Más de veinte patrulleros para arrestar a un grupo de pibes que jugaban al fútbol en un potrero de barrio. Un chico de 26 años presentó en fiscalía una denuncia por torturas y tratos crueles. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia aseguran que investigarán todas las irregularidades policiales registradas durante el aislamiento.
[dropcap]E[/dropcap]n la esquina de la Avenida Casiano Casas y Larrechea, norte rosarino, se hizo lugar un potrero. Dos arcos improvisados en un triángulo de tierra delimitado por las calles y los Fonavi levantados a su alrededor. El 29 de mayo pasado un grupito de pibes cometió la ingenuidad de asomarse a la cancha y pelotear. Sin reparar en que no podían hacerlo porque ni siquiera la flexibilización del aislamiento en Rosario todavía permite el fútbol y otros deportes de grupos. Sin reparar en que podían estar regalándose a la prepotencia policial: qué podía esperarse de esta policía, ya acostumbrada al maltrato, ahora con más excusas para su despliegue.
Eran las cinco de la tarde de ese viernes, los pibes pateaban la pelota. Se confiaron cuando un patrullero pasó y les tiró con las sirenas un mensaje un tanto abstracto. Los pibes podrían haber decodificado ese sonido como una advertencia. Pero prefirieron tomarlo como una insignificancia fácil de sortear. Se dispersaron y volvieron un par de minutos después. Para la segunda ocasión no hubo advertencia: comenzó el desmadre.
Los pibes llegaron a contar unos veinte patrulleros, entre autos y camionetas, que hicieron una suerte de cerrojo. Bajaron varios policías y los empezaron a correr. Algunos zafaron, a otros los agarraron. Hubo policías que dispararon al aire, otros que pegaron. Hubo policías que se metieron a casas, otros que golpearon a vecinos que intentaron mediar. Todo con insultos, algo que se repite en cada relato de la violencia policial: pareciera que les encanta putear y denigrar.
En el voleo hubo tres pibes y la madre de uno de ellos que no pudieron escurrirse. Damián, Tomás, Leonor y su hijo Samuel, menor de edad. Damián tiene 26 años y es quien hizo la denuncia ante el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, titular de la Unidad de Violencia Institucional. A la emboscada en el potrero, según contó, le continuaron más golpes y humillaciones. A él le dieron una trompada que le fracturó la nariz y le dejó un moretón en el ojo derecho. “Tan fuerte fue la piña que el mismo funcionario policial se lesionó su mano al impactar con mi rostro, lo que generó que me intentaran endilgar el delito de lesiones”, dice la denuncia presentada. Damián aseguró que no pateó la mano de nadie y que ese intento de los policías por imponer una versión de los hechos que los protegiera o los justificara no fue el único. Los otros tres chicos, a quienes subieron a un patrullero distinto al de Damián, escucharon cómo planeaban la coartada con una supuesta apedreada a los patrulleros como excusa para el operativo.
“Me pasearon de un móvil a otro, primero me arrojaron a la caja de una camioneta, y luego me subieron a un automóvil”, contó Damián. Los llevaron a la Comisaría 30, la del barrio, por calle Superí llegando a Casiano Casas, a trescientos metros de la cancha. Ahí estuvieron unos minutos arriba de los patrulleros, después los pasearon por la zona donde había comenzado el problema. Al final los llevaron a la Comisaría 10, que está a unos dos kilómetros del barrio. En ese mismo lugar de donde salió sin vida la docente María de los Ángeles Paris a los chicos los desnudaron. A Damián lo apartaron a un calabozo distinto al de las otras tres personas, y según el relato la saña policial se enfocó en él.
Cuando los policías vieron que Damián estaba lastimado lo llevaron al Hospital Alberdi. Pero antes le pegaron un poco más. Lo hicieron desfilar por debajo de una suerte de túnel hecho por el cuerpo de los policías mientras le pegaban. De camino al hospital le sugirieron que no contara nada sobre los golpes, que dijera que se había lastimado jugando al fútbol. Y eso hizo, por miedo, cuando tuvo que contarlo vigilado por los policías. Una vez que volvieron a la Comisaría 10 lo obligaron a desnudarse otra vez y lo dejaron en una oficina con computadoras. Ahí le pegaron, varones y mujeres, mientras lo tenían esposado y arrodillado. Damián contó que vio cómo después de esa segunda tanda de golpes los policías se pusieron a tomar cerveza que tenían en una heladera. Cerca de las tres de la mañana, quizás cuando el hostigamiento perdió la gracia, liberaron a Damián, que fue el último en irse.
El abogado Guillermo Campana de la organización Causa, que patrocina a Damián, analizó en la denuncia presentada distintas irregularidades en el operativo policial que van más allá de las torturas y golpes. Uno de los chicos vio a un oficial disparando hacia arriba con su arma reglamentaria, es decir con balas de plomo, y a otro que lo hacía con una escopeta. Después vieron cómo cercaron la zona del procedimiento y levantaron vainas del piso. Además, una vez detenidos los chicos y la mujer, no se comunicaron con el Servicio Público de la Defensa Penal ni les ofrecieron hacerlo con un abogado particular, por lo que quedaron sin asesoramiento al momento de ser acusados por infracción al aislamiento, por resistencia a la autoridad y lesiones graves. Tampoco se dio aviso al Juzgado de Menores sobre la detención de Samuel.
“Surge a las claras que nos encontramos frente a prácticas inaceptables en el marco de un estado de derecho, que preliminarmente configuran los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dice la denuncia presentada en fiscalía. Campana dialogó con Enredando y enmarcó este hecho en un contexto de violencia policial que incrementó durante la cuarentena. “Se conjuga con los despliegues policiales que hubo para ejercer un control duro sobre la cuarentena, que implicó un incremento en la intensidad de los maltratos y abusos policiales”, explicó. En referencia al hecho puntual sostuvo: “Fue en una canchita de fútbol en un barrio, donde evidentemente se estaba violando la disposición del aislamiento. Pero eso no justifica ni amerita que más de veinte móviles policiales realicen un tremendo despliegue en el barrio persiguiendo a todos, para ver si podían capturar a uno de los que jugaban. Eso marca la desproporción entre los despliegues de los operativos y el hecho que se está tratando de evitar. Porque sobre todo en este caso cuando llegaron los móviles hubo dispersión de los pibes, pero los salieron a capturar como si fueran un botín de guerra”.
A su vez Campana llamó la atención sobre un detalle en el procedimiento policial: que no se haya notificado al SPPDP, a un abogado particular o al Juzgado de Menores implica una irregularidad con trasfondo. “Tiene que ver con formas clandestinas de proceder de la misma fuerza policial, que realiza procedimientos que muchas veces no son registrados, o son registrados con posterioridad omitiendo o salvando irregularidades que en la generalidad de los casos no salen a la luz”, analizó. Un factor del proceder policial que da cuenta de un ejercicio aceitado de la violencia y corrupción institucional.
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Desde el 20 de marzo, día en que comenzó a regir por Decreto de Necesidad y Urgencia el aislamiento social preventivo y obligatorio, los casos de violencia policial aparecieron de la mano a los operativos para controlar la cuarentena. La diferencia en el rigor policial se marcó entonces en los sectores sociales. Se conocieron videos de operativos en el centro y en los barrios, con la distancia notoria en el uso de la violencia. Con el correr de los días, con las flexibilizaciones del aislamiento, la cuestión se descontracturó pero la severidad policial -y su violencia- continuó en algunos sectores. Acaso los mismos que la padecían antes de todo esto. En todo caso pareciera que el aislamiento social potenció a ciertos policías que creyeron estar legitimados para desplegar sin pudor sus costumbres violentas.
Para mediados de mayo el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, presentó al Ejecutivo de la provincia un pedido de comunicación a raíz del registro de más de treinta casos de abusos que habían tenido lugar en poco más de un mes de aislamiento social. Desde detenciones arbitrarias en la vía pública hasta maltratos físicos, robos, extorsiones y allanamientos ilegales. El pedido sugirió al Ministerio de Seguridad de la provincia que comunicara si había instruido a las fuerzas policiales “a respetar irrestrictamente los derechos humanos de las y los ciudadanos en el marco de las intervenciones desplegadas”. Así también pidieron que se informe si el Ministerio había tomado conocimiento de los hechos denunciados y si habían iniciado investigaciones al respecto.
En tanto el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, se expresó al respecto en su cuenta de Twitter el pasado 14 de junio. “Todos los hechos denunciados o conocidos de abusos, infracciones o delitos cometidos por personal policial durante la cuarentena fueron abordados por la Agencia de Control Policial e investigados”, indicó a la vez que compartió un informe hecho por esa agencia. “Las prácticas abusivas y delictivas de la policía serán siempre un problema que tendremos que afrontar en democracia. Lo que no debe haber es tapadera oficial de las mismas, debe tratarse en todos los niveles para prevenirlas y debe haber un sistema de control policial eficiente”, agregó.
El informe en cuestión, firmado por Diego Rodríguez, subsecretario de Control Institucional, abarca el período desde el 21 de marzo hasta el 26 de mayo. Explica que, por el contexto de aislamiento, el medio más utilizado para las denuncias fue la línea telefónica gratuita, mediante la cual se registraron 201 posibles irregularidades en toda la provincia. De ese total 101 correspondieron a la Unidad Regional II, del departamento Rosario.
Las irregularidades de las que habla el informe van desde la inacción policial ante la denuncia de un ciudadano por un posible incumplimiento de la cuarentena, hasta malos tratos, apremios ilegales, faltas de medidas de seguridad en comisarías, amenazas, robo de dinero o elementos, entre otros. Uno de los hechos que se detalla se registró el 25 de abril en Rosario cuando tres chicos de nacionalidad peruana fueron detenidos en la verdulería de uno de ellos cuando salieron a tirar la basura a un contenedor. Los denunciantes dijeron que la policía los golpeó y que entraron ilegalmente a un estacionamiento privado para detener a uno de los chicos.
Para el ministro Sain “el sistema de control policial en Santa Fe es vetusto e inadecuado”. Por eso desde el Ministerio se elaboró un proyecto de ley de “Control del Sistema Policial de la provincia de Santa Fe”. El pasado 17 de junio Sain participó de un ciclo de videoconferencias llamado “Lineamientos del nuevo sistema de seguridad y policial de Santa Fe” donde especificó las intenciones del proyecto de ley. “En la actualidad vemos cuatro grandes problemas: violencia institucional, corrupción institucional, vinculaciones con el crimen o violencia de género. En esto queremos enfocarnos para profesionalizar a la policía”, explicó Sain.
