Vicentín SAIC es mucho más que la mayor empresa de molienda y una de las primeras agroexportadoras del país. Es un complejo entramado de firmas y rubros que, en junio del 2019, se posicionó en el puesto número siete entre los emprendimientos con mayor facturación, con un volumen de ventas que alcanzó los 118.015 millones de pesos. La «Familia Vicentín», que tiene hoy a su tercera generación al frente de los negocios, ocupa el puesto 26 entre las 50 familias más ricas de Argentina, con una fortuna que asciende a 560 millones de dólares. Claro que la expansión de Vicentín, y su buena fortuna, se dio a expensas de la mano de los dineros del Estado, a través de generosos créditos y maniobras fraudulentas.
Foto: Sebastián Granata / Agencia Télam
[dropcap]V[/dropcap]icentín SAIC es el sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados, con una participación del 9% de todo el mercado, y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, aceites y harinas. Nacida en 1929 en Avellaneda, de la mano de los hermanos italianos Roberto, Máximo y Pedro Vicentín, la firma cuenta hoy con una veintena de empresas controladas o vinculadas, con actividades ligadas al comercio de granos; procesamiento de cereales y oleaginosas para la producción y comercialización en forma de aceites, harinas y pellets; una integración vertical del proceso algodonero a través de Algodonera Avellaneda; la producción de biodiesel mediante su Planta Renova, donde tiene una participación accionaria mayoritaria; la elaboración de jugo concentrado de uva en la provincia de San Juan, por intermedio de ENAV; 20.000 cabezas de ganado bovino en sistemas intensivos de engorde; un proyecto vitivinícola de alta gama con Vicentín Family Wines; elaboración y comercialización de miel, bajo la firma Promiel; cuenta con presencia en terminales portuarias, a través de Playa Puerto (orden y pesaje de camiones) y Terminal Puerto Rosario, y hasta se animó –en agosto del 2018- al rubro inmobiliario para la construcción y reparación de edificios, con el nombre Vicentín Desarrollos SA. Bajo esa designación, promovió en Reconquista la demolición del edificio histórico que albergó al primer almacén de Ramos Generales de la ciudad, nacido en 1898, para levantar en su lugar una moderna torre de 20 pisos con una inversión de 25 millones de dólares.
Una expansión que tiene hoy a «la tercera generación» de la familia en el directorio, y que la propia información oficial define así: «La visión y la pasión puesta en el porvenir».
Sin embargo, y contra todos los pronósticos, entre fines del 2019 y principios del año en curso la firma entró en cesación de pagos, y pidió -y obtuvo- el concurso preventivo. Ante la situación, el Gobierno Nacional dispuso la intervención del gerenciamiento y administración de Vicentín para «asegurar la continuidad de la empresa», y anunció el envío de un proyecto de Ley a la legislatura nacional, propiciando su expropiación.
Lo que sigue es parte de una crónica anunciada –y repetida- de negocios privados con fondos públicos.
Una pequeña ayudita
Como lo registra el diputado provincial Carlos del Frade, hacia junio de 2019 el ranking de la revista Mercado posicionó a Vicentín en el puesto número 7 entre las mil empresas con mayor facturación, con un volumen de ventas que alcanzó los 118.015 millones de pesos. «Eran cifras del presupuesto 2018», advierte del Frade. Y puntualiza: «En 2015, Vicentín fue la empresa número 25. Su facturación fue de 27.100 millones de pesos. En cuatro años, Vicentín pasó del puesto número 25 al 7, entre las mil empresas que más venden en la Argentina».
En forma paralela, la «Familia Vicentín» ocupa el puesto 26 entre las 50 familias más ricas de Argentina, con una fortuna que asciende a 560 millones de dólares, según reveló la revista Forbes, en su edición de junio del 2019.
Claro que la expansión de Vicentín se dio a expensas de la mano del Estado, a través de los generosos créditos proporcionados por la banca pública.
«En 2015, Vicentín fue la empresa número 25. Su facturación fue de 27.100 millones de pesos. En cuatro años, Vicentín pasó del puesto número 25 al 7, entre las mil empresas que más venden en la Argentina».
«Desde hace muchísimos años, el Banco de la Nación es el principal banco local de Vicentín», puede leerse en el escrito «Relación histórica Banco Nación Argentina», presentado ante la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados por los propios directivos de la firma, el 14 de mayo de 2020. Allí se señala también que «el Banco Nación fue uno de los pilares de su operatoria», y que «la evolución de la línea crediticia tiene evidente relación con el crecimiento de la Sociedad».
Los números reflejan esa relación: para el año 2002, Vicentín tenía una deuda con el Banco Nación de 30 millones de dólares. En 2015, la deuda ascendía a 150 millones de dólares. «Desde 2002 a 2015, la deuda de Vicentín con el Banco Nación aumentó en 120 millones de dólares (30 millones entonces, 150 millones al terminar 2015). 120 millones de dólares en 13 años», señala el Primer Informe de la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
Los buenos tiempos de Vicentín
La facturación de la empresa creció un 66,7% en el año 2016 y un 35% en el 2017, para alcanzar un crecimiento en el año 2018 del 92,4%. Casi 9 de cada diez pesos facturados provenían de sus exportaciones. Su ganancia bruta fue de 30.186 millones de pesos.
Sin embargo, sólo en diciembre de ese 2018 el Banco Nación le otorgó 8 créditos a la empresa.
El 2019 fue la panacea: 2 créditos otorgados por el Banco Nación en abril; 12 créditos en mayo; 10 en junio; 11 en julio; en noviembre se le otorgaron 28 préstamos, casi uno por día.
De los 18.182,3 millones de pesos que conforman la deuda total con el Banco Nación, casi la tercera parte (5.785,4 millones de pesos) responde a créditos que le fueron otorgados entre el 8 y el 26 de noviembre, con la institución todavía bajo la presidencia de Javier González Fraga, y con la empresa en cesación de pagos.
«En diciembre de 2019, la deuda de Vicentín con el Banco Nación terminó siendo de 300 millones de dólares. En cuatro años aumentó 150 millones de dólares», sentencia el Informe de la Comisión.
Stress o resaca
El 5 de diciembre del 2019, pocos días antes de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación, Vicentín declaró «stress financiero»: los directivos declararon que su deuda era «impagable», y anunciaron el inicio un proceso de reestructuración de pagos.
En febrero de este año, la empresa realizó el pedido de concurso preventivo por cesación de pagos, y el 5 de marzo el Juez Fabián Lorenzini del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, resolvió la apertura del mismo.
En primera instancia, la empresa denunció un total de 2.368 acreedores, a quienes declara adeudar un total de 99.345,2 millones de pesos.
La deuda bancaria de la firma asciende a 23.500 millones de pesos, con 18.000 millones de pesos de ese total tomados con el Banco Nación. El mapa de deudas se completa con cheques rechazados por una suma que supera los 60 millones de pesos.
Entre los principales acreedores se encuentran la Corporación Financiera Internacional (CFI), a la que se deben $16.504,81 millones; la firma holandesa Netherlandese Financerings ($9.228,42 millones); Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), acreedora de $ 4.929,06 millones; ING Bank – Tokyo Branch ($4.420,04 millones), la santafesina Commodities SA ($2.780,94 millones) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires ($1.814,31 millones).
La crisis denunciada por Vicentín golpea directamente a toda la cadena de valor del agro, con centro en la provincia de Santa Fe: como lo denunciaron varios legisladores provinciales, además de los acreedores de la firma se ven afectados corredores, productores, asociaciones y cooperativas; al tiempo que existe riesgo cierto para 5.628 puestos de trabajo directos, mientras se estima el triple de puestos laborales indirectos en peligro de perderse.
Expropiación y después
Ante la situación crítica, las denuncias judiciales y la extensión de los plazos procesales de la convocatoria (que llegan hasta agosto del 2021), el Gobierno Nacional dispuso la intervención del gerenciamiento y administración de Vicentín por un plazo de sesenta días. Los objetivos son «asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, proteger los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general». En forma paralela, se anunció el envío de un proyecto de Ley a la legislatura nacional, propiciando «la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa Vicentín SAIC y la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado nacional y el Fiduciante la empresa YPF SA, a través de YPF AGRO SA».
La intervención y expropiación de Vicentín puede constituirse en una herramienta de intervención pública en un mercado difícil, de fuerte concentración: la firma es la mayor empresa de molienda, y la sexta agroexportadora del país, pero representa sólo el 9% del total de esas exportaciones.
El ex director titular de Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo, Pedro Peretti, señaló que «en un documento en el que habíamos reclamado la intervención de Vicentín, planteamos la necesidad de una empresa pública con control social, donde deben estar los trabajadores, el movimiento cooperativo, los consumidores y el Estado». Y amplió: «es una decisión estratégica e irreprochable para la Argentina, que veníamos reclamando. Argentina debe re-discutir su forma de producir alimentos, porque es un mito urbano -construido por la derecha- esta idea que la economía agraria argentina es eficiente. Hay una concentración monopólica y una irracionalidad logística que no tiene parangón, que lleva a desperdiciar y a gastar fletes y todo lo contraindicado para esta etapa del mundo».
Al mismo tiempo, la senadora de la Nación, María de los Ángeles Sacnun, puso de manifiesto la dimensión política y económica de una intervención donde «el Estado muestra el camino a seguir: tomar las riendas de la economía; controlar los puertos; garantizar una cadena productiva que se acerque a los pequeños y medianos productores, y a las cooperativas». Para la legisladora, «es necesario democratizar la cadena alimentaria, incluir a todos los sectores. Estaban solicitando discutir el camino post pandemia de la economía. Bueno: éste es el camino. Hay que poner los intereses nacionales por encima de las mezquindades político partidarias».
El desafío abierto
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior del complejo agroindustrial que informa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, revelan que COFCO (China National Cereals, Oil & Foodstuffs, propietaria de Nidera y Noble) lidera el ranking de exportadores con el 15% de las ventas totales; y le siguen Cargill (12% del volumen total); Archer Daniels Midland (ADM) con el 11% de las 97,5 millones de toneladas que Argentina vendió de granos y productos derivados en la campaña 2018/19) y Bunge, con un 9%. Es decir: el 48% de las exportaciones del país está concentrado en cuatro empresas trasnacionales. La primera de capitales nacionales, Aceitera General Deheza, aparece en el quinto lugar.
Un mercado que sufre la dependencia del 90% del mercado de semillas transgénicas (soja y maíz) del sistema de patentes; junto con agrotóxicos e insumos, de corporaciones transnacionales; y que –además- avanza en la integración oligopólica: el último 31 de marzo, Covantis SA -la compañía fundada por ADM, Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture que «modernizará las operaciones comerciales a nivel mundial»- anunció su lanzamiento como entidad legal, y estableció su sede en Ginebra, Suiza.
El 48% de las exportaciones del país está concentrado en cuatro empresas trasnacionales. La primera de capitales nacionales, Aceitera General Deheza, aparece en el quinto lugar.
«De ahora en más, el futuro está abierto», advierte el periodista y diputado provincial Carlos del Frade. Y recuerda que «es imprescindible democratizar la democracia. Dotar lo que viene de la máxima transparencia y con la máxima presencia santafesina por respeto a lo que vienen haciendo las miles de familias que hicieron grande a Vicentín. Una empresa pública, mixta, que permita la participación de trabajadores, productores, cooperativas y el conocimiento de profesionales surgidos de las universidades de Rosario y el Litoral puede alumbrar un nuevo modo de Estado ágil, inteligente, sensible y activo a favor de las grandes mayorías que termine para siempre con las películas repetidas que presentan la careta de un estado cómplice».
Las voces
Ante los anuncios del gobierno nacional, el Comité de Acción Gremial de Federación Agraria Argentina emitió un comunicado, donde remarcaron su preocupación porque «las autoridades del Ejecutivo han dispuesto intervenir no sólo una empresa privada, sino sobre otro poder del Estado. Es decir, se metió de lleno en una empresa que está en pleno proceso de concurso en la justicia, quitándola de ese ámbito». El Comité definió también que «el presidente de la Nación habló de asegurar la soberanía alimentaria y de dar lugar al modo cooperativo para la gestión. Como entidad estamos de acuerdo con asegurar la soberanía alimentaria, como expresamos desde hace años, especialmente en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar, aunque creemos que este no es el modo de hacerlo. El camino es consolidar a los productores de escala más pequeña darle oportunidades y herramientas; en este caso hablamos de una de las principales exportadoras del país».
Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresaron, mientras tanto, el apoyo a la decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentín: «Es una empresa que en manos del Estado tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos, importancia que se acrecienta en el marco de la Emergencia Sanitaria». Para el gremio, la intervención «debe profundizar las investigaciones en curso por el vaciamiento de la empresa tras los créditos millonarios que recibió del Banco Nación bajo el anterior gobierno, como así también las complejas estructuras corporativas que radican sucursales en el exterior, que se venden a sí mismas y esconden del Estado las ganancias que desaparecen y se fugan».
Las trabajadoras y trabajadores aceiteros demandaron, también, «ser partícipes en gestión y control de la producción y la dirección, tal cual establece el mandato contemplado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
Por su parte, el MOS (Movimiento Obrero Santafesino) hizo público su apoyo al «salvataje de la empresa Vicentín, mediante el proyecto de ley de expropiación que deberá resolver el Congreso de la Nación, y su consecuente intervención preventiva para evitar maniobras de vaciamiento o cualquier tipo de especulación».
«Están en juego la continuidad de más de 6000 puestos de trabajo directo y miles de productores y trabajadores rurales», señaló la entidad en un comunicado, y consignó: «Coherente con la posición asumida desde el primer día que conocimos el problema de las y los trabajadoras de la empresa Vicentín hoy nos expresamos dando nuestro total respaldo a la decisión tomada por el Señor Presidente de la Nación Alberto Fernández en el sentido de intervenir la empresa Vicentín y enviar un proyecto de Ley para su expropiación».
El camino de la justicia
El Primer Informe realizado por Claudio Lozano, flamante director del Banco Nación, es contundente: «ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera de Vicentín», expresa.
«Estamos hablando del incumplimiento de una empresa que en el periodo 2015 – 2018 no hizo más que expandir su facturación. Es más, si tomamos los últimos 14 años, solo en el 2013 exhibe una ligera retracción de sus ventas», puntualiza el escrito; que remarca también: «En el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco Nación supero los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el Ente Regulador para las Grandes Empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las Gerencias a cargo. Es decir las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión».
«Sin embargo, los pasillos del Banco Nación cuentan que en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentín para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa», advierte el trabajo.
González Fraga está hoy imputado ante la Justicia, junto con los responsables de la firma, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. «Se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentín», señala la presentación del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que tramita el juez federal Julián Ercolini.
Pocos días después de la imputación, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en esa causa, y acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga, y a los directivos de Vicentín de varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales; y solicitó la inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados.
«Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentín no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior», señala la presentación de la UIF.
«Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentín no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero.»
El muerto de Macri
Tal y como resume el Informe del director del Banco Nación, Claudio Lozano, «la compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estress financiero». Y sigue: «Por si esto fuera poco, los juicios de la AFIP contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. Dicho de otro modo la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones».
«Claramente ‘el muerto’ que la administración Macri – Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera», concluye de manera contundente el Informe.
Fuentes:
– Causa «VICENTÍN S.A.I.C. S/CONCURSO PREVENTIVO» – Expte. Nro. 21-25023953-7.
– Primer Informe de la Comisión de Información y Seguimiento de la empresa Vicentín SAIC. Creada por Resolución Nro. 1305, en sesión del 7 de mayo del 2020.
– Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentín. Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina.
– Segundo Informe sobre la situación de la firma Vicentín. Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina.
– Proyecto de Declaración Expte 33914. Diputada provincial Lucila de Ponti. Ingresado el 9 de junio de 2020.
– Propuesta para un amplio debate nacional: Caso Vicentín. Diputado nacional Juan Carlos Alderete.
– Vicentín debe ser una empresa pública no estatal. Por Carlos del Frade, Ana Galmarini, Claudio Lozano, Mempo Giardinelli, Pino Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Pedro Peretti y otros.
– Revista Forbes. «Ranking: los 50 más ricos de la Argentina». Junio de 2019.
– Revista Mercado. «Las Mil». Junio 2019.
