Dialogar con nuestro pasado reciente y doloroso. Decir Nunca Más es también gritar Ni Una Menos. El 14 de mayo se consideró por primera vez en Rosario a la violencia sexual como un delito de lesa humanidad en el fallo que condenó a dos represores en la megacausa Feced III y IV. El rol clave de la justicia y la perspectiva feminista para transformarlo todo.
[dropcap]H[/dropcap]ay violencias machistas que no nos han dejado de pasar. Que se inscriben como huellas pasadas y presentes sobre nuestros cuerpos de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Nombrarlas es una forma de reparar tanto dolor. Poder decir; que lo indecible se transforme en grito. Lo personal es político; tan político como son nuestros cuerpos y todas y cada una de esas marcas violentas que cargamos en la memoria.
La expresión más extrema de la violencia patriarcal es el femicidio. En los medios de comunicación le decían “crimen pasional” hasta no hace demasiado tiempo. Fue una conquista del movimiento feminista visibilizar y nombrar a estas violencias como debe ser. Hoy las condenas a los femicidas llevan un agravante: la violencia de género. Y aunque todavía no lo establezca así el Código Penal Argentino, los asesinatos contra las identidades que rompen con el binarismo y el modelo sexogenérico impuesto, también tienen nombre: son travesticidios, lesbicidios, transfemicidios. La lucha es intensa en los recintos de los Tribunales, y cada fallo reparatorio se celebra como una conquista. Así lo fue con la condena a los asesinos de la dirigente travesti Diana Sacayan donde por primera vez la justicia reconoció la figura de travesticidio. Pero también explota el repudio cuando la sentencia tiene un claro sesgo machista como ocurrió con el lesbicidio de la Pepa Gaitán o el femicidio de Lucía Perez.
El movimiento feminista ya no calla. Con oleajes y mareas, va desandando un camino de silencios y estigmas. El 3 de junio se cumplen cinco años del Ni una Menos, ese grito colectivo que parió el hartazgo frente a tanto crimen femicida. Las movilizaciones en las calles son masivas. Los feminismos interpelan todo porque, bajo este sistema heteronormativo, no hay manera de construir una vida libre de violencias misóginas, homo y transodiantes. La pedagogía de la crueldad se impone como método de disciplinamiento y castigo. Así lo fue en dictadura y así lo es en democracia. Frente a eso, la respuesta también es pedagógica: más feminismo, más sensibilidad, más memoria. El camino es tan largo como paciente. No nació el 3 de junio de 2015. Lleva años, muchísimos, resignificándose en historias de luchas. Lleva pañuelos verdes, pañuelos blancos y lleva las banderas del color de la furia travesti y trans.
¿Cómo puede, entonces, la resistencia y la sobrevivencia durante el Terrorismo de Estado, pensarse desde la trama feminista? Y al mismo tiempo, ¿cómo pueden los feminismos de este presente rastrear aquellas huellas de la lucha armada y política de las mujeres guerrilleras de los años 70, de las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, de las madres y las abuelas amas de casa que además de politizar el sentido de la maternidad, fueron capaces de encarnar la lucha más visceral de la historia argentina?
Uno de los tantos puntos de intersección lo constituye el avance en el juzgamiento de los delitos de violencia sexual cometidos contra mujeres e identidades feminizadas en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico—militar. Por un lado, por lo que significa el valor reparador de la palabra para quienes han sido y continúan siendo víctimas de abusos y violaciones. Por el otro, por la potencia del movimiento feminista que está logrando, con mucho esfuerzo, transformar los cimientos machistas de un poder judicial tan reticente a la escucha respetuosa de estas violencias.
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Ana Oberlin fue la fiscal ad hoc, junto al fiscal Adolfo Villate, en el juicio de la megacausa Feced III y IV que se llevó a cabo en Rosario y que tuvo su sentencia el jueves 14 de mayo. Su papá, René Oberlín, es uno de los 30 mil detenidos desaparecidos durante el Terrorismo de Estado. Ana abrazó el camino de la verdad, de la memoria y la justicia como abogada y militante de H.I.J.O.S Rosario, como funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hasta el 2015 y como activista y militante feminista. Dice que los feminismos en Argentina y el movimiento de derechos humanos se nutren mutuamente. Que este país tiene una enorme tradición de lucha en las calles y que muchas militantes feministas también fueron militantes políticas de los años 70 y 80. El diálogo es transversal e intergeneracional.
“El feminismo se nutre de este pueblo argentino que salió a pelear fuertemente por los derechos humanos. Y por otro lado, el movimiento feminista nos permitió revisitar las violencias estatales del Terrorismo de Estado en clave feminista. Cuando hacemos memoria, memorias que tienen en cuenta este tipo de violencias machistas en el contexto del terrorismo de Estado, volvemos a revisitar ese pasado y a encontrar también como fueron silenciadas un montón de violencias.”, dice Ana.
“Grietas en el silencio” es la investigación que impulsaron dos organizaciones feministas, Cladem e Insegnar, sobre la violencia sexual ejercida durante el terrorismo de Estado. Son seis sus autoras e investigadoras: Analía Aucía, Florencia Barrera, Celina Berterame, Susana Chiarotti, Alejandra Paolini y Cristina Zurutuza. El libro se presentó en Rosario el 11 de noviembre del año 2011. Fue una fecha histórica porque por primera vez en la ciudad el represor Mario Marcote, alias el Cura, era indagado por la justicia federal por el delito de violencia sexual tal como lo había solicitado la querella en el marco de la causa Díaz Bessone. El testimonio de Stella Hernandez, querellante y sobreviviente, fue clave. Ese día, durante la presentación de la investigación llevada adelante por estas dos organizaciones feministas, dijo: “Si había algo que me molestaba era pensar que cuando él (Marcote) estaba en el Tribunal, muchas compañeras no podían denunciar lo que este tipo había hecho, yo lo califiqué como un violador serial. Y yo sentía que había una doble impunidad: él estaba frente a sus víctimas que no lo podían denunciar. Seguía siendo impune. Entonces, sentí que pedir que la violencia sexual sea un delito de lesa humanidad fue liberador y espero que sirva para abrir el camino a otras voces, a otros testimonios que no lo han podido decir. No es sencillo sentarse ante un tribunal, testimoniar ante la prensa, la sociedad, es muy complejo y difícil. Hemos pasado por un trauma, una catástrofe que no es individual. Nos pasó como sociedad, a todos. De este trauma, solo se sale con la reparación que nos da la justicia.”
La justicia tardó demasiados años en comenzar a otorgar un sentido reparatorio a las víctimas a través de sus fallos. La primera sentencia que consideró a la violencia sexual como un delito de lesa humanidad fue recién en el año 2010 contra el represor Gregorio Molina por los delitos cometidos en el CCD La Cueva. El fallo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata marcó un precedente fundamental en Argentina.
Sin embargo el último registro de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscal Ángeles Ramos, verifica que a marzo de 2020 sólo el 13% de las sentencias dictadas abordan los delitos de violencia sexual de manera autónoma, es decir, no subsumidos bajo la denominación genérica de torturas y tormentos. De las 241 sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad, solo 31 contemplan delitos por violencia sexual. Y de estas, se dictaron condenas por hechos que damnificaron a 112 víctimas, 97 mujeres y 15 varones. Desde el año 2012 el Ministerio Público Fiscal de la Nación impulsa la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado, considerándolos delitos autónomos, buscando visibilizarlos y para establecer responsabilidades.
“Estamos obligadxs a tener en cuenta esta situación de desigualdad estructural en la que estamos las mujeres y otras identidades feminizadas en este contexto que es heteropatriarcal. Somos funcionarixs del Estado y estamos obligadxs desde la Convención de Belem Do Para, por la Ley integral de protección contra las violencias hacia las mujeres, visibilizar todas las formas de violencia específica hacia las mujeres, y no importa si son actuales o pasadas, es una cuestión de obligación. Y entender esto implica asumir desde la parte acusadora como la nuestra el deber de remarcarla y desde la parte del Tribunal de sentenciar sobre estas violencias específicas, y no solamente con una mirada sobre el juzgamiento particular de estos delitos porque hablar de estos delitos pasados significa hablar de lo que nos sigue pasando como mujeres, habilita de alguna forma a que otras puedan contar las violencias machistas que viven hoy. Es un deber en todo sentido, y más en un momento como este en donde tenemos un femicidio cada día, donde la violencia por medios sexuales es moneda corriente”, señala Ana Oberlín en una entrevista con enREDando.
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Poder decir, dar testimonio, no ha sido nada fácil para las sobrevivientes. El 23 noviembre de 2019 se presentó en Rosario la muestra “Ser Mujeres en la Esma”. “Esta muestra dialoga con la historia. Y con el presente. El movimiento de mujeres que ocupa las calles en la actualidad impulsa nuevas perspectivas de género, nuevos modos de pensar la sexualidad y la violencia. Bajo ese impulso, esta muestra busca narrar lo que sucedió con las mujeres secuestradas e iluminar aquellas estrategias individuales y colectivas que construyeron para cuidarse a sí mismas”, explican sus curadoras.
La muestra, que durante meses pudo visitarse en el Museo de la Memoria de Rosario, recorre a través de testimonios, fotografías y material audiovisual, lo que significó ser mujer en un centro clandestino de detención. Pero además establece un diálogo con los feminismos actuales a través de sus consignas: lo personal es político, vivas nos queremos y el concepto de sororidad permiten “revisar las diversas dimensiones de la violencia, las estrategias de supervivencia, las narrativas a las que apelaron las mujeres de acuerdo a las épocas y las dificultades del proceso de Justicia para reconocerlas y juzgarlas”. La muestra tiene un objetivo: destacar el valor de las compañeras que se sobrepusieron al silencio para denunciar, “además de urgir a la justicia para que repare con sus sentencias una parte de las consecuencias de esos crímenes genocidas”.
En el hall central del Museo de la Memoria se escucha con atención la voz de Élida Deheza, sobreviviente y querellante en la causa Feced. “La palabra sana y cuando pudimos volver hacer circular las palabras obtuvimos algunas respuestas. En ese proceso de crecimiento interno que fuimos teniendo, nos fuimos sanando en las heridas. La violación de nuestros cuerpos fueron moretones internos que nadie ve. En lo personal he ido sanando después de muchísimos años. Llegó un momento con los juicios que nosotras teníamos que hablar en términos personales porque la construcción para soportar tanta pérdida, tanta humillación, es hablar por los que no están, que nos duelen en el alma, que va a doler toda la vida”, dice.
Elida no está sola. A su lado Ana María Testa y Ana María Soffiantini, sobrevivientes de uno de los mayores centros clandestinos de detención que operó en el país, la Escuela de Mecánica de la Armada, van tejiendo un relato que estremece. No es nuevo, lo hemos escuchado en los testimonios que estas mismas mujeres han dado frente a un Tribunal en lo que significó el emblemático Juicio a las Juntas en 1985. Y lo hemos escuchado, una vez más, en boca de estas mujeres que con enorme valentía han vuelto a declarar ante un juzgado de instrucción o ante un Tribunal Federal en los juicios orales cuando a partir del 2003 se reabrieron las causas por los delitos de lesa humanidad. “A nosotras nos hicieron pelota, algunos te pegaban y otros te violaban, alguno lo iba hacer, eso te hace caer en un pozo muy profundo donde solo te sostienen las compañeras”, dice la voz colectiva de las mujeres sobrevivientes del genocidio argentino.
En el año 2001 un grupo de cinco ex detenidas – desaparecidas de la ESMA publicaron “Ese infierno”, un libro pionero que incluía la mirada de género al interior del centro clandestino. Muchas mujeres comenzaron a denunciar en primera persona las violencias sufridas, alentadas por el trabajo de abogadas y abogados querellantes de lesa humanidad y fiscales que buscaban la sanción y el castigo de las violaciones y abusos como parte de las obligaciones reparatorias del Estado. Sin embargo, y a pesar de las denuncias y testimonios, todavía no hay integrantes del grupo de Tareas de la Esma condenados por delitos sexuales.
El sistema de justicia sigue siendo un reducto históricamente patriarcal. En la investigación “Grietas en el silencio” la abogada feminista Analía Aucía señala que fueron varios los factores que contribuyeron a la dificultad en poder denunciar estos abusos. Uno de ellos, y fundamental, es el rol que tuvo y tiene el Estado en investigar y juzgar estos delitos. Dice Aucía: “La inacción del Estado frente a la persecución de estos graves delitos, en particular del Poder Judicial, fabrica una relación de complicidad con los represores desde el momento en que sus crímenes sexuales no son investigados ni ellos son juzgados y condenados”.
“Las dificultades que observamos en el aparato judicial para receptar este reclamo –prejuicios y falta de sensibilidad, mayores exigencias para probar la violación sexual que para probar la tortura, negativa a aceptar la responsabilidad mediata en casos de violación sexual, entre otros-nos impulsaron a avanzar en el estudio de casos similares. En nuestra búsqueda hemos constatado graves hechos de violencia sexual ocurrida en todos los centros clandestinos de detención: desnudez forzada de varones y mujeres, esclavitud sexual, violación sexual, abusos sexuales reiterados y numerosos actos destinados a humillar y degradar a detenidas y detenidos. Si la justicia minimizara o dejara de investigar y sancionar estos hechos estaría enviando un mensaje equívoco a la sociedad, lo que fomentaría la impunidad y la discriminación, además de no mostrar la verdadera imagen de quienes estuvieron a cargo de la represión ilegal”, explica la Dra. Susana Chiarotti en la introducción de “Grietas en el silencio”.
La abogada que integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Gabriela Durruty dice que “cuando el derecho mira hacia otro lado se produce un efecto revictimizador”. Y destaca que “los juicios colectivos de memoria, verdad y justicia van mutando, van evolucionando, lo que antes se calificaba como tormentos en general, hoy no basta, porque para que algo exista hay que nombrarlo, y las violaciones, los abusos, y acosos sexuales son crímenes específicos que siempre existieron”.
Poder juzgar esos delitos bajo la calificación correspondiente no solo es un acto de justicia reparatoria para quienes padecieron la violencia sexual en el marco del Terrorismo de Estado. Es también intentar romper el pacto de impunidad que prevalece en el presente. “La impunidad de los delitos contra la integridad sexual en el marco de crímenes de lesa humanidad, no es otra cosa que la prolongación de la impunidad propia de estos delitos cuando son delitos comunes, el pan cotidiano”, remarca la investigación de Cladem e Insgenar. Hay un continuum de la violencia de género que las mujeres y las identidades disidentes han sufrido a lo largo de la historia. Cecilia Bertereme, otra de las investigadoras, dice: “la reparación del daño causado por la violencia sexual se vuelve fundamental en la medida en que al darle entidad al pasado se impulsan modificaciones culturales en el presente”.
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Jueves 14 de mayo de 2020.
En Rosario finalizó el largo juicio de la megacausa Feced III y IV. La sentencia se vió por teleconferencia debido a la pandemia por el Covid 19. No hubo abrazos, miradas, ni lágrimas frente a la puerta de los Tribunales Federales. Aún así, la emoción traspasó la virtualidad. Se trató de un juicio emblemático a pesar de su extensión. Hubo 6 condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios en el marco de un genocidio: José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos. Héctor Gianola y Eduardo Dugour recibieron una pena de 22 años de prisión, Julio Héctor Fermoselle, 18 años y Lucio Nast fue condenado a 16 años de prisión.
En principio eran 14 los imputados pero cuatro de ellos fallecieron antes y durante el transcurso del largo del proceso judicial, entre ellos, el cura Eugenio Zitelli. La impunidad biológica les llega gracias a la dilación que muchas veces tiene el poder judicial para con estas causas. Se investigaron en este tercer y cuarto tramo los delitos perpetrados contra 188 víctimas que pasaron por el Servicio de Informaciones de Rosario. Hubo casos que nunca antes habían logrado llegar a un juicio oral como el de la desaparición de gran parte de la familia Labrador, el homicidio de Tita Marciani quien murió por falta de atención médica durante su embarazo ya avanzado, el caso Gorosito y el del hijo de la querida Madre de nuestra plaza 25 de mayo Norma Vermeulen quien falleció antes de poder declarar en el juicio.
Y hubo dos sentencias fundamentales. Por primera vez en Rosario se logró condenar la violencia por medios sexuales como un delito de lesa humanidad. Nadia Shujman es abogada y querellante de la agrupación H.I.J.O.S Rosario. Para ella cada sentencia de cada juicio de lesa humanidad es una “conquista colectiva de muchas generaciones”. Con respecto al fallo que condenó a José Rubén Lofiego y Mario Marcote, integrantes de la patota de Feced, por los delitos de violación, dice: “La sentencia es el reflejo de una lucha que lleva muchos años, y entendemos que es una sentencia importante y buena en muchos aspectos, sin duda el más destacado es que los delitos sexuales hayan sido juzgado de manera autónoma con todo lo que eso implica por primera vez en Rosario para las compañeras que pudieron ser escuchadas, para que sus testimonios puedan ser recogidos en un fallo judicial. Representa un escalón más en esta lucha que han dado estas compañeras, que es parte de la lucha del feminismo en Argentina que entiendo que es uno de los movimientos más masivos, transversales y revolucionarios que existen hoy, y entiendo que es un pequeño correlato de justicia para esas compañeras que durante tanto tiempo no fueron escuchadas, y creo que también, esta visibilización abre la puerta a que otras compañeras puedan volcar su relato, puedan denunciar, puedan empoderarse, así como también habilita a que muchos hombres que vivieron violencia sexual durante la dictadura y que le cuesta tanto más poder contarlo para que eso se investigue”.
Otra de las querellas fue la que integraron las abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entre ellas, Gabriela Durruty quien en una entrevista con enREDando señala que el fallo por violencia sexual tiene un “valor trascendente”. “Durante años esos delitos fueron innombrables y una vez que las compañeras los pudieron nombrar fueron inaudibles para el tribunal, tenemos relatos desde el propio Juicio a la juntas donde las compañeras relataban con detalles escabrosos lo que habían sufrido y las sentencias los obviaban. No había ninguna resolución jurídica de esa conducta. Con la reapertura de las causas comenzó a tomarse esta conducta como una modalidad más del delito de tormentos y así se iban calificando y así se condenaban. Seguían sin aplicarse las calificaciones jurídicas que desde 1921 están aplicadas a nuestro código penal y nosotras siempre sostenemos, es una regla del derecho, que el tipo penal escogido debe relatar el delito del autor de la forma más específica posible, y si había una calificación mas especifica por qué no se aplicaba”.
Gabriela destaca el trabajo articulado con otras disciplinas. “Sumar miradas”, entre ellas, la perspectiva feminista que fue clave. “Majo Gerez fue nuestro testigo técnica en este juicio. Se sentó en la sala y le dio una clase de feminismo a los jueces. Yo encuentro un paralelismo con lo que ocurre con el tema de genocidio, tuvieron que pasar cuatro décadas para que un Tribunal diga que fueron genocidas. En el siglo XXI hoy logramos en Rosario llamar las cosas por su nombre. Es poner a las víctimas en su justo lugar, y a los victimarios también”.
Para Ana Oberlin la condena va más allá de los juicios de lesa humanidad y destaca el valor del testimonio que dieron las dos sobrevivientes querellantes en este juicio que permitió avanzar en la condena a Rubén Lofiego y Mario Marcote, considerado el “violador serial” del SI. “Estos casos no solo tienen que ver con lo que vivieron ellas, sino con lo que vivieron sus compañeras de cautiverio, y también dijeron de lo que implica hablar de estos temas que son violencias que continúan en este presente. Estas mujeres ya habían contando en los 80 la violencia específica que habían sufrido, en particular las violaciones y los abusos, esto había sido ignorado, desoído, por parte del poder judicial, tuvieron que pasar 10 años de juicio oral para todas las causas de Rosario y en particular 3 tramos de la causa Feced para que se pudieran juzgar por primera vez”. Destaca también la manera en cómo una de las testigos increpó al tribunal e interpeló a los jueces cuando planteó que no había sido escuchada en sus denuncias previas durante la etapa de instrucción. Su testimonio fue el que permitió ampliar la imputación a Rubén Lofiego a partir del pedido de la fiscalía y el que acompañaron las querellas.
Durruty remarca que “el tribunal tiene la obligación de escoger la calificación jurídica, y en el caso de Lofiego, su imputación había sido elevada como tormento porque no era una penetración carnal tradicional. El Tribunal entendió que sí estábamos frente a un abuso sexual y así lo condenó. Adriana puso el cuerpo de una manera increíble y ella les dijo “yo no me sentí violada, a mi me violaron”.
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Transformar los cimientos machistas del sistema de justicia es una tarea que los feminismos vienen dando desde hace tiempo. En este sentido, la sanción de la reciente Ley Micaela es un avance fundamental. Pero todavía falta demasiado no solo para que se incluya la perspectiva de género en los fallos, sino además para que en las etapas de instrucción los agentes de justicia sean capaces de habilitar una escucha atenta y respetuosa. “En el momento de la instrucción se tienen que dar determinadas condiciones para que todes quienes vivieron delitos de esta magnitud se sientan contenidxs para poder contar lo que vivieron. Es muy difícil cuando no se habilitan los ámbitos adecuados. A mi me ha tocado acompañar a personas que han prestado testimonio, y que quien estaba tomando testimonio recibiera una llamada y se pusiera hablar cuando estaba contando algo desgarrador”, destaca la abogada Ana Oberlín y agrega: “relatar este tipo de hechos tan terribles, en general marcaron fuertemente la subjetividad de quienes lo vivieron, implica un gran esfuerzo y en muchos casos una y otra vez tienen que volver a contarlo, entonces lo mínimo que podemos hacer lxs funcionarixs de justicia es generar las mejores condiciones que podamos para que estos testimonios emerjan”.
En particular, en el juicio de la causa Feced III y IV, la fiscalía no solo solicitó que se castigara a los acusados por el delito de violación sino que también “se tuvieran presentes todos los relatos de violencias diferenciales hacia las mujeres en el servicio de informaciones porque hubo toda una gamas de violencias”. Oberlin habla de las “violencias invisibilizadas” que se cometían diariamente en el Servicio de Informaciones que operó como centro clandestino en la zona céntrica de Rosario. Menciona el trato hacia quienes estaban gestando, el hecho de la desnudez constante, la amenaza de ser violada, el uso de niños y niñas para torturas a sus madres, comentarios lascivos sobre el cuerpo de las mujeres que generaba terror. “Muchas no querían ni ir al baño porque tenían terror de que las manosearan, era un verdadero martirio. Lo que dijimos con el fiscal es que todas estas violencias deben quedar inscriptas en la sentencia más allá del encuadre jurídico que se le pueda dar”.
Las violencias por medios sexuales, la utilización del cuerpo femenino como botín de guerra y campo de batalla, habla de la sistematicidad de los delitos. Se trató de una práctica planificada y constante que se ejecutó en todos los centros clandestinos de detención por personal policial, militar y personal civil de inteligencia. “Es una práctica sistemática que no es nueva, no es propia de lo que paso en Argentina. En todas las historias de los genocidios, de las masacres, de las dictaduras, se utilizó esta apropiación sobre los cuerpos, especialmente sobre las mujeres y niñas, como forma de guerra. Marcote fue señalado en muchas ocasiones como uno de los violadores, pero hay por lo menos 7 integrantes más de la patota de Feced que fueron nombrados como los violadores”, acota Oberlin.
“En este juicio escuchamos numerosos testimonios que revelan la frecuencia con la que las detenidas padecían la violencia sexual. A partir de ellos, podemos identificar como prácticas habituales y que formaban parte del plan represivo de los genocidas. Las violaciones fueron una forma de disciplinamiento que sufrieron la mayoría de las mujeres que pasaron por el SI. A pesar que solo dos casos llegaron a juicio, numerosos relatos dan cuenta de la frecuencia con la que sucedían”, señala Durruty.
La dictadura militar no solo persiguió un determinado modelo económico, cultural, religioso. Para la fiscal ad hoc en este juicio, también buscaba consolidar un modelo sexogenérico para garantizar la hegemonía cis heteropatriarcal. “Dentro de eso, se aplicó esta violencia diferencial hacia las mujeres. En ese modelo los varones tenían un lugar, y las mujeres tenían otro que era el de la casa, la familia, el de cuidadoras, el de estar encerradas en el ámbito privado, y las mujeres con sus militancias rompían con esos roles para ocupar otros espacios, y desafiar no solamente la dictadura, sino la misma cultura machista”.
Eran militantes sindicales, estudiantiles, políticas y también eran guerrilleras. El disciplinamiento operó sobre sus cuerpos, y sobre todas aquellas identidades que desafiaran la heteronormatividad. “Ese modelo estaba muy presente a la hora de buscar a esas personas enemigas de la dictadura, pero no solo porque eran enemigas de un modelo económico o cultural, sino porque eran enemigas de un modelo sexogenérico”. Durruty y Shujman coinciden y reafirman: “estaban violentando patrones pre-moldeados y conductas que se esperaban de ellas”.
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3 de junio de 2020.
Se cumplen cinco años de un grito que nació bajo la premisa Ni Una Menos. Porque las cifras siguen estremeciendo: un femicidio cada 28 o 30 horas. La perspectiva de género en el poder judicial y en los agentes de justicia es fundamental para en la prevención y sanción de la violencia machista. Hay grietas y algunos fallos judiciales lo demuestran. Que el Tribunal Federal Oral N 2 encargado de dictar la sentencia en el juicio de la megacausa Feced III y IV haya estado presidido por una mujer no es casual. Pero tampoco lo es la conformación de fiscalías y querellas integradas por activistas feministas. “Lo fundamental sigue siendo la mirada atenta de quienes estamos convencidxs que esto tiene que cambiar, como por ejemplo cuando hay fallos como el de Lucia Perez que fue uno de los fallos más tremendos que he visto, es un manual de lo que no hay que hacer, y esto fue hace muy poco. Cuando vemos este tipo de fallos, resoluciones, debatirlas, discutirlas, formarnos, dar el debate en el ámbito jurídico, que es un reducto machista desde siempre, tenemos que dar la batalla ahí dentro”, señala Ana Oberlín. “La perspectiva feminista necesariamente incluye la perspectiva de derechos humanos, entonces creo que reducir al ámbito penal todas las formas de respuestas hacia las violencias machistas es un error, tenemos que buscar otras formas de abordar estas violencias, y trabajar en prevenir, en cambiar las causas profundas para que esto pase”.
Prevenir, sancionar, erradicar. Las violencias del pasado son las violencias del presente. Sentenciar como delito de lesa humanidad a la violencia sexual cometida en el marco del Terrorismo de Estado es sentar precedente en el ámbito de la justicia, es un acto de reparación para las víctimas y es también un llamado a romper con la impunidad estructural que aún perdura.
“La perspectiva feminista necesariamente incluye la perspectiva de derechos humanos, entonces creo que reducir al ámbito penal todas las formas de respuestas hacia las violencias machistas es un error, tenemos que buscar otras formas de abordar estas violencias, y trabajar en prevenir, en cambiar las causas profundas para que esto pase”.
Hablamos del Nunca Más, pero hoy también decimos Ni Una Menos. El 12 de septiembre de 2018 Stella Hernández declaró ante el Tribunal Federal Oral N 2. Su testimonio fue uno de los que permitió condenar por primera vez los delitos sexuales cometidos en el SI. Ella lo dijo con claridad:
– Nos cuidábamos entre nosotras. Sin eso no hubiéramos podido sobrevivir. Era un infierno muy grande. Ser mujer en un centro clandestino de detención era un plus negativo. A todos los tormentos se sumaba la violencia sexual, la violación, el intento de violación, la desnudez forzada.
La periodista, militante lesbiana y feminista Marta Dillon dice que el “Ni Una Menos es un acuerdo social que venimos consolidando. Hasta acá, no damos más. No se terminó la violencia machista como tampoco se terminó la violencia institucional, pero sí hay un acuerdo social de que el exterminio del otrx no forma parte de nuestras posibilidades como pueblo. Ese es nuestro límite”. Y dice además que “hay una reescritura del Nunca Más, gracias a la persistencia de las Madres, de las abuelas, de familiares, de Hijos e Hijas, ese Nunca Más abre la posibilidad de recuperar la historia militante de los desaparecidos y las desaparecidas. Hay acuerdos básicos y hay reescrituras de esas consignas”.
Las consignas se reescriben. Lo hace la agrupación HIJOS interviniendo su bandera como HIJAS, sintiéndose parte activa del movimiento feminista actual, elaborando protocolos internos contra la violencia machista. Lo hacen las nietas activistas que reescriben las historias de lucha de sus abuelas. Lo hacen las sobrevivientes cuando denuncian por ellas y por todas, los abusos y las violaciones con enorme valentía y hablan de las estrategias de sobrevivencia y hermandad que tejieron juntas para soportar el terror en los CCD. Hoy le decimos sororidad. “Eso explica muy bien lo que pasaba en Alcaidía. Cuidábamos a las embarazadas, les dábamos lo mejor de cada comida. Hacíamos cosas para entretenernos, cantábamos, recitábamos, contábamos historias, festejábamos cumpleaños”, declaraba Stella. Lo hacen las Madres cuando resignifican el “Yo te creo hermana” que en aquellos años de dictadura se decían con solo mirarse a los ojos y abrazarse para salir a rondar por la aparición con vida de sus hijxs.
Lo hacemos todas, y todes, cada vez que pintamos en pañuelos violetas los nombres de las asesinadas o levantamos los pañuelos verdes por las muertas en abortos clandestinos. Cada vez que marchamos con una consigna que es mucho más que eso: Vivas nos queremos es el grito contra todas las violencias machistas que guardan las memorias de nuestros cuerpos.
