Se calculan más de 400 personas en situación de calle en Rosario. Mientras se abren refugios para contener, la policía detiene y la Fiscalía abre causas. La defensora provincial presentó un habeas corpus colectivo y correctivo.
Las personas en situación de calle están ahí, en la calle, mientras el mundo funciona. La maquinaria se mueve, produce, y ellas están ahí. Algunos pellizcan migajas de esa producción, a otros ni siquiera les interesa y no pretenden demasiado. Materializan la cara más dura de la exclusión social, porque sin techo, derecho básico, se sucede toda una cadena de vulnerabilidades que imposibilitan una vida digna.
Comúnmente la Municipalidad de Rosario tiene sus áreas dedicadas al contacto con las personas que viven en la calle. Tratan de revertir esas situaciones, caso por caso, buscando la posibilidad de la vuelta a un hogar. O tratando de contener, como se pueda, cuando no hay más alternativa que la calle. La preocupación llega, sobre todo, con el otoño y el invierno, cuando el frío es insoportable. Entonces se abren las puertas del refugio municipal de Grandoli 3450, y se afila el vínculo con las asociaciones civiles y ONG que trabajan a diario y tienen sus propios espacios y circuitos de entrega de viandas. El refugio Sol de Noche, el Movimiento de Acción Solidaria o el Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Rosario son algunas de las experiencias que ayudan a paliar esta problemática tan histórica como difícil de abordar.
Las personas en situación de calle, entonces, están ahí mientras el mundo funciona. Hasta que lo inédito llega para sacudir todo. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19 lo hizo, y por decantación y lógicas razones apuró, cuando apenas empezaba el otoño, a que el gobierno municipal pusiera el ojo en quienes viven en la calle.
El 24 de marzo pasado en una conferencia de prensa el intendente Pablo Javkin avisó que se abrirían tres refugios municipales, que se activarían las rondas alimentarias junto a la Universidad Nacional de Rosario y Ex Combatientes y que además se entregarían kits sanitarios. Unos días después agentes de la Policía Comunitaria recorrieron calles y plazas del macrocentro de la ciudad repartiendo barbijos y aconsejando a las personas sobre cómo y cuándo usarlos.
En un principio los tres espacios de aislamiento preventivo solo recibían a personas en situación de calle mayores de sesenta años o con enfermedades preexistentes que pudieran implicar riesgo. Con el correr de los días, con el aumento de los temores y las precauciones necesarias, se ampliaron los criterios de contención. “Ante la demanda abrimos un cuarto lugar y ahora abrimos el quinto. Se planteó que son lugares donde se ingresa voluntariamente pero se tienen que quedar. No los obligamos a quedarse, si se quieren retirar se retiran pero con la condición de que no pueden volver a ingresar, por una cuestión sanitaria”, explicó en contacto con Enredando José Luis Tabares, director General de Situaciones Emergentes de la Municipalidad.
Uno de esos cinco lugares es el refugio Sol de Noche, con el cual trabajan bajo convenio. El espacio es sostenido por los voluntarios de la organización y el municipio habilita un subsidio para garantizar la alimentación de todas las personas, además de aplicar como criterios de salud un monitoreo diario de un equipo médico acompañado de un trabajador social, un psicólogo y un psiquiatra. Los otros lugares son municipales y en cada uno de ellos el funcionamiento es similar, además de la articulación con áreas de deporte y cultura para sostener la permanencia de las personas durante el día. “Ya se amplió el criterio de ingreso para jóvenes que estaban solicitando lugares, pero lo hacemos con evaluaciones previas del equipo médico para tener la certeza de que no tienen síntomas”, detalló Tabares.
En relación a quienes no ingresaron en espacios de aislamiento se intenta garantizar la alimentación diaria. Al mediodía en trabajo conjunto con la iglesia y la Universidad Nacional de Rosario, y por la noche con Ex Combatientes. También se habilitaron en dos clubes, uno en zona de la Terminal de Ómnibus y otro en el centro, para que las personas en situación de calle puedan higienizarse diariamente. Tabares indicó que, además, en la revisión caso por caso, se descubrieron particularidades. Por ejemplo muchas personas mayores tienen cobertura de PAMI, por lo cual se atenderá ese tema para que les puedan garantizar un geriátrico y en un futuro no tengan que volver a la calle. Lo mismo con jóvenes que sí tienen un hogar pero por cuestiones de vínculo familiar prefieren no volver, en lo que se transforma en un asunto que requiere de la presencia de otras áreas del Estado.
Según un censo realizado en 2017 por organizaciones solidarias que atienden la problemática, en ese año se registraron unas 400 personas en situación de calle. Tabares cree que en estos dos años, por cuestiones de crisis económica, el número incrementó. Lo mismo sostiene la concejala Norma López, presidenta del bloque Frente de Todos, quien en 2019 presentó un proyecto para la creación del Programa de Atención para Personas en Situación de Calle. En diálogo con Enredando la concejala señaló como particularidad que en los últimos años se vieron familias enteras en la calle, una imagen que remite a las consecuencias más severas de la gestión macrista a nivel nacional. En estos días López estuvo recorriendo los distintos refugios habilitados en la ciudad y destacó el trabajo en conjunto a nivel municipal, provincial y nacional, como así también la presencia de las organizaciones sociales, no solo en relación a personas en situación de calle sino también en la asistencia a los sectores populares.
Mientras tanto, la policía
A los tres días de decretado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio publicamos una nota sobre cómo las fuerzas de seguridad -de la provincia de Santa Fe y otras del país- aplicaban su violencia, típica y cotidiana, pero con cierta legitimación que la cuarentena supuso. El castigo por andar en la calle y ser potenciales propagadores del virus. Por entonces el defensor regional Gustavo Franceschetti manifestó su preocupación por el hecho de que el domingo 22, a tan solo dos días de decretado el aislamiento, la Comisaría 32 de Rosario había detenido bajo hacinamiento, durante varias horas, a unas 29 personas por circular en la calle. En el transcurso de este primer mes de aislamiento la Unidad Especializada de la Fiscalía Regional Segunda abrió 4182 causas por delitos relacionados al tema, de las cuales 2.703 son de Rosario.
Con el correr de los días se evidenció otra arista de este fenómeno, que puso el foco en las detenciones a personas en situación de calle. Algo que por lógica y sentido común resulta contradictorio. Cómo es que pueden acusar de violar el aislamiento a gente que no tiene techo, y para colmo detenerlas. Pero sí, ocurrió. Y eso puso a la Defensoría de la provincia a registrar casos, y a organizaciones sociales a estar atento a estos hechos que con el paso de los días comenzaron a repetirse. “Ayer tuvimos una situación de un chico que lo detuvieron cuatro veces en el marco de la cuarentena, siempre el mismo policía, las cuatro veces se lo llevó detenido y en una terminó en el HECA porque le dieron con un palo de escoba en la cabeza adentro de la comisaría, una situación bastante persecutoria. Derivamos la situación a la Defensoría porque tienen las herramientas para poner en funcionamiento ciertos mecanismos”, contó Guillermo Campana, abogado e integrante de la organización Causa, en relación a lo sucedido con un joven en situación de calle con quien tienen vínculo a través del programa Casa Puentes.
Desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal la defensora provincial Jaquelina Balangione presentó un habeas corpus colectivo y correctivo el 13 de abril después de registrar 18 casos de arresto de personas en situación de calle, a quienes se les iniciaron causas penales por violación a las medidas del aislamiento. Después de presentado el recurso se registraron dos casos nuevos. “Nosotros pensamos que en esta situación la gente no está cumpliendo infracción de tipo penal, entre comillas porque surge de un decreto y no del código penal. En estos casos no se reúnen las condiciones del tipo penal porque la prohibición es no abandonar el lugar de residencia, y para está gente su lugar de residencia es la calle”, indicó Balangione en diálogo con Enredando.
“Hemos chequeado que muchas personas estuvieron más de ocho horas en una celda de comisaría, es decir que es peor el remedio que la enfermedad. Los sacan de la calle porque están violando la cuarentena y los encierran en un lugar en contacto con otras personas. Después de ocho horas, porque los fiscales los tienen detenidos porque no tienen domicilio a donde mandarlos, los mandan de vuelta a la calle. En varias situaciones que chequeamos los han levantado entre dos o tres veces, es decir que se está criminalizando una conducta que no debería ser criminalizada sino que debería tener un abordaje pura y exclusivamente social”, detalló la funcionaria. En ese sentido explicó: “Con este amparo preventivo y colectivo queremos darle una herramienta a la policía para que sepan qué hacer con estas personas si los encuentran en la calle. Le pedimos al juez que ordene judicialmente una articulación con la Municipalidad de Rosario, que es el órgano de intervención primaria en lo social, pero también con Provincia y Nación, porque es una situación extraordinaria. Es mancomunado e esfuerzo que hay que hacer”.
El habeas corpus fue recibido por la jueza de primera instancia María Isabel Más Varela, quien ordenó a la policía y al Ministerio Público de la Acusación a realizar un informe donde se detallaran las instrucciones generales adoptadas por cada organismo. El MPA reconoció las detenciones pero se excusó argumentando un protocolo de actuación para personas contagiadas por el Covid 19. Lo cierto es que ninguna de las personas en situación de calle detenidas estaba contagiada. Por su parte la policía no respondió el informe y adujo que le correspondía hacerlo al Ministerio de Seguridad de la provincia. Los días pasaron, se extendió un plazo de respuesta por seis horas, pero ya venció hace cinco días.
