida de fondo es reactivar el PIECAS”, asegura Laura Prol. “En la provincia de Entre Ríos se avanzó con el Plan de Desarrollo Sustentable que se hizo a partir del Piecas para el delta entrerriano y que el gobernador Bordet no implementó. Por eso solicitamos que se dé una implementación efectiva de esos planes lo cual abre todo un proceso de articulación entre distintos actores”.

Una buena noticia llegó en mayo cuando el ministro Juan Cabandié anunció la reactivación de dicho Plan, paralizado desde el 2015. El Plan fue concebido como “una herramienta de ordenamiento ambiental del territorio”, con coordinación interjurisdiccional y articulación intersectorial. Las autoridades dispusieron que su elaboración e implementación se llevarían a cabo mediante consensos internos entre cada provincia y sus municipios, quedando la coordinación a cargo de un Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel.

El objetivo principal del PIECAS fue y es intentar soluciones viables a la problemática vinculada a los incendios recurrentes. Lo interesante es que en este plan los lineamientos formulados por los gobiernos retoman las recomendaciones de las organizaciones sociales: “cualquier intervención, ya sea en infraestructura o las originadas en actividades productivas deben ajustarse a las condiciones ecológicas y a la dinámica hídrica del Delta; ambas intervenciones deben llevarse a cabo en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones ecosistémicas de los humedales; y su desarrollo debe atender a las necesidades de la población local, y a la equidad social”.

Sin embargo, muy poco se avanzó en su real implementación. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación advertía en el 2015 sobre la existencia de terraplenes y endicamientos en el Delta entrerriano y también bonaerense. La Defensoría señalaba la falta de implementación de un plan operativo para efectivizar el PIECAS. Una vez más, las voces de las organizaciones que ya en el 2012 exigían la declaración de emergencia ambiental y la prohibición de endicamientos y terraplenes, eran ignoradas. El informe de la Defensoría era claro: de las veintisiete nuevas obras detectadas en islas entrerrianas en el 2014 por la Secretaría de Ambiente, sólo siete contaban con pedido de aprobación.

“Entre 2010 y 2014 se llevaron a cabo acciones fundamentales para avanzar en la concreción del PIECAS-DP. En 2015 y 2016 la provincia de Entre Ríos avanzó en la generación de un instrumento de gestión destinado a asegurar un desarrollo productivo sostenible de los humedales, con inclusión social y manteniendo los bienes y funciones ecosistémicas, conocido como Plan Delta Sustentable. En los años siguientes, ni el PIECAS-DP ni el Plan Delta Sustentable tuvieron avances en su implementación. A nivel legislativo tampoco prosperaron los sucesivos proyectos de creación del Comité encargado de implementar el PIECAS, como tampoco los de presupuestos mínimos de protección de humedales”, reafirman las organizaciones ambientalistas en un comunicado donde exigen su urgente institucionalización, la que permitirá asignar personal y presupuesto en las cuatro jurisdicciones a fin de implementar las propuestas y acciones ya establecidas en el Plan.

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-El daño ambiental no reconoce fronteras ni de tiempo ni de espacio, – dice Valeria Enderle, abogada ambientalista de la Fundación Cauce que tiene sede en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Más allá de que la mayor cantidad de tierras tiene jurisdicción en Entre Ríos, el daño afecta a otras provincias como Santa Fe. El humo llegó a Rosario y la Municipalidad radicó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Victoria. Lo mismo hizo la ciudad de San Lorenzo y Arroyo Seco y hasta el propio gobernador Bordet. Será tarea del poder judicial avanzar en las responsabilidades y en las multas para los dueños o arrendatarios de los campos donde se iniciaron los focos de incendio. “Hay varias fuentes de información que son los catastros provinciales y municipales y también datos del Senasa”, dice Laura y se refiere a la posibilidad de reconocer quiénes son los dueños de esas tierras. Una lista de nombres se difundió en los medios de comunicación y entre ellos, el apellido Baggio cobró resonancia.

“Después si realmente se avanza en la responsabilidad penal será tarea de la justicia. Es un delito generar daño en el ambiente que esta tipificado en el Código penal con una pena entre 3 y 10 años de prisión. Que realmente se pueda probar efectivamente que esa persona autorizó a que se realice el fuego, es una investigación que se tendrá que realizar la justicia y que eventualmente derivará en un juicio”, remarca la abogada de Cauce.

“Tenemos que identificar el lugar, su identidad, su origen, su extensión y ver quien es el responsable. Apuntamos a identificar quienes son los presuntos responsables, la investigación penal deberá determinar si fueron dolosos”, declaró a los medios de comunicación Carlos García Escalada, fiscal federal de Victoria a cargo de la investigación.

Al no tener una ley nacional de humedales, no hay un real control de lo que se realiza. Por eso nos parece sumamente importante que se reactive el PIECAS, porque es un plan que apunta específicamente a este humedal.

Hablar de derecho ambiental implica ante todo, recordar el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina como la Convención Ramsar que declara al Delta un sitio de área natural protegida. Pero también, señala Valeria, las leyes de Presupuestos Mínimos que establecen normativas generales para las provincias, las cuales podrán aumentar la protección de los territorios pero nunca legislar con normas que disminuyan lo que la ley nacional disponga.

Para la abogada ambientalista sin una ley de humedales, no existe un real control de lo que se realiza en islas. Por eso también destaca la reactivación del PIECAS como un paso fundamental. “Es un plan que apunta específicamente a este humedal, que tiene características propias. A nivel nacional vemos una intención política de avanzar en este sentido. Pero no observo lo mismo desde el gobierno de Entre Ríos más allá de la denuncia penal, creo que hubo actitudes de inacción u omisión porque sino no hubiéramos llegado a esta situación”.

“Argentina no cuenta con una Ley de humedales porque hay una gran cantidad de lobbys que se oponen: lobby minero, agropecuario, forestal, inmobiliario”, opina Jorge Bártoli para quien, todavía, existe un enorme desconocimiento de lo que significa el derecho ambiental. “Ahora hay muchas denuncias, pero no nos hacemos demasiadas ilusiones de que encuentren responsables y que haya sanciones”. En el mes de marzo, El Paraná No se Toca también radicó una denuncia en Victoria que acompañaron con imágenes satelitales de la Nasa para identificar los focos ígneos.

Poco o nada se hizo hasta ahora para avanzar en sanciones y responsabilidades penales.

Valeria Enderle sostiene que el derecho ambiental es un derecho transversal. “Una perspectiva” que necesariamente debe impregnar a todo el poder judicial. “Hay que ampliar miradas, y eso no sucede. Y también hay que animarse a ponerle un freno a los intereses económicos que en el caso de los agronegocios es palmario. Puede haber un juez de primera instancia que se logra posicionar frente a eso, pero después, un Tribunal Superior de Justicia que es totalmente atenuado”.

Taller Flotante es una organización que tiene su anclaje en la vecina ciudad de Victoria. A través de talleres, proyectos e investigaciones, sus integrantes conocen las islas y se sumergen para aprender todavía más de la riqueza del humedal. Soledad Ferrería, parte de la organización, aclara que las islas que se encuentran en el ejido del municipio pertenecen a la categoría de “reserva de usos múltiples según la normativa de ordenamiento urbano”. Pese a ello, no hay protección del humedal, tampoco son suficientes los recursos con los que cuenta la Delegación de Islas.  “Necesitamos una ley nacional de humedales. Necesitamos que se reactive el PIECAS, es una herramienta muy bien trabajada, es algo que ya existe en el que participó la sociedad civil y las universidades. Y necesitamos que se encuentre a los responsables de los incendios. Hay sistemas de georreferenciación que permiten saber de quiénes son los campos que están quemando para limpiar pasturas. Son decisiones políticas las que tienen que tomar, poner fin a ciertas prácticas que son insostenibles. No son viables, y mucho menos con esta bajante y esta sequía”.

Las organizaciones ambientalistas tienen en claro de qué manera se debe avanzar después de que el humo desaparezca, el fuego se atenúe y la agenda mediática y política ponga la mira en otras problemáticas: institucionalizar el PIECAS y sancionar una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para Humedales. “La participación popular y ciudadana está presente desde los lineamientos hasta las acciones a implementar. En ese marco es donde se deben tratar propuestas como la anunciada por el ministro, de creación de nuevas áreas protegidas en un territorio de gran complejidad ambiental, socio-económica y cultural como el Delta”, remarcan.

¿Qué hacemos después de apagar el fuego? se pregunta Laura Prol. Las respuestas suelen ser coyunturales. Ella apunta a lo estructural: “asignar presupuesto, que las provincias designen responsables del plan y avanzar en políticas concretas. Nuestra labor será seguir insistiendo con distintas acciones”.

Vanesa Pacotti entiende que una Ley de Humedales permitiría que se reconozcan estos ecosistemas, individualizándolos por sus características. “En dos ocasiones se presentaron proyectos de ley de humedales, escritos por las organizaciones socioambientales junto con grupos de investigación de humedales del CONICET, pero fueron boicoteados por los lobbies productivistas que no entienden que lo que garantizaría esa ley es una producción sustentable a largo plazo, conservando y protegiendo los humedales, en vez de extraerles todo lo posible hasta destruirlos”.

El gobierno de Entre Ríos y Santa Fe junto al Ministerio de Ambiente de la Nación dicen coordinar estrategias para detener los focos. De fondo, subyace un enorme interrogante: ¿serán capaces de poner freno a la voracidad de un modelo productivista que es incompatible con el desarrollo sustentable en el territorio de islas?

Pablo, el aliado incondicional del Paraná, el que encontró en estas tierra “su lugar en el mundo” cuenta que es notable como cambia el paisaje de la isla en los lugares donde no hay quema. “A veces es tan impenetrable la vegetación que no podés caminar”.

Opina también, con cierta ironía y dolor que tal vez “lo único positivo que trajo las quemas de las islas es que más personas las descubrieran, que los organismos del Estado al que nos cansamos de golpear las puertas ahora parecieran escuchar, el humo es solo la punta del iceberg de lo que sucede en los humedales”.

El 13 de junio compartió imágenes en su cuenta de Facebook, tras haber recorrido la isla durante unas horas y decía: “fue una alegría ver que su fauna sobrevive donde no llego el fuego. Incluso pude ver a la distancia salir de la laguna al roedor más grande del mundo, tan perseguido por nuestra especie. El carpincho es una especie que está prohibida cazar en las islas, pero todos sabemos que su protección esta solo en los papeles. Lamentablemente si no paran a los que incendian y terraplenan el humedal, es muy probable que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de toda la magia que este lugar único guarda”.