La defensa pública provincial, organizaciones no gubernamentales especializadas y los propios internos advierten sobre los cuidados necesarios en las unidades penitenciarias. En medio del contexto de alerta por el Covid-19 hubo hechos violentos y muertes en las cárceles de Coronda y Las Flores. Son llamados de atención sobre una situación que también requiere de políticas públicas.
[dropcap]L[/dropcap]a difusión de la situación de las personas privadas de la libertad en los penales de la provincia se masificó cuando hubo fuego y muertos. Antes apenas se habían deslizado algunos cuestionamientos de organismos de derechos humanos y funcionarios de la defensoría pública provincial acerca de las condiciones de detención en este contexto de pandemia. En la provincia las poblaciones carcelarias más afectadas por las revueltas, desatadas con violencia a partir de los reclamos, fueron las de Coronda y Las Flores, donde se registraron cinco muertes. Más allá de estos hechos, que según las autoridades estuvieron ligados a conflictos entre internos, el estado de alerta se extiende a otras cárceles de la provincia. Lo que queda de fondo son las condiciones sanitarias dentro de las unidades. En Rosario, por ejemplo, los internos de la Unidad Penitenciaria III advirtieron sobre distintas irregularidades.
“Queremos hacernos escuchar a través de este medio para poder llegar a los jueces, fiscales, al Ministerio de Seguridad, a Héctor Acuña (subsecretario de Asuntos y Políticas Penitenciarias) y a los Derechos Humanos”, comienza el texto leído por uno de los internos y difundido a través de un video. El mensaje indica que el pasado 19 de marzo, en sintonía con el contexto de pandemia del Covid-19, los delegados de los pabellones de la Unidad se reunieron con autoridades que prometieron entrega de elementos de higiene.
“Nosotros entendemos que la situación es de gravedad tanto afuera como acá, pero nos sentimos en un abandono de persona total. De estos cuatro días que pasamos no se nos dio ni siquiera un jabón, o un barbijo o alcohol en gel. Los empleados penitenciarios van y vienen como si nada y nosotros estamos al peligro de contagiarnos”, continúa. La preocupación de los internos pasa por el riesgo al que están expuestos, sobre todo la población de edad avanzada, y por la falta de respuestas concretas a los reclamos. “Sabemos que cuando uno de nosotros se enferme nos dejarán morir a todos acá adentro”, pronostica el mensaje. Es una advertencia acorde a la preocupación que generó la pandemia y los internos consideran que sus demandas deben ser atendidas en el marco de las políticas de prevención que se llevan a cabo en todo el país. Los derechos humanos no se quedan de este lado de las rejas.
El mensaje de los internos de la Unidad III suena a una advertencia también para evitar medidas extremas. Lo que se sabe que sucedió en las cárceles de Coronda y Las Flores, revueltas que fueron reprimidas por el Servicio Penitenciario, que dejaron heridos de gravedad, destrozos edilicios y cinco muertos en lo que se supone fue la consecuencia de conflictos entre internos. Al momento, sin embargo, no están claros los motivos de los hechos puntuales que terminaron con internos fallecidos. Según indicó a medios de Santa Fe el subsecretario de Asuntos y Políticas Penitenciarias, Héctor Acuña, la muerte en Coronda se dio durante la revuelta pero no tuvo relación a los reclamos. Alen Montenegro, de 23 años, según el funcionario murió por un disparo que no fue de un agente del Servicio Penitenciario. Dejó entrever que hay presos que suelen tener armas, y que el joven pudo haber muerto en el marco de un conflicto entre bandas. Lo que supone que las revueltas además pueden ser aprovechadas para, en contexto de descontrol, ajustar cuentas en el encierro.
Al respecto, Carlos del Frade, diputado provincial por el Frente Social y Popular, se manifestó en sus redes sociales: “Los últimos 30 años de historia permiten suponer que los hechos de violencia que suceden intramuros luego aparecen en los barrios. Que las protestas en los penales tienen motivos diferentes de acuerdo a los diversos intereses que se mueven en ellos. Y que en muchos casos, las relaciones entre el personal del Servicio Penitenciario con las personas detenidas se parecen más a relaciones comerciales que a imprescindibles relaciones humanas. Tampoco es ajeno a este contexto, como siempre, los negocios del narcotráfico y la disputa por el poder político interno. Lo que es adentro, es afuera”.
La antesala de las revueltas en las cárceles de la provincia fue la advertencia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. La defensora provincial Jaquelina Balangione y el defensor regional de Santa Fe Jorge Miró presentaron un habeas corpus que admitió la jueza penal de Santa Fe Susana Luna. Según el sitio oficial del SPPDP la presentación fue realizada con la intención de resguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad tanto en unidades penitenciarias como en dependencias policiales. “Fue realizada luego de constatarse que las medidas y protocolos de seguridad orientados a la prevención de la pandemia Covid-19 no se estaban cumpliendo de modo efectivo”, indicaron.
«La puesta en riesgo de la salud, no sólo de los internos sino también de la población general, incluyendo penitenciarios y personal administrativo, por incrementar los riesgos potenciales de contagio al no resguardarse las medidas mínimas de aislamiento, ni los cuidados de profilaxis que se recomiendan en el marco de la pandemia actual”. También hicieron eco de otro de los reclamos después difundidos por los internos de distintas unidades: la alimentación. “La adecuada nutrición es una condición imprescindible para poseer un sistema inmunológico vigoroso frente a la pandemia”, sostuvieron. Como respuesta la jueza Luna ordenó la entrega de elementos de higiene tres veces por semana a los internos de Unidades Penitenciarias de la provincia. También pidió que se refuercen los alimentos y que se tome la temperatura tanto de los internos como del personal penitenciario.
Cuestión de fondo
En el marco de esta situación la ONG Asociación Pensamiento Penal brinda una serie de valoraciones y recomendaciones. “Consideramos necesario solicitar a las autoridades nacionales y provinciales medidas extraordinarias de prevención y control del Coronavirus en contextos de encierro teniendo como base fundamental el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y el rol de garante del Estado”, indican en un artículo de su sitio web.
La APP, como todos los organismos no gubernamentales especializados en la materia, no duda al momento de hablar del trasfondo de esta situación: la sobrepoblación , el hacinamiento y la escasez de instalaciones sanitarias. La cuestión de fondo de estos hechos puntuales y la problemática que habilita a la mayoría de conflictos que tienen lugar en las cárceles. En ese sentido, APP ofreció una serie de recomendaciones.
Con excepción de casos de gravedad, sugieren que se disponga “la inmediata libertad o la sustitución del encarcelamiento en Unidad Penitenciaria por el arresto domiciliario de las personas vulnerables al Covid-19, según los grupos de riesgo”. Entre ellas, personas mayores de 65 años, enfermos crónicos y madres con hijos alojadas en unidades penitenciarias. En ese sentido indicaron que debería limitarse el encarcelamiento preventivo solo con casos de gravedad y urgencia, para evitar que la población penitenciaria siga aumentando en este contexto de pandemia.
Hay medidas concretas que se podrían aplicar para disminuir los riesgos en el marco de la pandemia. Otorgar anticipadamente la libertad a personas que tengan la posibilidad procesal de pedirlo; dar arresto domiciliario a personas condenadas a menos de tres años de prisión, o que cumplan con salidas laborales o de estudio.
En cuanto a cuestiones específicas de salud, la ONG propone que el Ministerio de Salud disponga grupos de expertos para realizar controles en las cárceles. “Que se proceda a identificar y registrar de manera inmediata a todas las personas privadas de la libertad incluidas dentro del grupo de riesgo definidas por el Ministerio de Salud de la Nación a fin de generar medidas rápidas destinadas a su protección”. Asimismo sugieren que se adecúen las instalaciones para aislamientos preventivos en caso de que sea necesario para resguardar a la población. Cuestiones básicas: que haya medicamentos disponibles, que se priorice en la limpieza y ventilación de pabellones y celdas, que se promuevan protocolos de manipulación de alimentos y desinfección de productos que lleguen de afuera.
También recomiendan que se extiendan los controles hacia los trabajadores penitenciarios, que están en constante contacto con el exterior. “Que completen una declaración jurada cada vez que ingresan a las unidades penitenciarias en las que se indique si presente o presentó síntomas de Covid-19, si estuvo en contacto con alguna persona infectada, si estuvo en países de riesgo”. Que, así como el resto de la población cumple con el aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores penitenciarios limiten su circulación por la vía pública y el transporte público. Y que cumplan con el protocolo de lavado de manos, el uso de guantes y la limpieza de calzado.
“Consideramos que existen deficiencias estructurales históricas que motivan los justificados reclamos de las personas privadas de su libertad y de los/as trabajadores/as penitenciarios/as. Que el contexto de la pandemia mundial declarada genera un escenario absolutamente de emergencia y novedoso, lo que permite inferir que las respuestas y soluciones que se irán brindando a las exigencias que estos tiempos requieren también deberán ser prácticas, dinámicas, urgentes, pacificadoras y, fundamentalmente, innovadoras. Estos son los desafíos. Para afrontarlos se requerirá el diálogo constante entre quienes son protagonistas del sistema penitenciario, como así también la búsqueda de consensos y la valentía para la adopción de las decisiones necesarias para afrontar la coyuntura actual”, concluye el comunicado de APP que alerta sobre una situación que adentro merece tanta atención como afuera.
